Monday, September 15, 2014

COMO RELANZAR LA ECONOMIA DE LA EUROZONA | vox

How to jumpstart the Eurozone economy | vox






Francesco Giavazzi, Guido Tabellini 21 August 2014

 




What can be done to increase aggregate demand in the Eurozone? From a technical point of view, the answer is simple and has few
disadvantages.

• All countries should enact a large tax cut, say corresponding to 5% of GDP.

• They should be given several years (say three or four), to reduce the budget deficit created by this tax cut, through a combination of higher growth and lower expenditures.

• To finance the additional deficits, members states should issue long-term public debt with a maturity of say 30 years.
This extra debt should all be bought by the ECB, without any corresponding sterilisation, and the interest on the debt should be returned to the ECB shareholders as seigniorage.

Combining a monetary and a fiscal expansion is key to the success of aggregate demand management, as shown by the recent experience of other advanced countries. Quantitative easing by itself would not do much to revive bank lending and private spending, because credit in Europe flows mostly via banks, rather than financial markets. And fiscal expansion without monetary easing would be almost impossible, because public debt in circulation is already too high in many countries. The combined monetary and fiscal expansion would stimulate aggregate demand both directly and indirectly, through a devalued exchange rate. The resulting temporarily higher inflation would be welcome, as it would reduce the debt overhang problem and it would facilitate achieving the ECB’s price stability goal.

Tuesday, September 2, 2014

EL ATLAS SOCIAL DE EUROPA

Monday, August 4, 2014

TEDH: COMPENSACION EQUITATIVA EN EL CASO YUKOS V. RUSIA

Sunday, July 27, 2014

AUDIENCIA NACIONAL AUTO 61/2013 (DEL RIO PRADA)

