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Friday, November 20, 2026

STJUE C-837/24 NOVA IBEROMOLDES-SGPS, S.A. (I)


InfoCuria - Cour de justice de l’Union européenne

Edición provisional

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera)

de 4 de junio de 2026 (*)

« Procedimiento prejudicial — Tributación — Impuestos indirectos que gravan la concentración de capitales — Directiva 2008/7/CE — Artículo 5, apartado 1, letras a) y e) — Aportaciones de capital — Operaciones de reestructuración — Artículo 6, apartado 1, letras a) a c) — Impuesto sobre la transmisión de valores mobiliarios — Impuestos sobre las transmisiones — Constitución de una sociedad de capital — Liberación del capital social mediante participaciones de la sociedad aportante en sociedades que poseen bienes inmuebles — Impuesto sobre la transmisión de inmuebles a título oneroso »

En el asunto C‑837/24,

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) [Tribunal Arbitral Tributario (Centro de Arbitraje Administrativo — CAAD), Portugal], mediante resolución de 3 de diciembre de 2024, recibida en el Tribunal de Justicia el 6 de diciembre de 2024, en el procedimiento entre

NOVA IBEROMOLDES — SGPS, S. A.

y

Autoridade Tributária e Aduaneira

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera),

integrado por el Sr. F. Biltgen, Presidente de Sala, la Sra. I. Ziemele, y los Sres. A. Kumin (Ponente), S. Gervasoni y M. Bošnjak, Jueces;

Abogado General: Sra. J. Kokott;

Secretario: Sr. A. Calot Escobar;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos;

consideradas las observaciones presentadas:

–        en nombre de NOVA IBEROMOLDES — SGPS, S. A., por el Sr. V. Faria, advogado;

–        en nombre del Gobierno portugués, por las Sras. P. Barros da Costa, H. Gomes Magno y A. Rodrigues, en calidad de agentes;

–        en nombre del Gobierno alemán, por los Sres. J. Möller y R. Kanitz, en calidad de agentes;

–        en nombre de la Comisión Europea, por la Sra. P. Carlin, y los Sres. P. Caro de Sousa, G. Coelho y A. Ferrand, en calidad de agentes;

oídas las conclusiones de la Abogada General, presentadas en audiencia pública el 12 de febrero de 2026;

dicta la siguiente

Sentencia

1        La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 3, letra a), 4, 5, apartado 1, letras a) y e), 6, apartado 1, letras a), a c), 8, apartado 3, así como del artículo 11 de la Directiva 2008/7/CE del Consejo, de 12 de febrero de 2008, relativa a los impuestos indirectos que gravan la concentración de capitales (DO 2008, L 46 p. 11).

2        Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre NOVA IBEROMOLDES — SGPS, S. A. (en lo sucesivo, «Nova Iberomoldes») y la Autoridade Tributária e Aduaneira (Autoridad Tributaria y Aduanera, Portugal) (en lo sucesivo, «Administración Tributaria») en relación con una liquidación complementaria del imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis (impuesto municipal por las transmisiones de inmuebles a título oneroso; en lo sucesivo, «IMT») practicada a raíz de la reorganización empresarial efectuada en el seno del grupo al que pertenece Nova Iberomoldes.

 Marco jurídico

 Derecho de la Unión

3        A tenor de los considerandos 2 a 4 de la Directiva 2008/7:

«(2)      Los impuestos indirectos que gravan la concentración de capitales, a saber, el impuesto sobre las aportaciones (impuesto al que están sometidas las aportaciones a sociedades), el impuesto de timbre sobre valores y el impuesto sobre las operaciones de reestructuración, con independencia de que dichas operaciones comporten un incremento del capital social, dan lugar a discriminaciones, doble imposición y disparidades que obstaculizan la libre circulación de los capitales. Lo mismo cabe decir en relación con otros impuestos indirectos que presenten las mismas características que el impuesto sobre las aportaciones de capital o el impuesto de timbre sobre valores.

(3)      En consecuencia, redunda en beneficio del mercado interior armonizar la legislación en materia de impuestos indirectos sobre la concentración de capitales, a fin de eliminar, en lo posible, los factores que puedan falsear las condiciones de competencia u obstaculizar la libre circulación de capitales.

(4)      Los efectos económicos del impuesto sobre las aportaciones son desfavorables para la agrupación y el desarrollo de las empresas. Estos efectos son particularmente negativos en la coyuntura actual, que exige imperativamente que se dé prioridad al relanzamiento de las inversiones.»

4        El artículo 1 de esta Directiva, titulado «Objeto», está redactado en los siguientes términos:

«La presente Directiva regula la percepción de impuestos indirectos en relación con lo siguiente:

a)      aportaciones de capital a las sociedades de capital;

b)      operaciones de reestructuración que afecten a sociedades de capital;

[…]»

5        El artículo 2 de la citada Directiva, titulado «Sociedad de capital», dispone en su apartado 1, letra a):

«A los efectos de la presente Directiva se entenderá por sociedad de capital:

a)      toda sociedad que adopte una de las formas enumeradas en el anexo I».

6        El artículo 3 de la Directiva 2008/7, titulado «Aportaciones de capital», establece:

«A efectos de la presente Directiva y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4, tendrán la consideración de “aportaciones de capital” las siguientes operaciones:

a)      la constitución de una sociedad de capital;

[…]»

7        El artículo 4 de la referida Directiva, titulado «Operaciones de reestructuración», establece lo siguiente en su apartado 1:

«A efectos de la presente Directiva, no tendrán la consideración de aportaciones de capital las siguientes “operaciones de reestructuración”:

[…]

b)      la adquisición, por una sociedad de capital en vías de constitución o ya existente, de participaciones que representen la mayoría de los derechos de voto de otra sociedad de capital, siempre que la contrapartida de las participaciones adquiridas consista, al menos parcialmente, en valores representativos del capital de la primera de dichas sociedades. […]»

8        El artículo 5 de dicha Directiva, titulado «Operaciones no sujetas a impuestos indirectos», establece en su apartado 1:

«Los Estados miembros no someterán a las sociedades de capital a ninguna forma de imposición indirecta en lo que respecta a lo siguiente:

a)      aportaciones de capital;

[…]

e)      operaciones de reestructuración a que se refiere el artículo 4.»

9        El artículo 6 de dicha Directiva, titulado «Derechos e impuesto sobre el valor añadido», establece, en su apartado 1:

«No obstante lo dispuesto en el artículo 5, los Estados miembros podrán percibir los siguientes derechos e impuestos:

a)      impuestos sobre la transmisión de valores mobiliarios, aplicando un tipo uniforme o no;

b)      impuestos sobre las transmisiones, incluidos los derechos de inscripción en el Registro de la Propiedad, que graven las aportaciones, a una sociedad de capital, de bienes inmuebles o de fondos de comercio situados en su territorio;

c)      impuestos sobre las transmisiones que graven los bienes de cualquier naturaleza que se aporten a una sociedad de capital, en la medida en que la transmisión de esos bienes tenga una contrapartida que no sean participaciones sociales;

[…]»

10      El artículo 7, titulado «Recaudación del impuesto sobre las aportaciones en determinados Estados miembros», establece lo siguiente en su apartado 1:

«Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5, apartado 1, letra a), los Estados miembros que, a 1 de enero de 2006, sometiesen a las sociedades de capital al impuesto sobre las aportaciones de capital (en lo sucesivo, “el impuesto sobre las aportaciones”), podrán continuar haciéndolo, siempre que se ajuste a lo dispuesto en los artículos 8 a 14.»

11      A tenor del artículo 8 de dicha Directiva, que lleva por título «Tipo del impuesto sobre las aportaciones»:

«1.      El impuesto sobre las aportaciones tendrá un único tipo de gravamen.

[…]

3.      El tipo del impuesto sobre las aportaciones no podrá en ningún caso sobrepasar el 1 %.»

12      El artículo 11 de la citada Directiva regula la determinación de la base imponible del impuesto sobre las aportaciones.

13      El punto 22 del anexo I de esa misma Directiva se refiere, en particular, a la sociedade anónima, a saber, la sociedad anónima portuguesa.

