LA REFORMULACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES DE 2024 EN EL REAL DECRETO-LEY 4/2025 DE 8 DE ABRIL
LA REFORMULACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES DE 2025 EN EL REAL DECRETO-LEY 2/2026 DE 3 DE FEBRERO
Disposición adicional primera. Suspensión de la causa de disolución por pérdidas.
1. A los solos efectos de determinar la concurrencia de la causa de disolución prevista en el artículo 363.1.e) del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, no se tomarán en consideración las pérdidas de los ejercicios 2020 y 2021 hasta el cierre del ejercicio que se inicie en el año 2026.
Si, excluidas las pérdidas de los años 2020 y 2021 en los términos señalados en el párrafo anterior, en el resultado del ejercicio 2022, 2023, 2024, 2025 o 2026 se apreciaran pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, deberá convocarse por los administradores o podrá solicitarse por cualquier socio en el plazo de dos meses a contar desde el cierre del ejercicio conforme al artículo 365 de la citada Ley, la celebración de Junta para proceder a la disolución de la sociedad, a no se rque se aumente o reduzca el capital en la medida suficiente.
2. Los administradores de la sociedad que, a la entrada en vigor de este real decreto-ley, ya hubieran formulado las cuentas anuales, el informe de gestión, que incluirá, cuando proceda, el estado de información no financiera, y la propuesta de aplicación del resultado, así como, en su caso, las cuentas y el informe de gestión consolidados, correspondientes al ejercicio 2025, podrán reformularlas en el plazo máximo de un mes, a contar desde dicha entrada en vigor, tomando en consideración lo establecido en el apartado anterior.
En tal caso, la junta general para aprobar las cuentas del ejercicio 2025 se reunirá dentro de los tres meses siguientes a la nueva formulación.
Si la convocatoria de la junta general para aprobar las cuentas del ejercicio 2025 se hubiera publicado antes de la entrada en vigor de este real decreto-ley, y no se hubiera celebrado en dicho momento, el órgano de administración podrá modificar el lugar, la fecha y la hora previstos para celebración de la junta o revocar el acuerdo de convocatoria con una antelación mínima de setenta y dos horas, bien por los procedimientos de convocatoria previstos en los estatutos, bien mediante anuncio publicado en la página web de la sociedad o, si la sociedad no tuviera página web, en el Boletín Oficial del Registro Mercantil». En caso de revocación del acuerdo de convocatoria, el órgano de administración deberá proceder a efectuar una nueva convocatoria dentro del mes siguiente a la nueva formulación de las cuentas.
Valen, parece, los mismos comentarios hechos al Real Decreto-Ley 4/2025:
La citada disposición plantea, principalmente, las siguientes cuestiones:
1)
Carecen totalmente de relación con el shock arancelario invocado como
causa de urgente necesidad por el propio Real Decreto-Ley. Como
consecuencia de ello la constitucionalidad del Real Decreto-Ley 4/2025
en cuanto a las mismas resulta más que dudosa, por no decir inexistente
El nuevo Real Decreto-Ley 2/2026 invoca ahora diferentes necesidades no referidas al instrumento normativo sino a la materia:
La medida contemplada en la disposición adicional primera, relativa a la ampliación del plazo para la absorción de las pérdidas causadas por el COVID-19, reviste de las notas constitucionales de extraordinaria y urgente necesidad, en vista de que, de manera inminente, expirarán los efectos de la ampliación acordada en virtud del artículo 6 del Real Decreto-ley 4/2025, de 8 de abril. Los mismos motivos que justificaron el esfuerzo desplegado para conservar el tejido productivo abultadamente afectado por el COVID-19aconsejan que las compañías que siguen siendo consideradas viables puedan conservarla expectativa de una plena recuperación, sin que la misma se vea abortada prematuramente por la mera aplicación de una regla contable que no es indicativa, por sí sola, de la capacidad de la empresa de continuar con su actividad. Por ello debe aprobarse, con carácter urgente, la extensión de la suspensión de la causa de disolución por pérdidas de los ejercicios 2020 y 2021 hasta el cierre del ejercicio 2026.
La verdad es que después de cuatro y cinco años, respectivamente, parece difícil justificar que no se haya legislado sobre la materia mediante el instrumento normativo requerido, una ley que modifique la Ley de Sociedades de Capital.
2)
Las medidas tienen naturaleza y efectos retroactivos, pues se refieren a
unas cuentas que debían estar legalmente formuladas en el plazo de tres
meses desde el cierre del ejercicio 2024 y 2025, es decir, a más tardar el 31
de marzo de 2025 y 2026. A dicha fecha venció la obligación de formular y
estaba legalmente completado el régimen la misma desde el punto de vista
legal, con arreglo al artículo 253 del TRLSC.
La jurisprudencia del TC sobre la cuestión es en cuanto al grado de retroactividad apreciable en este caso clara y pacífica:
"Finalmente,
como criterio orientador de este juicio casuístico, resulta relevante, a
tenor de la doctrina de este Tribunal, distinguir entre la retroactividad auténtica o de grado máximo, y la retroactividad impropia o de grado medio. En
el primer supuesto, que se produce cuando la disposición pretende
anudar sus efectos a situaciones de hecho producidas con anterioridad a
la propia Ley y ya consumadas, sólo exigencias cualificadas de interés
general podrían imponer el sacrificio del principio de seguridad
jurídica. En el supuesto de la retroactividad de grado medio o
impropia, que se produce cuando la Ley incide sobre situaciones
jurídicas actuales aún no concluidas, la licitud o ilicitud de la
disposición dependerá de una ponderación de bienes llevada a cabo caso
por caso que tenga en cuenta, de una parte, la seguridad jurídica y, de
otra, los diversos imperativos que pueden conducir a una modificación
del ordenamiento jurídico tributario, así como las circunstancias
concretas que concurren en el caso, es decir, la finalidad de la medida y
las circunstancias relativas a su grado de previsibilidad,su
importancia cuantitativa, y otros factores similares (STC 126/1987,
fundamentos jurídicos 11, 12 y 13 (STC 197/1992, fundamento jurídico 4.º
y STC 173/1996,fundamento jurídico 3.º)."
