Sunday, June 30, 2019

EUROPE AND THE MORANDI PONT



Thursday, June 27, 2019

ESPAÑA EVOLUCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA (2007-2016)




Wednesday, June 26, 2019

PROVIDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO SOBRE JUNQUERAS


El TS mantiene en prisión a Junqueras, pero activa el trámite para plantear una cuestión prejudicial ante el TJUE sobre el alcance de la inmunidad



Los artículos 39 y 52 de la CDFUE confieren a los representantes electos al Parlamento Europeo un derecho de acceso al cargo sin otra limitación que, en su caso, aquella establecida expresamente "por la ley", que deberá "respetar el contenido esencial de dicho derecho".

Es difícil imaginar cómo impidiendo el acto de toma de posesión y proclamación -impedimento no previsto en norma legal alguna- se puede respetar el contenido esencial del derecho a ser elegido europarlamentario.

El Tribunal Supremo podría decidirlo directamente mediante la aplicación de dichos preceptos que en nuestra opinión le vinculan, como Derecho de la Unión aplicable a un representante electo del Parlamento Europeo.

Si no lo hace, estaría obligado por el art. 267 del TFUE a plantear al TJUE la cuestión prejudicial sobre la aplicación de dichos artículos a Oriol Junqueras.

La respuesta del TJUE debería, en nuestra opinión, ser clara en el sentido indicado (acceso al cargo).

No puede excluirse -y sería coherente- que una vez planteada la cuestión el TJUE se pronuncie, además, sobre la necesidad de autorización por el parlamento europeo para proceder contra su representante.

Artículo 39 Derecho a ser elector y elegible en las elecciones al Parlamento Europeo

1. Todo ciudadano de la Unión tiene derecho a ser elector y elegible en las elecciones al Parlamento Europeo en el Estado miembro en que resida, en las mismas condiciones que los nacionales de dicho Estado.

2. Los diputados del Parlamento Europeo serán elegidos por sufragio universal libre, directo y secreto.

Artículo 52

Alcance de los derechos garantizados

1. Cualquier limitación del ejercicio de los derechos y libertades reconocidos por la presente Carta deberá ser establecida por la ley y respetar el contenido esencial de dichos derechos y libertades. Sólo se podrán introducir limitaciones, respetando el principio de proporcionalidad, cuando sean necesarias y respondan efectivamente a objetivos de interés general reconocidos por la Unión o a la necesidad de protección de los derechos y libertades de los demás.


2. Los derechos reconocidos por la presente Carta que tienen su fundamento en los Tratados comunitarios o en el Tratado de la Unión Europea se ejercerán en las condiciones y dentro de los límites determinados por éstos.