 Derecho portugués

14      A tenor del artículo 2 del Código do Imposto Municipal sobre as Transexpiões Onerosas de Imóveis (Código del impuesto municipal sobre las transmisiones de inmuebles a título oneroso), establecido por el Decreto-Lei n.º 287/2003 (Decreto-ley n.º 287/2003), de 12 de noviembre de 2003, en su redacción vigente en la fecha de los hechos del litigio principal (en lo sucesivo, «Código del IMT»):

«1 — El IMT grava las transmisiones, a título oneroso, del derecho de propiedad, o de partes de ese derecho, sobre bienes inmuebles situados en el territorio nacional.

2 — A efectos del apartado 1, el concepto de transmisión de bienes inmuebles comprende, además:

[…]

d)      la adquisición de participaciones sociales o cuotas en sociedades colectivas, en comandita simple o de responsabilidad limitada, cuando dichas sociedades sean titulares de bienes inmuebles y cuando por dicha adquisición, por amortización o por cualquier otro hecho alguno de los socios pase a disponer de, al menos, el 75 % del capital social o el número de socios se reduzca a un matrimonio o a una pareja de hecho.

[…]»

15      En el caso de las operaciones contempladas en el artículo 2, apartado 2, letra d), de dicho Código, los artículos 12, apartado 4, punto 19, letra a), y 17 del citado Código establecen la aplicación de un tipo de IMT comprendido entre el 1 y el 8 % de la base imponible, que corresponde al valor patrimonial fiscal de los bienes inmuebles o al valor contable según balance, si fuera superior.

 Litigio principal y cuestiones prejudiciales

16      Nova Iberomoldes fue constituida el 28 de marzo de 2019 como sociedad anónima portuguesa. Su capital social fue desembolsado íntegramente mediante aportaciones no dinerarias, en forma de participaciones que su accionista único poseía en varias sociedades. Una parte del activo de una de estas sociedades, a saber, una sociedad de responsabilidad limitada cuyo capital social pertenece ahora al 100 % a Nova Iberomoldes, estaba constituida por dos bienes inmuebles.

17      A raíz de una inspección de la situación fiscal del accionista único de Nova Iberomoldes, la Administración Tributaria consideró que la operación de aportación de activos relativa a la constitución de Nova Iberomoldes no cumplía los requisitos exigidos para la aplicación de un régimen denominado «régimen de neutralidad fiscal» y que esa operación estaba sujeta al IMT, en virtud del artículo 2, apartado 2, letra d), del Código del IMT.

18      Nova Iberomoldes presentó una demanda de laudo arbitral ante el Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa) — CAAD) [Tribunal Arbitral Tributario (Centro de Arbitraje Administrativo — CAAD), Portugal], que es el órgano jurisdiccional remitente, con el fin de que se anule la liquidación complementaria del IMT emitida por la Administración Tributaria. Según esta sociedad, la regla recogida en el artículo 2, apartado 2, letra d), del Código del IMT no es conforme con la Directiva 2008/7. Considera que, en el presente asunto, la constitución de una sociedad de capital dio lugar a una aportación de capital, en el sentido del artículo 3, letra a), de la citada Directiva, que, a su juicio, debe estar exenta de cualquier tipo de imposición indirecta, conforme a lo previsto en el artículo 5, apartado 1, letra a), de la referida Directiva.

19      Nova Iberomoldes alegó, además, que la transmisión de las participaciones que constituye la aportación de capital y que ha sido gravada en la liquidación complementaria del IMT no está comprendida en la excepción prevista en el artículo 6 de la Directiva 2008/7, ya sea porque las participaciones de que se trata no son «valores mobiliarios» en el sentido del artículo 6, apartado 1, letra a), de esa Directiva, o porque el IMT no constituye un «impuesto sobre las transmisiones», en el sentido del artículo 6, apartado 1, letra b), de la citada Directiva. Considera que, en cualquier caso, incluso si se admitiera la sujeción de esta aportación al IMT, la tributación resultante vulneraría el principio del tipo único previsto por la Directiva citada, ya que los tipos aplicados superan el límite máximo del 1 %, previsto en el artículo 8, apartado 3, de esta Directiva.

20      Por su parte, la Administración Tributaria sostuvo que la Directiva 2008/7 no solo no prohíbe a los Estados miembros recaudar impuestos sobre la transmisión de valores mobiliarios, sino que lo permite, en su artículo 6, apartado 1, letra a). Añadió que el Código del IMT establece que determinadas operaciones que implican la transmisión indirecta de bienes inmuebles están sujetas al IMT, que tiene por objeto evitar que, mediante la compra de participaciones de sociedades que posean bienes inmuebles, la propiedad de un inmueble pueda adquirirse, de manera indirecta, sin haber sido gravada.

21      Al albergar dudas sobre la compatibilidad de la normativa nacional con la Directiva 2008/7, el Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) [Tribunal Arbitral Tributario (Centro de Arbitraje Administrativo — CAAD)] decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

«1)      ¿Debe considerarse un “impuesto indirecto” que grava la concentración de capitales a efectos de la Directiva [2008/7] un impuesto que grava las transmisiones, a título oneroso, del derecho de propiedad o de partes de ese derecho sobre bienes inmuebles y que asimila al concepto de transmisión de bienes inmuebles cualquier hecho en virtud del cual un socio pase a disponer de, al menos, el 75 % del capital social de una sociedad propietaria de bienes inmuebles (como el IMT controvertido en el presente asunto)?

2)      En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión prejudicial, a efectos de la citada Directiva, ¿debe calificarse como aportación de capital (a efectos del artículo 3 de la Directiva) o como operación de reestructuración (a efectos del artículo 4 de la Directiva) una operación, como la que constituye el objeto del presente asunto, mediante la cual se constituye una sociedad de capital, en el sentido del artículo 2 de la Directiva 2008/7, para desarrollar la actividad de gestión de participaciones sociales y se desembolsa la totalidad del capital social mediante la aportación de participaciones sociales que la sociedad aportante (que también ejerce la actividad de gestión de participaciones sociales) poseía en otras sociedades, sin que se transmita ningún otro elemento ni medio ni tampoco la totalidad de los instrumentos de capital propio, y en la que, como contraprestación, la sociedad aportante recibe la totalidad del capital social de la sociedad beneficiaria?

3)      En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión prejudicial, ¿se opone el artículo 5, apartado 1, letras a) o e), de la Directiva 2008/7 a que se grave la operación de que se trata en virtud del artículo 2, apartado 2, letra d), del Código del IMT, que asimila al concepto de transmisión de bienes inmuebles la transmisión de cuotas que representen al menos el 75 % del capital social de una sociedad propietaria de bienes inmuebles?

4)      En caso de respuesta afirmativa a la tercera cuestión prejudicial, a efectos de lo dispuesto en el artículo 6, apartado 1, letra a), de la Directiva 2008/7, ¿debe considerarse que las “cuotas” transmitidas constituyen “valores mobiliarios”?

5)      En caso de respuesta afirmativa a la tercera cuestión prejudicial, a efectos de lo dispuesto en el artículo 6, apartado 1, letras b) o c), de la Directiva 2008/7, ¿debe considerarse el IMT un “impuesto sobre las transmisiones”?

6)      En caso de que el artículo 2, apartado 2, letra d), del [Código del IMT] se considere compatible con la Directiva 2008/7, ¿se oponen los artículos 8, apartado 3, y 11 de la Directiva a las normas establecidas en los artículos 12, apartado 4, cláusula 19, letra a), y 17 del [Código del IMT], con arreglo a los cuales se aplica un tipo de gravamen de entre el 1 y el 8 %, en función del valor de la base imponible, el cual se determina teniendo en cuenta el valor de referencia a efectos tributarios de los inmuebles o el valor contable según balance, si fuera superior?»

 Sobre las cuestiones prejudiciales

 Sobre las cuestiones prejudiciales primera a quinta

22      Según reiterada jurisprudencia, en el marco de la cooperación entre los órganos jurisdiccionales nacionales y el Tribunal de Justicia, establecida por el artículo 267 TFUE, corresponde a este proporcionar al juez nacional una respuesta útil que le permita dirimir el litigio del que conoce. Desde este punto de vista, incumbe, en su caso, al Tribunal de Justicia reformular las cuestiones prejudiciales que se le han planteado. A este respecto, le corresponde deducir del conjunto de elementos aportados por el órgano jurisdiccional nacional, y especialmente de la motivación de la resolución de remisión, los elementos del Derecho de la Unión que requieren una interpretación, habida cuenta del objeto del litigio (véanse, en este sentido, las sentencias de 13 de diciembre de 1984, Haug-Adrion, 251/83, EU:C:1984:397, apartado 9, y de 23 de octubre de 2025, Zlakov, C‑744/23, EU:C:2025:816, apartado 17).

