STJUE C-416-10, KRIZAN Y OTROS V. ESLOVAQUIA

Stjue 15 01-2013, c-416-10, krizan y otros v.slovenska. from Guillermo Ruiz Zapatero

STJUE 15-01-2013, C-416-10, KRIZAN V.ESLOVAQUIA

Esta STJUE plantea de la cuestión del "rango" constitucional del Derecho de la Unión en lo que se refiere a una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo de Eslovaquia antes de decidir un caso previamente decidido por él y anulado por el Tribunal Constitucional de dicho país. 

El caso se refiere a la aplicación del Derecho de la Unión en un pleito medioambiental sobre una planta de reciclado de residuos.

Después de la anulación de la STS por la STC, el primer Tribunal plantea al TJUE, además de cuestiones sustantivas sobre la intrepretación del Derecho de la Unión, la cuestión prejudicial de si el Derecho de la Unión es vinculante a pesar de su obligación de decidir según la indicación del TC. 

Esta es la contestación del TJUE: 

"62 Mediante su primera cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 267 TFUE debe interpretarse en el sentido de que un órgano jurisdiccional nacional puede plantear de oficio al Tribunal de Justicia una petición de decisión prejudicial incluso cuando conoce del asunto tras habérsele devuelto los autos a raíz de la casación de su primera resolución por parte del tribunal constitucional del Estado miembro de que se trata y cuando una norma nacional le obliga a resolver el litigio siguiendo la apreciación jurídica de dicho tribunal constitucional. También se pregunta si el artículo 267 TFUE debe interpretarse en el sentido de que obliga a ese órgano jurisdiccional nacional a acudir ante el Tribunal de Justicia cuando sus resoluciones pueden ser objeto de un recurso, ante un órgano jurisdiccional constitucional, limitado al examen de una supuesta vulneración de los derechos y libertades garantizados por la Constitución nacional o por un convenio internacional. 

63 Con carácter preliminar, procede señalar que, mediante su primera cuestión, el Najvyšší súd Slovenskej republiky pretende también que se determine si el Derecho de la Unión le permite dejar de aplicar una norma nacional que le prohíbe formular un motivo basado en la vulneración de un derecho que no ha sido invocado por las partes en el litigio principal. No obstante, de la resolución de remisión se desprende que dicho interrogante únicamente se refiere a la Directiva 85/337 y, en consecuencia, sólo procederá pronunciarse al respecto si, a la luz de la respuesta dada a la tercera cuestión, dicha Directiva resulta aplicable en el litigio principal. 

64 Respecto de los demás aspectos de la primera cuestión prejudicial, según jurisprudencia reiterada el artículo 267 TFUE otorga a los órganos jurisdiccionales nacionales una amplísima facultad para someter una petición de decisión prejudicial al Tribunal de Justicia si consideran que un asunto pendiente ante ellos plantea cuestiones que exigen la interpretación o la apreciación de la validez de disposiciones del Derecho de la Unión necesarias para la resolución del litigio del que conocen (sentencias de 27 de junio de 1991, Mecanarte, C 348/89, Rec. p. I 3277, apartado 44, y de 5 de octubre de 2010, Elchinov, C 173/09, Rec. p. I 8889, apartado 26). 

65 Por tanto, el artículo 267 TFUE otorga a los órganos jurisdiccionales nacionales la facultad y, en su caso, les impone la obligación de efectuar la remisión prejudicial cuando comprueben, de oficio o a instancia de las partes, que el fondo del litigio versa sobre un extremo contemplado en el párrafo primero de dicho artículo (sentencias de 10 de julio de 1997, Palmisani, C 261/95, Rec. p. I 4025, apartado 20, y de 21 de julio de 2011, Kelly, C 104/10, Rec. p. I 0000, apartado 61). Por ello, el hecho de que las partes en el litigio principal no hayan suscitado ante el órgano jurisdiccional remitente un problema de Derecho de la Unión no impide que éste se pueda remitir al Tribunal de Justicia (sentencias de 16 de junio de 1981, Salonia, 126/80, Rec. p. 1563, apartado 7, y de 8 de marzo de 2012, Huet, C 251/11, Rec. p. I 0000, apartado 23). 

