AUTO TS 16-09-2026: LIQUIDACIONES VINCULADAS A DELITO

Id Cendoj: 28079130012026201784
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
Sede: Madrid
Sección: 1
Fecha: 16/09/2026
Nº de Recurso: 6657/2025
Nº de Resolución:
Procedimiento: Recurso de Casación Contencioso-Administrativo (L.O. 7/2015)
Ponente: SANDRA MARIA GONZALEZ DE LARA MINGO
Tipo de Resolución: Auto

 

 SEGUNDO. - Hechos relevantes a efectos del trámite de admisión del presente recurso de casación.

Un análisis del expediente administrativo y de las actuaciones judiciales nos lleva a destacar como hechos importantes para decidir sobre la admisión a trámite del recurso de casación los siguientes:
1. Inicio actuaciones inspectoras de comprobación e investigación y propuesta de liquidación vinculada a delito.
El 21 de marzo de 2019 se notificó a TROVADOR CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO, S.L. el inicio de las actuaciones de comprobación e investigación por concepto de Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 2016 y 2017, alcance general.
El resultado de la comprobación inspectora se concretó el día 10 de febrero de 2021 en la incoación de la Propuesta de liquidación vinculada a delito con referencia A34 70016480 por el IS/2016 y 2017, que incluyó los elementos regularizados en los que se aprecia la concurrencia de dolo, y el Acta de disconformidad A0273261651 por el IS/2016 y 2017 comprensiva de la totalidad de los elementos comprobados (dolosos y no dolosos).

2. Actuaciones complementarias.

El 23 de marzo de 2021 el Inspector Regional Adjunto acordó, en virtud de los artículos 157.4 de la Ley 58/2003,de 17 de diciembre, General Tributaria (LGT), y 188.4 y 197.quarter.3 del Reglamento general de las actuaciones y procedimientos de gestión y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación delos tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio la realización de actuaciones inspectoras complementarias al objeto de verificar si, a resultas de las pruebas aportadas, procedía rectificar la propuesta de liquidación vinculada a delito y, en consecuencia, la liquidación propuesta (acta) para regularizar en vía administrativa, cuyos términos relevantes disponían:

«TERCERO. - En relación con el plazo de duración del presente procedimiento, han de hacerse las siguientes advertencias:
(i) A través de la comunicación de inicio de actuaciones inspectoras se informa a la entidad interesada de que el plazo máximo de duración de las mismas queda fijado en 18 meses, contados desde su inicio, esto es, el día 21/3/2019 (artículo 150.1 a) de la LGT).

 
(ii) En el curso de las actuaciones inspectoras se ha producido un supuesto de extensión del plazo máximo de duración del procedimiento inspector de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 150.4 de la LGT. Más concretamente, el día 11 de septiembre de 2020 el representante autorizado de la entidad solicita la aplicación del periodo de no actuación de 60 días naturales a los que tiene derecho en virtud del apartado 4 del artículo 150 de la LGT (diligencia de fecha 11/9/2020).
(iii) En consecuencia, el plazo máximo para la finalización del presente procedimiento se extendería, en
principio, hasta el 20/11/2020 (inclusive).
No obstante, para el correcto cómputo del plazo máximo de duración del procedimiento inspector ha de
considerarse la concurrencia de un período de suspensión de 78 días, comprendido entre el 14/03/2020 (en aplicación de la DA tercera del Real Decreto 463/2020, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, que mantiene su vigencia en el ámbito tributario hasta la entrada en vigor - el 18/03/2020 - del Real Decreto 465/2020 y el Real Decreto Ley 8/2020)y el 30/05/2020 (de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 33.5 del Real Decreto Ley 8/2020 y la modificación operada en el mismo por el Real Decreto-ley 15/2020), lo que nos situaría en el sábado 6/2/2021. Al tratarse de un día inhábil, el plazo se entiende automáticamente prorrogado hasta el lunes 8/2/2021 en virtud del artículo 30.5 de la LPAC.

Al día de la fecha, por tanto, el plazo máximo de duración del procedimiento inspector que nos ocupa ha de tenerse por rebasado. El artículo 150 de la LGT declara que tal circunstancia no determina la caducidad del procedimiento, que continuará hasta su terminación, si bien producirá el siguiente efecto respecto a las obligaciones tributarias pendientes de liquidar:

 
a) No se considerará interrumpida la prescripción como consecuencia de las actuaciones inspectoras
desarrolladas durante el plazo señalado en el apartado 1.
La prescripción se entenderá interrumpida por la realización de actuaciones con posterioridad a la finalización del plazo al que se refiere el apartado 1. El obligado tributario tendrá derecho a ser informado sobre los conceptos y períodos a que alcanzan las actuaciones que vayan a realizarse".
Conforme al indicado precepto, las actuaciones realizadas con posterioridad al día 8/2/2021 han supuesto la interrupción del derecho a liquidar el Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 2016 y 2017, encontrándose dicho derecho plenamente vigente al día de la fecha.
[...]
Por cuanto antecede, convenientemente consideradas las circunstancias concurrentes en el presente expediente y conforme a lo dispuesto en el artículo 157.4 de la LGT y en el artículo 188.4 del RGAT, este órgano ACUERDA la realización de ACTUACIONES INSPECTORAS COMPLEMENTARIAS, al objeto de verificar si, a resultas de las pruebas aportadas, procede rectificar la propuesta de liquidación vinculada a delito y, en consecuencia, la liquidación propuesta para regularizar en vía administrativa.»

3. Prosecución de las actuaciones y diferenciación entre los ejercicios fiscales 2016 y 2017 del Impuesto
de Sociedades.
Terminadas las actuaciones complementarias, el Equipo instructor incoó el 26 de abril de 2021 Propuesta de liquidación vinculada a delito contra la Hacienda Pública con referencia A34 70017135, relativa al IS del periodo2017 y el 24 de mayo de 2021, acta de disconformidad A02 73301454, relativa al IS del periodo 2016.

 
4. Actuaciones complementarias.

El 21 de septiembre de 2021, tras la valoración de las alegaciones presentadas, se dictaron nuevos acuerdos por los que se decidió la realización de actuaciones complementarias.

5. Acuerdo de liquidación.

El 19 de noviembre de 2021, terminadas las actuaciones complementarias, el Equipo instructor incoó Acta de disconformidad A02 73375584 por el IS, periodos 2016 y 2017.

El 10 de enero de 2022 finalizó el procedimiento inspector mediante la notificación del acuerdo de liquidación derivado de la anterior acta de disconformidad.

 CUARTO. - Verificación de la concurrencia de interés casacional objetivo en el recurso.

1. Este recurso presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, porque en la sentencia recurrida se han aplicado normas que sustentan la razón de decidir sobre las que resulta conveniente completar la jurisprudencia del Tribunal Supremo [artículo 88.3.a) LJCA], y además, la cuestión planteada afecta a un gran número de situaciones [artículo 88.2.c) LJCA], lo que hace conveniente un pronunciamiento del Tribunal Supremo que las esclarezca, en beneficio de la seguridad jurídica y de la consecución de la igualdad en la aplicación judicial del Derecho (artículos 9.3 y 14 CE).

2. Dentro de la evolución jurisprudencial con relación a las liquidaciones vinculadas a delito, cobra carta
de naturaleza un supuesto de las características del aquí planteado, relevante por la particular situación procedimental cuestionada.

Con carácter preliminar se debe advertir como queda fuera de controversia que el plazo del procedimiento venció, tras el cómputo de sendos periodos de suspensión y extensión, el 8 de febrero de 2021, y que, en consecuencia, los acuerdos de liquidación se dictaron una vez superado el plazo máximo del procedimiento,perdiendo sus efectos interruptivos las actuaciones inspectoras desarrolladas, conforme a lo dispuesto en el artículo 150.6 de la Ley General Tributaria.