23      En el presente asunto, habida cuenta del contexto fáctico que se recoge en la resolución de remisión, procede entender que las cuestiones prejudiciales primera a quinta instan al Tribunal de Justicia a determinar si los artículos 3, letra a), 4, apartado 1, letra b), 5, apartado 1, letras a) y e), y 6, apartado 1, letras a) a c), de la Directiva 2008/7 deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional que establece que una operación de constitución de una sociedad de capital cuyo capital social se desembolsa íntegramente mediante la aportación de participaciones en otras sociedades que poseen bienes inmuebles por la sociedad aportante, que recibe, como contrapartida, la totalidad del capital social de la sociedad así constituida, será objeto de una tributación cuya base se determinará según el valor patrimonial fiscal de dichos bienes inmuebles o, en su caso, el valor contable según balance.

 Sobre los artículos 3, letra a), y 4, apartado 1, letra b), y 5, apartado 1, de la Directiva 2008/7

24      Para responder a la cuestión así reformulada, ha de recordarse que la Directiva 2008/7 ha llevado a cabo una armonización exhaustiva de los supuestos en los que los Estados miembros pueden someter la concentración de capitales a impuestos indirectos (sentencia de 24 de febrero de 2022, Viva Telecom Bulgaria, C‑257/20, EU:C:2022:125, apartado 65 y jurisprudencia citada).

25      Como se desprende de los considerandos 2 a 4 de dicha Directiva, esa armonización pretende eliminar, en lo posible, los factores que puedan falsear las condiciones de competencia u obstaculizar la libre circulación de capitales con el fin de garantizar el buen funcionamiento del mercado interior (sentencia de 22 de abril de 2015, Drukarnia Multipress, C‑357/13, EU:C:2015:253, apartado 31).

26      La plena realización de ese objetivo supone que las concentraciones de capital solo estén gravadas por impuestos indirectos con sujeción a rigurosos requisitos fijados por el legislador de la Unión (véase, en este sentido, la sentencia de 22 de abril de 2015, Drukarnia Multipress, C‑357/13, EU:C:2015:253, apartado 32).

27      A tal fin, el artículo 5, apartado 1, letras a) y e), de la Directiva 2008/7 impone a los Estados miembros que no sometan a las sociedades de capital a ninguna forma de imposición indirecta sobre las aportaciones de capital a las que se refiere el artículo 3 de esa Directiva ni sobre las operaciones de reestructuración contempladas en el artículo 4 de esta.

28      A tenor del artículo 3, letra a), de la Directiva 2008/7, el concepto de «aportación de capital» incluye la constitución de una sociedad de capital. No obstante, con arreglo al artículo 4, apartado 1, de la citada Directiva, no tendrá la consideración de aportación de capital la operación de reestructuración contemplada, en particular, en la letra b) de dicha disposición, a saber, «la adquisición, por una sociedad de capital en vías de constitución o ya existente, de participaciones que representen la mayoría de los derechos de voto de otra sociedad de capital, siempre que la contrapartida de las participaciones adquiridas consista, al menos parcialmente, en valores representativos del capital de la primera de dichas sociedades».

29      En el presente asunto, de conformidad con el artículo 3, letra a), de la Directiva 2008/7, la constitución de Nova Iberomoldes, de la que consta que es una sociedad de capital, en el sentido del artículo 2 de dicha Directiva, está comprendida, en principio, en el concepto de «aportación de capital». No obstante, de la resolución de remisión se desprende que el capital social de Nova Iberomoldes fue desembolsado íntegramente por la sociedad que es su accionista único, mediante una aportación de participaciones de las que esta última sociedad era propietaria en el capital de otras sociedades y que representan en todos los casos entre el 50 y el 100 % del capital de esas sociedades. Como contrapartida de esas participaciones, la sociedad aportante recibió todas las participaciones representativas del capital social de Nova Iberomoldes.

30      En la medida en que dichas participaciones, adquiridas de este modo por Nova Iberomoldes, representaban la mayoría de los derechos de voto de otras sociedades de capital, y en que esas mismas participaciones se remuneraban mediante títulos representativos del capital de Nova Iberomoldes, la operación mediante la que se creó esta última responde a los criterios establecidos en el artículo 4, apartado 1, letra b), de la Directiva 2008/7 y constituye, por tanto, como también han observado el Gobierno alemán y la Comisión Europea, una operación de reestructuración, en el sentido de dicha disposición. El hecho de que no se transfieran otros elementos, medios o la totalidad de los instrumentos de capital propio es irrelevante a este respecto.

31      Por tanto, conforme al artículo 5, apartado 1, letra e), de la Directiva 2008/7, los Estados miembros deben eximir a las sociedades de capital de toda forma de imposición indirecta en lo que respecta a una operación de reestructuración como la controvertida en el litigio principal.

32      Por lo que respecta a la interpretación de este concepto de «imposición indirecta», es jurisprudencia reiterada que, habida cuenta del objetivo perseguido por la Directiva 2008/7, recordado en el apartado 25 de la presente sentencia, el artículo 5 de esta Directiva debe ser objeto de una interpretación amplia para evitar que la prohibición de imposición que establece se vea privada de todo efecto útil (véanse, en este sentido, las sentencias de 28 de junio de 2007, Albert Reiss Beteiligungsgesellschaft, C‑466/03, EU:C:2007:385, apartado 39; de 19 de octubre de 2017, Air Berlin, C‑573/16, EU:C:2017:772, apartado 31 y de 5 de junio de 2025, Corner and Border, C‑685/23, EU:C:2025:398, apartado 30 y jurisprudencia citada).

33      Dicho esto, el artículo 5 de la Directiva 2008/7 no obliga a los Estados miembros a eximir las aportaciones de capital contempladas en su apartado 1 de cualquier forma de imposición directa (véase, en este sentido, la sentencia de 24 de febrero de 2022, Viva Telecom Bulgaria, C‑257/20, EU:T:2022:125, apartado 71). En concreto, el Tribunal de Justicia ha declarado ya que la armonización prevista por esta Directiva no afecta a los impuestos directos, los cuales, como el impuesto sobre sociedades, son competencia, en principio, de los Estados miembros, dentro del respeto del Derecho de la Unión (véanse, en este sentido, las sentencias de 26 de septiembre de 1996, Frederiksen, C‑287/94, EU:C:1996:354, apartado 21, y de 24 de febrero de 2022, Viva Telecom Bulgaria, C‑257/20, EU:C:2022:125, apartado 70 y jurisprudencia citada).

34      La calificación a la luz del Derecho de la Unión de un impuesto, de un gravamen, de un derecho o de una exacción corresponde efectuarla al Tribunal de Justicia en función de las características objetivas del tributo, con independencia de la calificación que le atribuya el Derecho nacional (véanse, en este sentido, las sentencias de 13 de febrero de 1996, Bautiaa y Société française maritime, C‑197/94 y C‑252/94, EU:C:1996:47, apartado 39; de 19 de marzo de 2002, Comisión/Grecia, C‑426/98, EU:C:2002:180, apartado 23 y de 30 de marzo de 2006, Aro Tubi Trafilerie, C‑46/04, EU:C:2006:210, apartado 26 y jurisprudencia citada).

35      Por lo que respecta a la calificación de la tributación controvertida en el litigio principal, resultante de la aplicación del artículo 2, apartado 2, letra d), del Código del IMT, procede señalar, de entrada, que, conforme a la reiterada jurisprudencia recordada en el apartado anterior, carece de pertinencia el hecho de que, según el Derecho nacional, pueda entenderse que esta tributación amplía la tributación recogida en el artículo 2, apartado 1, de dicho Código ya que asimila al concepto de transmisión de bienes inmuebles toda operación en virtud de la cual se confiere a un socio o a un accionista al menos el 75 % del capital social de una sociedad que posee bienes inmuebles.

