Licencia Creative Commons

Friday, July 10, 2026

AUTOS TS 2-07-2026 (CERTIFICADOS DE RESIDENCIA FISCAL E INFRACCIONES, (I))

Id Cendoj: 28079130012026201483
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
Sede: Madrid
Sección: 1
Fecha: 02/07/2026
Nº de Recurso: 9571/2024

Nº de Resolución:
Procedimiento: Recurso de Casación Contencioso-Administrativo (L.O. 7/2015)
Ponente: SANDRA MARIA GONZALEZ DE LARA MINGO
Tipo de Resolución: Auto

 QUINTO.- Admisión del recurso de casación. Normas objeto de interpretación.

1.Conforme a lo indicado anteriormente, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 88.1 LJCA, en relación con el artículo 90.4 de la misma norma, esta Sección Primera aprecia que este recurso presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, respecto de las siguientes cuestiones:


1.1.Determinar si, en un procedimiento sancionador tributario derivado de una regularización por residencia fiscal en España, la existencia de un certificado de residencia fiscal expedido por otro Estado -revelador de una situación de conflicto de residencia- debe ser específicamente ponderada en el juicio de culpabilidad y puede excluir la responsabilidad sancionadora, en particular por concurrir una interpretación razonable de la norma en los términos del artículo 179.2.d) de la LGT.


1.2.Aclarar si, descartada por la sentencia de instancia la concurrencia de ocultación y de medios fraudulentos,puede mantenerse la sanción tributaria cuando el juicio de culpabilidad descansa en la apreciación de una conducta calificada como simulada y precisar, a tal efecto, la relación entre la simulación del artículo 16 de la LGT y las exigencias propias del principio de culpabilidad en materia sancionadora, conforme a los artículos178, 179 y 183 de la LGT y al derecho a la presunción de inocencia reconocido en el artículo 24.2 CE.


2.Las normas que, en principio, serán objeto de interpretación son:


2.1.Los artículos 16, 178, 179, 183, 191 y 211 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.


2.2.El artículo 24 de la Constitución Española.

Ello sin perjuicio de que la sentencia haya de extenderse a otras si así lo exigiere el debate finalmente trabado en el recurso, ex artículo 90.4 de la LJCA.

 

3. Acuerdo de Liquidación.


El 23 de octubre de 2019, la Jefe de la Oficina Central de Inspección de la Agencia Tributaria de Cataluña dictó acuerdo de liquidación en materia de Impuesto sobre el Patrimonio [«IP»] ejercicios 2013, 2014 y 2015, en el que se puso de manifiesto lo siguiente:


«a) El obligado tributario se había declarado residente en España hasta el ejercicio 2012, presentando las correspondientes declaraciones por Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y por IP, por obligación personal de contribuir. A finales del 2012 y principios del 2013, presentó el modelo 750 "DeclaraciónTributaria especial", declaraciones extemporáneas por el IRPF e IP del 2011 y el modelo 720 "Declaración debienes y derechos en el extranjero" regularizando 8 millones de euros ocultos en Andorra y en Suiza. Asimismo,en fecha 10/05/2013, presentó el modelo censal 030 declarando su cambio de domicilio a Andorra.


Por lo tanto, en los ejercicios que ahora nos ocupan, el obligado tributario se declaró no residente fiscal
en España, presentando declaraciones por el Impuesto sobre la Renta de No Residentes (IRNR) y por el IP, obligación real de contribuir.


El contribuyente aporta certificado de residencia fiscal en Andorra correspondiente a 2013, 2014 y 2015,ejercicios en los que no había entrado en vigor el Convenio para evitar la Doble Imposición suscrito entre España y Andorra.


b) Por su parte, la Inspección considera que el traslado a Andorra del obligado tributario ha sido simulado para evitar la tributación en España por obligación personal de contribuir. Así, llega a la conclusión de que, en los ejercicios de referencia, el contribuyente ha sido residente fiscal en España de acuerdo con la normativa interna; en particular, porque su centro de intereses económicos estaba situado en territorio español (en 2013,adicionalmente, también se aprecia la concurrencia del criterio de permanencia).
Asimismo, la Inspección hace constar que, al no estar en vigor ningún Convenio para evitar la Doble Imposición,la aportación del certificado de residencia fiscal en Andorra no combate por sí mismo la residencia fiscal en España, salvo que se demostrase que ha permanecido en Andorra más de la mitad del ejercicio o que posee en dicho territorio su núcleo de intereses económicos, extremos que no han sido acreditados por el contribuyente en ninguno de los tres periodos.


En consecuencia, en el acuerdo dictado se liquida el impuesto y se determina la base imponible considerando el patrimonio mundial del obligado tributario, con independencia del lugar donde estén situados los bienes y puedan ejercitarse los derechos. Además, la Inspección imputa al obligado tributario directamente los activos que formalmente son titularidad de determinadas sociedades interpuestas domiciliadas en Andorra que carecen de sustancia económica y cuya existencia se declara, a efectos fiscales, simulada».


4. Acuerdo sancionador.


Trayendo causa de los hechos puestos de manifiesto en la comprobación, se dictó acuerdo de resolución del procedimiento sancionador por el que se imponía al obligado tributario sanción por dejar de ingresar deuda tributaria correspondiente al ejercicio 2015, al considerarse cometida una infracción tributaria prevista en elartículo 191 LGT, que se califica como muy grave, en atención a la concurrencia de utilización de medios fraudulentos, imponiéndole una sanción por importe de 624.277,22 euros

EL VOTO DISCREPANTE DEL JUEZ SERGHIDES EN "JESUS PINHAL V. PORTUGAL" (STEDH 9-07-2026, "NE BIS IN IDEM" (II))

 

DISSENTING OPINION OF JUDGE SERGHIDES

  1. Introduction

1.  The case concerns three sets of proceedings brought against the applicant by the criminal-law authorities, the Securities Market Commission (CMVM) and the Banco de Portugal (BdP) respectively for various criminal and administrative offences committed while he was a member and later Vice-Chairman of the Board of Directors of the Banco Commercial Português bank (“the BCP”). The applicant raised two complaints: firstly, that his right not to be tried or punished twice for the same acts (ne bis in idem), as guaranteed by Article 4 of Protocol No. 7 to the Convention, had been infringed and, secondly, that the absence of any effective remedy by which to assert his rights domestically had entailed a breach of Article 13 of the Convention.

2.  I respectfully disagree with the finding that there has been no violation of Article 4 of Protocol No. 7 and that there was no need to examine the admissibility and merits of the complaint under Article 13, which is why I voted against points 3 and 4 of the operative provisions of the judgment.

3.  I explain my disagreement on these two points below, but before doing so, I wish to underline that the ne bis in idem principle is the cornerstone of legal certainty, one of the most fundamental guarantees of a fair trial and an important safeguard against the abuse of State power.