#FLYTHEFLAG70 HUMAN RIGHTS

DETENCIÓN MENORES MIGRANTES NO ACOMPAÑADOS

MENORES MIGRANTES, ACOMPAÑADOS Y DETENIDOS

Monday, June 24, 2019

ON TOPIC: IMPEACHMENT

EL SEGUNDO VOLUMEN DE MUELLER Y SU CONCLUSIÓN

Wednesday, June 19, 2019

DERECHO Y LITERATURA (II): RONALD DWORKIN



LA PROPUESTA DE RONALD DWORKIN

Se encuentra recogida en su trabajo “How law is like literature”.[1] La tesis general del autor es que la práctica jurídica (incluida la judicial) es un ejercicio de interpretación no sólo cuando los operadores jurídicos interpretan documentos o textos concretos sino también con carácter general. La comprensión del derecho mejora cuando comparamos la interpretación legal con la interpretación en otros ámbitos de conocimiento, especialmente con la literatura. Y también recíprocamente, el derecho como interpretación proporcionará una mejor comprensión de la interpretación en general.
I.1          El sentido de las proposiciones jurídicas. ¿Qué es lo que hace verdaderas o falsas las proposiciones jurídicas?
Para el positivismo legal, las proposiciones jurídicas son plenamente descriptivas: se trata de pedazos de historia. Una proposición jurídica es verdadera si y sólo si algún acontecimiento relacionado con las normas de producción del derecho ha tenido lugar en el pasado.
Qué sucede, sin embargo, cuando se cuestiona si una medida concreta, como la antes considerada, goza o no de protección constitucional.  Si efectivamente es constitucional, no puede serlo en virtud del mero texto constitucional o de decisiones judiciales previas, puesto que los operadores jurídicos discrepan acerca de la constitucionalidad.
            Al margen del positivismo legal, existirían las siguientes posibilidades:
A)           Las proposiciones de derecho controvertidas no son descriptivas sino expresivas de lo que quien las sostiene quiere que sea tenido en cuenta como derecho.  Este podría ser la posición de “los prácticos”, habituados a litigar y obligados a no reconocer como derecho sino el derecho de “su” parte. No se menciona con ningún matiz peyorativo porque la “lucha” es uno de los medios principales de desenvolvimiento del derecho.
B)           Las proposiciones controvertidas son intentos de describir algún tipo de derecho puramente natural u objetivo, que existe más en virtud de una verdad moral objetiva que de una decisión histórica.
Tanto A) como B) consideran que al menos algunas proposiciones jurídicas son puramente evaluativas y no descriptivas.
En opinión de Dworkin, ni A) ni B) son plausibles porque sus propuestas, en un caso como el antes considerado, pretenden describir el derecho como es más que propugnar lo que ellos quieren que sea derecho o piensan que debería ser derecho como consecuencia de la mejor teoría moral.
C)           Las proposiciones jurídicas no son meramente descriptivas de la historia legal, ni tampoco son puramente evaluativas e independientes de la historia legal. Son interpretativas de la historia legal, que combina elementos de descripción y evaluación pero es diferente de ambas.
Ahora bien, para Dworkin, la idea de interpretación como averiguación de la intención del autor de un texto o decisión no sirve como explicación de la naturaleza de las proposiciones jurídicas en el sentido que él propone.
La interpretación no debe considerarse como una actividad “sui generis”, sino como una actividad general, un modo de conocimiento. Por ello, debe atenderse a otros contextos de la actividad de interpretación diferentes del jurídico.
En la crítica literaria se han defendido más teorías de la interpretación que en el derecho y éstas incluyen aquéllas que cuestionan la distinción tajante entre descripción y evaluación.
I.2          Literatura. La hipótesis estética
En opinión de Dworkin, el interés para el Derecho de la teoría literaria radica, principalmente, en aquel tipo de argumentos que ofrecen una interpretación sobre las obra literaria como un todo: Hamlet es una obra sobre la muerte, o sobre las generaciones o sobre política.
Para tratar de describir este tipo de aproximación de los críticos a la obra literaria, Dworkin utiliza lo que denomina “hipótesis estética”: una interpretación de una obra intenta mostrar qué lectura del texto revela a éste como la mejor obra de arte.  Aunque las diferentes teorías o autores ofrezcan diferentes interpretaciones de una misma obra –porque asumen teorías “normativas” distintas acerca de la literatura-, todos ellos intentarían ofrecer la mejor lectura de la obra literaria. La escuela de la “deconstrucción” –un texto es sólo su interpretación y no hay ninguna razón para privilegiar alguna sobre las demás- no tendría por qué representar una objeción a esta aproximación, puesto que para ella sí hay una postura que debe adoptarse preferentemente para llevar a cabo la “mejor lectura” –una cuestión distinta es la del significado o identidad de la obra-.
Una teoría de la interpretación requiere una teoría sobre la identidad de una obra, dado que en otro caso sería imposible distinguir entre interpretar y cambiar o alterar una obra. Cualquier teoría provechosa sobre la identidad será también objeto de controversia, pero eso sólo pone de manifiesto que los desacuerdos en la interpretación ponen de manifiesto los desacuerdos en la “hipótesis o teoría estética”. Como parte de la respuesta al desafío mencionado, todas las teorías de la interpretación utilizan la idea de un “texto canónico”. El texto canónico proporciona, como consecuencia de su identidad, una restricción severa a la interpretación.  Las teorías de la interpretación literaria son sensibles también a las opiniones del intérprete sobre la coherencia o integridad en el arte. Una interpretación no puede mejorar una obra si convierte una gran parte del texto en irrelevante, o una gran cantidad de sucesos en accidentales, o una buena parte de su estilo resulta no integrado con el resto.  No obstante, de nuevo, existirán importantes discrepancias acerca de lo que debe ser tenido en cuenta como “integridad” de la obra o acerca de qué clase de unidad es deseable y cuál irrelevante o indeseable.
Considerando lo anterior, podría opinarse que la "hipótesis estética" es trivial, pero esto no la convertiría en prescindible, porque la principal consecuencia de la "hipótesis" sería que las teorías de interpretación no serían vistas como lo que habitualmente reclaman ser -análisis de la idea de interpretación- sino más bien como candidatos a la mejor respuesta a la cuestión sustantiva planteada por la interpretación. La interpretación sería, en esta hipótesis, un concepto del cual las siguientes teorías serían concepciones competidoras.
