Los síntomas de la preocupante crisis constitucional española se multiplican. El Gobierno y la mayoría parlamentaria que lo sostiene se equivocan en cuestiones capitales. La oposición parece demasiado preocupada por la alternancia en el poder.Pero la alternancia en una crisis constitucional profunda tiene riesgos cada día más evidentes que no desaparecerían con la misma.
El panorama político e institucional debería reforzarse con la actuación de plataformas ciudadanas e institucionales sobre cuestiones concretas que agrupen a ciudadanos de distintas filiaciones o sin filiación alguna en torno a cuestiones de gran trascendencia para nuestro país.La posición de las distintas plataformas (Foro Ermua,etc) sobre la negociación con ETA es un ejemplo claro cuya proliferación restaría a los actores políticos un protagonismo que, por sus errores, requiere un contrapeso vigoroso.
La última refriega es entre la Audiencia Nacional y la Fiscalía en el caso Otegui, por haber retirado la Fiscalía los cargos contra el político vasco y no haber podido el Tribunal entrar a juzgar su culpabilidad.
Ayer, el portavoz de la Asociación de Fiscales publicaba el siguiente comunicado en el diario ABC:
"Ya está bien
24-3-2007 03:25:38
Guillermo García-Panasco
Presidente y portavoz de la Asociación de Fiscales
Desde la Asociación de Fiscales queremos transmitir un sentimiento que creemos ya generalizado en nuestra carrera: indignación. Los constantes cambios de criterio de la Fiscalía en los últimos tiempos, en asuntos de especial relevancia en los que una institución «se la juega», han contribuido a ello. Y decimos esto porque, desgraciadamente, la sospecha de utilización de la Fiscalía según la coyuntura política del momento parece la única explicación posible a tanto despropósito.
Creemos que los ciudadanos merecen una explicación veraz por parte del máximo responsable de esta situación, que es el fiscal general del Estado, que ha llevado a nuestra carrera a unos niveles de descrédito y desconfianza sin precedentes. Pero al mismo tiempo reivindicamos el rigor profesional de la inmensa mayoría de los fiscales de este país, que ya no nos sentimos representados por Cándido Conde-Pumpido.
Nos duelen las reiteradas afirmaciones que vinculan al Ministerio Fiscal con el Gobierno de turno. Hay que decir alto y claro que ese no es el diseño constitucional.Los partidos tienen ante sí una nueva oportunidad histórica para remediar esta situación: una reforma de nuestro Estatuto profesional que garantice la autonomía real del Ministerio Fiscal. La solución no pasa por manifestaciones ante las puertas de instituciones sólidas de nuestro país ni con querellas de dudosa viabilidad jurídica. Sin embargo, esto nos debe hacer reflexionar sobre el creciente distanciamiento de los ciudadanos y la Fiscalía. Una sintonía que jamás se debió perder."
Pero ninguna reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal eliminará la posibilidad de que, con unos u otros Gobiernos y unos u otros Fiscales Generales, estos problemas se vuelvan a plantear o puedan plantearse. Nadie puede seriamente pensar otra cosa.Cuando surge el problema, es cuando se comprueba si las instituciones son sólidas o no y si defienden o no como deben los intereses que tienen encomendados por los ciudadanos.Los ciudadanos tienen todo el derecho a instar que sean defendidos con arreglo a la legalidad constitucional y penal.¿O es que las actuaciones jurídicas de cualquier Juez o Fiscal no están sujetas a la responsabilidad individual de cada uno, sin poder ampararse en niguna inimputabilidad o decisión colectiva?.El problema y la respuesta "política o colectiva" al mismo son una manifestación más de la propia crisis institucional.No es agradable comprobarlo, pero sería peor no verlo.
En los Estados Unidos de América, el Fiscal Fitzgerald ha llevado ante un Jurado y ha conseguido la condena del principal asesor (Libby) del Gabinete del Vicepresidente Cheney por obstrucción a la Justicia en relación con el caso Plame, orquestado por el propio ejecutivo.Ahora mismo se discute si el Fiscal General y Ministro de Justicia tuvo o no responsabilidad en el apartamiento de determinados Fiscales por su posición beligerante contra determinadas líneas de actuación presidenciales.Ningún Estatuto Fiscal de ningún país impedirá la confrontación con los hechos en este tipo de casos.Uno de los problemas de la España actual es que en general no nos gustan los hechos y muchos menos los hechos graves y que producen enfrentamientos.Pero como decía Heráclito, los ciudadanos deben defender la ley más que las murallas de su ciudad. Porque sin ley, tampoco hay "murallas".La "sintonía"ciudadana con los casos graves no suele estar presidida por la armonía, porque tomar partido por la ley no es la opción de otros ciudadanos y/o de quienes pretenden inmunidades de poder.