66 En efecto, el procedimiento prejudicial se basa en un diálogo entre jueces cuya iniciativa depende en su totalidad de la apreciación que el órgano jurisdiccional nacional haga de la pertinencia y la necesidad de dicha remisión (sentencias de 16 de diciembre de 2008, Cartesio, C 210/06, Rec. p. I 9641, apartado 91, y de 9 de noviembre de 2010, VB Pénzügyi Lízing, C 137/08, Rec. p. I 10847, apartado 29). 

67 Por otra parte, la existencia de una norma nacional de Derecho procesal no puede poner en entredicho la facultad que tienen los órganos jurisdiccionales nacionales de plantear al Tribunal de Justicia una petición de decisión prejudicial cuando, como en el caso de autos, albergan dudas acerca de la interpretación del Derecho de la Uniónº (sentencias Elchinov, antes citada, apartado 25, y de 20 de octubre de 2011, Interedil, C 396/09, Rec. p. I 0000, apartado 35). 

68 Una norma de Derecho nacional, en virtud de la cual las valoraciones efectuadas por el órgano jurisdiccional superior vinculan a otro órgano jurisdiccional, no puede privar a éste de la facultad de someter al Tribunal de Justicia cuestiones de interpretación del Derecho de la Unión al que se refieran tales valoraciones jurídicas. En efecto, el órgano jurisdiccional nacional debe tener la libertad de someter al Tribunal de Justicia las cuestiones que le preocupan, si considera que la valoración jurídica efectuada por el órgano de rango superior pudiera llevarle a dictar una sentencia contraria al Derecho de la Unión (sentencias de 9 de marzo de 2010, ERG y otros, C 378/08, Rec. p. I 1919, apartado 32, y Elchinov, antes citada, apartado 27). 

69 En este punto, procede destacar que el juez nacional que ha ejercido la facultad que le otorga el artículo 267 TFUE está vinculado, a la hora de resolver el litigio principal, por la interpretación de las disposiciones de que se trate realizada por el Tribunal de Justicia y debe, en su caso, dejar de lado las valoraciones del órgano jurisdiccional superior si, habida cuenta de dicha interpretación, estima que las referidas valoraciones no son compatibles con el Derecho de la Unión (sentencia Elchinov, antes citada, apartado 30). 

70 Los principios que se enuncian en los apartados anteriores se imponen del mismo modo al órgano jurisdiccional remitente por lo que atañe a la apreciación jurídica adoptada, en el presente asunto principal, por el órgano jurisdiccional constitucional del Estado miembro de que se trata en la medida en que, según reiterada jurisprudencia, no puede admitirse que normas de Derecho nacional, aunque sean de rango constitucional, menoscaben la unidad y la eficacia del Derecho de la Unión (sentencias de 17 de diciembre de 1970, Internationale Handelsgesellschaft, 11/70, Rec. p. 1125, apartado 3, y de 8 de septiembre de 2010, Winner Wetten, C 409/06, Rec. p. I 8015, apartado 61). Por otra parte, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que dichos principios se aplican a las relaciones entre un órgano jurisdiccional constitucional y cualquier otro órgano jurisdiccional nacional (sentencia de 22 de junio de 2010, Melki y Abdeli, C 188/10 y C 189/10, Rec. p. I 5667, apartados 41 a 45). 

71 Por tanto, la norma nacional que obliga al Najvyšší súd Slovenskej republiky a seguir la apreciación jurídica del Ústavný súd Slovenskej republiky no impide que el juez remitente pueda plantear al Tribunal de Justicia una petición de decisión prejudicial en cualquier momento del procedimiento que considere oportuno y dejar de lado, en su caso, las valoraciones formuladas por el Ústavný súd Slovenskej republiky que resulten contrarias al Derecho de la Unión. 