La cuestión de la objetividad sería una cuestión diferente. La interpretación es una empresa colectiva y sería erróneo asumir “a priori “que las proposiciones centrales a cualquier empresa colectiva deben ser validadas. Así como también sería erróneo asumir demasiado acerca del tipo de validación requerido en tal clase de empresas colectivas -por ejemplo, si la validación exige o no la posibilidad de demostración-.Sería preferible una aproximación más empírica: considerar aquel tipo de actividades en que la gente asume que tiene buenas razones para sus juicios y que las mismas son aplicables con carácter general y no derivan de un punto de vista particular. Posteriormente, podrían evaluarse aquellos estándares que la gente acepta en la práctica al pensar que tiene razones de la clase indicada.
I.3          La intención del autor
La teoría de la interpretación basada en la intención del autor tampoco representaría, en este esquema, una descalificación de la hipótesis estética sino que sería una teoría competidora: la primacía de la intención del autor descansaría también en una teoría normativa sujeta a controversia y no en una observación neutral y previa a cualquier evaluación coherente. Los originalistas, que defienden la teoría de la intención del autor como central en la interpretación, malinterpretan, además, ciertas complejidades de los estados mentales y, en particular, fracasan en la apreciación de como interactúan las intenciones y las creencias de un autor acerca de su obra: un verdadero autor es capaz de mantener la distancia entre su obra y las intenciones y creencias que la originaron, de tratarla como un objeto separado en sí mismo.
Asimismo, es capaz de obtener nuevas conclusiones sobre su obra basadas en juicios estéticos: la obra es más coherente y ofrece un mejor análisis de sus temas más importantes cuando se lee en una forma distinta de la que pensaba cuando la estaba escribiendo. Es más, el significado más pleno de la obra como tal descansaría en la separabilidad de la obra de su autor. Las intenciones del autor no están simplemente pegadas a su obra, como las intenciones de alguien que va al mercado con una lista de la compra, sino que son intenciones entretejidas con la propia obra, de manera que cuanto más concretas sean las intenciones -como por ejemplo los propósitos de un personaje particular en una novela- más dependerán de creencias interpretativas cuya relevancia varía con el resultado de la obra producida, y que podrían verse radicalmente alteradas con el transcurso del tiempo.
Quizás pudiera intentar listarse el conjunto completo de las creencias interpretativas que un autor tiene cuando termina su obra y declarar que estas creencias son lo que la obra significa. Pero incluso aunque erróneamente llamáramos a este conjunto "intenciones", al hacerlo así estaríamos ignorando un nivel de intención diferente, que es la intención de crear una obra cuya naturaleza o significado no queda fijado o agotado de esta manera, porque se trata de una obra de arte.
I.4          La cadena del Derecho
Dworkin usa la teoría de la interpretación esbozada como un modelo para el método central del análisis legal y apunta una analogía entre dicho método y el proyecto de escritura de una novela colectiva, en la que los autores posteriores resultan constreñidos por el trabajo realizado por los anteriores. Aunque dicho proyecto resultara literalmente imposible o pobre, no por ello dejaría de ser útil para la comparación mencionada.
La decisión de casos jurídicos difíciles sería similar a este extraño ejercicio literario.  La similitud es más evidente en los casos de aplicación del "common law" cuando la cuestión central es decidir qué reglas o principios del derecho subyacente fueron los relevantes en las decisiones de otros jueces en el pasado. Cada juez sería entonces como el novelista en la cadena: el juez actual debe leer las decisiones de los jueces pasados no con el objeto de descubrir lo que dijeron, o su intención al decirlo, sino también con el propósito de obtener una opinión acerca de lo que los jueces hicieron colectivamente en el pasado, de manera similar a como cada novelista debería formarse una opinión acerca de la novela colectiva realizada por los autores previos. El juez debe interpretar la obra colectiva anterior porque tiene la responsabilidad de proseguir la empresa colectiva en marcha más que la de iniciar una nueva dirección basada en su juicio exclusivo.
En el caso antes mencionado, el juez debe decidir si la publicación de un código informático debe o no tener la protección constitucionalmente concedida a la libre difusión de las ideas, y debe decidirlo teniendo en cuenta las decisiones previas y el tema objeto de controversia.
¿Sería posible entonces decir de qué discrepan quienes discrepan sobre la mejor interpretación del caso? Una interpretación plausible de los antecedentes legales o decisiones previas debe pasar una prueba que tiene dos dimensiones: i) debe ser coherente con los antecedentes y decisiones previas; y ii) mostrar la cuestión crucial que plantea y su valor.  La cuestión central y su valor no son aquí un valor artístico. El Derecho es una empresa política cuya cuestión central, si es que tiene alguna, radica en la coordinación del esfuerzo social con el esfuerzo individual, o en la resolución de disputas sociales o individuales, o en asegurar la justicia entre los ciudadanos y entre ellos y su gobierno, o en alguna combinación de las anteriores. Así, una interpretación legal de una rama o división del derecho, o de un caso, debe mostrar el valor de tal rama o caso en términos políticos mediante la demostración de que, así interpretado, sirve de la mejor forma el principio o finalidad a cuyo servicio está destinado.
La dimensión de la coherencia proporcionará algunos límites a la labor del juez  que interpreta, aunque no existe ningún algoritmo para decidir si una interpretación concreta "encaja" suficientemente con los antecedentes y decisiones previas como para no tener que ser rechazada.
Cuando una ley o una constitución forman parte de los antecedentes, la intención del "autor" jugará sin duda un papel pero la cuestión de cuál de entre los sentidos posibles sea el apropiado debería ser decidida, con arreglo a lo anterior, como una cuestión de teoría política.