B.   My disagreement with the finding that there has been no violation of Article 4 of Protocol No. 7 to the Convention – The erosion of ne bis in idem under the “coherent whole” or “integrated punitive system” approach

4.  It is my submission that the interpretation of Article 4 of Protocol No. 7 to the Convention allowing multiple sets of proceedings on the basis that they form a “coherent whole” or an “integrated punitive system”, as established in A and B v. Norway ([GC], nos. 24130/11 and 29758/11, 15 November 2016) and furthered explained and developed in the present judgment, is fundamentally irreconcilable with the principle of ne bis in idem.

5.  At its core, such an approach undermines the absolute and non-derogable character of the right in question (see, in this regard, Article 4 § 3 of Protocol No. 7). The ne bis in idem principle enshrines a categorical rule that is not subject to any limitation clause, unlike the qualified rights guaranteed by Articles 8 to 11 of the Convention, which contain limitations in their respective second paragraphs. The “reopening” clause in Article 4 § 2 of Protocol No. 7, concerning the emergence of new or newly discovered facts, or the discovery of a fundamental defect in the proceedings, does not call into question the absolute nature of the right, as it relates to situations in which the initial decision cannot be regarded as having acquired the requisite finality or validity.

6.  In this connection, it is to be emphasised that the non-absolute character of the requirements of legal certainty must not be conflated with the absolute nature of the right in question. Against this background, the Grand Chamber’s observation in Mihalache v. Romania ([GC], no. 54012/10, § 129, 8 July 2019) that the requirements of legal certainty are not absolute should be understood as referring to the finality of the earlier decision in the specific circumstances contemplated by Article 4 § 2 of Protocol No. 7. It cannot be construed as suggesting that the guarantee against being tried or punished twice is itself a qualified or non-absolute right. Accordingly, the limited possibility of reopening proceedings where new or newly discovered facts have emerged, or where a fundamental defect has been detected in the previous proceedings, cannot be relied upon to dilute the absolute guarantee enshrined in Article 4 of Protocol No. 7.

7.  Consequently, properly understood, the principle of ne bis in idem operates as a strict procedural bar: once a final decision has been rendered, the State is definitively precluded from pursuing further proceedings in respect of the same facts. As Professor W. A. Schabas observes, the right under Article 4 of Protocol No. 7 “applies not only to a second conviction for the same offence but even to a second prosecution”[4], or, put differently, “it is sufficient that the second proceedings have only begun”[5]. The “integrated system” doctrine, however, effectively undermines this guarantee by transforming a categorical prohibition into a conditional rule, dependent on the degree to which sets of proceedings are connected. In doing so, it introduces balancing considerations that are inherently incompatible with the very nature of an absolute right.

8.  This does not mean that the Court should disregard the second set of proceedings altogether. On the contrary, an examination of subsequent proceedings is indispensable in order to determine whether the idem requirement is satisfied. However, recognising the existence of subsequent proceedings for the purpose of identifying duplication is fundamentally different from treating both sets of proceedings as components of a single integrated procedure. This latter approach risks neutralising the protective function of the ne bis in idem guarantee itself. It may also undermine the integrity and finality of the first set of proceedings, diminishing both the judicial work undertaken and the authority of the decision itself.

9.  Respectfully, the approach under discussion is manifestly incompatible with the principle of effectiveness (effet utile), which is an overarching Convention principle[6]. Permitting States to split proceedings deliberately into parallel administrative and criminal tracks, only to reclassify them ex post facto as a “coherent whole”, fails to secure effective protection of the ne bis in idem right. From the perspective of the individual, the reality of his or her situation remains unchanged, with multiple sets of proceedings, repeated exposure to punishment and prolonged legal uncertainty. A guarantee that tolerates such outcomes is no more than a formal and illusory construct, devoid of any practical value.

10.  To be more precise, the approach in question gives rise to structural legal uncertainty because the decisive criterion – whether there is a “sufficiently close connection” between sets of proceedings – is framed in broad and indeterminate terms, without clear limits or precise criteria. The notion of a “sufficiently close connection” lacks precision and invites inconsistent and discretionary application, thereby undermining foreseeability and the rule of law. In parallel, it risks institutionalising double punishment, as cumulative sanctions imposed across different sets of proceedings may, in substance, replicate the very duplication which the provision is intended to prohibit. The approach under discussion is therefore incompatible with the principle of human dignity, as it subjects individuals to legal uncertainty and potentially repetitive punitive processes, thereby failing to respect their status as autonomous persons entitled to foreseeability, legal certainty and fair treatment under the law.

11.  Respectfully, the counter-arguments advanced in support of this approach are unconvincing and doctrinally flawed. Reliance on the proportionality of the overall sanction is misplaced: ne bis in idem prohibits the duplication of proceedings as such, irrespective of the severity of the resulting penalties. Crucially, the absolute character of the right under Article 4 of Protocol No. 7 means that proportionality has no role to play: there are no permissible restrictions to weigh in the balance. The present case goes further still: it effectively applies a retrospective balancing exercise, assessing compliance with the right in question by reference to later sets of proceedings, taken together with the first set. Likewise, the foreseeability of multiple sets of proceedings cannot legitimise a possible violation of the Convention: a predictable breach remains a breach. Nor can the reference to separate legal interests justify multiple proceedings, as the idem criterion is grounded in the identity of facts, not their legal characterisation. The ne bis in idem guarantee, though not included in Article 6 of the Convention, is still a fair-trial guarantee and should be given the same normative and doctrinal weight as those contained in Article 6[7].

12.  To hold otherwise would be to open the door to the artificial fragmentation of a single course of conduct into multiple prosecutable elements. In conclusion, the “integrated punitive system” approach fundamentally distorts and weakens the nature of ne bis in idem. It replaces a clear and robust safeguard with a flexible and readily manipulable standard, thereby depriving the right at stake of both its absolute and its non-derogable character, together with its practical effectiveness within the Convention system.

13.  In view of the above, and taking into account the circumstances of the present case, I would have found that there had been a violation of Article 4 of Protocol No. 7.

14.  I am also unable to agree with the Court’s view that its approach in the present case can properly be regarded as an application of the “living instrument” doctrine (see paragraph 216 of the present judgment). Elsewhere, I have discussed in detail the question whether a setback or regression in the protection of a human right, as has occurred in the present case, can strictly speaking be considered an application of the “living instrument” doctrine[8]. I concluded that the answer must be in the negative.

15.  That conclusion, in my view, is equally compelling in the circumstances of the present case. The “living instrument” doctrine is best understood as a specific expression or manifestation of the principle of effectiveness, both as a method of interpretation and as a norm of international law. Consequently, it cannot be used to depart from, or operate against, its very foundation, namely the principle of effectiveness itself. To accept otherwise would be to deprive the doctrine of its normative coherence and transform it into an instrument capable of justifying results antithetical to the object and purpose of the Convention. Properly understood, the “living instrument” doctrine serves to enhance the protection of Convention rights and ensure that they remain practical, effective and adapted to present-day conditions; it cannot be used to justify a diminution of such protection.