36      Procede señalar, además, que la tributación controvertida en el litigio principal se distingue de la categoría de los impuestos directos, ya que no grava la percepción de ingresos o la posesión de un patrimonio por un contribuyente, sino la circulación de participaciones de sociedades que poseen bienes inmuebles, sin que sea determinante, en este contexto, cuál de las partes implicadas en la operación relativa a dichas participaciones se designa, con arreglo al Derecho nacional, como sujeto pasivo.

37      Más concretamente, con arreglo al artículo 2, apartado 2, letra d), del Código del IMT, están sujetas a tributación operaciones concretas, entre ellas, en particular, la adquisición de participaciones en una sociedad de responsabilidad limitada, cuando dicha sociedad posea bienes inmuebles y, a raíz de dicha compra, el comprador disponga de al menos el 75 % del capital social de dicha sociedad. Lo mismo sucede en el caso de una aportación de participaciones de una sociedad que posee bienes inmuebles a una sociedad de capital, a cambio de la cual la sociedad aportante recibe participaciones de la sociedad beneficiaria de dicha aportación.

38      Por lo tanto, el IMT se percibe con ocasión de la transmisión de participaciones de una sociedad que posee bienes inmuebles, incluso en caso de aportación a una sociedad de capital de tales participaciones. Pues bien, en este último caso, la tributación queda comprendida en el ámbito de aplicación del artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2008/7 (véase, por analogía, la sentencia de 11 de diciembre de 1997, Immobiliare SIF, C‑42/96, EU:C:1997:602, apartado 25).

39      Esta conclusión no queda desvirtuada por la alegación formulada por los Gobiernos portugués y alemán según la cual el hecho imponible de una tributación como la que resulta de la aplicación del artículo 2, apartado 2, letra d), del Código del IMT reside no en la transmisión de participaciones sociales en el marco de operaciones de aportaciones no dinerarias, sino en la transmisión económica de la propiedad de inmuebles.

40      En efecto, por una parte, en la medida en que dichos Gobiernos se refieren a la circunstancia de que el IMT no se devenga cuando las sociedades cuyas participaciones se transfieren no poseen bienes inmuebles, no es menos cierto que dicho impuesto se percibe cuando esas sociedades poseen tales bienes y se cumplen los demás requisitos establecidos en el artículo 2, apartado 2, letra d), del Código del IMT.

41      Por otra parte, respecto a la alegación del Gobierno alemán según la cual la base imponible del IMT corresponde, en el caso de autos, no al valor de las participaciones aportadas, sino al valor patrimonial fiscal de los bienes inmuebles de que se trata, es preciso señalar que la prohibición de tributación establecida en el artículo 5 de la Directiva 2008/7 no se limita en absoluto únicamente a los impuestos que gravan una aportación como tal, ya que, en caso contrario, dicho artículo 5 podría verse privado de su efecto útil (véanse, en este sentido, las sentencias de 5 de marzo de 1998, Solred, C‑347/96, EU:C:1998:87, apartado 21 y jurisprudencia citada; de 27 de octubre de 1998, FECSA y ACESA, C‑31/97 y C‑32/97, EU:C:1998:508, apartado 22, y de 29 de septiembre de 1999, Modelo, C‑56/98, EU:C:1999:460, apartado 27). Pues bien, la percepción del IMT con ocasión de una aportación de participaciones de una sociedad que posee bienes inmuebles a una sociedad de capital se traduce, desde el punto de vista de sus efectos, en la sujeción de dicha aportación a ese impuesto. (véase, por analogía, la sentencia de 11 de diciembre de 1997, Immobiliare SIF, C‑42/96, EU:C:1997:602, apartado 31).

42      A la vista de la anterior motivación, procede considerar que una tributación como la controvertida en el litigio principal, resultante de la aplicación del artículo 2, apartado 2, letra d), del Código del IMT, es una imposición indirecta, comprendida en la prohibición de cualquier imposición de esta naturaleza, establecida por el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2008/7 para determinadas operaciones, entre ellas las de reestructuración.

 Sobre el artículo 6, apartado 1, letras a) a c), de la Directiva 2008/7

43      El artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2008/7 establece una lista exhaustiva de aquellos impuestos y derechos distintos del impuesto sobre las aportaciones contemplado en el artículo 7 de dicha Directiva que, como excepción a lo dispuesto en el artículo 5 de esa Directiva, pueden gravar a las sociedades de capital con ocasión de las operaciones contempladas en esta última disposición.

44      En la medida en que el artículo 6 de la Directiva 2008/7 constituye una excepción a la prohibición de principio establecida en el artículo 5 de la referida Directiva, las disposiciones de dicho artículo 6 deben interpretarse en sentido estricto (véanse, en este sentido, las sentencias de 15 de julio de 2004, Comisión/Bélgica, C‑415/02, EU:C:2004:450, apartado 37, y de 9 de octubre de 2014, Gielen, C‑299/13, EU:C:2014:2266, apartados 28 y 29 y jurisprudencia citada).

45      En el presente asunto, el órgano jurisdiccional remitente pretende más concretamente que se dilucide si la tributación controvertida en el litigio principal puede estar comprendida en alguna de las excepciones que figuran en el artículo 6, apartado 1, letras a) a c), de la Directiva 2008/7.

–       Sobre el artículo 6, apartado 1, letra a), de la Directiva 2008/7

46      Conforme al artículo 6, apartado 1, letra a), de la Directiva 2008/7, los Estados miembros podrán percibir «impuestos sobre la transmisión de valores mobiliarios, aplicando un tipo uniforme o no».

47      A este respecto, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que esta disposición permite percibir un impuesto en caso de transmisión de valores mobiliarios como acciones, con independencia de si la sociedad que emite dichas acciones está admitida a cotización en bolsa y si la transmisión de estas tiene lugar en bolsa o directamente entre el transmitente y el adquirente (véanse, en este sentido, la sentencia de 17 de diciembre de 1998, Codan, C‑236/97, EU:C:1998:617, apartado 31, y el auto de 6 de octubre de 2010, IMMOGOLF, C‑487/09, EU:C:2010:586, apartado 18 y jurisprudencia citada). El Tribunal de Justicia ha declarado asimismo que la cesión de participaciones sociales está comprendida en el concepto de transmisión de valores mobiliarios (sentencia de 7 de septiembre de 2006, Organon Portuguesa, C‑193/04, EU:C:2006:519, apartado 20).

48      No obstante, dado que el artículo 6, apartado 1, letra a), de la Directiva 2008/7 es una excepción, solo está destinada a aplicarse a las transmisiones de valores negociables que constituyan una operación autónoma, y no a las transmisiones de valores mobiliarios que constituyen una operación accesoria, integrada en una operación contemplada en el artículo 5 de dicha Directiva (véanse, en este sentido, las sentencias de 15 de julio de 2004, Comisión/Bélgica, C‑415/02, EU:C:2004:450, apartados 38 y 39; de 1 de octubre de 2009, HSBC Holdings y Vidacos Nominees, C‑569/07, EU:C:2009:594, apartado 34, y de 19 de octubre de 2017, Air Berlin, C‑573/16, EU:C:2017:772, apartado 36).

49      Es cierto que en el presente asunto se produjo una transmisión de participaciones, ya que el accionista único de Nova Iberomoldes aportó a dicha sociedad, para desembolsar el capital de esta, las participaciones que poseía en el capital de otras sociedades. Sin embargo, esa transmisión no constituía una operación autónoma, sino una operación accesoria, integrada en una operación de reestructuración, tal como se contempla en el artículo 5, apartado 1, letra e), de la Directiva 2008/7. A este respecto, el presente asunto se distingue, por tanto, del asunto que dio lugar al auto de 6 de octubre de 2010, INMOGOLF (C‑487/09, EU:C:2010:586), al que se refiere la Comisión.

50      Por tanto, una tributación como la controvertida en el litigio principal no está comprendida en el ámbito de aplicación del artículo 6, apartado 1, letra a), de la Directiva 2008/7.

–       Sobre el artículo 6, apartado 1, letras b) y c), de la Directiva 2008/7

51      Con arreglo al artículo 6, apartado 1, letras b) y c), de la Directiva 2008/7, los Estados miembros podrán percibir, respectivamente, «impuestos sobre las transmisiones, incluidos los derechos de inscripción en el Registro de la Propiedad, que graven las aportaciones, a una sociedad de capital, de bienes inmuebles o de fondos de comercio situados en su territorio» e «impuestos sobre las transmisiones que graven los bienes de cualquier naturaleza que se aporten a una sociedad de capital, en la medida en que la transmisión de esos bienes tenga una contrapartida que no sean participaciones sociales».