Por consiguiente, cualquier juicio de un juez acerca de la cuestión central del caso o de la función de la rama del derecho considerada incluirá o implicará alguna concepción acerca de la integridad y coherencia del derecho como institución, y esta concepción guiará y limitará aquella teoría de la coherencia que está aplicando en la práctica, es decir, sus convicciones acerca de hasta qué punto los antecedentes y decisiones previstas y su interpretación deben ser coherentes o "encajar", así como cuáles de entre aquellos antecedentes y decisiones y cómo deben encajar con la interpretación.
Resulta evidente, sin embargo, que cualquier teoría particular acerca de la coherencia citada fracasará en proporcionar una interpretación única.  La distinción entre casos difíciles y casos ordinarios es, quizás, la distinción entre casos que no dan lugar -o producen- una única interpretación.
De la misma manera que los lectores de un poema pueden encontrar suficiente apoyo en el texto que justifique la unidad y coherencia del mismo, dos principios pueden encontrar apoyo suficiente en decisiones jurídicas previas y satisfacer, por tanto, cualquier teoría plausible de la coherencia.  En este caso, Dworkin opina que la teoría política sustantiva (de la misma manera que las consideraciones sustantivas sobre el mérito artístico en la obra literaria) jugará un papel decisivo. Por tanto, la interpretación incluye dos características estructurales: i) la satisfacción del requisito general consistente en que una interpretación debe ser coherente o encajar con los antecedentes y decisiones previos, y ii) la defensa sustantiva de objetivos o finalidades sociales y de principios de justicia.
La caracterización de Dworkin es susceptible de dos tipos de crítica. En primer lugar, que no resulta inmune a la tacha de subjetivismo. Sobre este punto, su defensor opina que no hay ninguna razón para opinar que la teoría por él propuesta permita dudar de que una interpretación del derecho pueda ser mejor que otra, así como de que alguna pueda ser la mejor de todas. Que efectivamente sea así o no, afirma, dependerá de planteamientos filosóficos generales que no son más propios o peculiares del derecho que de la literatura. Estos planteamientos, además, no tienen por qué empezar con ideas previas acerca de las condiciones necesarias y suficientes de la objetividad (por ejemplo, que ninguna teoría del derecho pueda considerarse fundada a no ser que esté demostrativamente fundada).
Antes de llegar a una conclusión sobre dichas ideas, sería posible desarrollar varios niveles de una concepción del derecho que interpretativamente de cuenta de una práctica compleja e importante, y que colectivamente nos parezca la clase de interpretación correcta para la ley y el derecho.
En segundo término, la caracterización es acusada de no proporcionar un lugar adecuado a la intención del autor. Fracasaría al no ver que la interpretación jurídica es simplemente cuestión de discutir lo que los diferentes autores en el proceso legal intentaron en su momento.  En este nivel, sin embargo, el argumento de la intención del autor es simplemente una concepción de la interpretación, aquélla que sostiene que la mejor teoría política a efectos de la interpretación es aquélla que da a las intenciones de los legisladores y jueces un papel decisivo en la interpretación.
Por tanto, si pretende ser una verdadera objeción contra la caracterización de la interpretación propuesta, entonces debería argumentar más bien que el auténtico significado de la interpretación en el derecho exige que sólo las intenciones de los legisladores o jueces deberían tenerse en cuenta o, al menos, que existe un firme consenso entre los operadores jurídicos en este sentido. Ambas argumentaciones son tan infundadas como aquellas otras similares que pudieran hacerse, paralelamente, en cuanto a la interpretación de una obra literaria.
Incluso cuando la teoría de la interpretación que invoca el papel decisivo de la intención del autor se considera más como una concepción alternativa del concepto legal de interpretación que como una explicación de dicho concepto legal, no puede evitar el enfrentarse a importantes cuestiones como la distinción entre intenciones abstractas y concretas o la necesidad de dar coherencia al resultado que, tomadas con un todo, ofrecen las decisiones judiciales pasadas. La intención del autor se muestra elusiva en estos casos.
Dworkin considera que la caracterización de la interpretación que propone es fundada porque la práctica de la interpretación jurídica ofrece opiniones que muestran distintas sensibilidades políticas -liberales, radicales o conservadoras- no sólo acerca de lo que la Constitución y las leyes deberían ser sino también acerca de qué son en los casos concretos considerados. Como ejemplo, ofrece la interpretación de la cláusula de igual protección de la Constitución de los Estados Unidos [2]. No existe una interpretación útil del significado de dicha garantía constitucional que sea independiente tanto de la cuestión de qué es la igualdad política como de la de hasta donde la igualdad es un requisito de la justicia. La historia del último medio siglo de derecho sobre dicha cláusula, dice, es una exploración de exactamente estas cuestiones de moralidad política. Los juristas conservadores argumentan vehemente en favor de una interpretación fundada en la intención del autor y acusan a los demás, que utilizan una concepción distinta de la interpretación con resultados más igualitarios, de inventar más que interpretar la ley. Esta aproximación, sin embargo, no puede ocultar el papel que las propias convicciones políticas juega en la elección de la concepción de la interpretación que se atiene a la supuesta intención del autor. Tal y como Dworkin apunta, quizás los debates sobre la cláusula de igual protección habrían sido más esclarecedores si hubiera sido ampliamente reconocido que el descansar en una teoría política no constituye “per se” una corrupción de la interpretación sino una parte de lo que la interpretación significa.
La analogía entre Derecho y Literatura sugerida por Dworkin puede ser también, en nuestra opinión, profundizada y desarrollada recurriendo a la interrelación entre Derecho (contratación y hechos institucionales) y lenguaje, tal y como ésta ha sido puesta de manifiesto, aunque sobre bases distintas, por ECO [3] y SEARLE [4].  Ambos planteamientos reforzarían, en nuestra opinión, el concepto de la interpretación legal propuesto por Dworkin y, al menos, una concepción de la interpretación jurídica que, si bien es susceptible de admitir un buen número de matices y diferencias, no sería una concepción escéptica o pragmática del derecho –en el sentido de Dworkin [5]- sino una concepción que no sólo guía sino que también limita de forma objetiva la actividad interpretativa del operador jurídico.