 
Con posterioridad a dicha fecha, la Inspección emitió acuerdo para completar las actuaciones, el 23 de marzo de 2021, antes de la finalización del plazo de prescripción de los dos ejercicios comprobados (el plazo de prescripción del IS del ejercicio 2016, el más antiguo, vencía el 27 de julio de 2022).

La Administración atribuye a dicho acuerdo el valor de un acto formal de interrupción de la prescripción, toda vez que en el mismo se mencionaba expresamente la superación del plazo del procedimiento, advirtiendo de los efectos de dicho exceso, así como de la vigencia de los ejercicios comprobados y de la reanudación del procedimiento.

La Sala a quo, por el contrario, considera que el acuerdo para completar las actuaciones de la propuesta de liquidación vinculada a delito no interrumpe la prescripción, habida cuenta de que hacía referencia, no a una propuesta de liquidación formalizada en acta, sino a una liquidación vinculada a delito. Ello sería así por cuanto la LGT (artículos 250, 253 y 254) establece el carácter distinto e independiente de las liquidaciones vinculadas a delito respecto del resto de liquidaciones.

3. Ello plantea la relevancia que puede ostentar el acuerdo para el complemento de actuaciones en situaciones de mera propuesta de liquidación vinculada a delito, efectivamente, de la sentencia recurrida se deduce que,por la mera emisión de una propuesta de liquidación vinculada a delito -propuesta sometida a revisión del inspector jefe-, se produce una suerte de excepcionalidad, de manera que el procedimiento queda excluido delas reglas generales que regulan el procedimiento inspector.

Frente a ello, cabe plantearse si dictado el acuerdo para completar las actuaciones, se retoma la vía administrativa, y el procedimiento debe someterse, no a lo dispuesto en los artículos 250 y siguientes de la LGT -la mayoría de sus cláusulas regulan las peculiaridades que deben regir las liquidaciones, ya dictadas,vinculadas a delito-, sino a los preceptos que regulan el procedimiento inspector general, conforme lo que establece el artículo 197 quater.3 del RGAT, transcrito ad supra.

De todo ello, se desprende la necesidad de clarificar la recta actuación en este contexto procedimental a fin de evitar distorsiones perjudiciales.

 

La sentencia de 14 de julio de 2025, dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, estimo parcialmente el recurso contencioso-administrativo.

La ratio decidendi de la sentencia sobre este particular se contiene en el Fundamento de Derecho Tercero con el siguiente tenor literal:
«Por tanto no se produce la caducidad sino la falta de interrupción de la prescripción con dichas actuaciones llevadas a cabo en el procedimiento cuya duración excedió lo previsto legalmente, ahora bien se prevé que nuevamente dicho plazo pueda ser interrumpido por actuaciones a las que se refiere el apartado 1" con obligación de informar al obligado tributario.

Tanto la AEAT como el TEAR estiman que no se ha producido dicha prescripción dado los acuerdos de
ampliación, AD dictadas y notificadas y acuerdo de liquidación notificado.

El plazo de prescripción para el IS 2016 se produciría al 26-7-2021 y para el ejercicio 2017 la prescripción se produciría el 26-7-2022.
Los acuerdos por los que se acuerda completar el expediente son de fecha 23-3-2021, y en ambos casos loque se acuerda es "realización de ACTUACIONES INSPECTORAS COMPLEMENTARIAS al objeto de verificar si a resultas de las pruebas aportas (sic), procede rectificar la propuesta de liquidación vinculada a delito" y "realización de ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS al objeto de que se analicen las pruebas presentadas por la entidad interesa (sic) relativas al posible delito contra la Hacienda Pública por el IS de los ejercicios 2016 y 2017"
Acuerdos que en modo alguno afectan a la liquidación aquí impugnada girada por el concepto de IS ejercicios 2016-2017 y no a la vinculada a delito que es la A34 70016480 de 10-2-2021 notificada dicho día
En segundo lugar se alude a sendos acuerdos de completar actuaciones de 21/09/2021, así en relación al A23Num. Ref.: 70017135 liquidación vinculada a deleito no afecta al procedimiento tendente a la liquidación del IS, dado que acuerda:
"ACTUACIONES INSPECTORAS COMPLEMENTARIAS.
Si como consecuencia de las actuaciones complementarias se sigue apreciando la existencia de Delito contra la Hacienda Pública, se notificará al obligado tributario la correspondiente propuesta de liquidación vinculada a delito, concediéndole un plazo de alegaciones de 15 días naturales, tras el cual el Inspector Jefe acordará ladecisión que proceda"
El segundo acuerdo de dicha fecha en relación al A23 Num. Ref.: 73301454 en él se alude a "Con fecha
24/05/2021, acta de disconformidad A02 73301454, relativa al Impuesto sobre Sociedades del periodo 2016"que el recurrente "Con fecha 16/06/2021 y asiento registral RGE179036252021, se presenta el siguiente escrito de alegaciones" entre las que se alega "- Se ha sobrepasado en exceso el plazo de 18 meses establecido en la Ley " estimando la AEAT que "-como la emisión del acta A02 73261651 y de la propuesta de liquidación vinculada a delito A34 70016480 ambas de fecha 10/02/2021, los sendos acuerdos de completar actuaciones de 23/03/2021 y el acta A02 73301454 de 24/05/2021- han supuesto la interrupción del derecho a liquidar el Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2016, encontrándose dicho derecho plenamente vigente al día de la fecha. Nótese que la entidad obligada tributaria fue advertida expresamente de esta circunstancia en el Fundamente de Derecho TERCERO del acuerdo de completar actuaciones de 23/03/2021 con referencia A2373261651." lo que determina que se dicte el citado acuerdo y se acuerda "en coherencia respecto a lo acordado respecto a la PLVD por el IS/2017, se estima procedente ordenar completar las actuaciones, en el mismo sentido,en lo que se refiere al IS/2016.
Por cuanto antecede, y valoradas convenientemente las circunstancias concurrentes en el presente expediente, este órgano ACUERDA la realización de ACTUACIONES INSPECTORAS COMPLEMENTARIAS"

A la vista de lo anterior y en relación al IS ejercicio 2016 cuyo plazo de prescripción se producía el día 26-7-2021el acuerdo de complemento de 23-3-2021 en modo alguno implicó lo establecido en el art 150.6 LGT, dado que hacía referencia a la liquidación vinculada a delito.

 
Las actas no son más que actos dictados en procedimiento que había superado el plazo máximo de duración y que no cumplen lo exigido legal y jurisprudencialmente, y el acuerdo de ampliación de 21-9-2021 se dicta una vez producida la prescripción del derecho de la administración a liquidación el IS 2016. (...)

 
2º.- Ello determina que prescrito el derecho de la administración en relación al IS 2016, y ello por cuanto la LGT establece el carácter distinto e independiente las liquidaciones vinculadas a delito de las no vinculadas al mismo, así en el art 250».

La citada sentencia constituye el objeto del presente recurso de casación.

QUINTO. - Admisión del recurso de casación. Normas objeto de interpretación.

1. Conforme a lo indicado anteriormente, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 88.1 LJCA, en relación con el artículo 90.4 de la misma norma, esta Sección Primera aprecia que este recurso presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, respecto de la siguiente cuestión:

Determinar si la emisión de una propuesta de liquidación vinculada a delito implica, desde ese momento y aun cuando dicha propuesta no llegue a ser confirmada, la obligada sujeción de las actuaciones posteriores al régimen jurídico previsto para las liquidaciones vinculadas a delito; o si, por el contrario, cabe dictar válidamente un acuerdo de reanudación formal del procedimiento que, cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 150.6.a) de la Ley General Tributaria en los términos exigidos por la jurisprudencia, produzca efectos interruptivos de la prescripción.

