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Friday, August 7, 2026

CUESTIONES TRIBUTARIAS PLANTEADAS POR EL ARTÍCULO 607 DE LA LEC SOBRE EMBARGO DE SUELDOS Y CUENTAS (III, DOCTRINA SSTS)

Id Cendoj: 28079130022026100292
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
Sede: Madrid
Sección: 2
Fecha: 15/07/2026
Nº de Recurso: 6583/2024

Nº de Resolución: 920/2026
Procedimiento: Recurso de Casación Contencioso-Administrativo (L.O. 7/2015)
Ponente: MARIA DE LA ESPERANZA CORDOBA CASTROVERDE
Tipo de Resolución: Sentencia
Resoluciones del caso: STSJ M 7924/2024,
ATS 11852/2025,
STS 3532/2026

 CUARTO. Criterio interpretativo de la Sala.


1.Ya hemos dicho que la cuestión de interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia versa sobre si la definición legal de sueldo, salario o pensión que contiene el art. 171.3 LGT se extiende al importe del remanente en el momento inmediatamente anterior a la percepción del siguiente ingreso en concepto de sueldo, salario o pensión a los efectos de aplicar los límites del art. 607 LEC, de manera que si es inferior al SMI ningún saldo es embargable; o bien si ese remanente no tiene la condición jurídica de sueldo, salario o pensión,de manera que queda fuera de los límites de dicho art. 607 LEC y, por ende, resulta plenamente embargable.


2.La normativa tributaria establece reglas distintas para efectuar los embargos en función del tipo de
elementos sobre los que pueda recaer la traba. En el caso de los sueldos, salarios o pensiones, por la finalidad a la que van dirigidos -garantizar la subsistencia del contribuyente y de su familia que ampara el art.35.1 CE-y siguiendo también la normativa procesal civil - art. 607 LEC -, a la que se remite la normativa tributaria - art.171.3 LGT -, se establecen límites de inembargabilidad en función de su cuantía, diferenciando tramos respecto al SMI. En cambio, cuando se trata de embargar los saldos bancarios, la totalidad de su importe puede ser objeto de traba, como se establece tanto en el art. 592.2.1.º LEC, como en el art. 169.2.a) LGT .


El problema surge cuando se pretende embargar el saldo de una determinada cuenta bancaria en la que se efectúa periódicamente el ingreso de esos sueldos, salarios o pensiones, pues se precisará conocer si se están trabando los sueldos y pensiones, en cuyo caso deben respetarse los límites de inembargabilidad establecidos para este tipo de elementos, o si, por el contrario, lo que es objeto de traba es únicamente ahorro, en cuyo caso,no existe cantidad alguna inembargable.


3.A tal efecto, el artículo 171.3 LGT , tras establecer que cuando se cobren en una cuenta corriente los sueldos y salarios se habrá de respetar las limitaciones establecidas en la LEC respecto de la cuantía que se considere sueldo o salario, introduce una cláusula según la cual tendrá la consideración de sueldo, salario o pensión «el importe ingresado en dicha cuenta por ese concepto en el mes que se practique el embargo o, en su defecto,en el mes anterior».


Es la interpretación de esta cláusula por la Administración que efectúa la traba, la que ha presentado especiales problemas, ya que ha venido efectuando la traba sobre los remanentes de la cuenta no consumidos de los sueldos o pensiones percibidos dentro del mes, considerando que, al no consumirse, pierden su condición de sueldos, salarios o pensiones, parcialmente inembargables, transformándose en depósitos plenamente embargables.


El resultado es que, si su importe es inferior al SMI, por el hecho de no haberse consumido en el mismo mesen que se han percibido, han resultado embargados, con posible vulneración de las normas que establecen su inembargabilidad.


Ello nos lleva a preguntarnos si debe prevalecer la inembargabilidad de tales sueldos, aunque no se hayan consumido en el plazo de un mes y figuren como remanentes en el saldo bancario, o si, por el contrario, debe admitirse que el contribuyente si tiene remanentes de consumos no satisfechos en ese plazo pasa a tener ahorro que puede ser embargado sin limitación.


4.Esta Sala considera que la contestación que debemos dar a esa pregunta, en línea con el cambio de criterio asumido por el TEAC, es la de la inembargabilidad de ese remanente. De esta forma, no es susceptible de embargo íntegramente el saldo disponible a la fecha de un embargo (deducido el importe del último abono en concepto de sueldos, salarios o pensiones, que se ha de considerar inembargable) de una cuenta donde se efectúe habitualmente el abono de percepciones de la misma naturaleza.


En efecto, los gastos a los que debe hacer frente el contribuyente no se abonan necesariamente en el plazo del mes. Conceptos como determinados consumos, tributos, comunidad o ropa no se atienden en el plazo deun mes, sino que tienen una extensión temporal superior. Por ese motivo, cuando figuren provisionalmente como remanentes en una cuenta, no deben considerarse como ahorro o excedente, ni ser por ello objeto de embargo, sino que hay que apreciar que están dirigidos a atender esas necesidades vitales existenciales.


La práctica administrativa de considerar que lo no consumido en el plazo de un mes era ahorro produce un efecto rechazable, pues, no solo se traba una capacidad mínima vital que no lo merece, sino que se irroga un mayor perjuicio a quienes son titulares de una menor capacidad económica. Así, según afirma el TEACen la resolución de 18 de junio de 2025 cit. «[e]sta situación perjudica en mayor medida a los deudores con menor capacidad económica, por cuanto que se ven privados de ciertas cantidades poco significativas, que no revelan una capacidad de ahorro superior a la cobertura de las necesidades básicas, reservadas para atender gastos imprevistos o inaplazables, necesarios para el mantenimiento y subsistencia propios y de su familia.
Si lo que se ingresa en la cuenta es igual o inferior al SMI, el perjuicio es aún mayor».


Consecuentemente, y en línea con lo que ha expuesto el TEAC en su resolución de 18 de junio de 2025, el artículo 171.3 LGT debe interpretarse conjuntamente con el artículo 607 LEC, por lo que el sueldo, salario o pensión inembargable tiene esta condición sin límite temporal y cualquiera sea la forma de su percepción.


La parte inembargable del sueldo es necesaria para atender necesidades básicas personales y familiares del deudor. Su transformación en ahorro, si no se gasta antes de que se ingrese o abone en la cuenta la siguiente mensualidad, resulta contraria al sentido del artículo 171.3 LGT en relación con el artículo 607 LEC. En suma,en caso de abonarse el sueldo, salario o pensión en cuenta corriente, el saldo correspondiente al importe inembargable en ningún caso puede considerarse ahorro ya que, de hacerlo así, se estaría contraviniendo el mandato del artículo 607 LEC que no establece ningún límite temporal.


5.Este recurso de casación es la otra cara de la moneda de otros recursos, entre ellos, el recurso de casación 5447/2024 resuelto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,sede en Sevilla, que ha sido deliberado en la misma fecha, en el que la Sala de Sevilla ha estimado el recurso contencioso-administrativo formulado por el contribuyente, habiendo interpuesto el recurso de casación el Abogado del Estado.


