El Trinunal Supremo de Estados Unidos decidió el 28 de Junio el caso sobre el "impuesto por no comprar aseguramiento médico", afirmando en parte la constitucionalidad de la ley del Congreso (impuesto) y rechazando en parte la misma (penalización a los Estados que no se adhirieran al programa de extensión de Medicaid).
La cuestión del Impuesto la resumíamos así en Marzo de 2010:
"Desde un punto de vista jurídico la principal cuestión que
ha sido objeto de debate hasta la fecha es la de si la sanción o gravamen a
pagar por la falta de cumplimiento del mandato individual de aseguramiento (695
dólares anuales) es un impuesto o multa no autorizado por la claúsula que
autoriza a establecer impuestos al legislador federal para el “general welfare”
o no autorizado por la “claúsula de comercio” que autoriza regulaciones
dirigidas directa o indirectamente a regular el comercio interestatal,
entendiendo por tal también los servicios.
Las opiniones favorables y contrarias sobre esta cuestión se han recogido por el New York Times y por otras publicaciones, en especial por el debate entre Rivkin y Casey y Balkin. También por los economistas que se han pronunciado a favor y en contra de las nuevas medidas.
Las opiniones favorables y contrarias sobre esta cuestión se han recogido por el New York Times y por otras publicaciones, en especial por el debate entre Rivkin y Casey y Balkin. También por los economistas que se han pronunciado a favor y en contra de las nuevas medidas.
En general, el gravamen o sanción por la falta de aseguramiento pretende incentivar el aseguramiento por aquellos individuos que preferirían autoasegurarse por considerar que el coste de su riesgo futuro será inferior al pago acumulado de primas de aseguramiento. La norma por el contrario entiende que la ampliación del “pool” de riesgos y asegurados permitirá a los aseguradores privados una mejor gestión del riesgo y una disminución de los costes globales.
El aspecto teórico interesante es que si los individuos no pensaran que conocen sus probabilidades de enfermedad entonces tendría sentido establecer un “pool” de riesgos forzados puesto que el mismo constituiría par todos los asegurados una solución óptima de Pareto (ninguno perdería y la posición global mejoraría) Este es también el criterio de justicia de Rawls en el supuesto de un “velo de ignorancia” sobre las condiciones futuras. Por el contrario, si se considera que los individuos tienen razones para no asegurarse porque tienen información que les permite considerar que su riesgo futuro no exige el aseguramiento actual, entonces los obligados al aseguramiento estarían realizando una transferencia de renta propiamente impositiva en beneficio de quienes obtengan los fondos federales que derivan de la sanción y/o se beneficien de las subvenciones federales a los programas de salud.
La peculiaridad de la situación es que el impuesto o sanción se configuraría como un gravamen sobre la percepción del grado de salud del individuo y no sobre otras manifestaciones de su renta. En la propuesta del Congreso- no aprobada- el impuesto se configuraba como un impuesto sobre la renta del 2,5% con un techo de la “prima nacional promedio (de aseguramiento) para el ejercicio fiscal en curso”.
El Tribunal Supremo ha decidido en la forma indicada por 5-4, con el voto favorable y decisivo del Chief Justice Roberts, lo que ha sorprendido debido a la normal inclinación del Chief Justice con la minoría en esta Sentencia.
La decisión muy extensa plantea cuestiones interesantes por la naturaleza peculiar del "impuesto", que tampoco se admite constituya un impuesto directo (lo que habría obligado a distribuirlo entre la población de los Estados).
Estos son los resúmenes de la opinión de la mayoría y de la minoría:
The Affordable Care Act is constitutional in
part and unconstitutional in part. The individual mandate cannot be upheld as
an exercise of Congress’s power under the Commerce Clause. That Clause
authorizes Congress to regulate interstate commerce, not to order individuals
to engage in it. In this case, however, it is reasonable to construe what
Congress has done as increasing taxes on those who have a certain amount of
income, but choose to go without health insurance. Such legislation is within
Congress’s power to tax.
As for the Medicaid expansion, that portion of
the Affordable Care Act violates the Constitution by threatening existing
Medicaid funding. Congress has no authority to order the States to regulate
according to its instructions. Congress may offer the States grants and require
the States to comply with accompanying conditions, but the States must have a
genuine choice whether to accept the offer.[45]
[ . . . ]
The Federal Government does not have the power
to order people to buy health insurance. Section 5000A [of the Internal
Revenue Code] would therefore be unconstitutional if read as a command. The
Federal Government does have the power to impose a tax on those
without health insurance. Section 5000A is therefore constitutional, because it
can reasonably be read as a tax.[46]
Justices Scalia, Kennedy,
Thomas, and Alito signed a joint dissent in which they argued that the
individual mandate was unconstitutional because it represented an attempt by
Congress to regulate beyond its power under the Commerce Clause.[49] Further, they argued that
reclassifying the Individual Mandate as a tax rather than a penalty in order to
sustain its constitutionality was not to interpret the statute but to re-write
it, which they deemed a troubling exercise of judicial power.[50]
There was speculation that
the joint dissent was the original internal majority opinion, and that Chief
Justice Roberts' vote changed some time between March and the public issuance
of the decision.[51][52][53] Paul Campos, a professor of law at
the University of Colorado at Boulder, for example, quotes the following
passage from the joint dissent:[51]
Finally, we
must observe that rewriting §5000A as a tax in order to sustain its
constitutionality would force us to confront a difficult constitutional
question: whether this is a direct tax that must be apportioned among the
States according to their population. Art. I, §9, cl. 4. Perhaps it is not (we
have no need to address the point); but the meaning of the Direct Tax Clause is
famously unclear, and its application here is a question of first impression
that deserves more thoughtful consideration.
Campos then concludes that: "The dissenters are saying that construing
the mandate as a tax would require them to address a constitutional question
that they don’t have to address. But the only reason the Court would not have
to address this question is if the majority in fact refused to construe the
mandate as a tax – which is exactly what the Court’s majority ended up doing.
NATIONAL FEDERATION OF INDEPENDENT BUSINESS ET AL.V. SEBELIUS
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