2. Las normas que, en principio, serán objeto de interpretación son:

2.1. El artículo 150.6 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
2.2. El artículo 197 quater.3 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria.

Ello sin perjuicio de que la sentencia haya de extenderse a otras si así lo exigiere el debate finalmente trabado en el recurso, ex artículo 90.4 de la LJCA.

(Breve comentario:

La STSJ de Canarias recurrida en casación por el Abogado del Estado se ajustaría en nuestra opinión a lo expresamente previsto en el artículo 253.1 de la LGT respecto de las liquidaciones vinculadas a delito y de aquellas propuestas de liquidación vinculada a delito que no se convierten en liquidaciones vinculadas a delito:

"En ningún caso los defectos procedimentales en que se hubiese podido incurrir durante la tramitación administrativa, producirán los efectos de extinguir total o parcialmente la obligación tributaria vinculada a delito ni los previstos en las letras a) y b) del artículo 150.6 de esta Ley en relación con las actuaciones desarrolladas por la Administración Tributaria tendentes a la liquidación de la deuda tributaria, sin perjuicio de los que de aquellos pudiesen derivarse en caso de devolución del expediente por el Ministerio Fiscal o en caso de resolución judicial firme que obligue a practicar el ajuste previsto por el artículo 257.2 c) de esta Ley por no apreciar la existencia de delito contra la Hacienda Pública.

Transcurrido el plazo previsto para el trámite de audiencia y examinadas las alegaciones presentadas en su caso, el órgano competente dictará una liquidación administrativa, con la autorización previa o simultánea del órgano de la Administración Tributaria competente para interponer la denuncia o querella, cuando considere que la regularización procedente pone de manifiesto la existencia de un posible delito contra la Hacienda Pública."

En el caso de la STSJ de Canarias, ni siquiera hubo devolución del expediente -tampoco envío previo- sino apreciación por la propia Administración de la inexistencia del supuesto de liquidación vinculada a delito, pero si la excepción de los efectos de las letras a) y b) del artículo 156 de la LGT no procede en los supuestos en que la liquidación vinculada a delito es devuelta o considerada penalmente atípica con continuación de las actuaciones administrativas, no es posible apreciar (en nuestra opinión) ninguna razón para que lo mismo no deba suceder cuando es propia AEAT la que no acuerda (por cualquier razón) la liquidación vinculada a delito sino, en su lugar, una mera liquidación ordinaria. En este supuesto las normas de prescripción generales aplican sin excepción alguna, como considero la STSJ de Canarias.

Lo contrario supondría atribuir a una actuación administrativa de mera propuesta los efectos de ausencia de interrupción de la prescripción que el artículo 251.3 LGT solo atribuye a la liquidación vinculada a delito (siempre que, además, no haya devolución del expediente o apreciación de ausencia de ilicitud penal), pero no a su propuesta. La regla es por tanto clara: los efectos de las letras a) y b) del artículo 156 se aplican siempre salvo que las liquidaciones vinculadas a delito hayan sido confirmadas.Y por ello, cuando la liquidación vinculada a delito ni siquiera se produce, se aplican igualmente.

El Auto del TS no menciona el artículo 251.3 LGT entre los preceptos que habrán de ser objeto de interpretación.)

AUTO TS 9-09-2026 (FIANZAS POR RESPONSABILIDAD CIVIL SUBSIDIARIA DERIVADA DE DELITO E IS, (I))

Id Cendoj: 28079130012026201728
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
Sede: Madrid
Sección: 1
Fecha: 09/09/2026
Nº de Recurso: 7345/2025
Nº de Resolución:
Procedimiento: Recurso de Casación Contencioso-Administrativo (L.O. 7/2015)
Ponente: SANDRA MARIA GONZALEZ DE LARA MINGO
Tipo de Resolución: Auto

 

 

 

 QUINTO.- Admisión del recurso de casación. Normas objeto de interpretación.

1. Conforme a lo indicado anteriormente, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 88.1 LJCA, en relación con el artículo 90.4 de la misma norma, esta Sección Primera aprecia que este recurso presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, respecto de la siguiente cuestión:
Determinar si tiene la consideración de gasto fiscalmente deducible en el Impuesto sobre Sociedades la
dotación a una provisión para responsabilidades constituida como consecuencia de la prestación de una fianza impuesta judicialmente para garantizar las eventuales responsabilidades civiles derivadas de la comisión de un delito, cuando dicha fianza trae causa de la declaración de responsabilidad civil subsidiaria acordada por el órgano judicial competente.

2. Las normas que, en principio, serán objeto de interpretación son:

2.1. La Norma de Registro y Valoración n.º 15 del Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad.
2.2. El artículo 13 del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.

Ello sin perjuicio de que la sentencia haya de extenderse a otras si así lo exigiere el debate finalmente trabadoe n el recurso, ex artículo 90.4 de la LJCA.

AUTO TS 11-02-2026: EL TRATAMIENTO TRIBUTARIO DE LOS INTERESES DE DEMORA POR INGRESOS TRIBUTARIOS INDEBIDOS (IRPF)

Id Cendoj: 28079130012026200327
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
Sede: Madrid
Sección: 1
Fecha: 11/02/2026
Nº de Recurso: 1039/2025
Nº de Resolución:
Procedimiento: Recurso de Casación Contencioso-Administrativo (L.O. 7/2015)
Ponente: SANDRA MARIA GONZALEZ DE LARA MINGO
Tipo de Resolución: Auto
Resoluciones del caso: TEAR,MADRID,05-06-2020,
STSJ M 15313/2024,
ATS 1744/2026

 CUARTO.- Cuestiones en las que se entiende que existe interés casacional.

1.Conforme a lo indicado anteriormente y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 88.1 LJCA, en relación con el artículo 90.4 de la misma norma, esta Sección Primera aprecia que este recurso presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, respecto de las siguientes cuestiones:

1.1.Aclarar si los intereses de demora abonados por la Agencia Tributaria al efectuar una devolución de ingresos indebidos, pese a su naturaleza indemnizatoria, se encuentran sujetos y no exentos del impuesto sobre la renta, constituyendo una ganancia patrimonial que procederá integrar en la base imponible del ahorro o, por el contrario, debe ser otro su tratamiento fiscal, atendiendo a que, por su carácter indemnizatorio, persiguen compensar o reparar el perjuicio causado como consecuencia del pago de una cantidad que nunca tuvo que ser desembolsada por el contribuyente.

1.2.Determinar los efectos en el tiempo de los cambios de criterio jurisprudencial; y, el particular si el criterio establecido en la sentencia del Tribunal Supremo de 12 de enero de 2023 debe aplicarse a todas las situaciones anteriores a su publicación, o solo a aquellas que se produzcan con posterioridad a la misma.

 

(Breve comentario:

1) Sin cambio en la legislación aplicable, el cambio de criterio jurisprudencial ofrece problemas de fundamentación indudables. 

2) El principio constitucional de legalidad tributaria resulta directamente afectado: no hay ningún precepto legal expreso que establezca el gravamen sobre los intereses de demora indemnizatorios que compensan el ingreso de tributos indebidos.

3) El artículo 33 de la LGT establece el derecho a la compensación de los costes de las garantías soportados en los pleitos tributarios estimados -y a sus intereses legales- y no hay ninguna razón -en nuestra opinión- para excluir de los mismos a los intereses de demora percibidos en relación con ingresos tributarios indebidos:

Artículo 33. Reembolso de los costes de las garantías.

1. La Administración tributaria reembolsará, previa acreditación de su importe, el coste de las garantías aportadas para suspender la ejecución de un acto o para aplazar o fraccionar el pago de una deuda si dicho acto o deuda es declarado improcedente por sentencia o resolución administrativa firme. Cuando el acto o la deuda se declare parcialmente improcedente, el reembolso alcanzará a la parte correspondiente del coste de las garantías.