 [1] Ronald Dworkin: A matter of principle. Clarendon Press. Oxford 1986, páginas 146-166
[2] Ronald Dworkin: Obra citada, página 165
[3] Umberto Eco: Kant y el Ornitorrinco. Editorial Lumen.Barcelona,:1999
[4] John R. Searle: La construcción de la realidad social. Paidós 1995; y también: Mind, language and society. Basic Books, New York 1998
[5] Con arreglo al planteamiento de Dworkin y muy sumariamente:
a)       Escéptica sería una posición que no reconoce la existencia de estándares objetivos de razonabilidad y justicia para decidir.
b)    Pragmática sería una posición que sostiene que los jueces adoptan y deberían adoptar aquellas decisiones que parecen las mejores para el futuro de la comunidad, sin consideración alguna de su consistencia con decisiones previas.

Monday, June 17, 2019

EL TEDH Y EL "BIS IN IDEM" TRIBUTARIO


Guide on Article 4 of Protocol No. 7
to the European Convention
on Human Rights

Right not to be tried or
punished twice


Updated on 30 April 2019

A.    General Principles
6. As noted in the Explanatory Report to the Protocol, § 32, Article 4 only applies to “criminal proceedings”. Consequently, it does not prevent the person from being subject, for the same act, to action of a different character (for example, disciplinary action against an official) as well as to criminal proceedings.
7. However, the Court has held that the legal characterisation of the procedure under national law cannot be the sole criterion of relevance for the applicability of the principle of non bis in idem under Article 4 § 1 of Protocol No. 7. Otherwise, the application of this provision would be left to the discretion of the Contracting States to a degree that might lead to results incompatible with the object and purpose of the Convention (Sergey Zolotukhin v. Russia [GC], § 52 2). It has held that the notion of “criminal procedure” in the text of Article 4 of Protocol No. 7 must be interpreted in the light of the general principles concerning the corresponding words ”criminal charge” and “penalty” in Articles 6 and 7 of the Convention, respectively3. The Court’s established case-law sets out three criteria, commonly known as the “Engel criteria” (Engel and Others v. the Netherlands), to be considered in determining whether or not there was a “criminal charge” (Sergey Zolotukhin v. Russia [GC], § 53). For the consistency of interpretation of the Convention taken as a whole, the Court finds it appropriate for the applicability of the principle of ne bis in idem to be governed by the same criteria as in Engel (A and B v. Norway [GC], §§ 105-107). The first criterion is the legal classification of the offence under national law, the second is the very nature of the offence and the third is the degree of severity of the penalty that the person concerned risks incurring. The second and third criteria are alternative and not necessarily cumulative. This, however, does not rule out a cumulative approach where separate analysis of each criterion does not make it possible to reach a clear conclusion as to the existence of a criminal charge (Sergey Zolotukhin v. Russia, § 53, Jussila v. Finland [GC], §§ 30-31).
8. If the first or second set of proceedings is not considered “criminal” or “penal” by the Court, the complaint under Article 4 of Protocol No. 7 will normally be declared inadmissible as being incompatible ratione materiae within the meaning of Article 35 § 3 of the Convention (see, by way of example, Paksas v. Lithuania [GC], § 69, Seražin v. Croatia (dec.), §§ 91-92).
B. Examples
·         Tax surcharges
10. The Court has found in several judgments that the proceedings for imposition of tax surcharges were “criminal” for the purposes of Article 4 of Protocol No. 7 (inter alia, Manasson v. Sweden (dec.), Rosenquist v. Sweden (dec.), Pirttimäki v. Finland, §§ 45-48, Lucky Dev v. Sweden, § 51). This view was recently confirmed in A and B v. Norway [GC], §§ 136-139, and in Johannesson and others v. Iceland, § 43).
(…)
III. Whether both proceedings were “criminal” or “penal” in nature Article 4 § 1 of Protocol No. 7
·         Administrative proceedings and penalties

15. In Ruotsalainen v. Finland, §§ 41-47, the applicant was stopped by the police during a road check and was found to be driving with more leniently taxed fuel than the diesel oil his van should have been running on. Summary penal order proceedings were brought against him and he was fined for petty tax fraud. It was also noted that, the applicant having admitted to refuelling the van himself, there had been a notion of intent behind his offence. Administrative proceedings were also brought against him and he was charged the difference in tax. It was found that he had used his van with fuel more leniently taxed than diesel oil and that, as he had failed to give the Vehicle Administration or Customs prior notification of that usage, the normal difference in tax charge was trebled. The Court noted that the applicant was fined in summary penal order proceedings which were classified as “criminal” in Finnish legislation. Subsequently, the applicant was issued with a fuel fee debit in administrative proceedings that were not classified as criminal but as part of the fiscal regime. The Court noted that the relevant provision was directed towards all citizens rather than towards a group possessing a special status. As the collected fuel fee was trebled the Court held that it was to be seen as punishment to deter re-offending. Consequently, the Court concluded that the nature of the offence was such as to bring the issuing of the fuel fee debit within the ambit of “penal procedure”.