Tal como advierte la Sala de Sevilla en la sentencia impugnada en casación, bastaría con que el embargado retirara periódicamente los saldos de la cuenta corriente, dejando solo una cantidad inferior al límite, para alterar el régimen o los límites legales a la inembargabilidad. De esta forma, tener que obligar al embargado a llevar a cabo esa conducta, por lo demás plenamente legítima, para sortear la interpretación que la Administración lleva a cabo de lo establecido en el art. 171.3 LGT, no solo no resulta coherente, sino que,además, equivale a penalizar sin razón alguna al ahorro.


En efecto, estima la Sala que se penaliza el ahorro si una cantidad inembargable, por ser inferior al canon que fija el artículo 607 LEC, se convierte en embargable sobrevenidamente por el solo hecho de no haber sido gastado y permanecer en la cuenta corriente.


6.En definitiva, siendo el saldo de la cuenta corriente bancaria inferior, a la fecha del embargo, al salario mínimo interprofesional tampoco podría practicarse embargo de cantidad alguna en base a la limitación del art. 607LEC cuando sólo se registra como ingreso el importe de la pensión que recibe el titular. Ni la pensión ni el saldo bancario exceden del SMI y sólo se incrementa el mismo con el abono de la pensión mensual, justificándose así la inembargabilidad que ha sido indebidamente desconocida.


Conforme a lo expuesto, no procede el embargo del sueldo o pensión no gastado. De esta forma se sigue
protegiendo el mínimo inembargable, aunque el dinero permanezca acumulado en la cuenta, salvo que existan ingresos de otras fuentes diferentes.


7.En el caso que se examina, no resulta controvertido que los únicos ingresos del contribuyente provienen de las transferencias realizadas por la pensión y que el importe embargado tiene su origen en la percibida en la mensualidad correspondiente en cuantía inferior al SMI, por lo que la consecuencia que se extrae es que la traba afectó a bienes inembargables, conforme al art. 606 LEC en relación con el 171 LGT, al recaer sobre el saldo de una cuenta corriente procedente de una pensión inferior al SMI, lo que conlleva la nulidad de la diligencia de embargo que se encuentra en el origen del recurso.


QUINTO. Doctrina jurisprudencial que se establece.


La respuesta a la cuestión de interés casacional, conforme a lo que hemos razonado, deber ser que en una cuenta donde se efectúe habitualmente el abono de sueldos, salarios o pensiones, el saldo disponible a la fecha de un embargo (deducido el importe del último abono en concepto de sueldos, salarios o pensiones, que se ha de considerar inembargable), debe considerarse también inembargable al tener su origen en el abono de anteriores percepciones de la misma naturaleza, salvo que existan ingresos de otras fuentes diferentes.

Id Cendoj: 28079130022026100270
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
Sede: Madrid
Sección: 2
Fecha: 17/07/2026
Nº de Recurso: 5447/2024

Nº de Resolución: 928/2026
Procedimiento: Recurso de Casación Contencioso-Administrativo (L.O. 7/2015)
Ponente: FRANCISCO JOSE NAVARRO SANCHIS
Tipo de Resolución: Sentencia
Resoluciones del caso: STSJ AND 7089/2024,
ATS 8487/2025,
STS 3503/2026

TERCERO.-Doctrina jurisprudencial que se establece.


La respuesta a la cuestión de interés casacional, conforme a lo que hemos razonado, por remisión a la motivación de la sentencia referenciada en el encabezamiento de este fundamento deber ser la siguiente:
En una cuenta donde se efectúe habitualmente el abono de sueldos, salarios o pensiones, el saldo disponible a la fecha de un embargo (deducido el importe del último abono en concepto de sueldos, salarios o pensiones,que se ha de considerar inembargable), debe considerarse también inembargable, al tener su origen en el abono de anteriores percepciones de la misma naturaleza, salvo que existan ingresos de otras fuentes diferentes.

Id Cendoj: 28079130022026100291
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
Sede: Madrid
Sección: 2
Fecha: 20/07/2026
Nº de Recurso: 2180/2024

Nº de Resolución: 936/2026
Procedimiento: Recurso de Casación Contencioso-Administrativo (L.O. 7/2015)
Ponente: ISAAC MERINO JARA
Tipo de Resolución: Sentencia
Resoluciones del caso: SJCA, Barcelona, núm. 4, 14-12-2023 (rec. 392/2023),
ATS 11060/2025,
STS 3531/2026

CUARTO.- Doctrina jurisprudencial que se establece.


Conforme a lo que se ha argumentado, la respuesta a la cuestión de interés casacional consiste en reiterar la contenida en la sentencia 920/2026 de 15 de julio (rec. cas. 6583/2024), es decir, «en una cuenta donde se efectúe habitualmente el abono de sueldos, salarios o pensiones, el saldo disponible a la fecha de un embargo (deducido el importe del último abono en concepto de sueldos, salarios o pensiones, que se ha de considerar inembargable), debe considerarse también inembargable al tener su origen en el abono de anteriores percepciones de la misma naturaleza, salvo que existan ingresos de otras fuentes diferentes.»

Thursday, July 30, 2026

AUTOS TS 8-07-2026 (APREMIO Y PRESCRIPCIÓN; CERTIFICADOS DE RESIDENCIA FISCAL (I))

Id Cendoj: 28079130012026201602
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
Sede: Madrid
Sección: 1
Fecha: 08/07/2026
Nº de Recurso: 7023/2025

Nº de Resolución:
Procedimiento: Recurso de Casación Contencioso-Administrativo (L.O. 7/2015)
Ponente: SANDRA MARIA GONZALEZ DE LARA MINGO
Tipo de Resolución: Auto

 CUARTO.- Verificación de la concurrencia de interés casacional objetivo en el recurso.


1.Este recurso presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, porque en la sentencia recurrida se han aplicado normas que sustentan la razón de decidir sobre las que no existe jurisprudencia del Tribunal Supremo [ artículo 88.3.a) LJCA], y, además, la cuestión planteada afecta a un gran número de situaciones [ artículo 88.2.c) LJCA].


2.Así, respecto a la cuestión que plantea este recurso de casación, debemos precisar que se centra en determinar si, al amparo del artículo 167.3 de la Ley General Tributaria, resulta conforme a derecho oponer contra una providencia de apremio la extinción de la deuda por prescripción (en este caso, de la acción para exigir el pago a un responsable subsidiario). Es decir, se trata de dilucidar si es válido invocar la prescripción en fase ejecutiva cuando el interesado tuvo la oportunidad procesal oportuna de oponer los motivos procedentes en período voluntario contra el acuerdo de liquidación originario.


Sobre esta cuestión existe una única sentencia de 18 de diciembre de 2023 (recurso de casación nº 3284/2022) en la que se ampara el Tribunal de instancia, nos hallamos ante una única sentencia lo que no constituye jurisprudencia en los términos del artículo 1.6 del Código Civil.


QUINTO.- Admisión del recurso de casación. Normas objeto de interpretación.


1.Conforme a lo indicado anteriormente, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 88.1 LJCA, en relación con el artículo 90.4 de la misma norma, esta Sección Primera aprecia que este recurso presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, respecto de las siguientes cuestiones:


Determinar si, el artículo 167.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria habilita para oponercomo motivo de oposición a la providencia de apremio la extinción de la deuda por prescripción.


2.La normas que, en principio, será objeto de interpretación es el artículo 167.3 la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.