52      A este respecto, ha de señalarse de entrada que una operación como la controvertida en el litigio principal no puede quedar comprendida en el ámbito de aplicación del artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 2008/7, aunque solo sea porque no se cumple el requisito según el cual la transmisión de los activos debe remunerarse de forma distinta que mediante participaciones sociales. En efecto, la aportación de participaciones de otras sociedades por el accionista único de Nova Iberomoldes a dicha sociedad tuvo como contrapartida las participaciones de esta última sociedad.

53      Por lo que respecta al artículo 6, apartado 1, letra b), de la Directiva 2008/7, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que esta disposición permite la percepción de derechos con motivo de la transmisión del derecho de propiedad sobre bienes inmuebles o fondos de comercio, en función de criterios generales y objetivos (véase, en este sentido, la sentencia de 15 de junio de 2006, Badischer Winzerkeller, C‑264/04, EU:C:2006:402, apartados 32 a 34 y jurisprudencia citada).

54      En el caso de autos, consta que no se produjo ninguna transmisión del derecho de propiedad. En efecto, los dos bienes inmuebles de que se trata en el litigio principal siguieron siendo propiedad de la sociedad cuyas participaciones fueron aportadas a Nova Iberomoldes por su socio único.

55      El Gobierno alemán sostiene, no obstante, que en el ámbito de aplicación del artículo 6, apartado 1, letra b), de la Directiva 2008/7 quedan comprendidas no solo las transmisiones de la propiedad jurídica de bienes inmuebles, sino también las transmisiones económicas que, según dicho Gobierno, se asimilan a ellas. Pues bien, dicho Gobierno considera que, desde un punto de vista económico, lo que se grava en el caso de autos es precisamente una trasmisión efectiva.

56      Esta argumentación no es admisible. Como se desprende de la resolución de remisión, la liquidación complementaria del IMT controvertida en el litigio principal se practicó a raíz de una operación de reorganización empresarial efectuada en el seno del grupo al que pertenece Nova Iberomoldes. Esta última se constituyó con el fin de desarrollar la actividad de gestión de participaciones y su capital social se liberó íntegramente mediante participaciones que su accionista único, que también desarrolla una actividad de gestión de participaciones, poseía en otras sociedades.

57      Pues bien, aun suponiendo que, como alega el Gobierno alemán, deba adoptarse una perspectiva económica, debe concluirse que, en una operación como la controvertida en el litigio principal, relativa a una reorganización empresarial efectuada en el seno de un grupo de sociedades, no solo no se ha producido una transmisión de la propiedad jurídica de bienes inmuebles, sino que tampoco ha habido transmisión de la propiedad efectiva de tales bienes.

58      En estas circunstancias, el artículo 6, apartado 1, letra b), de la Directiva 2008/7 no resulta aplicable.

59      Esta interpretación se ve corroborada por consideraciones relativas al contexto en el que se inscribe esta disposición y a los objetivos perseguidos por la Directiva 2008/7.

60      En efecto, por una parte, como se ha recordado en el apartado 44 de la presente sentencia, el artículo 6 de la Directiva 2008/7 constituye una excepción a la prohibición establecida en el artículo 5 de la citada Directiva, de modo que, como excepciones a la regla de no tributación, las disposiciones de dicho artículo 6 deben interpretarse en sentido estricto.

61      Por otra parte, como se desprende de sus considerandos 3 y 4, la Directiva 2008/7 tiene por objeto, entre otras cosas, reducir los obstáculos fiscales a la reorganización de las empresas (véase, asimismo, por analogía, la sentencia de 13 de octubre de 1992, Commerz-Credit-Bank, C‑50/91, EU:C:1992:386, apartado 11). Ahora bien, este objetivo peligraría si se siguiera el punto de vista defendido por el Gobierno alemán.

62      Por tanto, una tributación como la controvertida en el litigio principal no está comprendida en el ámbito de aplicación del artículo 6, apartado 1, letras b) y c), de la Directiva 2008/7.

 Sobre la prevención del fraude y de la evasión fiscales

63      Por otra parte, el Gobierno portugués sostiene que la tributación resultante de la aplicación del artículo 2, apartado 2, letra d), del Código del IMT se justifica por el objetivo de prevenir el fraude y la evasión fiscales.

64      A este respecto, procede señalar que la Directiva 2008/7 no contiene ninguna norma destinada específicamente a prevenir el riesgo de fraude o de evasión fiscales, pero los Estados miembros pueden oponerse a la aplicación del Derecho de la Unión en circunstancias constitutivas de una práctica fraudulenta o abusiva (véanse, en este sentido, las sentencias de 8 de noviembre de 2007, ING. AUER, C‑251/06, EU:C:2007:658, apartados 40 y 41, y de 9 de julio de 2009, Comisión/España, C‑397/07, EU:C:2009:436, apartado 29 y jurisprudencia citada).

65      Sin embargo, los Estados miembros no pueden basarse, en este contexto, en presunciones generales (véase, en ese sentido, la sentencia de 9 de julio de 2009, Comisión/España, C‑397/07, EU:C:2009:436, apartado 30 y jurisprudencia citada).

66      Pues bien, procede señalar que una disposición como el artículo 2, apartado 2, letra d), del Código del IMT se basa en una presunción general puesto que, habida cuenta de su tenor literal, parece aplicarse, sin excepción, a toda operación en cuyo marco se transmitan participaciones de sociedades cuyos activos incluyan bienes inmuebles, con independencia de que exista o no un indicio concreto de la existencia de una práctica fraudulenta o abusiva.

67      Por lo tanto, por lo que respecta a las operaciones comprendidas en el ámbito de aplicación del artículo 5 de la Directiva 2008/7, la aplicación de una disposición como el artículo 2, apartado 2, letra d), del Código del IMT va más allá de lo necesario para alcanzar el objetivo de lucha contra el fraude y la evasión fiscales y, por tanto, no es conforme con el principio de proporcionalidad que los Estados miembros deben respetar al perseguir ese objetivo (véase, en este sentido, la sentencia de 20 de diciembre de 2017, Deister Holding y Juhler Holding, C‑504/16 y C‑613/16, EU:C:2017:1009, apartado 56 y jurisprudencia citada).

68      A mayor abundamiento, y en cualquier caso, el Gobierno portugués no ha sostenido que la operación controvertida en el litigio principal constituya una práctica fraudulenta o abusiva y, por otra parte, de ningún elemento de los autos que obran en poder del Tribunal de Justicia se desprende que así sea (véase, por analogía, la sentencia de 13 de marzo de 2025, John Cockerill, C‑135/24, EU:C:2025:176, apartado 51).

69      Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede responder a las cuestiones prejudiciales primera a quinta que los artículos 3, letra a), 4, apartado 1, letra b), 5, apartado 1, letras a) y e), y 6, apartado 1, letras a) a c), de la Directiva 2008/7 deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional que establece que una operación de constitución de una sociedad de capital cuyo capital social se desembolsa íntegramente mediante la aportación de participaciones en otras sociedades que poseen bienes inmuebles por la sociedad aportante, que recibe, como contrapartida, la totalidad del capital social de la sociedad así constituida, será objeto de una tributación cuya base se determinará según el valor patrimonial fiscal de dichos bienes inmuebles o, en su caso, el valor contable según balance.

 Sexta cuestión prejudicial

70      Habida cuenta la respuesta dada a las cuestiones primera a quinta, no procede examinar la sexta cuestión.

 Costas

71      Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Primera) declara:

Los artículos 3, letra a), 4, apartado 1, letra b), 5, apartado 1, letras a) y e), y 6, apartado 1, letras a) a c), de la Directiva 2008/7/CE del Consejo, de 12 de febrero de 2008, relativa a los impuestos indirectos que gravan la concentración de capitales,

deben interpretarse en el sentido de que

se oponen a una normativa nacional que establece que una operación de constitución de una sociedad de capital cuyo capital social se desembolsa íntegramente mediante la aportación de participaciones en otras sociedades que poseen bienes inmuebles por la sociedad aportante, que recibe, como contrapartida, la totalidad del capital social de la sociedad así constituida, será objeto de una tributación cuya base se determinará según el valor patrimonial fiscal de dichos bienes inmuebles o, en su caso, el valor contable según balance.