La
retroactividad es de grado máximo y afecta a una cuestión sin relación
con la causa de urgente necesidad del Real Decreto-Ley 4/2025 y del Real Decreto-Ley 2/2026.
3) Previsiblemente
las medidas tienen naturaleza singular y afectan exclusivamente a
alguna entidad (¿del sector público?) incursa en la causa de disolución
según sus cuentas anuales del ejercicio 2024 (2025) ya formuladas. En otro caso
no se entienden ni la modificación retroactiva aprobada, ni el nuevo
plazo de formulación de las cuentas, ni la revocación de la convocatoria
de la Junta con arreglo a las cuentas ya definitivamente formuladas.
La
legislación singular, además de retroactiva, es una causa adicional de
inconstitucionalidad, por infracción del principio de igualdad referido a
las entidades sujetas a la obligación de formulación de cuentas
anuales.
4) Los efectos de la
inconstitucionalidad de las medidas del Real Decreto-Ley 4/2025 y 2/2026 están
relacionados, entre otros extremos, con lo establecido en el artículo
367 del TRLSC respecto de la responsabilidad de administradores:
1. Los administradores que incumplan la obligación de
convocar la junta general en el plazo de dos meses a contar desde el
acaecimiento de una causa legal o estatutaria de disolución o, en caso
de nombramiento posterior, a contar desde la fecha de la aceptación del
cargo, para que adopte, en su caso, el acuerdo de disolución o aquel o
aquellos que sean necesarios para la remoción de la causa, así como los
que no soliciten la disolución judicial en el plazo de dos meses a
contar desde la fecha prevista para la celebración de la junta, cuando
esta no se haya constituido, o desde el día de la junta, cuando el
acuerdo hubiera sido contrario a la disolución, responderán
solidariamente de las obligaciones sociales posteriores al acaecimiento
de la causa de disolución o, en caso de nombramiento en esa junta o
después de ella, de las obligaciones sociales posteriores a la
aceptación del nombramiento.
2. Salvo prueba en contrario, las obligaciones
sociales cuyo cumplimiento sea reclamado judicialmente por acreedores
legítimos se presumirán de fecha posterior al acaecimiento de la causa
de disolución o a la aceptación del nombramiento por el administrador.
3. No obstante el previo acaecimiento de causa legal o
estatutaria de disolución, los administradores de la sociedad no serán
responsables de las deudas posteriores al acaecimiento de la causa de
disolución o, en caso de nombramiento en esa junta o después de ella, de
las obligaciones sociales posteriores a la aceptación del nombramiento,
si en el plazo de dos meses a contar desde el acaecimiento de la causa
de disolución o de la aceptación el nombramiento, hubieran comunicado al
juzgado la existencia de negociaciones con los acreedores para alcanzar
un plan de reestructuración o hubieran solicitado la declaración de
concurso de la sociedad. Si el plan de reestructuración no se alcanzase,
el plazo de los dos meses se reanudará desde que la comunicación del
inicio de negociaciones deje de producir efectos.
5) Por último, el Real Decreto-Ley 4/2025 y 2/2026 serían -supuesto que se admitiera la reformulación- un hecho posterior (favorable)
respecto a las cuentas del ejercicio 2024 y 2025, y su tratamiento contable en
las cuentas del ejercicio 2024 y 2025 debería ser, a lo sumo, el previsto para
los hechos posteriores en las normas contables:
Los hechos posteriores a la fecha del balance son todos aquellos eventos, ya sean favorables o desfavorables, que se hayan producido entre la fecha del balance y la fecha de formulación o de autorización de los estados financieros para su divulgación. Pueden identificarse dos tipos de eventos:
(a)
aquéllos que muestran las condiciones que ya existían en la fecha del
balance (hechos posteriores a la fecha del balance que implican ajuste);
y
(b) aquéllos que
son indicativos de condiciones que han aparecido después de la fecha del
balance (hechos posteriores a la fecha del balance que no implican
ajuste).
Esta
circunstancia pone de manifiesto que la retroactividad de la medida
singular se refiere no solo a las cuentas formuladas sino a la
obligación establecida en el artículo 365 del TRLSC, que habría vencido
el 28 de febrero de 2025 (plazo de dos meses a contar desde el cierre
del ejercicio conforme al artículo 365 TRLSC):
1. Cuando concurra causa legal o estatutaria, los
administradores deberán convocar la junta general en el plazo de dos
meses para que adopte el acuerdo de disolución. Cualquier socio podrá
solicitar de los administradores la convocatoria si, a su juicio,
concurriera causa de disolución.
2. La junta general podrá adoptar el acuerdo de
disolución o, si constare en el orden del día, aquél o aquéllos que sean
necesarios para la remoción de la causa.
3. Los administradores no estarán obligados a
convocar junta general para que adopte el acuerdo de disolución cuando
hubieran solicitado en debida forma la declaración de concurso de la
sociedad o comunicado al juzgado competente la existencia de
negociaciones con los acreedores para alcanzar un plan de
reestructuración del activo, del pasivo o de ambos. La convocatoria de
la junta deberá realizarse en el plazo de dos meses desde que dejen de
estar vigentes los efectos de esa comunicación.
Este último plazo es el que ahora ha buscado cumplir el Real Decreto-Ley 2/2026, publicado el 4 de febrero de 2026.