Ello sin perjuicio de que la sentencia haya de extenderse a otras si así lo exigiere el debate finalmente trabado en el recurso, ex artículo 90.4 de la LJCA.

 

Id Cendoj: 28079130012026201587
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
Sede: Madrid
Sección: 1
Fecha: 08/07/2026
Nº de Recurso: 1055/2025

Nº de Resolución:
Procedimiento: Recurso de Casación Contencioso-Administrativo (L.O. 7/2015)
Ponente: SANDRA MARIA GONZALEZ DE LARA MINGO
Tipo de Resolución: Auto
Resoluciones del caso: STSJ CAT 10274/2024,
ATS 7055/2026

 

 CUARTO.- Verificación de la concurrencia de interés casacional objetivo en el recurso.


1.Este recurso presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, porque en la sentencia recurrida se han aplicado normas que sustentan la razón de decidir sobre las que no existe jurisprudencia del Tribunal Supremo [ artículo 88.3.a) LJCA], y además, la cuestión planteada afecta a un gran número de situaciones [ artículo 88.2.c) LJCA], lo que hace conveniente un pronunciamiento del Tribunal Supremo que las esclarezca, en beneficio de la seguridad jurídica y de la consecución de la igualdad en la aplicación judicial del Derecho ( artículos 9.3 y 14 CE).


2.Así, respecto a la primera cuestión que plantea este recurso de casación, sobre la validez y efectos de los certificados de residencia fiscal expedidos por las autoridades competentes de otro Estado, existe una consolidada jurisprudencia del Tribunal Supremo cuando tales certificados se han extendido a los efectos de un Convenio de Doble Imposición [por todas, sentencias de 12 de junio de 2023 (recurso de casación n.º915/2022) o 15 de julio de 2025 (recurso de casación n.º 4023/2025) que ha declarado que:

«1. Los órganos administrativos o judiciales nacionales no son competentes para enjuiciar las circunstanciasen las que se ha expedido un certificado de residencia fiscal por otro Estado ni, en consecuencia, pueden prescindir del contenido de un certificado de residencia fiscal emitido por las autoridades fiscales de un país que ha suscrito con España un Convenio de Doble Imposición, cuando dicho certificado se ha extendido a los efectos del Convenio.
2. A los efectos de analizar la existencia de un conflicto de residencia entre dos Estados, la validez de un
certificado de residencia expedido por las autoridades fiscales del otro Estado contratante en el sentido del Convenio de Doble Imposición debe ser presumida, no pudiendo ser su contenido rechazado, precisamente por haberse suscrito el referido Convenio.
3. Un Estado firmante de un Convenio de Doble Imposición no puede, de forma unilateral, enjuiciar la existencia de un conflicto de residencia, prescindiendo de la aplicación de las normas específicas suscritas en el referido Convenio para estos casos. De esta forma, ante un conflicto de residencia, es necesario acudir a las normas previstas para su solución en el Convenio de Doble Imposición, requiriendo para ello de una interpretación autónoma en relación con las normas internas que alberguen conceptos similares».


3.Sin embargo, este recurso plantea una cuestión novedosa, no tratada en las sentencias antes citadas, por lo que conviene un pronunciamiento del Tribunal Supremo que complete la jurisprudencia sobre los conflictos de residencia cuando existen certificados expedidos al amparo del Convenio para evitar la doble imposición.


4.La segunda cuestión suscitada por el escrito de preparación se refiere a la existencia de una contradicción entre el fundamento de la regularización del IP -en el que se reconoce la existencia de simulación-, y el criterio apreciado en la imposición de sanciones relativas al IRPF, en el que se ha descartado la existencia de ocultación y utilización de medios fraudulentos, cuando se produce el devengo simultáneo de ambos impuestos.


Posteriormente la Sala de instancia en la sentencia dictada en el procedimiento ordinario n.º 1301/2022 descartado la existencia de ocultación y utilización de medios fraudulentos en relación con la sanción impuesta para el ejercicio 2016.


Resulta conveniente aclarar si, a la vista de los rasgos inherentes al concepto de simulación previsto en el art.16 LGT, resulta posible sostener la existencia de una simulación, en la que se fundamenta la regularización inspectora, cuando se ha descartado la existencia de ocultación y utilización de medios fraudulentos en la conducta del contribuyente a efectos de la imposición de sanciones por los mismos hechos regularizados.


QUINTO.- Admisión del recurso de casación. Normas objeto de interpretación.


1.Conforme a lo indicado anteriormente, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 88.1 LJCA, en relación con el artículo 90.4 de la misma norma, esta Sección Primera aprecia que este recurso presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, respecto de las siguientes cuestiones:


1.1.Determinar si, constatada la existencia de un conflicto de residencia en el marco de unas actuaciones de inspección tributarias desarrolladas cuando se encuentra en vigor un Convenio para evitar la doble imposición suscrito por los Estados entre los cuales se plantea dicho conflicto -como consecuencia de mantener las autoridades fiscales españolas un criterio distinto al manifestado por el otro Estado signatario en el certificado de residencia- la inspección española tiene facultades de resolver tal conflicto declarando la existencia simulación sobre la residencia fiscal certificada por el otro estado contratante sin intervención alguna del otro signatario del convenio.


1.2.Aclarar si, a la vista de los rasgos inherentes al concepto de simulación previsto en el art. 16 LGT, resulta posible sostener la existencia de una simulación, en la que se fundamenta la regularización inspectora,cuando se ha descartado la existencia de ocultación y utilización de medios fraudulentos en la conducta del contribuyente a efectos de la imposición de sanciones por los mismos hechos regularizados.


2.Las normas que, en principio, serán objeto de interpretación son:


2.1.El artículo 9.1.a) de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (BOE de 29 noviembre).
2.2.Los artículos 4 y 23 del Convenio entre el Reino de España y el Principado de Andorra para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y prevenir la evasión fiscal y su Protocolo, hecho "AdReferéndum" en Andorra la Vella el 8 de enero de 2015 (BOE de 7 de diciembre de 2015).


2.3.El artículo 16 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE de 18 de diciembre).
2.4.Los artículos 94 y 96 de la Constitución Española.

Ello sin perjuicio de que la sentencia haya de extenderse a otras si así lo exigiere el debate finalmente trabadoen el recurso, ex artículo 90.4 de la LJCA.

Wednesday, July 29, 2026

DISOLUCIÓN SIMULTÁNEA DE VARIAS COMUNIDADES DE BIENES CON ADJUDICACIÓN A UNO DE LOS COMUNEROS (DOCTRINA)

La contestación vinculante a consulta de la Dirección General de Tributos V3035-23, de 21 de noviembre de 2023, establece la siguiente doctrina de obligada observancia por todos los órganos de aplicación de los tributos

CONCLUSIONES:

Primera: En principio, la determinación de si la concurrencia de una pluralidad de bienes propiedad de las mismas personas supone la existencia de una o varias comunidades de bienes constituye una cuestión de hecho sobre la que este Centro Directivo no puede pronunciarse con carácter definitivo, y que deberá ser valorada, en su caso, en las actuaciones de comprobación e inspección de la Administración Tributaria competente para la gestión del tributo.