16.  In this sense, the doctrine is inherently teleological and directional: it operates so as to reinforce, not weaken, the level of protection previously attained. Moreover, the Court’s established case-law has consistently linked evolutive interpretation with the need to ensure that rights are “practical and effective” rather than “theoretical or illusory”.

17.  An interpretation which results in a lowering of existing standards of protection sits uneasily with that requirement, since it risks rendering previously secured guarantees less effective in practice. It follows that a regressive interpretation cannot, without contradiction, be subsumed under the logic of evolutive interpretation. This view is also supported by Gerards, who rightly argues that:

“... the effectiveness principle and the Preamble to the Convention do not support such a possibility of ‘regressive evolution’ or, as it has been more recently termed by Helfer and Voeten, ‘walking back’. The Convention Preamble states that the aim of the Council of Europe is ‘the maintenance and further realisation’ of human rights and fundamental freedoms which suggests a one-way dynamic in the direction of offering more rather than less protection of human rights.

... It is clear ... that, in principle, [the Convention] strives for progressive evolution to enable ‘further realisation’ of the rights protected by the Convention.[9]

18.  This reading is further corroborated by the interpretative framework set out in Articles 31 and 32 of the Vienna Convention on the Law of Treaties of 1969, which require that a treaty be interpreted in good faith in the light of its object and purpose. In the case of the Convention, that object and that purpose – as reflected in the Preamble and consistently reaffirmed in the Court’s jurisprudence – consist in the progressive realisation and effective protection of fundamental rights.

19.  A construction that permits regression would therefore be difficult to reconcile with these general rules of interpretation. Indeed, the Convention is a living instrument not because it permits the erosion of rights, but because it seeks to ensure that human-rights protection evolves in a manner that is practical, effective and responsive to the conditions of contemporary democratic societies. Its character as “living” denotes adaptability in the service of enhanced protection, not flexibility in the direction of restriction. Evolution in Convention law must remain faithful to the object and purpose of the Convention, namely the effective and progressive protection of human rights.

20.  Any departure from the object and purpose of the Convention runs the risk of undermining both the legitimacy of the Court’s interpretative authority and the coherence of the Convention system as a whole.

21.  I regret to say that, in the present case, the Court has not only followed an approach that walks back the protection of the human right in question, but also appears to affirm that its approach involves no such back-tracking. If an absolute right, such as the one at issue, is treated as a qualified right and, at the same time, in a manner that manifestly undermines its effective protection, it is difficult to see how this could be regarded as anything other than a regression which risks emptying the concept of an “absolute” right of any meaningful content.

C.   My disagreement with the finding that there was no need to examine the admissibility and merits of the complaint under Article 13 of the Convention

22.  The applicant complained that all the domestic remedies he had pursued in respect of his complaint under Article 4 of Protocol No. 7 had been dismissed and submitted that this consequently amounted to a violation of his rights under Article 13 of the Convention, which guarantees the right to an effective remedy. The judgment, however, states that there is no need to examine the admissibility and merits of that complaint (see paragraph 295 of the judgment and point 4 of its operative provisions).

23.  In doing so, it begins by referring to the Chamber’s approach, namely its decision to refrain from ruling separately on the admissibility and merits of the complaint on the basis of the principle that the Court “is master of the legal characterisation to be given to the facts of the case” (jura novit curia) and on that basis to consider it appropriate to examine the application solely under Article 4 § 1of Protocol No. 7 (see paragraph 131 of that judgment dated 8 October 2024). No mention of the applicant’s Article 13 complaint was made in the operative provisions of the Chamber judgment, where it was completely absorbed by the complaint under Article 4 § 1 of Protocol No. 7, with no violation being found.

24.  By contrast, it seems that the present Grand Chamber judgment does not rely on this principle of recharacterisation to avoid examining the complaint under Article 13 of the Convention but on another principle, using the lex specialis rationale to absorb one Convention right into another. In this connection, it refers to the following passage from Tsaava and Others v. Georgia ([GC], nos. 13186/20 and 4 others, 11 December 2025):

“225.  It is open to the Court not to examine complaints which fully, or to some extent, overlap with complaints which it has already examined because they relate to the same facts, and concern issues which are part of – and are thus absorbed by – the broader issues already examined. Also, when faced with a complaint under two Convention provisions which, on the facts of the case before it, govern the same subject matter but differ in their level of specificity (lex generalis and lex specialis), the Court normally examines the complaint solely under the latter, sometimes construing it in the light of the former.”

25.  Based on the principle set forth in that judgment, the present judgment states that the question arises whether, in the present case, the applicant’s complaint under Article 13 calls for a separate examination from that of his complaint under Article 4 of Protocol No. 7 or whether, on the contrary, the two complaints “overlap” (see paragraph 293 of the judgment).

26.  In this connection, the present judgment notes (see paragraph 294) that the two complaints in question relate to the same facts, namely the institution of three sets of proceedings of a criminal nature against the applicant by the BdP, the CMVM and the criminal-law authorities respectively. Additionally, it notes (ibid.) that both complaints also relate to the same issue of an alleged breach of the ne bis in idem principle. As it goes on to explain, under Article 4 of Protocol No. 7 the applicant alleged that he had been tried three times for the same offence and, under Article 13, he complained of the dismissal of his appeals alleging a breach of the ne bis in idem principle in the BdP proceedings, the criminal proceedings and the CMVM proceedings.

27.  In view of the above circumstances, the Grand Chamber concludes (see paragraph 295 of the judgment) that it is not necessary to examine the admissibility and merits of the complaint under Article 13, since the latter has been absorbed by the broader examination under Article 4 of Protocol No. 7, which thus constitutes a lex specialis in relation to the more general requirements of Article 13.

28.  It is noteworthy that, although both the Chamber judgment and the Grand Chamber judgment in the present case treat the Article 13 complaint as being absorbed by the complaint under Article 4 of Protocol No. 7, only the Grand Chamber judgment includes a point in its operative provisions holding that there is no need to examine the Article 13 complaint. It remains unclear whether this outcome stems from the Court’s use of a different methodology to avoid examining the Article 13 complaint. Specifically, the Chamber judgment relied on the principle of legal recharacterisation prior to its examination, whereas the Grand Chamber refers in fine to the principle of lex specialis. In both instances, the Court has performed a form of procedural absorption. In the former case, this absorption was so absolute that it precluded any mention of Article 13 in the operative provisions of the judgment. In the latter, however, the absorption is less opaque; while the Court finds it unnecessary to examine the admissibility or merits of the complaint, it nevertheless explicitly records this decision within the operative provisions. This discrepancy raises significant questions as to the transparency of the Court’s reasoning and suggests that such “absorption” effectively masks a mere failure to address a distinct procedural violation.