Reglamentariamente se regulará el procedimiento de reembolso y la forma de determinar el coste de las garantías.

2. Con el reembolso de los costes de las garantías, la Administración tributaria abonará el interés legal vigente a lo largo del período en el que se devengue sin necesidad de que el obligado tributario lo solicite. A estos efectos, el interés legal se devengará desde la fecha debidamente acreditada en que se hubiese incurrido en dichos costes hasta la fecha en que se ordene el pago.

Que sepamos no se ha planteado la cuestión del gravamen del reembolso del coste de las garantías y sus intereses legales.

En nuestra opinión, sujetarlos a gravamen sin disposición expresa resultaría contrario al artículo 33 LGT y al principio de  legalidad tributaria.

4) Al compensar los intereses el perjuicio adicional por el ingreso indebido, cualquier incremento o disminución debería tener en cuenta tanto el perjuicio temporal sufrido por el ingreso (disminución) como cu compensación (incremento) siendo el resultado, por definición, igual a cero e incompatible con cualquier gravamen.

Ello sería totalmente compatible con lo establecido en el artículo 34.1 de la LIRF:

"El importe de las ganancias o pérdidas patrimoniales será:

a) En el supuesto de transmisión onerosa o lucrativa, la diferencia entre los valores de adquisición y transmisión de los elementos patrimoniales.

b) En los demás supuestos, el valor de mercado de los elementos patrimoniales o partes proporcionales, en su caso."

5) Lo contrario (presunción de renta en indemnización compensatoria) constituye una presunción no establecida legalmente e incompatible con el artículo 108.2 de la LGT: un interés compensatorio minorado por el impuesto deja de compensar ese importe en perjuicio de quien soportó el evento dañoso (ingreso indebido)

6) El gravamen de la compensación por interés determina que la Administración responsable del perjuicio recupere una parte del mismo como gravamen tributario, lo que constituye un claro incentivo en favor de la conducta dañosa y de su reiteración. Además de resultar contrario al derecho fundamental de defensa, con arreglo a lo establecido en la Ley Orgánica 5/2024: 

 -El ejercicio del derecho de defensa estará sujeto al procedimiento legalmente establecido. Cualquier duda sobre su interpretación y alcance se resolverá del modo más favorable al ejercicio del derecho (artículo 3.6 LODD)

7) El tratamiento sería así idéntico al contenido en la contestación DGT  V1162-25 sobre costas procesales:

En cuanto a las costas, este Centro directivo viene manteniendo el criterio —consultas nº 0154-05, 0172-05, V0588-05, V1265-06, V0343-09, V0268-10, V0974-13, V2909-14 y V4846-16, entre otras, y tomando como base la configuración jurisprudencial de la condena en costas, establecida por el Tribunal Supremo, como generadora de un crédito a favor de la parte vencedora y que, por tanto, no pertenece a quien le representa o asiste— de considerar que al ser beneficiaria la parte vencedora, la parte condenada no está satisfaciendo rendimientos profesionales a los abogados y procuradores de la parte vencedora sino una indemnización a esta última —la cual se corresponde con el pago de los honorarios de abogado y procurador en que esta ha incurrido—, por lo que aquella parte (la condenada) no está obligada a practicar retención, a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, sobre tales honorarios profesionales.

Conforme con el criterio expuesto, al tratarse de una indemnización a la parte vencedora, la incidencia tributaria para esta parte viene dada por su carácter restitutorio del gasto de defensa y representación realizado por la parte vencedora en un juicio, lo que supone la incorporación a su patrimonio de un crédito a su favor o de dinero (en cuanto se ejercite el derecho de crédito) constituyendo así una ganancia patrimonial, conforme con lo dispuesto en el artículo 33.1 de la Ley 35/2006, antes reproducido, ganancia patrimonial que al no proceder de una transmisión entendía este Centro (consultas nº V2085-17, V1190-18, V0285-19 y V3228-19, entre otras) que su cuantificación venía dada por el propio importe indemnizatorio de la condena en costas, tal como resultaba de lo dispuesto en el artículo 34.1,b) de la Ley del Impuesto.

Ahora bien, en relación con lo señalado en el párrafo anterior, el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) en resolución de recurso de alzada para la unificación de criterio de 1 de junio de 2020, resolución nº 00/06582/2019/00/00), ha fijado el siguiente criterio:

“Conforme con lo dispuesto en el artículo 33.1 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, para la determinación de la ganancia patrimonial que puede suponer para el vencedor del pleito la condena a costas judiciales a la parte contraria, el litigante vencedor podrá deducir del importe que reciba en concepto de costas los gastos en que haya incurrido con motivo del pleito, importe deducible que podrá alcanzar como máximo el importe que reciba, sin superarlo; con lo que, si se le resarcen todos los gastos calificables de costas, en puridad no habrá tenido ganancia patrimonial alguna”.

Este criterio establecido por el TEAC motivó que por esta Dirección General se replantease el que esta venía manteniendo, procediendo a su modificación en contestación de 13 de octubre de 2020 (consulta vinculante V3097-20) y pasar a considerar que para la determinación de la ganancia patrimonial que puede suponer para el vencedor del pleito la condena en costas judiciales a la parte contraria, el litigante vencedor podrá deducir del importe que reciba en concepto de costas los gastos en que haya incurrido con motivo del pleito, importe deducible que podrá alcanzar como máximo el importe que reciba, sin superarlo. Por tanto, si el importe de la condena en costas se corresponde con los gastos incurridos no se habrá producido una ganancia patrimonial para el consultante respecto a las costas."

 8) Lo anterior sería también compatible con el artículo 41 del CEDH y con la doctrina del TEDH que deduce cualquier impuesto debido de los importes reconocidos como satisfacción equitativa. Así lo ha declarado expresamente dicho tribunal en el ámbito tributario (Yukos v. Rusia).

LA SATISFACCIÓN EQUITATIVA REFERIDA A INTERESES O RECARGOS SATISFECHOS EN EL CASO YUKOS V. RUSIA (TEDH)

 

 

"A.  Pecuniary damage

(...) 

2.  The Court’s assessment

(a)  Violation of Article 6 of the Convention

18.  At the outset the Court would point out that in its principal judgment it found a violation of Article 6 of the Convention on account of the haste with which the domestic courts had conducted the 2000 Tax Assessment proceedings against the applicant company, both at first instance and on appeal. The Court cannot speculate as to what the outcome of these proceedings might have been had the violation of the Convention not occurred (see, for example, Jalloh v. Germany [GC], no. 54810/00, § 128, ECHR 2006‑IX, and Martinie v. France [GC], no. 58675/00, § 59, ECHR 2006‑VI).

19.  It finds that there is insufficient proof of a causal link between the violation found and the pecuniary damage allegedly sustained by the applicant company. There is therefore no ground for an award in this respect.

(b)  Violation of Article 1 of Protocol No. 1 on account of the retroactive imposition of the penalties for the years 2000 and 2001

20.  The Court observes that in the principal judgment it concluded that the penalties in the 2000 Tax Assessment and certain of the penalties in the 2001 Tax Assessment were unlawful and in breach of Article 1 of Protocol No. 1. The amounts in question, RUB 19,185,272,697 (approximately 543,623,045 euros) in respect of the year 2000, and RUB 19,556,570,413 (approximately 569,898,525 euros) in respect of the year 2001, were effectively paid by the applicant company during the enforcement proceedings and thus represented a clear pecuniary loss, which, in the Court’s view, should be compensated under Article 41 of the Convention.

21.  Despite the Government’s objections, the Court sees no good reasons to depart from the principle of restitutio in integrum, firmly established in its case-law, in assessing the amount of pecuniary compensation in the present case. In its principal judgment it found a violation of Article 1 of Protocol No. 1 concerning the imposition of the penalties for the year 2000 and in part for the year 2001. The Court ruled that the penalties were unlawful as such, and did not represent an irregularity of a merely procedural nature (see, by contrast, Former King of Greece and Others v. Greece [GC] (just satisfaction), no. 25701/94, §§ 78‑79, 28 November 2002; and Beyeler v. Italy (just satisfaction) [GC], no. 33202/96, § 20, 28 May 2002).