72 Por último, en su condición de Tribunal supremo, el Najvyšší súd Slovenskej republiky está incluso obligado a plantear al Tribunal de Justicia una petición de decisión prejudicial en cuanto constate que uno de los extremos sobre los que versa el fondo del litigio está comprendido en el ámbito de aplicación del primer párrafo del artículo 267 TFUE. En efecto, la calificación de un órgano jurisdiccional nacional como órgano jurisdiccional nacional cuyas decisiones no son susceptibles de ulterior recurso jurisdiccional de Derecho interno, en el sentido del artículo 267 TFUE, párrafo tercero, no resulta afectada por el hecho de que contra las decisiones de ese órgano jurisdiccional pueda interponerse ante el Tribunal constitucional del Estado miembro de que se trate un recurso limitado al examen de una posible violación de los derechos y de las libertades garantizados por la Constitución nacional o por un convenio internacional. 

73 Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a la primera cuestión que el artículo 267 TFUE debe interpretarse en el sentido de que un órgano jurisdiccional nacional, como el tribunal remitente, está obligado a plantear de oficio ante el Tribunal de Justicia una petición de decisión prejudicial incluso cuando se pronuncia tras la devolución de los autos a raíz de la casación de su primera resolución por parte del tribunal constitucional del Estado miembro de que se trata y cuando una norma nacional le obliga a resolver el litigio siguiendo la apreciación jurídica formulada de este último tribunal." 

Por tanto, el "rango" constitucional del Derecho de la Unión se impone a cualquier órgano judicial nacional, incluído el Tribunal Constitucional.

La contrapartida solo puede ser que los nacionales del Estado miembro tienen el derecho en cualquier pleito, y también en un recurso de amparo o cuestión de inconstitucioanlidad, a que se plantee la cuestión prejudicial del artículo 267 TFUE y/o a que se decida el asunto según la jurisprudencia del propio TJUE en materia de Derecho de la Unión.  

Sobre el pluralismo constitucional que resulta de ello puede seguirse este link a entradas previas

NO EUROZONE WITHOUT EURO-DIVIDEND

El trabajo de Philippe van Parijs NO EUROZONE WITHOUT EURO-DIVIDEND señala, más allá de su propuesta concreta, los problemas fundamentales del diseño de la eurozona y los derivados de las limitaciones políticas que se superponen a ellos.

Esta es su conclusión:

“Let us sum up. If the analysis proposed here is correct, the euro-dividend

would equip the Eurozone with an essential transfer-based stabilization mechanism analogous to the one supplied to the dollar zone by the far more

complex and extensive American welfare state. In addition, the euro-dividend would not make things worse but, if anything, significantly better in terms of two other features whose presence contributes to the sustainability of a currency area. Bearing this in mind, we can now turn to a final question.

Suppose one is convinced by the need for a euro-dividend, how is it to become politically feasible.

Firstly, perception is of the greatest importance. There is little prospect for a euro-dividend if it is successfully depicted as a mega-bureaucratic machine that threatens the valuable democratically shaped diversity of national social protection systems and ends up channelling masses of money from countries well run to countries sloppily run, thereby perpetuating the latter’s sloppiness.

It is important that European citizens should understand that a euro-dividend is not a threat to the diversity of European welfare state, but instead, for the reasons explained above, an essential tool to prevent the constraints of the single market and the single currency from gradually forcing all of them to trim down and converge to a minimalist form of social protection. Even more important, the euro-dividend should at the same time be viewed as a way of making as sure as possible that every European citizen should share in the material benefits of European integration. How high these benefits are is impossible to assess with any precision. To imagine the relevant counterfactual, one must find some inspiration in the contrast between the aftermath of World War I and that of World War II. The very fact that it is hard to think of a military build up and armed conflict between European countries, let alone to estimate what they would cost us, is not a reason to ignore them in the assessment of the material benefits every European derives from the creation and perpetuation of the European Union. They must on the contrary be taken into account as a bulky and lasting component of what the EU keeps doing for us.