16. In Grande Stevens and Others v. Italy, §§ 94-101 and § 222, the Court found that heavy administrative fines imposed on the applicants by the financial markets regulator were also “criminal” for the purposes of both Article 6 and Article 4 of Protocol No. 7. The Court also found that Italy’s reservation to the effect that Article 4 of Protocol No. 7 applied only to offences classified as criminal under Italian law was not valid under the Convention, since it was too general and did not refer to the specific provisions of the Italian legal order which excluded offences from the scope of Article 4 of Protocol No. 7 (§§ 204-211).
IV. Whether the proceedings concerned the “same offence” (idem)
A. General Principles

20. The non bis in idem principle prohibits prosecution or trial for the “same offence”. In Sergey Zolotukhin v. Russia [GC] the Court acknowledged that it had adopted a variety of approaches in the past, placing the emphasis either on identity of the facts irrespective of their legal characterisation (the “same conduct”, idem factum, Gradinger v. Austria, § 55), on the legal classification, accepting that the same facts could give rise to different offences (“concours ideal d’infractions”, see Oliveira v. Switzerland, §§ 25-29), or on the existence or otherwise of “essential elements” common to both offences (Franz Fischer v. Austria). After examining the scope of the right not to be tried and punished twice as set forth in other international instruments (International Covenant on Civil and Political Rights, Charter of Fundamental Rights of the European Union and American Convention on Human Rights) and noting that the approach which emphasised the legal characterisation of the two offences was too restrictive on the rights of the individual, the Court took the view that Article 4 of Protocol No. 7 should be understood as prohibiting the prosecution or trial of an individual for a second “offence” in so far as it arose from identical facts or facts which were “substantially” the same as those underlying the first offence (§§ 79-82; see also A and B v. Norway [GC], § 108). The starting point for the determination of whether the facts in both proceedings were identical or substantially the same should be the statements of fact concerning both the offence for which the applicant had already been tried and the offence of which he or she stands accused (§ 83). The Court emphasised that it was irrelevant which parts of the new charges were eventually upheld or dismissed in the subsequent proceedings, because Article 4 of Protocol No. 7 contains a safeguard against being tried or being liable to be tried again in new proceedings rather than a prohibition on a second conviction or acquittal. It held that its inquiry should therefore focus on those facts which constitute a set of concrete factual circumstances involving the same defendant and inextricably linked together in time and space, the existence of which must be demonstrated in order to secure a conviction or institute criminal proceedings (§§ 83-84).

B. Examples

21. The principles established in Sergey Zolotukhin v. Russia [GC] have subsequently been applied in a number of other cases.

22. In Ruotsalainen v. Finland, the Court noted that the facts behind both sets of proceedings against the applicant had essentially been the same: they both concerned the use of more leniently taxed fuel than diesel oil. The only difference had been the notion of intent in the first set of proceedings. Consequently, the Court held that the second sanction had arisen from the same facts as the former and there had therefore been a duplication of proceedings in violation of Article 4 of Protocol No. 7 (§§ 50-57).

(…)
25. A number of cases concern applicants who have been subject to criminal proceedings concerning tax- and bookkeeping crimes and also proceedings concerning tax surcharges. In Pirttimäki v. Finland the tax authorities, following an inspection, considered that the applicant had received disguised dividends from a company in which he held shares. Additional taxes and tax surcharges were imposed on the applicant. Furthermore, additional taxes and tax surcharges were also imposed on the company in which he held shares. Subsequently, the applicant was convicted, on the company’s count, of an accounting offence, for having introduced incorrect and misleading information in the company’s bookkeeping, and of aggravated tax fraud. The Court noted that the first two sets of proceedings arose from the fact that the company as well as the applicant, in his personal taxation declaration, had failed to declare some income for certain tax years. In the second set of proceedings the applicant was accused, as a representative of the company, of aggravated tax fraud for having given incorrect information on behalf of the company to the tax authorities during a certain time period. The two sets of proceedings which were relevant were thus the taxation proceedings against the applicant as well as the criminal proceedings. The Court found that the two sets of facts were different, noting that the legal entities involved in these proceedings were not the same: in the first set of proceedings it was the applicant and in the second set of proceedings the company. It observed that the circumstances were not the same: making a tax declaration in respect of personal taxation differed from making a tax declaration for a company as these declarations were made in different forms, they may have been made at a different point of time and, in the case of the company, may also have involved other persons. The Court therefore concluded that the two impugned sets of proceedings did not constitute a single set of concrete factual circumstances arising from identical facts or facts which were substantially the same (§§ 49-52).
26. In Shibendra Dev v. Sweden (dec.) the tax authorities found that as the information supplied by the applicant in his tax return was incorrect and the revision had had to be made under a discretionary assessment procedure, given the business’s deficient accounting, he was ordered to pay tax surcharges. Criminal proceedings were initiated against him in regard to the above conduct. He was convicted of an aggravated bookkeeping offence and an aggravated tax offence. The offences concerned the same period as the above-mentioned tax decisions. The domestic court found that the bookkeeping of the restaurant business had been seriously deficient and that the applicant and his wife had been responsible for failing to account for considerable proceeds and VAT, which had involved large profits for them. The Court noted that the obligation of a businessperson to enter correct figures in the books was an obligation per se, which was not dependent on the use of bookkeeping material for the determination of tax liability. The applicant, while not having fulfilled the legal bookkeeping requirements, could later have complied with the duty to supply the tax authorities with sufficient and accurate information by, for instance, correcting the information contained in the books or by submitting other material which could adequately form the basis of a tax assessment. Accordingly the Court held that the applicant’s submission of the incorrect bookkeeping material to the tax authorities in support of the claims and statements made in his tax return and his failure to provide them with other reliable documentation on which it could base its tax assessment constituted important additional facts in the tax proceedings which did not form part of his conviction for a bookkeeping offence. In these circumstances the Court found that the two offences in question were sufficiently separate to conclude that the applicant was not punished twice for the same offence (§ 51; see also Manasson v. Sweden (dec.), Carlberg v. Sweden, §§ 69-70).