22.  The Court considers that the figure of RUB 38,741,843,110, representing the amount of penalties for the year 2000 and one half of the penalties for the year 2001 (see paragraph 20 above), was effectively paid by the applicant company on 12 November 2007 at the latest (see paragraph 303 of the principal judgment). This sum equalled EUR 1,078,246,919 at the conversion rate on that date.

23.  In addition, the Court also recalls that the applicant company was compelled to pay the 7% enforcement fee in respect of the mentioned unlawful penalties. The Court decides that since it has declared the original penalties unlawful, the payment of the 7% enforcement fee in respect of these penalties was unlawful as well.

24.  The Court notes in this connection that the applicant company was required to pay the enforcement fee of RUB 1,342,969,088.79 (approximately EUR 37,353,983) in respect of the penalties for the year 2000 and the enforcement fee of RUB 1,368,959,928.91 (approximately EUR  36,636,218) in respect of one half of the penalties for the year 2001, both sums having been effectively paid by the applicant company on 12  November 2007 at the latest (see paragraph 303 of the principal judgment).

25.  These sums represented clear pecuniary losses sustained by the applicant company, in breach of Article 1 of Protocol No. 1. They should thus be compensated under Article 41 of the Convention. The amount of RUB 2,711,929,017.7, consisting of RUB 1,342,969,088.79 for the year 2000 and RUB 1,368,959,928.91 for the year 2001, equalled EUR 75,477,284 at the conversion rate on that date.

26.  Taking into account the inflation rate of 12.62% for the euro between that date and the present time, the Court assesses the amount of pecuniary damage to the applicant company resulting from the violation of Article 1 of Protocol No. 1 on account of the retroactive imposition of the penalties (see paragraph 22 above) and the payment of the enforcement fee on these unlawful penalties (see paragraph 25 above) for the years 2000 and 2001 at EUR 1,299,324,198.

(c)  Violation of Article 1 of Protocol No. 1 on account of the enforcement proceedings

27.  The Court refers to its finding in the principal judgment that the domestic authorities failed to strike a fair balance between the legitimate aim of the enforcement proceedings in respect of the applicant company and the measures employed, by being inflexible regarding the pace of the proceedings, obliging the company to pay excessive fees and failing to give explicit account of all of the relevant factors. The above considerations led the Court to conclude that there had been a violation of Article 1 of Protocol No. 1 on account of the enforcement proceedings in respect of the applicant company.

28.  In this respect, the Court notes that the working assumptions used by the applicant company in its assessment of the prospects of the applicant company’s survival and its value in the aftermath of the events remain at least in part speculative (see, for example, Credit and Industrial Bank v. the Czech Republic, no. 29010/95, § 88, ECHR 2003‑XI (extracts)). In its principal judgment the Court did not conclude, as alleged by the applicant company, that the applicant company would have survived the enforcement proceedings had it not been for the aforementioned shortcomings in these proceedings. Therefore, the Court cannot accept the applicant company’s claim in full (see, for example, Goddi v. Italy, 9 April 1984, § 35, Series A no. 76; Tre Traktörer AB v. Sweden, 7 July 1989, § 66, Series A no. 159; Beaumartin v. France, 24 November 1994, § 44, Series A no. 296‑B; Kingsley v. the United Kingdom [GC], no. 35605/97, § 43, ECHR 2002‑IV; Ezeh and Connors v. the United Kingdom [GC], nos. 39665/98 and 40086/98, §§ 141 and 143, ECHR 2003‑X and Martinie v. France [GC], cited above, § 59).

29.  Even if it cannot be said that the above-cited defects alone caused the applicant company’s liquidation, they nevertheless seriously contributed to it, directly resulting in pecuniary damage satisfying the causality criteria of Article 41 of the Convention.

30.  In this respect, the Court recalls that in paragraph 655 of the principal judgment it has clearly stated that the above-mentioned defects very seriously contributed to the applicant company’s demise, having identified:

“... [a] factor which seriously affected the company’s situation in the enforcement proceedings. The applicant company was subjected to a 7% enforcement fee in connection with the entire amount of its tax-related liability, which constituted an additional hefty sum of over RUB 43 billion (EUR 1.16 billion), the payment of which could not be suspended or rescheduled (see paragraphs 484-486). This was a flat-rate fee which the authorities apparently refused to reduce, and these sums had to be paid even before the company could begin repaying the main body of the debt (see paragraph 484). The fee was by its nature unrelated to the actual amount of the enforcement expenses borne by the bailiffs. Whilst the Court may accept that there is nothing wrong as a matter of principle with requiring a debtor to pay for the expenses relating to the enforcement of a debt or to threaten a debtor with a sanction to incite his or her voluntary compliance with enforcement writs, in the circumstances of the case the resulting sum was completely out of proportion to the amount of the enforcement expenses which could have possibly been expected to be borne or had actually been borne by the bailiffs. Because of its rigid application, instead of inciting voluntary compliance, it contributed very seriously to the applicant company’s demise.”

31.  The 7% enforcement fee (levied on unpaid taxes, interests and penalties) in respect of the applicant company amounted to:

-  RUB 6,848,291,175 (approximately EUR 190,481,640) for the year 2000;

-  RUB 12,652,063,176 (approximately EUR 345,770,570) for the year 2001;

-  RUB 13,477,590,451 (approximately EUR 360,688,386) for the year 2002;

-  RUB 11,926,766,600 (approximately EUR 355,784,986) for the year 2003.

The enforcement fee for the tax liability for the years 2000, 2001, 2002 and 2003 totalled RUB 44,904,711,402.82 (approximately EUR 1,252,725,582). As indicated above, this lead the Court to conclude that in the circumstances of the case the resulting sum was “completely out of proportion to the amount of the enforcement expenses which could have possibly been expected to be borne or had actually been borne by the bailiffs” (see paragraph 655 in the principal judgment).

32.  Making a reasonable assessment of the enforcement fee and having regard to the parties’ submissions in this respect, the Court accepts the Government’s indication of an appropriate rate of 4%, which they made in their submissions of 30 March 2013. The Court accordingly decides that in order to satisfy the requirements of proportionality the enforcement fee should have been reduced to 4%.

33.  In order to calculate the amount of the applicant company’s pecuniary loss in this connection, the Court deducts the amount of RUB 2,711,929,017.7 (EUR 75,477,284) representing the 7% enforcement fee paid by the applicant company on the unlawful portion of the penalties for the years 2000 and 2001 (see paragraph 25 above), from the entire amount of the enforcement fee of RUB 44,904,711,402.82 (approximately EUR 1,252,725,582) mentioned in paragraph 31 to arrive at the figure of RUB 42,192,782,385.12 (approximately EUR 1,177,070,056).

34.  It then follows that the applicant company sustained a clear pecuniary loss of RUB 18,082,621,022, representing the difference between RUB 42,192,782,385.12 (see paragraph 33 above) and the amount of that fee calculated at a 4% rate (RUB 24,110,161,362). The Court observes that the enforcement fee was effectively paid by the applicant company on 12 November 2007 at the latest (see paragraph 303 of the principal judgment). The stated amount equalled EUR 503,268,013 at the conversion rate on that date.

35.  Taking into account the inflation rate of 12.62% for the euro between that date and the present time, the Court assesses the amount of pecuniary damage to the applicant company resulting from the violation of Article 1 of Protocol No. 1 on account of the manner in which the authorities conducted the enforcement proceedings at EUR 566,780,436.