Firmas


*      Lengua de procedimiento: portugués.

Monday, November 16, 2026

AUTOS TS 28-10-2026 Y 11-06-2025: DERIVACIÓN DE RESPONSABILIDAD SOLIDARIA Y PRESCRIPCIÓN TRIBUTARIA

Id Cendoj: 28079130012026202037
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
Sede: Madrid
Sección: 1
Fecha: 28/10/2026
Nº de Recurso: 1451/2026

Nº de Resolución:
Procedimiento: Recurso de Casación Contencioso-Administrativo (L.O. 7/2015)
Ponente: SANDRA MARIA GONZALEZ DE LARA MINGO
Tipo de Resolución: Auto

 CUARTO.- Verificación de la concurrencia de interés casacional objetivo en el recurso.


1.Esta cuestión presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, porque en la sentencia recurrida se han aplicado normas que sustentan la razón de decidir sobre las que no existe jurisprudencia del Tribunal Supremo [ artículo 88.3.a) LJCA], lo que hace conveniente un pronunciamiento del Tribunal Supremo que las esclarezca, en beneficio de la seguridad jurídica y de la consecución de la igualdad en la aplicación judicial del Derecho ( artículos 9.3 y 14 CE).


2.Así, respecto a la cuestión que plantea este recurso de casación, debemos precisar que resulta necesario determinar el inicio del cómputo del plazo de prescripción para exigir la responsabilidad solidaria ex artículo42.2.a) de la LGT en supuestos de responsabilidad tributaria concatenada; esto es, si dicho plazo comienza con la realización de los actos de presunta ocultación o si se inicia a partir de la notificación o finalización del periodo de pago voluntario derivado de la previa declaración de responsabilidad subsidiaria. Esta concreta cuestión jurídica guarda plena identidad sustancial con la admitida a trámite por esta Sala en el Auto de 11 de junio de 2025 ( ATS 5798/2025), lo que justifica su admisión para fijar doctrina jurisprudencial uniforme en garantía de los principios de seguridad jurídica e igualdad en la aplicación del Derecho ( arts. 9.3 y 14 CE).


QUINTO.- Admisión del recurso de casación. Normas objeto de interpretación.


1.Conforme a lo indicado anteriormente, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 88.1 LJCA, en relación con el artículo 90.4 de la misma norma, esta Sección Primera aprecia que este recurso presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, respecto de la siguiente cuestión:
 

Precisar en qué momento se inicia el plazo de prescripción de la acción para derivar la responsabilidad solidaria a partir de la que corresponde al responsable subsidiario, si desde que finalizó para el deudor principal el periodo de pago voluntario para la presentación de la autoliquidación del impuesto que origina la deuda que se derivó subsidiariamente o desde que finalizó para los responsables subsidiarios el periodo de pago voluntario que siguió a la declaración de dicha responsabilidad subsidiaria.


2.Las normas que, en principio, serán objeto de interpretación son los artículos 42.2. a), 66 y 67.2 de la Ley58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE de 18 de diciembre) [«LGT»].


Ello sin perjuicio de que la sentencia haya de extenderse a otras si así lo exigiere el debate finalmente trabado en el recurso, ex artículo 90.4 de la LJCA.

Id Cendoj: 28079130012025201054
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
Sede: Madrid
Sección: 1
Fecha: 11/06/2025
Nº de Recurso: 3941/2024

Nº de Resolución:
Procedimiento: Recurso de Casación Contencioso-Administrativo (L.O. 7/2015)
Ponente: RAFAEL TOLEDANO CANTERO
Tipo de Resolución: Auto

QUINTO.- Cuestiones en las que existe interés casacional.


Conforme a lo expuesto y, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 88.1 LJCA, en relación con el 90.4 dela misma norma, procede admitir a trámite el recurso de casación preparado, al apreciar esta Sección de Admisión que el mismo presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia respecto dela siguiente cuestión:


Precisar en qué momento se inicia el plazo de prescripción de la acción para derivar la responsabilidad solidaria a partir de la que corresponde al responsable subsidiario, si desde que finalizó para el deudor principal el periodo de pago voluntario para la presentación de la autoliquidación del impuesto que origina la deuda que se derivó subsidiariamente o desde que finalizó para los responsables subsidiarios el periodo de pago voluntario que siguió a la declaración de dicha responsabilidad subsidiaria.


SEXTO.- Justificación suficiente de que el recurso planteado cuenta con interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia.

La cuestión antedicha presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, porque suscita una cuestión jurídica similar a la de otros recursos admitidos a trámite [vid.entre otros, el auto de 19 de noviembre de 2020 (RCA 6944/2019; ECLI:ES:TS:2020:10812A)]. En ese auto se apreció la existencia de interés casacional para la formación de la jurisprudencia, por lo que exigencias de unidad de doctrina, inherentes a los principios de seguridad jurídica y de igualdad en la aplicación de la ley ( artículos 9.3 y 14 de la Constitución),imponen aquí reiterar el criterio interpretativo que allí se siguió y la cuestión planteada merece igual respuesta que la que en aquellos autos se contiene.


Además, en el citado recurso se ha dictado sentencia por esta Sala, en fecha 17 de febrero de 2022 (ECLI:ES:TS:2022:673), en un sentido favorable a la pretensión de la Administración recurrente, habiéndose concluido que en un caso como el que constituye el objeto de esta litis, «[...] el momento en que se inicia el plazo de prescripción de la acción para derivar la responsabilidad solidaria de la que responde el responsable subsidiario es desde que finaliza para este último el periodo de pago voluntario que sigue a la declaración de tal responsabilidad subsidiaria».


SÉPTIMO.- Admisión del recurso de casación. Normas que en principio serán objeto de interpretación.


1.En virtud de lo dispuesto en el artículo 88.1 LJCA, en relación con el artículo 90.4 LJCA, procede admitireste recurso de casación, cuyo objeto será, por presentar interés casacional objetivo para la formación de lajurisprudencia, la cuestión descrita en el razonamiento jurídico quinto.


2.Las normas que, en principio, serán objeto de interpretación son los artículos 67.2 de la Ley 58/2003, de 17de diciembre, General Tributaria, en relación con el artículo 1969 del Código Civil y 42.2.a) de la LGT.
Ello sin perjuicio de que la sentencia que resuelva la presente casación haya de extenderse a otras normas siasí lo exigiere el debate finalmente trabado en el recurso, ex artículo 90.4 LJCA.

Saturday, November 7, 2026

TEDH: ARANCEDIS S.L. CONTRA ESPAÑA (I)

 

The European Court of Human Rights (Fifth Section), sitting on 9 July 2026 as a Committee composed of:

 Andreas Zünd, President,
 María Elósegui,
 Mykola Gnatovskyy, judges,
and Martina Keller, Deputy Section Registrar,

Having regard to:

the application (no. 23827/25) against the Kingdom of Spain lodged with the Court under Article 34 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (“the Convention”) on 29 July 2025 by Arancedis S.L. (“the applicant company”), a private company founded in 1997 and incorporated under Spanish law, with its registered office in Aranjuez, which was represented by Mr E. Simon Acosta, a lawyer practising in Pamplona;

Having deliberated, decides as follows:

SUBJECT MATTER OF THE CASE

1.  The case concerns allegedly unfair judicial proceedings related to an action brought by the applicant company to challenge a fine imposed by the Spanish Tax Management Agency (“the tax authorities”). The applicant company relied on Article 6 § 1 of the Convention.

2.  In 2015 the tax authorities discovered during an investigation that the applicant company had systematically failed to number invoices sequentially between 2011 and 2013 and had not included the tax rate applicable to invoices in 2013, in breach of domestic law. As a result, the tax authorities concluded that the applicant company had acted negligently and fined it 1,788,382.98 euros.

3.  The applicant company appealed against that decision, but the Central Economic Administrative Court (TEAC) dismissed the appeal, whereupon the applicant company lodged a claim for judicial review of the administrative decision with the Administrative Chamber of the Audiencia Nacional, arguing that the penalty had been disproportionate and incorrectly calculated, the invoice numbers had been correct, and no guilt (culpabilidad), could be attributed to the company.