29.  In Tsaava and Others (cited above), on which the conclusion in question is based, the Grand Chamber held that, in the light of its findings under the procedural limb of Article 3 of the Convention, there was no need to examine the admissibility and merits of the complaint under Article 13 (§ 450). In that case, I appended a partly dissenting opinion criticising this approach, and I would also refer to a number of opinions I have written on the same or similar issues (see, for instance, my two most recent opinions: a partly dissenting opinion in Batou v. Switzerland, no. 30781/22, 7 May 2026, and a dissenting opinion in Eisenauer and Others v. France, no. 47090/22 and 9 others, 12 May 2026).

30.  I respectfully disagree with the above approach adopted by the Grand Chamber in the present case, for the reasons set out below. Absorption is not a neutral analytical step but a substantive decision not to adjudicate a complaint. Without a demonstration that all essential elements of the unexamined complaint have been fully addressed, the assertion of overlap remains cursory. It risks replacing reasoned adjudication with an assumed equivalence, thereby depriving applicants of an effective judicial determination of each complaint. The right to an effective remedy is autonomous and express. It cannot be displaced by the right not to be tried or punished twice under Article 4 § 1 of Protocol No. 7. The two rights are conceptually and functionally distinct. Their nature, scope and purpose are different. In my humble submission, even the Grand Chamber in Tsaava and Others acknowledged, in paragraph 227 of that judgment, a point that appears to have been overlooked or insufficiently considered both in its own conclusion and in the present judgment. In particular, it observed that, although complaints may arise out of the same facts, they do not necessarily overlap, as there may be differences in the nature of the interests safeguarded by the respective provisions. Complaints under Article 4 of Protocol No. 7 and under Article 13 may well arise from the same facts, but factual overlap is not normative equivalence.

31.  In paragraph 294 of the present judgment, the Court provides additional reasoning: both complaints concern the same underlying issue of an alleged breach of the ne bis in idem principle. However, this line of reasoning overlooks the fact that Article 13 is inherently concerned with the violation of a right for which no effective domestic remedy was provided. Therefore, the commonality of the essential claim (ne bis in idem) does not necessarily negate the distinct procedural requirement to provide a functional avenue of redress under Article 13. By conflating a possible breach of the right under Article 4 of Protocol No. 7 with the procedural right to a remedy, the Court’s logic ineluctably leads to the conclusion that an Article 13 complaint might never be raised independently. Such a result effectively amounts to a negation of the right itself, rendering the guarantee of an effective remedy illusory and theoretical, rather than practical and effective.

32.  Article 13 gives concrete expression to the subsidiarity enshrined in the Preamble to the Convention: it requires States to provide remedies at national level before the individual resorts to an application to the Court. If the Court refuses to examine an Article 13 complaint because it has already examined a complaint under Article 4 § 1 of Protocol No. 7, it risks emptying Article 13 of its independent meaning and depriving States of guidance on what effective remedies require in practice. Consequently, by failing to take account of the Article 13 complaint, the Court has missed a crucial opportunity to offer States clarification as to the nature and scope of “effective remedies” and what such remedies should entail in practice. In this regard, the Court’s reasoning in Kudła v. Poland ([GC], no. 30210/96, § 152, ECHR 2000-XI), is particularly instructive:

“... Article 13, giving direct expression to the States’ obligation to protect human rights first and foremost within their own legal system, establishes an additional guarantee for an individual in order to ensure that he or she effectively enjoys those rights. The object of Article 13, as emerges from the travaux préparatoires (see the Collected Edition of the ‘Travaux Préparatoires’ of the European Convention on Human Rights, vol. II, pp. 485 and 490, and vol. III, p. 651), is to provide a means whereby individuals can obtain relief at national level for violations of their Convention rights before having to set in motion the international machinery of complaint before the Court. From this perspective, the right of an individual to trial within a reasonable time will be less effective if there exists no opportunity to submit the Convention claim first to a national authority; and the requirements of Article 13 are to be seen as reinforcing those of Article 6 § 1, rather than being absorbed by the general obligation imposed by that Article not to subject individuals to inordinate delays in legal proceedings.”

33.  The use of the lex specialis rationale to avoid examining one right separately is conceptually misplaced where there is no genuine normative conflict. The maxim lex specialis derogat legi generali, or generalia specialibus non derogant, is a tool for resolving conflicts between legal norms[10]. It applies where two rules lead to incompatible results and one of them must prevail. However, the Convention rights under Article 4 of Protocol No. 7 and Article 13 are not in conflict; on the contrary, the latter supports the former by providing an effective remedy in the event of a violation. The two provisions are capable of simultaneous and mutually reinforcing application.

34.  The Grand Chamber in Tsaava and Others (cited above, § 225) reiterated that, where two provisions governed the same subject matter but differed in specificity, the Court would normally examine only the lex specialis. However, this presupposes the existence of a normative hierarchy or conflict, which is absent from the Convention system. The relationship between many Convention rights is not hierarchical but complementary. Their concurrent applicability reflects the layered protection intended by the Convention, not their redundancy.

35.  As stated above, each Convention right has its own text, purpose, scope, positive and negative obligations, and remedial consequences. To absorb one right into another is to blur these distinctions. It risks conflating legal tests, obscuring the State obligations undertaken and weakening the doctrinal coherence of the Convention. The Convention is not an undifferentiated reservoir of rights from which the Court may select one provision and pour the others into it. It is a structured charter of distinct guarantees. Each provision is a separate vessel containing its own legal substance. Combining them into a legal “cocktail” alters both their composition and their function. Nor does the interpretation and application of Convention rights permit recourse to a form of “judicial alchemy”, whereby the substance of one guarantee is transmuted into another under the guise of interpretative flexibility; such an approach runs the risk not only of distorting the integrity of individual rights, but also of subtly transforming the character of the Convention as a human-rights treaty into a less determinate and less structurally coherent instrument.

36.  It further risks displacing the principled limits inherent in each provision, including the specific conditions under which interferences may be justified, and thereby undermining the carefully calibrated balance which the Convention strikes between individual rights and collective interests. In addition, the methodological discipline of the Court’s case-law – built upon distinct tests, thresholds and justificatory frameworks for each right – is eroded when guarantees are collapsed into one another, leading to unpredictability and a loss of normative clarity. Such an approach may also dilute procedural safeguards, as different rights trigger different standards of review, evidential requirements and remedial consequences. Ultimately, the integrity of the Convention system depends upon maintaining the analytical autonomy of each right, while allowing for principled interaction rather than unstructured fusion.