(d)  The method of distribution of the award

36.  The Court has concluded that the applicant company sustained pecuniary damage as a result of the violations of Article 1 of Protocol No. 1 on account of the retroactive imposition of the penalties for the years 2000 and 2001 and the payment of the 7% enforcement fee on these penalties (see subpart (b) in paragraphs 20-26 above) and the disproportionate character of the enforcement proceedings (see subpart (c) in paragraphs 27-35 above). It has rejected the remainder of the applicant company’s claim under this head as unsubstantiated. The overall amount of pecuniary damage, including compensation for inflationary losses, sustained by the applicant company in the present case thus amounts to EUR 1,866,104,634 (see paragraphs 26 and 35 above).

37.  With regard to the appropriate method of distribution of this award, the Court does not accept the applicant company’s suggestion that payment be made to the Yukos International Foundation, as the case file contains no evidence confirming who exactly in such a circumstance would benefit from the award in this case.

38.  Regard being had to the fact that the applicant company ceased to exist (compare to Stankov and the United Macedonian Organisation Ilinden v. Bulgaria, nos. 29221/95 and 29225/95, § 121, ECHR 2001‑IX; and Capital Bank AD v. Bulgaria, no. 49429/99, § 80, ECHR 2005‑XII (extracts)), the Court decides that the aforementioned amount should be paid by the respondent Government to the applicant company’s shareholders and their legal successors and heirs, as the case may be, in proportion to their nominal participation in the company’s stock (see, mutatis mutandis, Holy Synod of the Bulgarian Orthodox Church (Metropolitan Inokentiy) and Others v. Bulgaria (just satisfaction), nos. 412/03 and 35677/04, § 39, 16 September 2010; Sophia Andreou v. Turkey (just satisfaction), no. 18360/91, §§ 33-38, 22 June 2010; and Lordos and Others v. Turkey (just satisfaction), no. 15973/90, §§ 61-70, 10 January 2012). In order to facilitate the Government’s task, the Court refers to the list of the applicant company’s shareholders, as they stood at the time of the company’s liquidation, which is held by ZAO VTB Registrator, the company which had held and ran the register of the applicant company.

39.  Further, given the nature of the violation found, the Court does not consider relevant the Government’s references to the allegedly fraudulent conduct of the applicant company’s management and some of its shareholders. The applicant company has already been held liable for the actions described in the various tax and enforcement proceedings and the Court sees no reasons to reduce the amount of award to take account of conduct for which the applicant company has already been punished.

40.  With regard to the Government’s reference to the applicant company’s allegedly unmet liabilities, amounting to over USD 8 billion at the time of its liquidation, the Court takes the view that this argument is similar to the applicant company’s evaluation of the consequences of the violation of Article 1 of Protocol No. 1 in respect of the enforcement proceedings (see paragraph 28 above) and remains speculative (see, mutatis mutandis, S.A. Dangeville v. France, no. 36677/97, § 70, ECHR 2002‑III).

41.  In this respect, the Court would note that it is clear from the course of the enforcement and liquidation proceedings that the domestic authorities chose not to seek repayment of the entirety of the applicant company’s debt by, for instance, granting the applicant company more time. Rather, they decided to precipitate the proceedings by auctioning the applicant company’s main production unit and liquidating it, notwithstanding the risk of being subsequently unable to recover some of the company’s liabilities. The existence and scale of the allegedly unmet liabilities referred to by the Government resulted at least in part from the method used by the domestic authorities to recover the applicant company’s tax liability.

42.  Moreover, the fact remains that any liabilities that the applicant company may have had in respect of its creditors were either met or extinguished within the framework of the enforcement and liquidation proceedings in November 2007, and there is nothing in the case file or the parties’ submissions to suggest that under domestic law the applicant company or its shareholders remain liable for any payments in favour of any of its creditors resulting from the above-mentioned enforcement or liquidation proceedings. In view of the above, the Court rejects the Government’s argument as unfounded.

43.  In so far as the respondent Government referred to various parallel proceedings allegedly brought by some of the applicant company’s shareholders in other international fora, the Court notes that there have been two final arbitral awards in cases brought against the Russian Federation by a group of the applicant company’s minority shareholders under bilateral investment treaties. These awards were made on 12 September 2010 and 20 July 2012 respectively by the Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce. There is also a pending set of arbitration proceedings brought by the applicant company’s majority shareholders (see paragraphs 519-526 of the principal judgment), in which no final award has been adopted so far.

44.  As regards the former two cases, the Court would note that the case file contains no information regarding the enforcement of these awards. In such circumstances, the Court does not find it necessary to take this information into account in the context of the present judgment and at this stage of the proceedings. The Government’s reference to the pending case is thus irrelevant.

B.  Non-pecuniary damage

45.  The applicant company submitted that the principal judgment was in itself sufficient just satisfaction in respect of non-pecuniary damage.

46.  The respondent Government did not object.

47.  The Court considers that, in the circumstances of the present case, the findings of a violation of Article 6 of the Convention and violations of Article 1 of Protocol No. 1 constitute sufficient just satisfaction for the applicant company in respect of non-pecuniary damage.

C.  Costs and expenses

48.  The applicant company requested payment of GBP 4,333,105 in respect of the legal fees charged by its counsel Mr Piers Gardner for the work on the case prior to the principal judgment, USD 174,000 in respect of the costs of an expert report and USD 588,148 in respect of various fees incurred as a result of the preparation of submissions on Article 41 of the Convention.

49.  The Government asked the Court to take into account the fact that the initial application had been unsuccessful on most of the points of principle and that this should be reflected in any award under this head.

50.  According to the Court’s case-law, an applicant is entitled to the reimbursement of costs and expenses only in so far as a violation of the Convention has been established and it has been shown that these costs and expenses have been actually and necessarily incurred and are reasonable as to quantum. In the present case, regard being had to the documents in the Court’s possession and the above criteria, the Court considers it reasonable to award a lump sum of EUR 300,000 covering costs under all heads, to be paid to the Yukos International Foundation directly, as requested by the applicant company.

D.  Default interest

51.  The Court considers it appropriate that the default interest rate should be based on the marginal lending rate of the European Central Bank, to which should be added three percentage points.

FOR THESE REASONS, THE COURT

1.  Holds unanimously that the finding of a violation constitutes in itself sufficient just satisfaction for the non-pecuniary damage sustained by the applicant company;

 

2.  Holds, by five votes to two,

(a)  that the respondent State is to pay the applicant company’s shareholders as they stood at the time of the company’s liquidation and, as the case may be, their legal successors and heirs EUR 1,866,104,634 (one billion, eight hundred sixty six million, hundred and four thousand, six hundred thirty four euros), plus any tax that may be chargeable, in respect of pecuniary damage, to be converted into the currency of the respondent State at the rate applicable at the date of settlement;

(b)  that the respondent State must produce, in co-operation with the Committee of Ministers, within six months from the date on which this judgment becomes final, a comprehensive plan, including a binding time frame, for distribution of this award of just satisfaction;

 

3.  Holds, by six votes to one,

(a)  that the respondent State is to pay within three months from the date on which the judgment becomes final in accordance with Article 44 § 2 of the Convention, EUR 300,000 (three hundred thousand euros), plus any tax that may be chargeable, in respect of costs and expenses, which sum is to be paid to the Yukos International Foundation, at the request of the applicant company;

(b)  that from the expiry of the above-mentioned three months until settlement simple interest shall be payable on the above amount at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points;

 

4.  Dismisses, unanimously, the remainder of the applicant company’s claim for just satisfaction.

Done in English, and notified in writing on 31 July 2014, pursuant to Rule 77 §§ 2 and 3 of the Rules of Court."