4.  On 3 November 2023 the Audiencia Nacional dismissed the claim. Considering the case a matter of domestic law, it found that the applicant company had systematically departed from the law and the common practice in its sector for the correct identification of the invoices. In particular, it considered that the IT system used by the applicant company failed to comply with domestic regulations and, as a result, gaps in the invoice numbering were widespread; during 2013 the proper tax rate had not been applied (as admitted to by the applicant company); the applicant company had failed to either justify those shortcomings or to explain why it could not have put its invoice identification system in compliance with domestic law, despite the technical report submitted; and, in respect of the question of guilt, even a mere act of negligence was punishable.

5.  The applicant company lodged an appeal on points of law with the Supreme Court. It argued that the Audiencia Nacional’s interpretation of the regulation regarding the calculation of the penalty had not been correct. It further alleged that the Audiencia Nacional had departed, without justification, from its judgment of 18 May 2022, by which the same court had granted an appeal of an unrelated company which had failed to use sequential numbering in the identification of its invoices in an allegedly identical case. In that case, the Audiencia Nacional, upon an explicit complaint by the complainant company, had taken into account, among other things, EU law and practice as regards sequential numbering and had noted that the complainant company had used the same IT system in different European countries without any legal problem and had submitted a technical report that had given a sufficient explanation for the deviations. The Audiencia Nacional had found, on the basis of the complainant company’s submissions, that the complainant company had convincingly demonstrated that it had made a reasonable interpretation of the law and it could therefore be exonerated from any liability.

6.  On 27 November 2024 the Supreme Court declared the appeal on points of law inadmissible for failure to substantiate its objective legal significance (interés casacional objetivo).

7.  The applicant company lodged an amparo appeal with the Constitutional Court. Firstly, it argued that it had suffered discrimination because the Audiencia Nacional had allegedly treated two similar cases differently. Secondly, it alleged that the Supreme Court’s inadmissibility decision had breached the applicant company’s right to effective judicial protection on account of lack of reasoning in the decision and it expressly stated that the Supreme Court’s ruling had given rise to a separate breach of the right to a fair trial. It relied on the Constitutional Court’s judgment no. 112/2019 of 3 October 2019 clarifying an exhaustion criterion and on a more recent judgment of 9 April 2024 (see paragraph 10 below), to argue that its amparo appeal was admissible.

8.  On 7 April 2025 the Constitutional Court declared the amparo appeal inadmissible. The applicant company’s argument referring to the Supreme Court’s decision was declared inadmissible for failure to bring a prior action for annulment of the proceedings against it. The remainder of the amparo appeal was declared inadmissible for lack of constitutional significance.

9.  The applicant company complained under Article 6 of the Convention that the Audiencia Nacional had departed without justification from its findings reached in the judgment delivered in 2022 and therefore had breached the applicant company’s right to “equality before the law”. It further complained under the same provision that the Constitutional Court, by declaring its amparo appeal inadmissible for not bringing a prior action for the annulment of proceedings (incidente de nulidad) in an unforeseeable manner and in deviation of its settled case-law, had breached its right to a fair trial.

Relevant domestic law and practice

10.  Relevant domestic law concerning procedural requirements for lodging an amparo appeal, are summarised in Olivares Zúñiga v. Spain (no. 11/18, §§ 14-15, 15 December 2022). By judgment no. 112/2019 of 3 October 2019, the Constitutional Court clarified and amended its doctrine concerning the need to bring an action for the annulment of proceedings before seeking constitutional protection in cases where: (i) the alleged infringement of fundamental rights originated not from the most recent judicial decision, but from the one which immediately preceded it and (ii) such infringement was not subject to judicial scrutiny because the appeal lodged against the judicial decision deemed to infringe fundamental rights had been dismissed on procedural grounds not attributable to an appellant’s lack of diligence on the part of the party (point II.3 of the judgment). The Constitutional Court concluded that in such cases it was not necessary to bring an action for the annulment of proceedings in order to satisfy the requirement to exhaust judicial remedies before lodging an amparo appeal (for point 3 of the judgment, see Olivares Zúñiga, cited above, § 18). By judgments no. 61/2024 of 9 April 2024 and no. 79/2025 of 24 March 2025 (referred to by the applicant company at the domestic level and in its submissions to the Court respectively) the Constitutional Court reiterated that approach.

THE COURT’S ASSESSMENT

11.  The Court notes that the applicant company stated in its application form that it was not requesting the Court to rule on the infringement of the right to equality, since it was not the Court’s role to resolve disputes concerning the interpretation of domestic law. Nevertheless, as it also expressly mentioned in the section concerning the statement of alleged violations of the Convention that its right to equality before the law had been infringed, the Court considers that this issue must also be examined.

12.  Tax matters such as the ones that are now before the Court form part of the hard core of public-authority prerogatives, with the public nature of the relationship between the taxpayer and the community remaining predominant, despite the pecuniary effects which tax disputes necessarily produce for the taxpayer. It follows that Article 6 § 1 of the Convention is not applicable under its civil limb (see, most recently, Vegotex International S.A. v. Belgium ([GC], no. 49812/09, § 66, 3 November 2022). As to the criminal limb of Article 6, the Court does not find it necessary to examine in detail the legal framework and nature of the penalty in the present case since, assuming that Article 6 applies (see, mutatis mutandis, Melgarejo Martinez de Abellanosa v. Spain, no. 11200/19, § 25, 14 December 2021), the applicant company’s complaints are inadmissible for the reasons set out below.

  1. Complaint concerning conflicting domestic judgments in allegedly similar cases

13.  As regards the complaint that the Audiencia Nacional delivered conflicting decisions in two similar cases, including the applicant company’s, the possibility of conflicting court decisions is an inherent trait of any judicial system and cannot, in itself, be considered contrary to the Convention (see Nejdet Şahin and Perihan Şahin v. Turkey [GC], no. 13279/05, § 51, 20 October 2011). In particular, giving two disputes different treatment cannot be considered to give rise to conflicting case-law when this is justified by a difference in the factual situations at issue (see Hayati Çelebi and others v. Turkey, no. 582/05, § 52, 9 February 2016). On the contrary, divergent decisions by domestic courts in cases based on identical facts may run counter to the principle of legal certainty and may even amount to a denial of justice (see Melgarejo Martinez de Abellanosa, cited above, §§ 30 and 34, and, mutatis mutandis, Latorre Atance v. Spain, no. 33818/22, § 55, 18 December 2025). The Court has to establish, notably, whether “profound and long‑standing differences” existed in the case-law of a higher court (see Borg v. Malta, no. 37537/13, § 108, 12 January 2016, and, mutatis mutandis, Stanković and Trajković v. Serbia, nos. 37194/08 and 37260/08, § 40, 22 December 2015, with further references).

14.  In the present case, the Court observes that neither the facts nor the complaints in the applicant company’s case and the case decided by the Audiencia Nacional in 2022 were identical. The applicant company’s case additionally concerned the failure to state the tax rate on the invoices during 2013. The dispute related to the failure to use sequential numbering in the identification of invoices was examined by the domestic court, taking into consideration, in particular, the nature and extent of the gaps, the IT system used, the explanations to justify the deviations and the technical report that each company had submitted. In addition, in the 2022 judgment, the domestic court specifically addressed the explicit complaint by the complainant company as to the possible inconsistencies between domestic law and EU regulations on the matter, while in the present case the applicant company did not raise such issue before the Audiencia Nacional, nor did it provide a convincing explanation for its use of the specific invoice numbering system or its inability to bring it into conformity with domestic law.

15.  In any event, while referring to the specific 2022 judgment, the applicant company did not submit – and there is nothing in the material in the case file to otherwise suggest – that the alleged divergence went against well‑established case-law on which the applicant company could have reasonably relied to expect a specific outcome of its appeal, and from which the domestic court might have deviated without justification (see Melgarejo Martinez de Abellanosa, cited above, § 35). Nor was it demonstrated that there existed “profound and long-standing differences” in the case-law of the domestic courts (ibid., § 36).

16.  It follows that this complaint is manifestly ill-founded and must be dismissed pursuant to Article 35 §§ 3 (a) and 4 of the Convention.

  1. Complaint concerning the refusal of access to a court in the amparo appeal proceedings

17.  General principles concerning the right of access to a court are summarised in Arrozpide Sarasola and Others v. Spain (nos. 65101/16 and 2 others, §§ 98-100, 23 October 2018, with further references including, as regards the foreseeability criteria, Zubac v. Croatia [GC], no. 40160/12, §§ 87-88, 5 April 2018).