37.  Even if the Court states that it will construe the lex specialis “in the light of” the lex generalis, this is no substitute for an autonomous examination. Without a separate assessment, the specific normative contribution of the so-called “general” provision remains unarticulated and untested.

38.  This lex specialis approach also creates serious rule-of-law concerns. Applicants and States are left uncertain as to when a complaint will be examined and when it will be declared absorbed, overlapping or redundant. The Court often fails to identify precisely what elements of the omitted right have supposedly been covered by the right examined. Absent such an explanation, it is impossible to know whether the unexamined complaint has been truly addressed, only partially considered, or simply disregarded. The conclusion that “no separate issue arises” may then become a dismissive device rather than the result of reasoned adjudication.

39.  The approach is even more problematic when considered in the light of the Court’s own standards under Article 6 of the Convention. Domestic courts are required to conduct a proper examination of the parties’ submissions and to give specific and express replies to decisive arguments. The Court cannot credibly demand this of national courts while declining, without sufficient reasoning, to examine central Convention complaints that have been brought before it. The legitimacy of the Court depends not only on the outcome of cases but also on the transparency, completeness and intelligibility of its reasoning.

40.  The failure to examine complaints also harms the development of Convention jurisprudence. The Convention is a living instrument whose progressive interpretation depends on the incremental clarification of each right. When complaints are absorbed or dismissed as redundant (“no need to examine”), opportunities are lost to define the content of provisions such as Article 13. Over time, this may lead to doctrinal stagnation, leaving important areas of human-rights protection underdeveloped.

41.  Where an applicant raises a distinct and arguable complaint under a separate Convention provision, the Court should address it expressly. Even if the reasoning overlaps with the analysis under another provision, the Court should state whether that other right has been violated. What it should not do is leave the right unexamined through recharacterisation, the Câmpeanu formula (distinguishing between main and secondary complaints), or a superficial lex specialis analysis. In the present case, it has chosen to follow the third method for not examining a complaint; however, as applied by the Court, all three methods are, in my humble view, contrary to the principle of the effectiveness of the rights concerned. They result not only in a limitation, but in a deprivation of the protection afforded by those rights in practice, rendering them theoretical and illusory, rather than practical and effective.

42.  In conclusion, the effectiveness of Convention rights requires that each one retain its autonomous force. The Court’s role as guardian of human rights is not fulfilled by selecting one complaint and treating the rest as redundant. The right of individual application guarantees meaningful judicial engagement with alleged violations, not merely access to a judgment on some of them. A practice that leaves pleaded rights-violations unanswered runs the risk of making those rights theoretical and illusory, undermining subsidiarity, weakening legal certainty and eroding confidence in the Convention system. The proper approach is therefore one of principled completeness: every distinct and arguable Convention complaint should receive separate, reasoned and effective judicial examination.

43.  In the light of the foregoing, had I not been in the minority, I would have examined the complaint under Article 13. As noted above, a blanket practice of stating that “there is no need to examine the admissibility and merits of the complaint under Article 13” risks rendering Article 13 illusory and undermining the Court’s own standards. As such, it is a practice which I cannot endorse.

D.   Conclusion

44.  Had I not been in the minority, having found a violation of Article 4 of Protocol No. 7, I would have awarded the applicant just satisfaction and, for all the reasons given above, examined his complaint under Article 13.

 

EL VOTO DISCREPANTE DEL JUEZ PAVLI EN "JESUS PINHAL V. PORTUGAL" (STEDH 9-07-2026, "NE BIS IN IDEM" (I))

 

PARTLY DISSENTING OPINION OF JUDGE PAVLI

1.  The “integrated duplication” doctrine, as confirmed by today’s judgment, sets a new high for judicial creativity – but not, unfortunately, in the service of fundamental rights. This doctrine stands on the premise that duplication of prosecutions for the same offence is not really duplication – bis is not bis – if the two sets of proceedings are “sufficiently integrated” in substance and in time. The majority have doubled down on the path chosen in A and B v. Norway ([GC], nos. 24130/11 and 29758/11, 15 November 2016), when this novel interpretation of Article 4 of Protocol No. 7 was first adopted by the Grand Chamber, after several decades of established interpretation to the contrary. What is more, both Grand Chamber compositions have done so without seeking to explain how this construction of ne bis in idem fits with the plain text of the Convention provision, its drafting history, or its object and purpose.

2.  As to the operative provisions, I have voted against the indiscriminate holding that there has been no violation of Article 4 of Protocol No. 7 in the present case (see operative provision no. 3), which involves three separate sets of proceedings against the same applicant. I consider that there has been a violation of the said provision as regards the duplication between the criminal proceedings and one set of administrative proceedings (the CMVM procedure), but not in relation to the other (the BdP procedure). Furthermore, I have reached these conclusions on the basis of different criteria from those relied on by the majority.

On discoveries of silent exceptions

3.  The text to be construed is fairly straightforward: “[n]o one shall be liable to be tried or punished again ... for an offence for which he has already been finally acquitted or convicted” within the same jurisdiction (emphasis added). The ordinary meaning of this formulation is that once a first set of proceedings has resulted in a final acquittal or conviction, continuing or at least seeing a second prosecution for the same offence through to its conclusion will be in violation of the Convention. As the provision establishes a core and non-derogable protection against double jeopardy, without any limitations or qualifications (other than that provided for in its second paragraph), it calls for strict interpretation, with no implied exceptions. In fact, for most of its history of application by the Court, the interpretative dilemmas have focused on what is “criminal” and what should count as “the same offence”: in other words, the idem aspect of the equation, which is also what most national legal systems have historically grappled with. The bis aspect has not attracted much constructive energy because little is needed in view of the plain text of the provision itself (see Sergey Zolotukhin v. Russia [GC], no. 14939/03, § 107, 10 February 2009). That is, until A and B came along, with its radical discovery of a silent exception in the context of parallel proceedings.

4.  Turning to the drafters’ intent, as articulated in the Explanatory Report to Protocol No. 7 and the rest of the relevant travaux, I am equally unable to find any support for the exception of “integrated duplication”. Nor have the two Grand Chamber judgments at stake provided any evidence to this effect. To the extent that the drafters appear to have envisaged the possibility of parallel sets of proceedings – which, one may argue, in itself goes against the spirit of ne bis in idem, if not the strict letter of the Convention provision – they only did so in the uncontroversial scenario where one of those sets of proceedings was not “criminal” in nature, as illustrated by the reference to disciplinary proceedings “for the same act”[1]. This single exception suggests that no other parallel duplication for the same criminal offence was contemplated by the drafters.