Por tanto, en la Sentencia del caso YUKOS, el TEDH decidió:

1) Que la satisfacción equitativa (art. 41 CEDH) incluía las sanciones retroactivas e indebidas pagadas

2) Que la satisfacción equitativa incluye los "recargos ejecutivos" indebidos del 7 por ciento sobre las sanciones retroactivas e indebidas igualmente pagadas

3) Que la totalidad de los "recargos ejecutivos" en exceso del 4 por ciento deben considerarse igualmente satisfacción equitativa por los pagos indebidos de los mismos (exceso). Este importe se actualiza con la inflación.

4) Que la pérdida monetaria anterior, sufrida por los socios personas físicas, debe aumentarse en cualquier gravamen tributario exigible sobre la compensación o indemnización con ocasión de su pago.La satisfacción equitativa es, por tanto, neta de impuestos debidos sobre la misma.  

Lo anterior se ha resumido por el TEDH de la siguiente manera:

 

 

La justificación del tratamiento tributario indicado se encuentra en el artículo 41 del CEDH y en las propias indicaciones del TEDH sobre el mismo:

 

 

 

CARTA ABIERTA PARA LA RETIRADA DE LA PLATAFORMA mRNA (USA,18-09-2026)

 

 

 

Dear Secretary Kennedy and President Trump,

Section

Executive summary

As influential leaders within the MAHA and health freedom movements, we are writing to object to policies under your oversight related to the mRNA platform, and to call you to act on our policy goals.

While the centerpiece of the MAHA and health freedom agenda has been removal of mRNA shots, you have failed to take decisive action on this front despite overwhelming credible evidence to the harm of this technology. Instead, your policies related to mRNA technology are neutered and self-defeating, putting pregnant women and children at risk, misleading parents and eroding their rights, and failing to help those harmed by vaccines.

If you continue to ignore our central issue of removing the mRNA platform, the MAHA and health freedom movements will withdraw their support of you, and you will face the political consequences.

Section

Our objections

We are writing to express deep concerns about policies emerging from HHS, the CDC, and the FDA. Specifically, we object to:

• The administration of COVID mRNA shots to over 50 million Americans this year. Included are 7 million children, despite no studies demonstrating prevention of hospitalization or death and voluminous data demonstrating severe harms, including deaths of children (at least 10 acknowledged by the FDA to date).
• The appointment of Erica Schwartz to lead the CDC, who declared during her Senate confirmation hearing that mRNA technology is safe and effective. As you are well aware, it is not possible to make legally valid determinations of safety or efficacy for EUA Countermeasures under ongoing public health emergency under the PREP Act. No technology can be presumptively deemed safe or effective for medical applications for all people or all ages and health statuses.
• The approval of a new mRNA flu shot that was not tested against a true placebo, lacks long-term safety data, did not measure hospitalization or death outcomes, showed significantly higher side effects, higher deaths, and was not compared to early treatment or any alternative prophylaxis.
• The absence of meaningful help for those injured from the mRNA shots.
• The HHS award of $1.24 billion contracts with Pfizer for future mRNA shots, including for children.
• Failure of the CDC to provide up-to-date cancer statistics amid rising concerns of accelerating incidence of cancer linked to mRNA shots.
• Failure to enforce the contractual obligations of mRNA shot providers to report adverse events to VAERS.

Removal of the mRNA platform from the market remains one of the central goals of the grassroots medical freedom movement.

Millions of concerned citizens set aside partisan differences and identities to support the historic MAGA/MAHA alliance. Instead of decisive policy actions on these core issues, we see distractions, linguistic misdirections, and watered-down announcements that avoid serious action on the deadly mRNA injections.

Section

Meaningless and constitution-corroding executive action

Despite the Executive Order from August 10, 2026 reducing the recommended vaccination schedule from 17 to 11 types of vaccines, it simultaneously elevates pneumococcal and HPV shots into the “universal core recommendation”. The elevation of HPV shots to universal core recommendation is surprising given Merck just reached a $50M settlement with 200 plaintiffs who alleged the Gardasil HPV vaccine caused autoimmunity. In addition, the EO promotes the unconstitutional notion of “shared” decision making between the federal government and parents with respect to the mRNA and some additional vaccines. This Orwellian language does not belong in a free society.

Section

Overwhelming credible data calls for the removal of mRNA

We do not need more data to determine whether mRNA products should be removed from the market. The data are already in from multiple credible sources, including over 4,550 peer reviewed publications, the Pfizer documents released through Aaron Siri's lawsuits, the VAERS and V-safe datasets, and data from foreign governments. These sources document catastrophic levels of deaths and serious injuries from the mRNA injections, as well as reproductive harm, including approximately 400% increase in miscarriage rates.

Section

Self-defeating action puts pregnant women at risk, erodes parental rights

You stated that the shots were removed from the CDC recommendation for pregnant women. Yet pregnancy remains listed as a “high-risk” health category in the revised FDA policy for mRNA shots. It is especially troubling that the new versions of these injections are recommended for all pregnant women, even though this platform has never been tested and proven safe in pregnancy. Pregnant women have not been made safer by this linguistic shift. Removing the mRNA injection from CDC recommendations for pregnant women and healthy children is meaningless when the American Academy of Pediatrics, to which the vast majority of pediatricians belong, still recommends all babies get a mRNA shot.

Further, the CDC still recommends the shots for every child except those labeled “healthy.” Those outside of this category include children with minor ailments such as an acute illness or allergies. The risks of these shots far outweigh any benefits, particularly given they now carry an FDA warning for increased risk of myocarditis and pericarditis in children.

Parental choice is not realistic when parents are not getting informed consent on the true risks of these products. CDC language appears to erode parental rights. Even for healthy children, the CDC frames the decision as one that parents must “share” with healthcare providers—including pharmacists who lack authority to treat patients. By treating the decision to inject a child with mRNA as a “shared decision,” while treating routine injections as the default, a dangerous legal precedent is being set that assigns powers to the federal government that have historically belonged solely to parents.

Section

Failure to remove labeling of COVID-19 injections as FDA-approved

The CDC’s COVID shot policy claims to be evidence-based. However, no evidence has been provided—and none exists to our knowledge—showing that the categories of people labeled “vulnerable” under this policy would benefit from mRNA injections. A formal Citizen Petition authored by Children’s Health Defense, asking to properly relabel the COVID-19 vaccines by Pfizer and Moderna as “EUA Countermeasures” is pending with HHS since December 8, 2025.

Under the PREP Act declaration for COVID emergency, the products that went on the market de novo as “EUA Countermeasures” – a non-investigational legal status – cannot be declared “safe, effective and fully approved by the FDA” without complying with the investigational pharmaceutical product requirements under the applicable federal law. The PREP Act was extended by the Biden Administration in December 2024 and upheld by you to date to last until December 31, 2029. The COVID-19 injections never underwent legally valid investigative assessment for safety and efficacy, being subject to only emergency distribution requirements, since the PREP Act precludes use of bio-chemical compounds in clinical investigation. This Petition gathered a record number of public comments in support of it (over 104,000). Your failure to respond to this Petition speaks louder than any placating HHS / Trump Administration messaging on vaccine schedule issues in advance of the midterm elections.

Conflating clearly established risks with an automatically assumed benefit from a product that remains a poorly regulated, liability-free EUA Countermeasure under the PREP Act emergency declaration defies both scientific reason and common sense.

Section

The health freedom movement will withdraw support without action

We did not fight to place you in positions of leadership so that our clearly stated policy goals would suffer a “bait and switch” that rebranded the grassroots powerful objection to the damaging mRNA platform as a concern about coloring agents in Skittles. Health freedom is not the possession of Secretary Kennedy or his advisors. Health freedom agenda arose from the voices of millions of those impacted by the harmful government policies during the pandemic. The MAHA/health freedom vote was a historic game-changer. Neither Republicans nor the Democrats could have prevailed without this critical swing vote.

Health freedom voters can and will walk away if we continue to see inaction—or condescending non-policy—on our core issues.