27. On the contrary, in Johannesson and Others v. Iceland, the Court noted that the applicants’ conviction and the imposition of tax surcharges were based on the same failure to declare income and that tax proceedings and the criminal proceedings concerned the same period of time and essentially the same amount of evaded taxes. Therefore, the criminal offences for which the applicants were prosecuted and convicted were the same as those for which the tax surcharges were imposed (§ 47). In brief, the idem element of the non bis in idem principle was present.
(…)
V. Whether there was a duplication of proceedings (bis)

A. The first ruling must be “final”

29. The aim of Article 4 of Protocol No. 7 is to prohibit the repetition of criminal proceedings (non bis in idem principle) that have been concluded by a “final” decision. According to the Explanatory Report to Protocol No. 7, which itself refers back to the European Convention on the International Validity of Criminal Judgments, a decision is final if, according to the traditional expression, it has acquired the force of res judicata. This is the case when it is irrevocable, that is to say when no further ordinary remedies are available or when the parties have exhausted such remedies or have permitted the time-limit to expire without availing themselves of them (Sergey Zolotukhin v. Russia [GC], § 107). Decisions against which an ordinary appeal lies are excluded from the scope of the guarantee contained in Article 4 of Protocol No. 7 as long as the time-limit for lodging such an appeal has not expired (§ 108). On the other hand, extraordinary remedies such as a request for the reopening of the proceedings or an application for extension of the expired time-limit are not taken into account for the purposes of determining whether the proceedings have reached a final conclusion. Although these remedies represent a continuation of the first set of proceedings, the “final” nature of the decision does not depend on their being used (§ 108).

30. In Sundqvist v. Finland (dec.) the Court found that a decision by a prosecutor not to prosecute was not to be regarded as a “final” decision, in the light of the domestic law applicable. Accordingly, a subsequent decision by the Prosecutor General to prosecute the applicant and the following conviction did not amount to new proceedings falling under the sphere of Article 4 of Protocol No. 7. The Court has already held that the discontinuance of criminal proceedings by a public prosecutor does not amount to either a conviction or an acquittal, and that therefore Article 4 of Protocol No. 7 finds no application in that situation (Smirnova and Smirnova v. Russia (dec.), Harutyunyan v. Armenia (dec.), Marguš v. Croatia [GC], § 120; see also a provisional psychiatric internment ordered by the prosecutor in Horciag v. Romania (dec.)). This provision is neither applicable to the termination of criminal proceedings on the basis of an amnesty for acts which amounted to grave breaches of fundamental rights, such as war crimes against the civilian population (Marguš v. Croatia [GC], §§ 122-141). The Court has held that granting amnesty in respect of the killing and ill-treatment of civilians would run contrary to the State’s obligations under Articles 2 and 3 of the Convention. It has also noted that there is growing tendency in international law to see the granting of amnesties in respect of grave breaches of human rights as unacceptable. Therefore, bringing a fresh indictment against a person who has been granted an amnesty for these acts should not fall within the ambit of Article 4 of Protocol No. 7 (Marguš v. Croatia [GC], §§ 122-141).

B. Whether there was a new set of proceedings

31. Article 4 of Protocol No. 7 prohibits the repetition of criminal proceedings that have been concluded by a “final” decision. Article 4 of Protocol No. 7 is not only confined to the right not to be punished twice but extends also to the right not to be prosecuted or tried twice. It applies even where the individual has merely been prosecuted in proceedings that have not resulted in a conviction (Sergey Zolotukhin v. Russia [GC], §§ 110-111, in respect of an acquittal following the second set of proceedings).

32. The Court has held that Article 4 of Protocol No. 7 clearly prohibits consecutive proceedings if the first set of proceedings has already become final at the moment when the second set of proceedings is initiated (Sergey Zolotukhin v. Russia).

33. It has to be noted that, in some cases, the issue as to whether a proceedings is “final” or not is devoid of relevance if there is no real duplication of proceedings but rather a combination of proceedings considered to constitute an integrated whole (Johannesson and Others v. Iceland, § 48). In this case, the Court did not find it necessary to determine whether and when the first set of proceedings – the tax proceedings – became “final” as this circumstance did not affect the assessment of the relationship between the proceedings at stake.