5.  Lastly, it is far from evident how the concept of “integrated duplication” fits within the object and purpose of the prohibition against double jeopardy. Historically, the principle has reflected an understanding that it is inherently unfair, and at odds with legal certainty, to subject a person to repeated prosecutions for one and the same offence (see Sergey Zolotukhin, cited above, § 110). Notably, the concern is not limited to excessive punishment; it is the repetition of the process itself that is “the evil to be avoided”[2]. Ironically, the Grand Chamber’s dismissal of Portugal’s declaration, made at the time of its ratification of Protocol No. 7, on the novel basis that it is incompatible with the object and purpose of the Convention provision (see paragraph 164 of the judgment), lends support to this historical reading of the protection against double jeopardy. In the same way that States should not be able to circumvent this “absolute right admitting of no derogation” (ibid) by playing with the definition of what counts as a “criminal charge”, nor should they be allowed to do so through a creative duplication of proceedings that are “sufficiently integrated”.

6.  But what today’s majority hath taken from Portugal under idem, it hath generously given back under bis. This is, in fact, the real purpose and effect of the A and B doctrine: to allow those legal systems that have been ambivalent about the ban on double jeopardy from the outset – whether or not they have entered interpretative declarations to this effect – to freely pursue and complete separate criminal and administrative proceedings for (what our case law considers to be) the same offence. This has been done in the name of the modern administrative State and the progressive decriminalisation of certain acts that are now increasingly prosecuted as administrative offences (see paragraph 215 of the judgment): the implication being that, to facilitate such decriminalisation, the Court will continue to treat such transgressions as “criminal” but will nonetheless allow double prosecutions to proceed, subject only to certain “integration” requirements.

7.  A similar narrative can be discerned around the definition of idem, with the Grand Chamber having been urged to adopt the concept of triple identity, whereby a set of proscribed actions by the same person would count as the same “offence” only if the relevant legal prohibitions also served the same “protected interest” (see paragraph 189 of the judgment). Had the Grand Chamber accepted such a position, it would have effectively overruled the Zolotukhin understanding, based on idem factum, and eviscerated most of the remaining protection under Article 4 of Protocol No. 7. While the majority have declined to go fully down that road, they have simply incorporated the diversity of protected interests into the criteria for “sufficient integration” (see paragraph 229 of the judgment). Again, what is denied with one hand is given back with the other.

8.  In confirming this approach, the Court has travelled further and further away from the original orbit of Article 4 of Protocol No. 7, to the point that it is hardly concerned anymore with double jeopardy as such, but merely with avoiding an “excessive burden” or moderating the combined weight of sanctions resulting from double (or triple!) prosecutions. In the words of former Advocate General Bobek, that is no longer “a protection against double jeopardy. It is simply an ex post protection against the disproportionality of combined or aggregated sanctions” (see his Opinion in the bpost case, C117/20, paragraph 109; see also the Opinion of Advocate General Sanchez-Bordona in the Menci case, C-524/15).

9.  This reframing has led, unsurprisingly, to the micro-management of double prosecutions from Strasbourg, while the applicable criteria have grown increasingly complex and national courts have struggled to keep pace with the constant fine-tuning and clarification by this Court. Today’s judgment provides further evidence of this particular foray down the rabbit hole of “integrated duplication”, and I suspect that the process of refinement will not stop here. We have, somehow, managed to transform one of the Convention’s core and unqualified prohibitions into one of the most overqualified tests ever designed by the Court.

10.  Lastly, another challenge highlighted by today’s judgment relates to the rights of the defence in dual sets of proceedings. However, this goes well beyond the need to ensure coordination in the collection of evidence (see paragraphs 232-33 of the judgment): as the applicant and third-party interveners have argued, parallel proceedings may affect the basic fairness guarantees of criminal trials, such as the privilege against self-incrimination. The difficulties stem from the fact that – even though such dual sets of criminal and administrative proceedings may both qualify as “criminal” under Article 6 of the Convention – they can be subject to quite different requirements at the national level as regards rules of evidence, standards of proof and procedural protections for the person under investigation. This can create tough procedural dilemmas for a defendant facing parallel prosecutions over the same conduct. Such tension is, after all, built into the Engel line of case-law.

11.  I would like, even if merely as an intellectual exercise, to offer an alternative path to “integrated duplication”. There is a clear connection, in my reading, between the gradual shrinking of protections under the bis branch of Article 4 of Protocol No. 7 and the expanded definition of “criminal” under the idem branch. The latter is the result of the uninhibited growth of the same concept within the criminal limb of Article 6 of the Convention under the Engel doctrine. This has meant that many offences or sanctions which are treated as merely administrative in nature within national legal systems trigger in Strasbourg the (almost) full panoply of criminal safeguards. While this approach may be reasonable, depending on the nature and gravity of the administrative sanctions at stake, there is little justification, in my view, for treating an 18-month suspension of a driving licence almost automatically as a criminal sanction (see Nilsson v. Sweden (dec.), no. 73661/01, 13 December 2005)[3].

12.  I would therefore argue that a partial reconsideration of the Engel approach is in order, on the basis that a secondary “sting” of punishment should not be enough to trigger criminal protections if the primary interest of the administrative sanction is preventive and/or remedial (rather than punitive). For one thing, this would be in line with the intent of the drafters of Article 4 of Protocol No. 7, who singled out the possibility of separate disciplinary proceedings for the same acts, despite their obviously punitive aspect. For another, it would be more consistent with the general decriminalisation trends in Europe, compared to the “runaround” watering-down of the bis component. I note here that the intervening Italian Government have made similar arguments for the tightening of the Engel criteria (see paragraph 187 of the judgment), a suggestion with which the majority have chosen not to engage.

13.  Lastly, it is important to note that the loss of full “criminal” protection would not be tragic for less serious sanctions, as due-process alternatives exist. One such alternative might be the protection of the civil limb of Article 6, where appropriate. Furthermore, the case-law on the substantive provisions of the Convention – including Article 8, which protects the right to respect for one’s private life, in its multifarious manifestations – has developed robust and autonomous procedural protections over time. This now tends to be the preferred option for applicants seeking to challenge, for example, serious disciplinary or other employment-related sanctions, whether in the public or private sectors (see Denisov v. Ukraine [GC], no. 76639/11, 25 September 2018).

14.  In the remaining part of this opinion, I will seek to apply the ban on double jeopardy, based on the plain meaning of the Convention provision, to the circumstances of this complex case. I will do so without venturing into the business of “proportionate pain”, which is after all a matter best left to the wisdom of national criminal courts.

Application to the facts of the case

15.  The analysis has to proceed in three steps: (i) whether the three sets of proceedings against the present applicant were criminal in nature; (ii) whether they concerned, in whole or in part, prosecutions for the same “offence”; and (iii) if so, whether, the second and third sets of proceedings were brought to term after the first set resulted in the final acquittal or conviction of the applicant. Chronologically, I will refer to the Banco de Portugal (BdP) proceedings – which came to a conclusion first – as the first set of proceedings, and to the criminal proceedings proper and the CMVM procedure as, respectively, the second and third sets of proceedings.