If you continue to ignore the centerpiece of our policy agenda—removing all mRNA products covered by PREP Act emergency declarations entirely from the market—you will pay a political price. We will run our own candidates at the state level, and we will support other challengers and sponsors who share our values and advance our draft bills at the federal level for the midterms and for 2028.

Policy request

Our call to action

We ask you to deliver our actual policy goals in the near term, or face the political consequences:

1. 01Ban mRNA/gene therapy-derived technologies for all vaccines, due to their demonstrated abject failure regarding safety, efficacy, and disease prevention after more than four years of real-world use and billions of doses administered.
2. 02Terminate the PREP Act declaration for COVID injections, as no emergency exists. Extending this declaration, with its ironclad liability shield for manufacturers and administrators, serves no public health interest.
3. 03Recommend that Congress repeal the PREP Act entirely, due to its numerous constitutional conflicts.
4. 04Ban pharmaceutical direct-to-consumer advertising, as is the practice in every other country except New Zealand.
5. 05Review and revise current HHS-level policies that create perverse incentives for healthcare providers to engage in medical coercion, including but not limited to vaccinations.
6. 06End conflicts of interest at the CDC, FDA, NIH, and NIAID. 

There Was a Non-mRNA COVID Vaccine the Whole Time. Almost Nobody Was Told.

Novavax uses a conventional protein-subunit platform, the same basic approach behind vaccines that have been around for decades. It was authorized, it's still available, and it was almost NEVER mentioned.… pic.twitter.com/l7zWQXwQx7

— McCullough Foundation (@McCulloughFund) September 21, 2026

Acuerdo entre la Comisión Europea y los Estados miembros sobre vacunas contra la COVID-19 (hecho en Madrid el 20-07-2020, (II))

Breve comentario sobre cuestiones de Derecho de la Unión planteadas por el régimen de responsabilidad establecido por el artículo 6 del Acuerdo:

"El presente Acuerdo regula exclusivamente el reparto de la posible responsabilidad e indemnidades entre la Comisión y los Estados miembros participantes. En cambio no regula el alcance o las condiciones con arreglo a las cuales la posible responsabilidad del fabricante de vacunas debe asumirse o ser objeto de exoneración conforme a los APA.

La Comisión será responsable únicamente del proceso de contratación pública y la conclusión de los APA, incluida la responsabilidad que se derive del desarrollo de las negociaciones.

Los Estados miembros participantes que adquieran una vacuna serán responsables de su distribución y uso en virtud de sus estrategias nacionales de vacunación y asumirán plenamente la responsabilidad que conlleve dicho uso y distribución. Lo anterior se hará extensible a la exoneración de los fabricantes de vacunas en virtud de los términos y condiciones del APA pertinente por la responsabilidad derivada del uso y de la distribución de las vacunas que habitualmente asume dicho fabricante."

La exoneración de los fabricantes de vacunas en virtud del APA es resumida por el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea:

 

 

1) ¿Puede legítimamente exonerarse la Comisión (la Unión) en virtud del Acuerdo, a pesar del artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea?:

"Derecho a una buena administración

1. Toda persona tiene derecho a que las instituciones, órganos y organismos de la Unión traten sus asuntos imparcial y equitativamente y dentro de un plazo razonable.

2. Este derecho incluye en particular:

a) el derecho de toda persona a ser oída antes de que se tome en contra suya una medida individual que la afecte desfavorablemente;

b) el derecho de toda persona a acceder al expediente que le concierna, dentro del respeto de los intereses legítimos de la confidencialidad y del secreto profesional y comercial;

c) la obligación que incumbe a la administración de motivar sus decisiones.

3. Toda persona tiene derecho a la reparación por la Unión de los daños causados por sus instituciones o sus agentes en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con los principios generales comunes a los Derechos de los Estados miembros."

Puede dar lugar a plantear una cuestión prejudicial ante el TJUE en relación con los asuntos judiciales a resolver en los Estados miembros.

En sentido inverso al caso Factortame la cuestión sería aquí:

 "El Derecho comunitario debe interpretarse en el sentido de que un órgano jurisdiccional nacional, que esté conociendo de un litigio relativo al Derecho comunitario, debe excluir la aplicación de una norma de Derecho de la Unión que considere que constituye el único obstáculo que le impide conceder medidas provisionales."

 2) ¿Puede legítimamente exonerarse, en virtud del Acuerdo y los APA, a los fabricantes o productores responsables según la Directiva 85/374/CEE, asumiendo las indemnizaciones legales y los gastos de defensa -en el caso de productos defectuosos- los Estados miembros?

Dicha exoneración debería considerarse, en nuestra modesta opinión, incompatible:

i) Con los siguientes artículos de la CDFUE:

Artículo 35

Protección de la salud

Toda persona tiene derecho a acceder a la prevención sanitaria y a beneficiarse de la atención sanitaria en las condiciones establecidas por las legislaciones y prácticas nacionales. Al definirse y ejecutarse todas las políticas y acciones de la Unión se garantizará un nivel elevado de protección de la salud humana.

Artículo 38

Protección de los consumidores

En las políticas de la Unión se garantizará un nivel elevado de protección de los consumidores.

Artículo 47

Derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial

Toda persona cuyos derechos y libertades garantizados por el Derecho de la Unión hayan sido violados tiene derecho a la tutela judicial efectiva respetando las condiciones establecidas en el presente artículo.

Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa y públicamente y dentro de un plazo razonable por un juez independiente e imparcial, establecido previamente por la ley. Toda persona podrá hacerse aconsejar, defender y representar.

Se prestará asistencia jurídica gratuita a quienes no dispongan de recursos suficientes siempre y cuando dicha asistencia sea necesaria para garantizar la efectividad del acceso a la justicia.

La asistencia jurídica gratuita a los fabricantes por sus gastos de defensa resulta especialmente desfavorable para los pacientes y consumidores además de establecer una asistencia jurídica gratuita para quienes disponen de recursos más que suficientes: los fabricantes.

Constituye un incentivo para que los fabricantes litiguen sin consecuencia desfavorable alguna y establece un desequilibrio más que evidente en perjuicio de los pacientes y consumidores. 

Altera de forma desorbitada el derecho de tutela en beneficio de una parte y en perjuicio de otra (la parte débil de la relación). 

Puede plantear igualmente una cuestión prejudicial ante el TJUE en relación con los asuntos judiciales a resolver en los Estados miembros.

ii) Con la propia Directiva 85/374/CEE 

Y el artículo  53 de la CDFUE:

Nivel de protección

Ninguna de las disposiciones de la presente Carta podrá interpretarse como limitativa o lesiva de los derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos, en su respectivo ámbito de aplicación, por el Derecho de la Unión, el Derecho internacional y los convenios internacionales de los que son parte la Unión o todos los Estados miembros, y en particular el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, así como por las constituciones de los Estados miembros.

3) Incompatibilidad de la exoneración derivada del Acuerdo con el Alcance e interpretación de los derechos y principios de la CDFUE:

Artículo 52

Alcance e interpretación de los derechos y principios

 1. Cualquier limitación del ejercicio de los derechos y libertades reconocidos por la presente Carta deberá ser establecida por la ley y respetar el contenido esencial de dichos derechos y libertades. Dentro del respeto del principio de proporcionalidad, sólo podrán introducirse limitaciones cuando sean necesarias y respondan efectivamente a objetivos de interés general reconocidos por la Unión o a la necesidad de protección de los derechos y libertades de los demás.

Las limitaciones derivadas del Acuerdo entre la Comisión y los Estados miembros y de los APA no cumplen el requisito de ser establecidas por la ley y respetar el contenido esencial de los derechos de los pacientes y consumidores que pagarían hasta tres veces por el producto defectuoso: con la financiación de las vacunas con cargo al Presupuesto, con los efectos adversos derivados del producto defectuoso y con el reembolso a los fabricantes con cargo al Presupuesto.