Segunda: Conforme a la doctrina del Tribunal Supremo, plasmada en su sentencia 1502/2019, de 30 de octubre de 2019, en la disolución de comunidades de bienes respecto de bienes indivisibles, si las prestaciones de todos los comuneros son equivalentes y proporcionales a las respectivas cuotas de participación, resultará aplicable el supuesto de no sujeción a la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas regulado en el artículo 7.2.B) del TRLITPAJD y, consecuentemente, procederá la tributación de la operación por la cuota gradual de la modalidad de actos jurídicos documentados, documentos notariales. A este respecto, también cabe la formación de lotes equivalentes y proporcionales a adjudicar a cada comunero en proporción a sus cuotas de participación, en cuyo caso es indiferente que los bienes sean o no indivisibles, pues lo principal es que los lotes sean equivalentes y proporcionales a las cuotas de participación de los comuneros.

Tercera: En definitiva, el Tribunal Supremo considera que, cumpliéndose los requisitos de indivisibilidad, equivalencia y proporcionalidad, la disolución simultánea de varias comunidades de bienes sobre inmuebles de los mismos condóminos con adjudicación de los bienes comunes a uno de los comuneros que compensa a los demás, deberá tributar por la cuota gradual de actos jurídicos documentados, documentos notariales, por resultar aplicable el supuesto de no sujeción regulado en el referido artículo 7.2.B); y ello, con independencia de que la compensación sea en metálico, mediante la asunción de deudas del otro comunero o mediante la dación en pago de otros bienes. En este último caso, en opinión del Tribunal Supremo, solo tributaría por la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas la transmisión de bienes privativos de un comunero al otro, pero no la de bienes que ya estaban en condominio, pues en tal caso no se produce transmisión alguna, sino disolución de una comunidad de bienes con especificación de un derecho que ya tenía el condómino que se queda con el bien.

Cuarta: En el supuesto planteado, parece que existen diversas comunidades de bienes en las que participan tres hermanos –entre ellos, el consultante–. Se plantean llevar a cabo la extinción del condominio sobre estas comunidades de bienes, aunque una de ellas –resultante de una segregación de una finca– permanecerá en proindiviso entre los hermanos. Conforme a la doctrina expuesta, se produce una extinción simultánea de varias comunidades de bienes sobre inmuebles de los mismos condóminos mediante la formación de lotes equivalentes y proporcionales, por lo que deberá tributar por la cuota gradual de actos jurídicos documentados, documentos notariales por resultar aplicable el supuesto de no sujeción regulado en el referido artículo 7.2.B) del TRLITPAJD.

Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Con arreglo al artículo 89 de la LGT:

“1. La contestación a las consultas tributarias escritas tendrá efectos vinculantes, en los términos previstos en este artículo, para los órganos y entidades de la Administración tributaria encargados de la aplicación de los tributos en su relación con el consultante.

En tanto no se modifique la legislación o la jurisprudencia aplicable al caso, se aplicarán al consultante los criterios expresados en la contestación, siempre y cuando la consulta se hubiese formulado en el plazo al que se refiere el apartado 2 del artículo anterior y no se hubieran alterado las circunstancias, antecedentes y demás datos recogidos en el escrito de consulta.

Los órganos de la Administración tributaria encargados de la aplicación de los tributos deberán aplicar los criterios contenidos en las consultas tributarias escritas a cualquier obligado, siempre que exista identidad entre los hechos y circunstancias de dicho obligado y los que se incluyan en la contestación a la consulta.”





 

Tuesday, July 21, 2026

LAS LIQUIDACIONES TRIBUTARIAS CON FUNDAMENTACIONES ALTERNATIVAS: STS 7/07/2023

Roj: STS 3035/2026 - ECLI:ES:TS:2026:3035
Id Cendoj: 28079130022026100244
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
Sede: Madrid
Sección: 2
Fecha: 07/07/2026
Nº de Recurso: 577/2024

Nº de Resolución: 857/2026
Procedimiento: Recurso de Casación Contencioso-Administrativo (L.O. 7/2015)
Ponente: FRANCISCO JOSE NAVARRO SANCHIS
Tipo de Resolución: Sentencia
Resoluciones del caso: SAN 5178/2023,
ATS 15443/2024,
STS 3035/2026

 

QUINTO.-Jurisprudencia que se establece.


Consecuencia de todo lo razonado precedentemente es que hemos de fijar doctrina, lo que hacemos en los siguientes términos:


1.- Una vez anulada, en vía judicial, en un proceso anterior al examinado, una declaración de fraude de ley, por razones de selección de la norma, en relación con una concreta operación societaria que se encuentra en la misma situación que la que se enjuicia, no le es lícito a la Administración mantener la regularización tributaria que provocó, con fundamento en un motivo jurídico distinto e incompatible con la expresada declaración de fraude de ley.


2.- A tal efecto, no es posible fundamentar a la vez, en el mismo acto administrativo, la procedencia de la deuda tributaria en la existencia de una declaración de fraude de ley y en la previsible nulidad de esa misma declaración. Al efecto, la aplicación del art. 15 TRLIS, sobre valoración de participaciones sociales, es incompatible con esa indicada declaración de fraude de ley.


3.- Esa utilización alternativa o disyuntiva de una doble fuente de regularización, en los términos examinados,ocasiona indefensión al sometido a comprobación.


Consecuencia de la aplicación de la citada doctrina al caso debatido es la necesidad de casar y anular la
sentencia de instancia, por ser incorrecta su fundamentación y decisión en cuanto a la aplicabilidad del art. 15 TRLIS, prescindiendo, en su análisis, de las relevantes circunstancias del caso, esto es, de que la liquidación impugnada se basó en la inaplicación de la declaración de fraude de ley que, a un tiempo, la predetermina y deja de hacerlo.

Thursday, July 16, 2026

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DERIVADA DEL ARTÍCULO 404 DEL CÓDIGO PENAL Y DE LA LGP

 Código Penal

Artículo 404.

A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años.

 Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Friday, July 10, 2026

AUTOS TS 2-07-2026 (CERTIFICADOS DE RESIDENCIA FISCAL E INFRACCIONES, (I))

Id Cendoj: 28079130012026201483
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
Sede: Madrid
Sección: 1
Fecha: 02/07/2026
Nº de Recurso: 9571/2024

Nº de Resolución:
Procedimiento: Recurso de Casación Contencioso-Administrativo (L.O. 7/2015)
Ponente: SANDRA MARIA GONZALEZ DE LARA MINGO
Tipo de Resolución: Auto

 QUINTO.- Admisión del recurso de casación. Normas objeto de interpretación.

1.Conforme a lo indicado anteriormente, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 88.1 LJCA, en relación con el artículo 90.4 de la misma norma, esta Sección Primera aprecia que este recurso presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, respecto de las siguientes cuestiones:


1.1.Determinar si, en un procedimiento sancionador tributario derivado de una regularización por residencia fiscal en España, la existencia de un certificado de residencia fiscal expedido por otro Estado -revelador de una situación de conflicto de residencia- debe ser específicamente ponderada en el juicio de culpabilidad y puede excluir la responsabilidad sancionadora, en particular por concurrir una interpretación razonable de la norma en los términos del artículo 179.2.d) de la LGT.