There are, in addition, the considerable material benefits of a common market in terms of breaking monopolies, stimulating innovation, facilitating specialization, etc., mostly reflected in the difference between the prices Europeans pay for the goods and services they consume and the prices they would have paid had the trade and investment barriers remained what they were prior to the European Economic Community. Arguably, this type of benefit is directly shared by all, but it is so to various extents, as the bundle of goods consumed by rich and poor is not the same. Moreover, greater transnational competition also makes many jobs and many regions more vulnerable. For the reasons discussed above, this vulnerability has been further increased by monetary unification. Lower prices than would otherwise be the case are therefore no guarantee of universal gain. In this context, the euro-dividend would not prevent some people and regions from gaining a lot from European integration nor some others from losing out. But it would give everyone a tangible share in part of the overall material gain that can be safely attributed to the very existence of the EU. Indexing the level of the dividend on the EU wide per capita level of value added (or GDP) — or its average over the last five years or so to make it less bumpy — would make this link more explicit: the prosperity of the whole would then be clearly seen to benefit each of its parts — member states, regions and households.

There are no doubt also background institutional conditions that will favour this perception of the euro-dividend and thereby its acceptability by the population, rather than a perception in terms of immediate country-level net losses and net gains. As long as key decisions are taken by politicians who are accountable exclusively to the electorate of a single country, it will be very difficult to prevent electoral competition from getting the issue framed in terms of net gainer and net loosing countries. This is the case to the extent that the key decisions are taken by heads of government gathered in the European Council. But it does not need to be different if more power is exercised by the European Parliament, meant to emanate from the EU population as a whole rather than from its member states. As things stand, MEPs are also electorally accountable only to the citizens of their own country. In the US and in European nations, an inclusive rhetoric and policy orientation is facilitated by direct presidential elections or centralized political parties. At EU level, there are good reasons to believe that we shall never have either. The next best option is the development of strong pan-EU federations of national parties, which itself will remain a pipe dream in the absence of an EU-wide constituency for part of the seats of the European Parliament, coupled with a direct link between the composition of the EU executive and the electoral results in this constituency.

More broadly still, the political achievability and sustainability of a euro dividend— and of any other major redistributive scheme at EU level — requires the existence and liveliness of an EU-wide democratic forum. An EU-wide parliamentary constituency should help, but will not suffice. Institutional innovations such as the European Citizens’ Initiatives should also help, because of the opportunities and incentives they create to meet, argue and mobilize across national borders. The most fundamental obstacle, however, is the EU’s linguistic diversity. National welfare states were not born out of the blue through some top-down decree. They were the laborious outcomes of long struggles. Such struggles could only be successful because of efficient communication, trust building, coordination and mobilization across the nation made possible by a shared national language. The wonderful yet expensive and stiffening services of translators and interpreters will never supply an adequate alternative to a shared language. As mentioned before, competence in English is spreading rapidly among the younger cohorts of the European population. But this lingua franca should not and will not replace national languages. It will not therefore be able to play quite the same role as national languages in cementing trust and fostering solidarity. Nonetheless a minimal condition for the political sustainability of institutionalized solidarity is that the people among whom this solidarity operates should be able to address and understand each other. The democratization and appropriation of English as a lingua franca throughout Europe is therefore at least as crucial to the political feasibility of EU-wide redistribution as institutional engineering.

What follows from this brief discussion of political feasibility is not that we might as well give up. It is rather that it is not enough to spell out blueprints of what is needed to get to the roots of our present problems, submit them to critical scrutiny and advocate what emerges as the most robust version. At the same time, one must fight and progress on many different, seemingly unconnected fronts. Banning the dubbing of films may be no less crucial to the sustainability of an EU-wide transfer system than removing the cap on the EU’s taxing powers.”

(Philippe van Parijs: No Eurozone without euro-dividend)