34. As regards parallel proceedings, Article 4 of Protocol No. 7 does not prohibit several concurrent sets of proceedings (litis pendens). In such a situation it cannot be said that an applicant is prosecuted several times “for an offence for which he has already been finally acquitted or convicted” (Garaudy v. France (dec.)). There is no problem from the Convention point of view also when, in a situation of two parallel sets of proceedings, the second set of proceedings is discontinued after the first set of proceedings has become final (Zigarella v. Italy (dec.)). But, when no such discontinuation occurs, the Court has found that there was a duplication of proceedings in violation of Article 4 of Protocol No. 7 (Tomasović v. Croatia, §§ 29-32; Muslija v. Bosnia and Herzegovina, §§ 36-37; Nykänen v. Finland, §§ 47-54; Glantz v. Finland, §§ 57-64).

(…)
36. Tax sanctions have been examined by the Court in several cases against Finland and Sweden. (Häkkä v. Finland, Nykänen v. Finland, Glantz v. Finland, Rinas v. Finland, Österlund v. Finland, Kiiveri v. Finland and Lucky Dev v. Sweden). In these cases the Court noted that under the Finnish and Swedish systems the criminal and the administrative sanctions had been imposed by different authorities without the proceedings being in any way connected: both sets of proceedings followed their own separate course and became final independently from each other. Moreover, the Court noted that neither of the sanctions had been taken into consideration by the other court or authority in determining the severity of the sanction, nor was there any other interaction between the relevant authorities. Furthermore the Court observed that the tax surcharges had been imposed following an examination of an applicant’s conduct and his or her liability under the relevant tax legislation which was independent from the assessments made in the criminal proceedings. This, the Court held, contrasted with the Court’s earlier cases relating to driving licences, where the decision on withdrawal of the licence had been directly based on an expected or final conviction for a traffic offence and thus had not contained a separate examination of the offence or conduct at issue. Therefore, the Court concluded that there had not been a close connection, in substance and in time, between the criminal and the taxation proceedings.
37. The issue is then whether there had been a duplication of proceedings (bis). In A and B v. Norway [GC] the Court examined the Norwegian system of dual criminal and administrative proceedings regarding incorrect information submitted in tax declarations. The Court developed further the principle of “sufficiently close connection in substance and in time” between the proceedings. It held that the surest manner of ensuring compliance with Article 4 of Protocol No. 7 was the provision of a single-track procedure enabling the parallel strands of legal regulation of the activity concerned to be brought together, so that the different needs of society in responding to the offence could be addressed within the framework of a single process. Nonetheless, Article 4 of Protocol No. 7 does not exclude the conduct of dual proceedings, even to their term, provided that certain conditions are fulfilled. The respondent State must demonstrate convincingly that the dual proceedings in question have been “sufficiently closely connected in substance and in time” (§ 130). When deciding whether dual criminal and administrative proceedings are “sufficiently connected” the Court held that the material factors included (§ 132):
“- whether the different proceedings pursue complementary purposes and thus address, not only in abstracto but also in concreto, different aspects of the social misconduct involved;
- whether the duality of proceedings concerned is a foreseeable consequence, both in law and in practice, of the same impugned conduct (idem);
- whether the relevant sets of proceedings are conducted in such a manner as to avoid as far as possible any duplication in the collection as well as the assessment of the evidence, notably through adequate interaction between the various competent authorities to bring about that the establishment of facts in one set is also used in the other set;
- and, above all, whether the sanction imposed in the proceedings which become final first is taken into account in those which become final last, so as to prevent that the individual concerned is in the end made to bear an excessive burden, this latter risk being least likely to be present where there is in place an offsetting mechanism designed to ensure that the overall amount of any penalties imposed is proportionate.”

Furthermore, the Court stressed that the extent to which the administrative proceedings bear the hallmarks of ordinary criminal proceedings, inter alia its stigmatising features, was an important factor. Moreover, where the connection in substance is sufficiently strong, the requirement of a connection in time must also be satisfied. The Court held that the two sets of proceedings do not have to be conducted simultaneously from beginning to end as it should be open to States to opt for conducting the proceedings progressively in instances where doing so is motivated by interests of efficiency and the proper administration of justice, pursued for different social purposes, and has not caused the applicant to suffer disproportionate prejudice. However, the connection in time must be sufficiently close to protect the individual from being subjected to uncertainty and delay and from proceedings becoming protracted over time, even where the relevant national system provides for an “integrated” scheme separating administrative and criminal components (§ 134).
Applying these principles to the facts of the cases, the Court was satisfied that, whilst different sanctions were imposed on the applicants by two different authorities in different proceedings, there was nevertheless a sufficiently close connection between them, both in substance and in time, “to consider them as forming part of an integral scheme of sanctions under Norwegian law” for failure to provide information for their tax returns. The dual proceedings did not constitute therefore a proscribed duplication of proceedings so there had been no violation of Article 4 of Protocol No. 7 to the Convention (§§ 144-147 and 149-154).
38. On the contrary, in the case of Johannesson and Others v. Iceland, the Court found that even if the two proceedings pursued complementary purposes in addressing the issue of taxpayers’ failure to comply with the legal requirements relating to the filing of tax returns (§ 51), there was no sufficiently closed connection between them, due to the limited overlap in time and the largely independent collection and assessment of evidence (§ 55). Consequently, the applicants suffered disproportionate prejudice as a result of having been tried and punished for the same or substantially the same conduct by different authorities in two different proceedings which lacked the required connection.