(a)   Whether the administrative proceedings were criminal in nature

16.  It is obvious that the proceedings resulting from the charges brought by the Lisbon public prosecutor’s office (see paragraph 36 of the judgment) were criminal in nature. It remains to be considered whether the BdP and CMVM proceedings were also criminal.

17.  As to the BdP proceedings, the majority find it sufficient that the goals pursued were both preventive and repressive (see paragraph 255 of the judgment). This is not necessarily decisive for me, if the preventive goal was predominant and the punitive “sting” was only a secondary and inevitable aspect of the former (see paragraph 12 of this opinion). Likewise, the accessory sanctions of disqualification from certain positions in the banking industry for a number of years were not sufficient to make the BdP proceedings criminal, as their primary function was arguably preventive and protective of the banking system as a whole. That said, the applicable maximum sanctions of around 100,000 euros (EUR) per administrative violation were sufficiently serious to render them criminal for present purposes, even considering the applicant’s high net worth and the sums he obtained as a result of his professional actions subject to prosecution.

18.  Similar considerations apply to the CMVM proceedings, where the applicant was exposed to a possible maximum fine of EUR 2.5 million and incurred an actual fine of EUR 480,000. However, the accessory sanctions on their own would not have been sufficient, in my view, to render the procedure criminal.

(b)   Whether the offences were the same (“idem”)

19.  It is important to recall at this point the applicable test, as defined in the Zolotukhin case, which remains good law after today’s judgment: based on a comparison of the statements of fact in the various procedures, the Court should identify “those facts which constitute a set of concrete factual circumstances involving the same defendant and inextricably linked together in time and space, the existence of which must be demonstrated in order to secure a conviction or institute criminal proceedings” (see Sergey Zolotukhin, cited above, § 84; emphasis added). The test is therefore linked to the essential elements of the offences as defined in national law.

20.  As an introductory comment, the present applicant’s actions and omissions contributed to a series of “circular trading” operations, the purpose of which was to artificially inflate the value of his bank’s stock. Apart from the financial machinations, the secrecy of the operations was instrumental to the success of the entire scheme, from the bank’s perspective. Therefore, the effort of market manipulation through “circular trading” was closely related to its cover-up, namely, the provision of false information and accounting, both to banking and financial-market regulators such as the BdP and the CMVM and to the financial market as a whole. This suggests that the actions at stake, undertaken over a long period of time, amounted to a unified criminal enterprise. It is therefore not surprising that, following the proceedings in question, Portuguese law on market manipulation was reportedly changed to provide that this offence should only be subject to criminal prosecution, rather than duplicated criminal and administrative procedures.

21.  I turn now to the specific charges in each set of proceedings. In the BdP proceedings, the charges included three instances of false and incomplete information being provided to the BdP and six instances of false accounting, by hiding the bank’s control over the offshore companies and other related aspects. They were alleged to have been committed in the period from 2000 to 2007.

22.  The second set of proceedings relied on charges of market manipulation and forgery. With respect to the latter, both the criminal courts and the courts in the BdP proceedings agreed that essentially the same offence had been subject to both criminal and administrative prosecution on the basis of what the Lisbon Court of Appeal in its judgment of 9 June 2015 characterised as a “concours idéal et effectif d’infractions” (see paragraph 32 of the judgment). The fact that the courts in the BdP proceedings did not impose sanctions under this head, based on the legal regime of their absorption by the criminal sanctions, does not change the fact of double prosecution for forgery. Nor does the fact that, ultimately, the criminal courts in the second set of proceedings considered that the forgery charges were absorbed by the charge of market manipulation, treating forgery as merely an aggravating circumstance thereof.

23.  As to the charges of market manipulation in the second set of proceedings, they relied, at least in part, on the provision by the applicant of false information to the two regulators, the BdP and the CMVM. The offence was defined in Article 379 § 1 of the CVM as the act of “disseminat[ing] false, incomplete ... information, carry[ing] out fictitious transactions or engag[ing] in other fraudulent practices which may artificially alter the functioning” of the financial market. Neither the prosecution nor the courts distinguished the act of providing false information to the regulators from the other essential elements of the offence which needed to be proven to secure a conviction (see paragraph 20 of this opinion). Indeed, they appear to have treated such actions or omissions towards the regulators, in Convention terms, as “a set of concrete factual circumstances ... inextricably linked together in time and space”.

24.  Thus, the prosecution charged that the bank managers had undertaken actions, in the period from 1998 to 2008, aimed at hiding the real value of the bank’s shares and the real state of its losses, both of which were the result of the activities of the offshore companies under their undisclosed control (see paragraphs 38 and 39 of the judgment). The conclusion of the criminal court of appeal that the acts of forgery (including in documents filed with the two regulators) were to be treated simply as an aggravating circumstance within the umbrella offence of market manipulation points in the same direction.

25.  Similar considerations apply to the third set of CMVM proceedings, which relied on charges that the applicant had contributed to the provision of false and incomplete information in reports and other submissions filed with that regulator between 2003 and 2007. As already noted, the definition of market manipulation in national criminal law renders it quite difficult to distinguish lying to the regulators from deceiving the market as whole. In this respect, the majority conclusion that, “[f]rom a substantive or chronological standpoint, each of these sets of proceedings was only partly related to the facts forming the subject matter of the others, although they overlapped in certain respects” (see paragraph 264 of the judgment) appears to make a rather artificial or formal distinction, seen from the perspective of the Zolotukhin test.

26.  I conclude, therefore, that the applicant was prosecuted for the same “offence” in the first and second sets of proceedings; as well as in the second and third sets of proceedings. There was not necessarily such an overlap between the two sets of administrative proceedings, but it is not necessary to reach a firm conclusion on this point.

(c)   Whether there was duplication of proceedings (“bis”) contrary to Article 4 of Protocol No. 7

27.  What the Convention provision requires us to assess at this stage is whether the applicant was subjected to a second or third prosecution which continued even after he had been “already finally acquitted or convicted” for the same offence(s).

28.  To begin with, both the Portuguese legislation and the jurisprudence of the national Constitutional Court appear to have been (and to still be) premised on the principle of triple identity, whereby a bis in idem problem only arises where the two offences are meant to protect the same “legal interest” – despite being based on the same essential acts, committed by the same person. Such an approach is simply inconsistent with the Court’s understanding of idem factum, as adopted in the Zolotukhin case and largely confirmed in today’s judgment. As a result, the national courts were not concerned, from the outset, with avoiding duplication of proceedings, starting from the correct Convention premise. The Grand Chamber majority acknowledge this fact but seek to underplay its consequences (see paragraph 266 of the judgment).