18.  The Court notes at the outset that, contrary to the applicant company’s assertions in the application form, the Constitutional Court declared the amparo appeal inadmissible for failure to bring a prior action for annulment only in so far as the complaint about the Supreme Court’s inadmissibility decision was concerned, while the other grounds for appeal were declared inadmissible for lack of constitutional significance.

19.  As regards the part of the complaint which was indeed dismissed on the ground of the applicant company’s failure to exhaust available remedies, the Court examined the requirement of a prior action for annulment before the lodging of an amparo appeal with the Spanish Constitutional Court in Olivares Zúñiga v. Spain (no. 11/18, §§ 28-36, 15 December 2022) and, most recently, in Sarmiento Álvarez v. Spain ((dec.) [Committee], no. 6472/25, § 18, 5 February 2026, albeit in the context of labour proceedings). The Court attached particular importance to whether the procedure to be followed for an action for annulment could be regarded as foreseeable, at the relevant time, from the litigant’s point of view (see Olivares Zúñiga, cited above, § 31).

20.  In particular, the Court has already noted that in Ruling no. 112/2019 of 3 October 2019, the Spanish Constitutional Court had changed its approach, considering its previous approach tainted with arbitrariness. In that ruling, the Constitutional Court had found that bringing an action for annulment was not necessary for the exhaustion of judicial remedies before lodging an amparo appeal when applicants had asserted their constitutional rights at every level of jurisdiction (see Olivares Zúñiga, cited above, §§ 18 and 34). On the contrary, it was necessary to bring an action for annulment before lodging an amparo appeal when the final decision itself had given rise to an independent infringement of a fundamental right (see Sarmiento Álvarez, cited above, § 18).

21.  In the present case, the Constitutional Court found that the applicant company had failed to exhaust domestic remedies in respect of its complaint about the Supreme Court’s decision to declare its appeal inadmissible (see paragraph 8 above). In its amparo appeal, the applicant company had expressly argued that the insufficiency of the reasoning in the Supreme Court’s decision had amounted to a separate violation of its right to a fair trial (see paragraph 7 above). By contrast to Olivares Zúñiga (cited above, §§ 32‑33), the alleged violation of fundamental rights in the present case therefore arose from the final judicial decision itself, rather than from any previous one.

22.  In the light of the foregoing, the Court does not see a reason to disagree with the Constitutional Court’s finding that the applicant company was required to bring an action for annulment only in relation to its complaint about the Supreme Court’s inadmissibility decision (see Sarmiento Álvarez, cited above, § 19). Furthermore, it was not demonstrated that the requirement to bring such action was unforeseeable. The applicant company’s argument to that effect is confined to the alleged misapplication by the Constitutional Court of its own doctrine as set out in the judgment of 3 October 2019. However, contrary to the applicant company’s interpretation, the Constitutional Court’s findings of 3 October 2019 were not applicable to the complaint at hand. Indeed, in the present case, the judicial authorities did not have an opportunity to decide on the complaint lodged in the amparo appeal regarding the breach of the fundamental right. Moreover, as noted above, the Constitutional Court did not refer to the need to bring an action for annulment in respect of the applicant company’s remaining grounds for the amparo appeal concerning the Audiencia Nacional’s judgment. The Court further notes that the events of the case unfolded six years after the Constitutional Court had issued Ruling no. 112/2019 and that the applicant company was aware of its scope and content, as it quoted that case, as well as a more recent judgment of 9 April 2024 (see paragraph 10 above), in its amparo appeal (see paragraph 7 above). In these circumstances, the burden of adverse consequences of a procedural error – that is, the failure to bring an action for annulment in respect of the complaint about the Supreme Court’s inadmissibility decision – is therefore placed on the applicant company (see Zubac, cited above, §§ 90 and 121).

23.  It follows that this part of the application is also manifestly ill-founded and must be dismissed pursuant to Article 35 §§ 3 (a) and 4 of the Convention.

 

For these reasons, the Court, unanimously,

Declares the application inadmissible.

Done in English and notified in writing on 3 September 2026.

 

(En nuestra modesta opinión, otra solución debería derivarse de la doctrina del TEDH en el caso 

MELGAREJO MARTINEZ DE ABELLANOSA V. ESPAÑA (RESOLUCIONES CONTRADICTORIAS)

 

35. In the present case, the Court observes that the alleged divergencea ffected the applicant’s appeal as compared to the ones lodged by his siblings.
The judgment on the applicant’s appeal had been adopted two months earlier than the judgment on his siblings’ appeals. The applicant did not submit that the divergence on that specific issue went against a well-established case-law on which he could have reasonably relied to expect a specific outcome of his
appeal and even less that such divergence extended over any longer period than between the judgment in his case and the judgments in his siblings’cases, and he did not provide any further examples of judgments in whichsuch a divergence might have taken place, either before the judgment in his case of 19 June 2017 or after. In sum, the only element that could raise the issue of legal certainty is the divergent outcomes in the interpretation of aspecific point of law in parallel proceedings of the applicant’s siblings, who had been subject to similar tax claims (compare to Borg v. Malta, no. 37537/13, §§ 110-11, 12 January 2016).


36. Given these circumstances, and bearing in mind that it is not its function to compare different decisions delivered by national courts, the Court concludes that there were no “profound and long-standing differences”in the relevant case-law and no breach of the principle of legal certainty to an extent incompatible with the guarantees of Article 6 § 1.


37. Accordingly, there has been no violation of Article 6 § 1 of theConvention on this account.


(ii) On the reasoning of the Audiencia Nacional


38. In respect of the reasoning of the Audiencia Nacional in the applicant’s case, the Court observes that, on 8 September 2016, the TEAC declared the applicant’s payment of the main debt null and void. On the basis of that decision, the applicant submitted his pleadings before the Audiencia Nacional on 2 February 2017, arguing, among other things that, as the surcharge and interest were ancillary to the main debt, they should equally be declared null and void.
 

39. The Audiencia Nacional, in its judgment of 19 June 2017, addressed the same issues the administrative bodies had dealt with previously, but did not provide any reasoning concerning the applicant’s new argument that derived from the annulment of the main debt. In this respect, the judgment included the phrase “the allegations made at this time should have been made at the time when the tax was demanded ...”. However, the Audiencia Nacional failed to explain why despite the fact that the surcharge and interest were considered ancillary under section 25 of the General Tax Act, the enforcement proceedings concerning the surcharge and interest could be pursued even in the absence of a valid enforcement title for the main debt, as declared in the TEAC’s decision of 8 September 2016 (see paragraph 11above).


40. The Court further observes that, when the applicant lodged the application for annulment with the Audiencia Nacional, he complained of the lack of a reply to his submission concerning the ancillary nature of the surcharge and interest in the judgment of 19 June 2017. The AudienciaNacional, in its decision of 3 April 2018, did not expressly respond to that particular submission made by the applicant.


41. As stated above, the obligation to give reasons does not require a detailed answer to every argument advanced by the complainant, but only aspecific and explicit reply to the arguments which are decisive for the outcome of those proceedings. In the present case, the applicant’s argument concerning the ancillary nature of the surcharge and interest was potentially decisive for the outcome of the case, as shown by the judgments of2 8 September 2017 in the applicant’s siblings’ cases, which allowed their appeals precisely on the basis of that specific argument.

 42. It is not the Court’s task to determine whether the applicant’s claimsshould have been allowed or not. It is not even its task to examine whether his submissions were well‑founded. However, it is not necessary for the Court to conduct such an examination in order to conclude that the applicant’ssubmission concerning the ancillary nature of the surcharge and interest was in any event relevant and, as noted above, potentially decisive for the outcome of the case. It therefore required a specific and express reply, which the domestic courts did not provide. In such circumstances, it is impossible to ascertain whether the Audiencia Nacional failed to examine the applicant’s submission at all, or whether it assessed and dismissed it and, if so, what were the reasons for so deciding (see, mutatis mutandis, Farzaliyev v. Azerbaijan,no. 29620/07, § 39, 28 May 2020).


43. The foregoing considerations are sufficient to enable the Court toconclude that the applicant’s right to a reasoned judgment has been breached.


44. There has accordingly been a violation of Article 6 § 1 of theConvention on this account."