Hoy hay una cosa cierta. O se va adelante en el proceso
constituyente europeo y después global y se pone en marcha un proceso general
de integración política, basado en la garantía de la paz y de los derechos vitales
de todos, o se retrocede de un modo brutal y radical. O se va hacia la
integración constitucional y la unificación política de Europa, tal vez
mediante una asamblea constituyente europea, o bien se producirá una disgregación
del Unión y una quiebra de nuestras economías y nuestras democracias en
beneficio de tantos populismos como como están creciendo en todos los países europeos.
O se imponen límites al desarrollo desregulado y salvaje del capitalismo
global, en interés de todos, o se irá hacia un futuro de seguras catástrofes: a
las devastaciones medioambientales consiguientes a un desarrollo industrial
ecológicamente insostenible; a la amenaza nuclear en un mundo saturado de
armamentos incomparablemente más mortíferos que los de cualquier época pasada;
al crecimiento exponencial de la desigualdad , la miseria y el hambre, y a
desarrollo incontrolado del crimen organizado y el terrorismo.
Toda la
historia del derecho moderno es la historia atormentada de un largo proceso de
limitación de los poderes absolutos, a través de vínculos impuestos a los
mismos como instrumentos de tutela y actuación de los derechos de todos y de la
convivencia pacífica. Por eso, es un elemental realismo del largo plazo el que
hace necesario y urgente, como condición de supervivencia del género humano, el
proyecto de un constitucionalismo global basado en la igualdad de todos los
seres humanos, en el desarme generalizado, en los límites al desarrollo
industrial insostenible y en la globalización de las garantías de los derechos
fundamentales y de los bienes comunes y vitales.
Sería una
quiebra de la razón-de esa artificial reason a la que, en el origen de la Edad
Moderna, se remitió Thomas Hobbes en apoyo del contrato social- que este
proceso se interrumpiese, precisamente cuando los poderes viejos y nuevos han
llegado a ser más amenazantes que nunca para la supervivencia de la humanidad.
(…)
Una víctima
inevitable de esta regresión, además de las dimensión sustancial y constitucional
de nuestras democracias, son las bases sociales del proyecto de unificación
europea con su consiguiente deterioro. El Brexit es solo un síntoma clamoroso
de esta involución civil de Europa, generada en realidad por la marginación de
la política producida por el absurdo marco institucional europeo. En efecto, se
ha puesto de manifiesto una llamativa contradicción que está en el origen de la
crisis de la Unión y que consiste en su irracional arquitectura institucional.
En el plano jurídico, la Unión Europea es ya una federación, si por “federación”
se entiende la separación de funciones comunitarias y funciones federadas y la
atribución a las primeras de relevantes poderes normativos cuyo ejercicio
produce normas que entran inmediatamente en vigor en los ordenamientos de los
estado federados sin necesidad de una ratificación por parte de sus parlamentos
.Lo que falta es la dimensión política de la federación , al estar Europa
gobernada no por un gobierno federal vinculado al cuidado de los intereses comunes
de la Unión, sino por un consenso internacional de estados en los cuales lo más que cabe es realizar una
constante mediación pacticia entre los intereses en conflicto, cuyo resultado
es inevitablemente la prevalencia de los intereses de los países más fuertes. Es
así como la Unión ha vuelto a ser solamente un mercado común, sin que la
reducción de las esferas públicas estatales en materia de políticas económicas
y sociales hay sido reemplazada por una esfera pública europea. Y es claro que
un federalismo jurídico europeo sin un gobierno político federal no es
sostenible a largo plazo. En efecto, pues las políticas de austeridad impuestas
por los organismos comunitarios, al llevar consigo el crecimiento de las
desigualdades y la reducción del estado social, como era previsible, están
provocando la disgregación de la sociedad europea, la quiebra de la solidaridad
y del sentido de pertenencia de los diversos pueblos a misma comunidad política,
el crecimiento de la antipolítica que siempre se desarrolla como reflejo inevitable
de los fracasos de la política. En síntesis, de no darse un cambio de dirección
en las políticas comunitarias, asistiremos, en breve, al lento suicidio político
de la Unión Europea.
(Luigi
Ferrajoli: Constitucionalismo más allá del Estado. Editorial Trotta, S.A., 2018.Págs
57-58 y 82)
El detalle
de los procesos de crisis constitucional nacional reviste peculiaridades
propias en cada país.
Ferrajoli
menciona muchos de los detalles correspondientes a Italia, que también abundan
en todas sus obras.
Por
referirnos brevemente a nuestro país, pueden citarse unos pocos pero
significativos ejemplos a los que se ha aludido en este sitio desde hace años:
1) La modificación en el año 2007,
mediante la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, del recurso
de amparo constitucional y su transformación en un recurso solo admisible en
caso de “especial trascendencia constitucional”, que es un requisito no contenido
en la Constitución y que contradecía la historia previa del recurso de amparo
durante casi 30 años.
Se legitiman así las infracciones de derechos constitucionales que no
revistan “especial trascendencia constitucional”.
2) Las sucesivas modificaciones del
recurso de casación y la exigencia en la mayoría de los ámbitos de un interés
casacional objetivo para la formación de jurisprudencia.
Se legitiman así las infracciones de la legalidad ordinaria no
cualificadas por el “interés casacional objetivo” y, en definitiva, el derecho
constitucional a la legalidad en áreas tan relevantes como el derecho de
propiedad, la legalidad en el ámbito administrativo sancionador y el principio
de legalidad en materia tributaria.
3) El recurso abusivo a formas de
ejercicio del poder sin las suficientes garantías, como la utilización del
decreto-ley, el retraso de los procedimientos de inconstitucionalidad y las declaraciones
de invalidez meramente retóricas y sin consecuencias prácticas.
Una realidad incuestionable puesta de manifiesto por
Ferrajoli es que hoy, más que nunca, el Derecho y los derechos o son de todos o
sucumbirán como forma de protección, regulación y legitimación social. La justicia
sin Derecho y sin derechos de todos es un experimento repetidamente fracasado. En el ámbito
internacional y nacional, la única alternativa es la guerra. La historia, que
sirve para saber lo que ha pasado, ofrece una triste y trágica prueba de ello.