1.2.Aclarar si, descartada por la sentencia de instancia la concurrencia de ocultación y de medios fraudulentos,puede mantenerse la sanción tributaria cuando el juicio de culpabilidad descansa en la apreciación de una conducta calificada como simulada y precisar, a tal efecto, la relación entre la simulación del artículo 16 de la LGT y las exigencias propias del principio de culpabilidad en materia sancionadora, conforme a los artículos178, 179 y 183 de la LGT y al derecho a la presunción de inocencia reconocido en el artículo 24.2 CE.


2.Las normas que, en principio, serán objeto de interpretación son:


2.1.Los artículos 16, 178, 179, 183, 191 y 211 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.


2.2.El artículo 24 de la Constitución Española.

Ello sin perjuicio de que la sentencia haya de extenderse a otras si así lo exigiere el debate finalmente trabado en el recurso, ex artículo 90.4 de la LJCA.

 

3. Acuerdo de Liquidación.


El 23 de octubre de 2019, la Jefe de la Oficina Central de Inspección de la Agencia Tributaria de Cataluña dictó acuerdo de liquidación en materia de Impuesto sobre el Patrimonio [«IP»] ejercicios 2013, 2014 y 2015, en el que se puso de manifiesto lo siguiente:


«a) El obligado tributario se había declarado residente en España hasta el ejercicio 2012, presentando las correspondientes declaraciones por Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y por IP, por obligación personal de contribuir. A finales del 2012 y principios del 2013, presentó el modelo 750 "DeclaraciónTributaria especial", declaraciones extemporáneas por el IRPF e IP del 2011 y el modelo 720 "Declaración debienes y derechos en el extranjero" regularizando 8 millones de euros ocultos en Andorra y en Suiza. Asimismo,en fecha 10/05/2013, presentó el modelo censal 030 declarando su cambio de domicilio a Andorra.


Por lo tanto, en los ejercicios que ahora nos ocupan, el obligado tributario se declaró no residente fiscal
en España, presentando declaraciones por el Impuesto sobre la Renta de No Residentes (IRNR) y por el IP, obligación real de contribuir.


El contribuyente aporta certificado de residencia fiscal en Andorra correspondiente a 2013, 2014 y 2015,ejercicios en los que no había entrado en vigor el Convenio para evitar la Doble Imposición suscrito entre España y Andorra.


b) Por su parte, la Inspección considera que el traslado a Andorra del obligado tributario ha sido simulado para evitar la tributación en España por obligación personal de contribuir. Así, llega a la conclusión de que, en los ejercicios de referencia, el contribuyente ha sido residente fiscal en España de acuerdo con la normativa interna; en particular, porque su centro de intereses económicos estaba situado en territorio español (en 2013,adicionalmente, también se aprecia la concurrencia del criterio de permanencia).
Asimismo, la Inspección hace constar que, al no estar en vigor ningún Convenio para evitar la Doble Imposición,la aportación del certificado de residencia fiscal en Andorra no combate por sí mismo la residencia fiscal en España, salvo que se demostrase que ha permanecido en Andorra más de la mitad del ejercicio o que posee en dicho territorio su núcleo de intereses económicos, extremos que no han sido acreditados por el contribuyente en ninguno de los tres periodos.


En consecuencia, en el acuerdo dictado se liquida el impuesto y se determina la base imponible considerando el patrimonio mundial del obligado tributario, con independencia del lugar donde estén situados los bienes y puedan ejercitarse los derechos. Además, la Inspección imputa al obligado tributario directamente los activos que formalmente son titularidad de determinadas sociedades interpuestas domiciliadas en Andorra que carecen de sustancia económica y cuya existencia se declara, a efectos fiscales, simulada».


4. Acuerdo sancionador.


Trayendo causa de los hechos puestos de manifiesto en la comprobación, se dictó acuerdo de resolución del procedimiento sancionador por el que se imponía al obligado tributario sanción por dejar de ingresar deuda tributaria correspondiente al ejercicio 2015, al considerarse cometida una infracción tributaria prevista en elartículo 191 LGT, que se califica como muy grave, en atención a la concurrencia de utilización de medios fraudulentos, imponiéndole una sanción por importe de 624.277,22 euros

EL VOTO DISCREPANTE DEL JUEZ SERGHIDES EN "JESUS PINHAL V. PORTUGAL" (STEDH 9-07-2026, "NE BIS IN IDEM" (II))

 

DISSENTING OPINION OF JUDGE SERGHIDES

  1. Introduction

1.  The case concerns three sets of proceedings brought against the applicant by the criminal-law authorities, the Securities Market Commission (CMVM) and the Banco de Portugal (BdP) respectively for various criminal and administrative offences committed while he was a member and later Vice-Chairman of the Board of Directors of the Banco Commercial Português bank (“the BCP”). The applicant raised two complaints: firstly, that his right not to be tried or punished twice for the same acts (ne bis in idem), as guaranteed by Article 4 of Protocol No. 7 to the Convention, had been infringed and, secondly, that the absence of any effective remedy by which to assert his rights domestically had entailed a breach of Article 13 of the Convention.

2.  I respectfully disagree with the finding that there has been no violation of Article 4 of Protocol No. 7 and that there was no need to examine the admissibility and merits of the complaint under Article 13, which is why I voted against points 3 and 4 of the operative provisions of the judgment.

3.  I explain my disagreement on these two points below, but before doing so, I wish to underline that the ne bis in idem principle is the cornerstone of legal certainty, one of the most fundamental guarantees of a fair trial and an important safeguard against the abuse of State power.

B.   My disagreement with the finding that there has been no violation of Article 4 of Protocol No. 7 to the Convention – The erosion of ne bis in idem under the “coherent whole” or “integrated punitive system” approach

4.  It is my submission that the interpretation of Article 4 of Protocol No. 7 to the Convention allowing multiple sets of proceedings on the basis that they form a “coherent whole” or an “integrated punitive system”, as established in A and B v. Norway ([GC], nos. 24130/11 and 29758/11, 15 November 2016) and furthered explained and developed in the present judgment, is fundamentally irreconcilable with the principle of ne bis in idem.

5.  At its core, such an approach undermines the absolute and non-derogable character of the right in question (see, in this regard, Article 4 § 3 of Protocol No. 7). The ne bis in idem principle enshrines a categorical rule that is not subject to any limitation clause, unlike the qualified rights guaranteed by Articles 8 to 11 of the Convention, which contain limitations in their respective second paragraphs. The “reopening” clause in Article 4 § 2 of Protocol No. 7, concerning the emergence of new or newly discovered facts, or the discovery of a fundamental defect in the proceedings, does not call into question the absolute nature of the right, as it relates to situations in which the initial decision cannot be regarded as having acquired the requisite finality or validity.

6.  In this connection, it is to be emphasised that the non-absolute character of the requirements of legal certainty must not be conflated with the absolute nature of the right in question. Against this background, the Grand Chamber’s observation in Mihalache v. Romania ([GC], no. 54012/10, § 129, 8 July 2019) that the requirements of legal certainty are not absolute should be understood as referring to the finality of the earlier decision in the specific circumstances contemplated by Article 4 § 2 of Protocol No. 7. It cannot be construed as suggesting that the guarantee against being tried or punished twice is itself a qualified or non-absolute right. Accordingly, the limited possibility of reopening proceedings where new or newly discovered facts have emerged, or where a fundamental defect has been detected in the previous proceedings, cannot be relied upon to dilute the absolute guarantee enshrined in Article 4 of Protocol No. 7.