(i)      As to duplication between the first and second sets of proceedings

29.  The first proceedings to have concluded were the BdP proceedings, with the judgment of the Lisbon Court of Appeal on the merits of the case becoming final on 26 June 2015. Only part of the original charges had survived at this stage, due to the application of statutory bars at earlier stages of the procedure. With respect to the remaining charges of provision of false information to the BdP, the Court of Appeal again applied a statutory bar on the prosecution of any facts that had occurred prior to 9 June 2007; and it acquitted the applicant of the remaining charges of false reporting and false accounting related to the E.A. group of companies. It confirmed, however, the accessory sanctions previously imposed by the BdP, in view of the absence of suspensive effect of the appeal (see paragraph 34 of the judgment).

30.  On 26 June 2015, the second set of proceedings were pending before the Constitutional Court, with which the applicant had filed a constitutional complaint against the verdict of the Lisbon Court of Appeal of 25 February 2015, relying essentially on the same Convention arguments as he was later to raise before the Court (see paragraphs 50 et seq. of the judgment). Furthermore, on 15 December 2015, he filed a motion with the Lisbon Court of Appeal seeking the termination of those criminal proceedings in view of the fact that the BdP procedure had already been brought to a conclusion, resulting, in his view, in an unqualified acquittal (see paragraphs 55 et seq. of the judgment). Both the Constitutional Court and the Lisbon Court of Appeal rejected his double-jeopardy arguments and the criminal conviction became final on 14 July 2016.

31.  What is to be made of this particular set of circumstances related to the nature of the verdict in the first set of proceedings? To begin with, I agree with the majority position that a decision to discontinue proceedings due to statutory limitation cannot be equated with a full and proper acquittal for the purposes of Article 4 of Protocol No. 7 (see paragraph 283 of the judgment). As to the applicant’s acquittal in the first set of proceedings on the charges related to the E.A. group, it is important to note that the Lisbon Court of Appeal expressly relied, in this respect, on the findings of the Lisbon District Court, in the second set of proceedings, to the effect that the BCP’s control over the E.A. group had not been proven (see paragraph 43 of the judgment). The latter finding dated from 2 May 2014; and it does not appear that the prosecution appealed against this particular finding. Therefore, it cannot be said that the applicant continued to be liable to prosecution – in relation to the E.A. group – in the second set of proceedings after he had been finally acquitted of those same charges in the first set of proceedings. Accordingly, I must conclude that there has been no violation of Article 4 of Protocol 7 as regards the first and second sets of proceedings.

32.  Lastly, as a matter of legal tactics, one could argue that the applicant’s petition to the Constitutional Court was bound to fail given that court’s clear and established position on ne bis in idem. It is possible to concede in general terms – and without suggesting that this was the applicant’s intention in this case – that, through the use of delaying procedural tactics, defendants may seek to influence which of several parallel sets of proceedings comes to an end first. While this may be a relevant consideration, it was not unreasonable, in my view, for the present applicant to attempt to change the position of the national Constitutional Court, given, among other factors, the gradual evolution of this Court’s own jurisprudence toward a more coherent interpretation of Article 4 of Protocol No. 7.

(ii)    As to duplication between the second and third sets of proceedings

33.  The second set of proceedings, in which the applicant was convicted of market manipulation, became final and acquired the force of res judicata on 14 July 2016 (see paragraph 56 of the judgment). The CMVM proceedings continued well past this date and were eventually completed (see paragraph 86 of the judgment), with additional monetary and accessory sanctions imposed on the applicant. Having found that there was significant substantive overlap in the charges pursued against the applicant in these two sets of proceedings, I must conclude that there has been a violation of Article 4 of Protocol No. 7 in this respect.

Can dual sets of proceedings be Convention-compliant?

34.  There is little doubt about the gravity of the actions and omissions attributed to the present applicant as part of a broader scheme of market manipulation executed by multiple generations of BCP managers. That scheme caused great harm to the interests of the bank’s investors and the country’s financial system, and nothing in this separate opinion is meant to suggest otherwise. In fact, all things considered, the relative leniency of the sanctions imposed by the criminal courts at the end of the second set of proceedings is somewhat surprising.

35.  More generally, a legitimate question may arise as to the possibility for States to launch dual sets of proceedings (formally criminal and administrative) in certain complex areas of modern administrative law if the Court were to adopt Judge Serghides’ and my interpretation of Article 4 of Protocol 7 – without losing sight of the fact that this is not a matter of choice for those of us inclined to take the text of the Convention seriously. As a general principle, it is not for the Court to instruct States as to how to organise their legal systems to ensure that they stay, as a whole, within the bounds of the Convention. States enjoy great discretion in this respect, as reflected in the varied laws and practices across Europe on this and related subject matters. Among other things, States may choose to set down rules of priority or precedence among the plurality of “protected interests” served by criminal and/or administrative regulations; seek to integrate multiple charges within the same proceedings; or pursue other approaches that may be distilled from best European practices.

36.  In the context of cases such as the present one, and with no ambition of providing any exhaustive guidance, it seems to me that several options are open to the national authorities. First, it should be possible to design administrative sanctions in a way that would keep them below the Engel threshold. As I have already argued, the Court could facilitate this process by revisiting the Engel criteria, or at least the rigid ways in which they have sometimes been applied in practice. Professional sanctions, in particular, should not automatically get the “criminal” label, and even the size of monetary penalties may take due account of the nature of the infringements and the relevant economic sector. A given fine does not cause the same amount of pain to senior bankers as it does to taxi drivers.

37.  Secondly, in some cases it may be possible and indeed more effective to prosecute the various offences within a single set of criminal (or perhaps administrative) proceedings. The recent legislative amendments in Portugal providing for a unified criminal prosecution of the offence of market manipulation appear to go in this direction. This seems preferable to a situation where national law prevents cumulative sanctions but not the very conduct of parallel criminal and administrative proceedings for the same offence (as was the case with the charges of false accounting in the BdP proceedings involving the present applicant).

38.  Thirdly, it may be possible for different procedures to rely on sufficiently distinct sets of facts or illegal acts, thus avoiding idem factum overlaps, as determined by the Zolotukhin test. Thus, national authorities may be able to argue, for example, that providing false information to different oversight authorities, which exercise different regulatory functions and operate under different regulatory regimes, should not necessarily be treated as “the same offence”, even if such practices concern related underlying events. As noted, the Zolotukhin standard should not be applied in abstracto, but in the light of the essential elements of each charged offence. At the same time, such an approach would require some division of labour and ex ante coordination among the various prosecuting authorities.

39.  Lastly, as a tactical matter, prosecutors could aim to ensure that the primary criminal proceedings are completed before the conclusion of any other parallel proceedings, thus immunising the former from any possible double-jeopardy challenges. I appreciate, however, that this may be a function of multiple considerations that might not always be juggled successfully.

40.  It is obvious, in conclusion, that the “integrated duplication” option favoured by the Grand Chamber majority is the least onerous for the States. But the path of least resistance is not usually the best one for fundamental rights.