7.  Consequently, properly understood, the principle of ne bis in idem operates as a strict procedural bar: once a final decision has been rendered, the State is definitively precluded from pursuing further proceedings in respect of the same facts. As Professor W. A. Schabas observes, the right under Article 4 of Protocol No. 7 “applies not only to a second conviction for the same offence but even to a second prosecution”[4], or, put differently, “it is sufficient that the second proceedings have only begun”[5]. The “integrated system” doctrine, however, effectively undermines this guarantee by transforming a categorical prohibition into a conditional rule, dependent on the degree to which sets of proceedings are connected. In doing so, it introduces balancing considerations that are inherently incompatible with the very nature of an absolute right.

8.  This does not mean that the Court should disregard the second set of proceedings altogether. On the contrary, an examination of subsequent proceedings is indispensable in order to determine whether the idem requirement is satisfied. However, recognising the existence of subsequent proceedings for the purpose of identifying duplication is fundamentally different from treating both sets of proceedings as components of a single integrated procedure. This latter approach risks neutralising the protective function of the ne bis in idem guarantee itself. It may also undermine the integrity and finality of the first set of proceedings, diminishing both the judicial work undertaken and the authority of the decision itself.

9.  Respectfully, the approach under discussion is manifestly incompatible with the principle of effectiveness (effet utile), which is an overarching Convention principle[6]. Permitting States to split proceedings deliberately into parallel administrative and criminal tracks, only to reclassify them ex post facto as a “coherent whole”, fails to secure effective protection of the ne bis in idem right. From the perspective of the individual, the reality of his or her situation remains unchanged, with multiple sets of proceedings, repeated exposure to punishment and prolonged legal uncertainty. A guarantee that tolerates such outcomes is no more than a formal and illusory construct, devoid of any practical value.

10.  To be more precise, the approach in question gives rise to structural legal uncertainty because the decisive criterion – whether there is a “sufficiently close connection” between sets of proceedings – is framed in broad and indeterminate terms, without clear limits or precise criteria. The notion of a “sufficiently close connection” lacks precision and invites inconsistent and discretionary application, thereby undermining foreseeability and the rule of law. In parallel, it risks institutionalising double punishment, as cumulative sanctions imposed across different sets of proceedings may, in substance, replicate the very duplication which the provision is intended to prohibit. The approach under discussion is therefore incompatible with the principle of human dignity, as it subjects individuals to legal uncertainty and potentially repetitive punitive processes, thereby failing to respect their status as autonomous persons entitled to foreseeability, legal certainty and fair treatment under the law.

11.  Respectfully, the counter-arguments advanced in support of this approach are unconvincing and doctrinally flawed. Reliance on the proportionality of the overall sanction is misplaced: ne bis in idem prohibits the duplication of proceedings as such, irrespective of the severity of the resulting penalties. Crucially, the absolute character of the right under Article 4 of Protocol No. 7 means that proportionality has no role to play: there are no permissible restrictions to weigh in the balance. The present case goes further still: it effectively applies a retrospective balancing exercise, assessing compliance with the right in question by reference to later sets of proceedings, taken together with the first set. Likewise, the foreseeability of multiple sets of proceedings cannot legitimise a possible violation of the Convention: a predictable breach remains a breach. Nor can the reference to separate legal interests justify multiple proceedings, as the idem criterion is grounded in the identity of facts, not their legal characterisation. The ne bis in idem guarantee, though not included in Article 6 of the Convention, is still a fair-trial guarantee and should be given the same normative and doctrinal weight as those contained in Article 6[7].

12.  To hold otherwise would be to open the door to the artificial fragmentation of a single course of conduct into multiple prosecutable elements. In conclusion, the “integrated punitive system” approach fundamentally distorts and weakens the nature of ne bis in idem. It replaces a clear and robust safeguard with a flexible and readily manipulable standard, thereby depriving the right at stake of both its absolute and its non-derogable character, together with its practical effectiveness within the Convention system.

13.  In view of the above, and taking into account the circumstances of the present case, I would have found that there had been a violation of Article 4 of Protocol No. 7.

14.  I am also unable to agree with the Court’s view that its approach in the present case can properly be regarded as an application of the “living instrument” doctrine (see paragraph 216 of the present judgment). Elsewhere, I have discussed in detail the question whether a setback or regression in the protection of a human right, as has occurred in the present case, can strictly speaking be considered an application of the “living instrument” doctrine[8]. I concluded that the answer must be in the negative.

15.  That conclusion, in my view, is equally compelling in the circumstances of the present case. The “living instrument” doctrine is best understood as a specific expression or manifestation of the principle of effectiveness, both as a method of interpretation and as a norm of international law. Consequently, it cannot be used to depart from, or operate against, its very foundation, namely the principle of effectiveness itself. To accept otherwise would be to deprive the doctrine of its normative coherence and transform it into an instrument capable of justifying results antithetical to the object and purpose of the Convention. Properly understood, the “living instrument” doctrine serves to enhance the protection of Convention rights and ensure that they remain practical, effective and adapted to present-day conditions; it cannot be used to justify a diminution of such protection.

16.  In this sense, the doctrine is inherently teleological and directional: it operates so as to reinforce, not weaken, the level of protection previously attained. Moreover, the Court’s established case-law has consistently linked evolutive interpretation with the need to ensure that rights are “practical and effective” rather than “theoretical or illusory”.

17.  An interpretation which results in a lowering of existing standards of protection sits uneasily with that requirement, since it risks rendering previously secured guarantees less effective in practice. It follows that a regressive interpretation cannot, without contradiction, be subsumed under the logic of evolutive interpretation. This view is also supported by Gerards, who rightly argues that:

“... the effectiveness principle and the Preamble to the Convention do not support such a possibility of ‘regressive evolution’ or, as it has been more recently termed by Helfer and Voeten, ‘walking back’. The Convention Preamble states that the aim of the Council of Europe is ‘the maintenance and further realisation’ of human rights and fundamental freedoms which suggests a one-way dynamic in the direction of offering more rather than less protection of human rights.

... It is clear ... that, in principle, [the Convention] strives for progressive evolution to enable ‘further realisation’ of the rights protected by the Convention.[9]

18.  This reading is further corroborated by the interpretative framework set out in Articles 31 and 32 of the Vienna Convention on the Law of Treaties of 1969, which require that a treaty be interpreted in good faith in the light of its object and purpose. In the case of the Convention, that object and that purpose – as reflected in the Preamble and consistently reaffirmed in the Court’s jurisprudence – consist in the progressive realisation and effective protection of fundamental rights.

19.  A construction that permits regression would therefore be difficult to reconcile with these general rules of interpretation. Indeed, the Convention is a living instrument not because it permits the erosion of rights, but because it seeks to ensure that human-rights protection evolves in a manner that is practical, effective and responsive to the conditions of contemporary democratic societies. Its character as “living” denotes adaptability in the service of enhanced protection, not flexibility in the direction of restriction. Evolution in Convention law must remain faithful to the object and purpose of the Convention, namely the effective and progressive protection of human rights.

20.  Any departure from the object and purpose of the Convention runs the risk of undermining both the legitimacy of the Court’s interpretative authority and the coherence of the Convention system as a whole.

21.  I regret to say that, in the present case, the Court has not only followed an approach that walks back the protection of the human right in question, but also appears to affirm that its approach involves no such back-tracking. If an absolute right, such as the one at issue, is treated as a qualified right and, at the same time, in a manner that manifestly undermines its effective protection, it is difficult to see how this could be regarded as anything other than a regression which risks emptying the concept of an “absolute” right of any meaningful content.

C.   My disagreement with the finding that there was no need to examine the admissibility and merits of the complaint under Article 13 of the Convention

22.  The applicant complained that all the domestic remedies he had pursued in respect of his complaint under Article 4 of Protocol No. 7 had been dismissed and submitted that this consequently amounted to a violation of his rights under Article 13 of the Convention, which guarantees the right to an effective remedy. The judgment, however, states that there is no need to examine the admissibility and merits of that complaint (see paragraph 295 of the judgment and point 4 of its operative provisions).

23.  In doing so, it begins by referring to the Chamber’s approach, namely its decision to refrain from ruling separately on the admissibility and merits of the complaint on the basis of the principle that the Court “is master of the legal characterisation to be given to the facts of the case” (jura novit curia) and on that basis to consider it appropriate to examine the application solely under Article 4 § 1of Protocol No. 7 (see paragraph 131 of that judgment dated 8 October 2024). No mention of the applicant’s Article 13 complaint was made in the operative provisions of the Chamber judgment, where it was completely absorbed by the complaint under Article 4 § 1 of Protocol No. 7, with no violation being found.

24.  By contrast, it seems that the present Grand Chamber judgment does not rely on this principle of recharacterisation to avoid examining the complaint under Article 13 of the Convention but on another principle, using the lex specialis rationale to absorb one Convention right into another. In this connection, it refers to the following passage from Tsaava and Others v. Georgia ([GC], nos. 13186/20 and 4 others, 11 December 2025):

“225.  It is open to the Court not to examine complaints which fully, or to some extent, overlap with complaints which it has already examined because they relate to the same facts, and concern issues which are part of – and are thus absorbed by – the broader issues already examined. Also, when faced with a complaint under two Convention provisions which, on the facts of the case before it, govern the same subject matter but differ in their level of specificity (lex generalis and lex specialis), the Court normally examines the complaint solely under the latter, sometimes construing it in the light of the former.”

25.  Based on the principle set forth in that judgment, the present judgment states that the question arises whether, in the present case, the applicant’s complaint under Article 13 calls for a separate examination from that of his complaint under Article 4 of Protocol No. 7 or whether, on the contrary, the two complaints “overlap” (see paragraph 293 of the judgment).

26.  In this connection, the present judgment notes (see paragraph 294) that the two complaints in question relate to the same facts, namely the institution of three sets of proceedings of a criminal nature against the applicant by the BdP, the CMVM and the criminal-law authorities respectively. Additionally, it notes (ibid.) that both complaints also relate to the same issue of an alleged breach of the ne bis in idem principle. As it goes on to explain, under Article 4 of Protocol No. 7 the applicant alleged that he had been tried three times for the same offence and, under Article 13, he complained of the dismissal of his appeals alleging a breach of the ne bis in idem principle in the BdP proceedings, the criminal proceedings and the CMVM proceedings.

27.  In view of the above circumstances, the Grand Chamber concludes (see paragraph 295 of the judgment) that it is not necessary to examine the admissibility and merits of the complaint under Article 13, since the latter has been absorbed by the broader examination under Article 4 of Protocol No. 7, which thus constitutes a lex specialis in relation to the more general requirements of Article 13.

28.  It is noteworthy that, although both the Chamber judgment and the Grand Chamber judgment in the present case treat the Article 13 complaint as being absorbed by the complaint under Article 4 of Protocol No. 7, only the Grand Chamber judgment includes a point in its operative provisions holding that there is no need to examine the Article 13 complaint. It remains unclear whether this outcome stems from the Court’s use of a different methodology to avoid examining the Article 13 complaint. Specifically, the Chamber judgment relied on the principle of legal recharacterisation prior to its examination, whereas the Grand Chamber refers in fine to the principle of lex specialis. In both instances, the Court has performed a form of procedural absorption. In the former case, this absorption was so absolute that it precluded any mention of Article 13 in the operative provisions of the judgment. In the latter, however, the absorption is less opaque; while the Court finds it unnecessary to examine the admissibility or merits of the complaint, it nevertheless explicitly records this decision within the operative provisions. This discrepancy raises significant questions as to the transparency of the Court’s reasoning and suggests that such “absorption” effectively masks a mere failure to address a distinct procedural violation.

29.  In Tsaava and Others (cited above), on which the conclusion in question is based, the Grand Chamber held that, in the light of its findings under the procedural limb of Article 3 of the Convention, there was no need to examine the admissibility and merits of the complaint under Article 13 (§ 450). In that case, I appended a partly dissenting opinion criticising this approach, and I would also refer to a number of opinions I have written on the same or similar issues (see, for instance, my two most recent opinions: a partly dissenting opinion in Batou v. Switzerland, no. 30781/22, 7 May 2026, and a dissenting opinion in Eisenauer and Others v. France, no. 47090/22 and 9 others, 12 May 2026).

30.  I respectfully disagree with the above approach adopted by the Grand Chamber in the present case, for the reasons set out below. Absorption is not a neutral analytical step but a substantive decision not to adjudicate a complaint. Without a demonstration that all essential elements of the unexamined complaint have been fully addressed, the assertion of overlap remains cursory. It risks replacing reasoned adjudication with an assumed equivalence, thereby depriving applicants of an effective judicial determination of each complaint. The right to an effective remedy is autonomous and express. It cannot be displaced by the right not to be tried or punished twice under Article 4 § 1 of Protocol No. 7. The two rights are conceptually and functionally distinct. Their nature, scope and purpose are different. In my humble submission, even the Grand Chamber in Tsaava and Others acknowledged, in paragraph 227 of that judgment, a point that appears to have been overlooked or insufficiently considered both in its own conclusion and in the present judgment. In particular, it observed that, although complaints may arise out of the same facts, they do not necessarily overlap, as there may be differences in the nature of the interests safeguarded by the respective provisions. Complaints under Article 4 of Protocol No. 7 and under Article 13 may well arise from the same facts, but factual overlap is not normative equivalence.

31.  In paragraph 294 of the present judgment, the Court provides additional reasoning: both complaints concern the same underlying issue of an alleged breach of the ne bis in idem principle. However, this line of reasoning overlooks the fact that Article 13 is inherently concerned with the violation of a right for which no effective domestic remedy was provided. Therefore, the commonality of the essential claim (ne bis in idem) does not necessarily negate the distinct procedural requirement to provide a functional avenue of redress under Article 13. By conflating a possible breach of the right under Article 4 of Protocol No. 7 with the procedural right to a remedy, the Court’s logic ineluctably leads to the conclusion that an Article 13 complaint might never be raised independently. Such a result effectively amounts to a negation of the right itself, rendering the guarantee of an effective remedy illusory and theoretical, rather than practical and effective.

32.  Article 13 gives concrete expression to the subsidiarity enshrined in the Preamble to the Convention: it requires States to provide remedies at national level before the individual resorts to an application to the Court. If the Court refuses to examine an Article 13 complaint because it has already examined a complaint under Article 4 § 1 of Protocol No. 7, it risks emptying Article 13 of its independent meaning and depriving States of guidance on what effective remedies require in practice. Consequently, by failing to take account of the Article 13 complaint, the Court has missed a crucial opportunity to offer States clarification as to the nature and scope of “effective remedies” and what such remedies should entail in practice. In this regard, the Court’s reasoning in Kudła v. Poland ([GC], no. 30210/96, § 152, ECHR 2000-XI), is particularly instructive:

“... Article 13, giving direct expression to the States’ obligation to protect human rights first and foremost within their own legal system, establishes an additional guarantee for an individual in order to ensure that he or she effectively enjoys those rights. The object of Article 13, as emerges from the travaux préparatoires (see the Collected Edition of the ‘Travaux Préparatoires’ of the European Convention on Human Rights, vol. II, pp. 485 and 490, and vol. III, p. 651), is to provide a means whereby individuals can obtain relief at national level for violations of their Convention rights before having to set in motion the international machinery of complaint before the Court. From this perspective, the right of an individual to trial within a reasonable time will be less effective if there exists no opportunity to submit the Convention claim first to a national authority; and the requirements of Article 13 are to be seen as reinforcing those of Article 6 § 1, rather than being absorbed by the general obligation imposed by that Article not to subject individuals to inordinate delays in legal proceedings.”

33.  The use of the lex specialis rationale to avoid examining one right separately is conceptually misplaced where there is no genuine normative conflict. The maxim lex specialis derogat legi generali, or generalia specialibus non derogant, is a tool for resolving conflicts between legal norms[10]. It applies where two rules lead to incompatible results and one of them must prevail. However, the Convention rights under Article 4 of Protocol No. 7 and Article 13 are not in conflict; on the contrary, the latter supports the former by providing an effective remedy in the event of a violation. The two provisions are capable of simultaneous and mutually reinforcing application.

34.  The Grand Chamber in Tsaava and Others (cited above, § 225) reiterated that, where two provisions governed the same subject matter but differed in specificity, the Court would normally examine only the lex specialis. However, this presupposes the existence of a normative hierarchy or conflict, which is absent from the Convention system. The relationship between many Convention rights is not hierarchical but complementary. Their concurrent applicability reflects the layered protection intended by the Convention, not their redundancy.

35.  As stated above, each Convention right has its own text, purpose, scope, positive and negative obligations, and remedial consequences. To absorb one right into another is to blur these distinctions. It risks conflating legal tests, obscuring the State obligations undertaken and weakening the doctrinal coherence of the Convention. The Convention is not an undifferentiated reservoir of rights from which the Court may select one provision and pour the others into it. It is a structured charter of distinct guarantees. Each provision is a separate vessel containing its own legal substance. Combining them into a legal “cocktail” alters both their composition and their function. Nor does the interpretation and application of Convention rights permit recourse to a form of “judicial alchemy”, whereby the substance of one guarantee is transmuted into another under the guise of interpretative flexibility; such an approach runs the risk not only of distorting the integrity of individual rights, but also of subtly transforming the character of the Convention as a human-rights treaty into a less determinate and less structurally coherent instrument.

36.  It further risks displacing the principled limits inherent in each provision, including the specific conditions under which interferences may be justified, and thereby undermining the carefully calibrated balance which the Convention strikes between individual rights and collective interests. In addition, the methodological discipline of the Court’s case-law – built upon distinct tests, thresholds and justificatory frameworks for each right – is eroded when guarantees are collapsed into one another, leading to unpredictability and a loss of normative clarity. Such an approach may also dilute procedural safeguards, as different rights trigger different standards of review, evidential requirements and remedial consequences. Ultimately, the integrity of the Convention system depends upon maintaining the analytical autonomy of each right, while allowing for principled interaction rather than unstructured fusion.

37.  Even if the Court states that it will construe the lex specialis “in the light of” the lex generalis, this is no substitute for an autonomous examination. Without a separate assessment, the specific normative contribution of the so-called “general” provision remains unarticulated and untested.

38.  This lex specialis approach also creates serious rule-of-law concerns. Applicants and States are left uncertain as to when a complaint will be examined and when it will be declared absorbed, overlapping or redundant. The Court often fails to identify precisely what elements of the omitted right have supposedly been covered by the right examined. Absent such an explanation, it is impossible to know whether the unexamined complaint has been truly addressed, only partially considered, or simply disregarded. The conclusion that “no separate issue arises” may then become a dismissive device rather than the result of reasoned adjudication.

39.  The approach is even more problematic when considered in the light of the Court’s own standards under Article 6 of the Convention. Domestic courts are required to conduct a proper examination of the parties’ submissions and to give specific and express replies to decisive arguments. The Court cannot credibly demand this of national courts while declining, without sufficient reasoning, to examine central Convention complaints that have been brought before it. The legitimacy of the Court depends not only on the outcome of cases but also on the transparency, completeness and intelligibility of its reasoning.

40.  The failure to examine complaints also harms the development of Convention jurisprudence. The Convention is a living instrument whose progressive interpretation depends on the incremental clarification of each right. When complaints are absorbed or dismissed as redundant (“no need to examine”), opportunities are lost to define the content of provisions such as Article 13. Over time, this may lead to doctrinal stagnation, leaving important areas of human-rights protection underdeveloped.

41.  Where an applicant raises a distinct and arguable complaint under a separate Convention provision, the Court should address it expressly. Even if the reasoning overlaps with the analysis under another provision, the Court should state whether that other right has been violated. What it should not do is leave the right unexamined through recharacterisation, the Câmpeanu formula (distinguishing between main and secondary complaints), or a superficial lex specialis analysis. In the present case, it has chosen to follow the third method for not examining a complaint; however, as applied by the Court, all three methods are, in my humble view, contrary to the principle of the effectiveness of the rights concerned. They result not only in a limitation, but in a deprivation of the protection afforded by those rights in practice, rendering them theoretical and illusory, rather than practical and effective.

42.  In conclusion, the effectiveness of Convention rights requires that each one retain its autonomous force. The Court’s role as guardian of human rights is not fulfilled by selecting one complaint and treating the rest as redundant. The right of individual application guarantees meaningful judicial engagement with alleged violations, not merely access to a judgment on some of them. A practice that leaves pleaded rights-violations unanswered runs the risk of making those rights theoretical and illusory, undermining subsidiarity, weakening legal certainty and eroding confidence in the Convention system. The proper approach is therefore one of principled completeness: every distinct and arguable Convention complaint should receive separate, reasoned and effective judicial examination.

43.  In the light of the foregoing, had I not been in the minority, I would have examined the complaint under Article 13. As noted above, a blanket practice of stating that “there is no need to examine the admissibility and merits of the complaint under Article 13” risks rendering Article 13 illusory and undermining the Court’s own standards. As such, it is a practice which I cannot endorse.

D.   Conclusion

44.  Had I not been in the minority, having found a violation of Article 4 of Protocol No. 7, I would have awarded the applicant just satisfaction and, for all the reasons given above, examined his complaint under Article 13.