ACUERDO DEL TRIBUNAL SUPREMO SOBRE LA DOCTRINA PAROT

AUTO TRIBUNAL SUPREMO 13-05-2013

Friday, July 4, 2014

AUTO TRIBUNAL SUPREMO DE 13-05-2013


El Auto de 13 de Mayo de 2013 dictado por el Tribunal Supremo en el recurso nº 4386/1998 pondría fin a un asunto en el que el Tribunal Supremo desestimó primero dicho recurso (Sentencia de 18 de noviembre de 2002), el recurrente interpuso después un amparo -que fue desestimado por el TC con fecha 24 de Octubre de 2005 (recurso de amparo nº 7287/2002)- y, posteriormente, una demanda ante el TEDH (Llavador Carretero c. España), que fue estimada por dicho Tribunal con fecha 15 de Diciembre de 2009.
El recurrente instó finalmente la “ejecución” de esta última Sentencia, inadmitiendo el TS la pretensión por considerarla extemporánea atendiendo a los plazos del incidente de nulidad de actuaciones en la versión del mismo derivada de la Ley Orgánica 6/2007.
Aunque el Auto reconoce que el incidente puede ser cauce para que las SSTEDH tengan plenos efectos en España, el buen fin del mismo deberá esperar a otros supuestos, pues en el procedimiento que motiva el Auto el TS aprecia extemporaneidad en la tramitación del "incidente".
Dicho de otra forma, las Sentencias del TS y del TC desplegaran sus efectos desestimatorios, a pesar de la STEDH y de la violación del derecho del CEDH (artículo 6) declarada por la misma.
No parece que este resultado final pueda considerarse deseable. Según consta en el Auto, el Comité de Ministros del Consejo de Europa cerró en reunión celebrada el 6 de junio de 2012 el expediente de ejecución de sentencia a la vista de las alegaciones realizadas por el Reino de España de acuerdo con el artículo 46 del CEDH. También la referencia al Acta de dicha reunión aportada por el Abogado del Estado en la que se dice que "todas las medidas requeridas por el artículo 46.1 han sido adoptadas".
El artículo 46.1 del CEDH establece la obligación de los Estados de acatar las sentencias definitivas del TEDH.
El Auto también recuerda que el legislador lleva años omitiendo regular expresamente la materia.
En cualquier caso, para casos futuros menos desafortunados, esta sería la “doctrina” que el Auto parece establecer por primera vez - quizás dicha circunstancia, las actuaciones "tempestivas" que no instaron expresamente la nulidad,  así como la existencia de resoluciones previas que negaban eficacia interna a las SSTEDH, podrían haber mitigado la aplicación de unos plazos propios de un incidente que antes del Auto no se había considerado cauce idóneo para dicha finalidad- :
“TERCERO
 .- Conjugando, pues, la regla general y el matiz o salvedad a la misma, cabe concluir que una vez declarada por Sentencia del propio TEDH una violación de un derecho reconocido por el Convenio europeo que constituya asimismo la violación actual de un derecho fundamental consagrado en nuestra Constitución, la posibilidad de dar a la sentencia estimatoria del TEDH una operatividad práctica en forma de efecto anulatorio requiere como presupuesto necesario que la vulneración del derecho fundamental declarada por la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos siga siendo "actual" y consiguientemente precise de la adopción de medidas para poder corregir y reparar satisfactoriamente la violación de ese derecho fundamental (FJ 3º,in fine, de la citada STC 197/2006 ), no siendo ocioso recordar que la concesión por el TEDH de una compensación económica o reparación equitativa permite por lo general entender desaparecida la actualidad de la infracción. Ahora bien, aun constatada la existencia de una infracción actual en los términos expuestos, se hace preciso determinar si existe en el Ordenamiento interno español un cauce procesal adecuado para dar lugar a ese efecto anulatorio, pues aun asumiendo la necesidad de que las sentencias del TEDH tengan funcionalidad práctica y no se limiten a meras declaraciones carentes de trascendencia para los beneficiados por ellas, de poco sirve esta toma de posición si no se dispone de mecanismos procesales que permitan dar a las resoluciones del TEDH la operatividad que se les quiere atribuir.
En esta línea, ya la sentencia del Tribunal Constitucional 245/1991 de 16 de diciembre ( RTC 1991, 245 ) apuntó la necesidad de establecer cauces procesales adecuados a través de los cuales fuera posible articular, ante los órganos del Poder Judicial, la eficacia de las resoluciones del TEDH, para coordinar adecuadamente la tutela del derecho reconocido en el Convenio y la tutela del derecho fundamental reconocida en la Constitución (FJ 5º); cauces que, sin embargo, a lo largo de los años sucesivos no llegaron a establecerse por el legislador, siendo buena muestra de ello los problemas de que se hacen eco las resoluciones del TC antes transcritas, y las de los tribunales ordinarios que las precedieron, que han llamado la atención una y otra vez sobre la dificultad que implica encajar la pretensión de reposición de actuaciones (al momento anterior a la violación del derecho declarada por el TEDH) en vías procedimentales como el incidente de ejecución de sentencia, el incidente de nulidad de actuaciones o la demanda de revisión; siendo este el principal obstáculo para que lo decidido por el TEDH tenga esa funcionalidad a que nos hemos referido, en los limitados casos en que resulta procedente.
Singularmente, en relación con la inviabilidad del incidente de nulidad de actuaciones para canalizar una pretensión de esta índole, se pronunció el Auto de esta Sala Tercera del Tribunal Supremo de 27 de abril de 2005 (recurso de casación nº 2419/1997 ), si bien -y esto es importante- en relación con la redacción entonces vigente del artículo 240 de la Ley Orgánica del Poder Judicial ( RCL 1985, 1578 y 2635) . Señaló esta resolución que el ámbito del incidente entonces regulado, limitado a los defectos de forma que hubieran causado indefensión o a la incongruencia del fallo, no permitía encajar una petición como la que nos ocupa.
Ahora bien, la reforma del incidente de nulidad de actuaciones operada por la Ley Orgánica 6/2007 de 24 de mayo ( RCL 2007, 1000 ) permite un replanteamiento de la cuestión, pues en el Derecho ahora vigente nos encontramos con que el artículo 241 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ ) establece que cabe promover el incidente de nulidad de actuaciones "fundada en cualquier vulneración de un derecho fundamental de los referidos en el artículo 53.2 de la Constitución". Esta nueva caracterización legal del incidente, dada la amplitud de la referencia que contiene a la vulneración de derechos fundamentales, abre la puerta a la posibilidad de incluir en su seno, como causa de nulidad invocable a través del mismo, las infracciones de tales derechos que se constatan y declaran por obra de una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos; pudiéndose entender así superados los obstáculos que hasta ahora existían para canalizar procesalmente reclamaciones de esta naturaleza.
Así las cosas, a la espera de que el Legislador aborde esta cuestión de una vez por todas mediante una reforma de las leyes procesales que regule de forma clara y expresa un cauce procesal a través del cual reclamar el posible efecto anulatorio de las sentencias estimatorias del TEDH, ha de entenderse que en nuestro Ordenamiento Jurídico interno la nulidad de actuaciones del tan citado artículo 241 LOPJ es el único procedimiento adecuado para dar lugar un pronunciamiento de esta índole, pues realmente no hay en las leyes procesales ningún otro cauce útil para llegar a la misma conclusión.
 
CUARTO
 .- De hecho, así parece haberlo asumido el propio recurrente, que en el escrito presentado ante esta Sala con fecha 29 de junio de 2012, tras invocar la sentencia del TEDH de 15 de diciembre de 2009 , expuso que "es procedente la retroacción de actuaciones al momento previo a la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, la que deberá dejarse sin efecto, entrando a analizar el fondo del asunto y se deberá dictar nueva sentencia"; pidiendo, en consecuencia, que "se deje sin efecto la sentencia dictada y se dicte una nueva analizando el fondo del asunto debatido en casación". El recurrente no caracterizó jurídicamente este escrito, ni la solicitud que al mismo se incorporaba, de forma expresa. Tampoco razonó el cauce procesal que estimaba procedente para dar lugar a la retroacción interesada; más concretamente, no dijo solicitar la nulidad de las actuaciones procesales de su razón, ni mencionó los preceptos reguladores del incidente de nulidad de actuaciones. Ahora bien, con toda evidencia era eso, una nulidad de actuaciones, lo que estaba pidiendo, por mucho que no lo apuntara así de forma expresa, pues no hay otra forma de calificar jurídicamente tal solicitud, ni hay cauces procesales diferentes del de la nulidad de actuaciones para sostenerla y en su caso estimarla.
 
QUINTO
 .- Afirmado, así, que en el Derecho español vigente el incidente de nulidad de actuaciones del art. 241 LOPJ ( RCL 1985, 1578 y 2635) es, al día de hoy, el único cauce procesal útil para articular las reclamaciones de retracción de actuaciones procesales basadas en sentencias estimatorias del TEDH (siempre partiendo del carácter excepcional de este efecto anulatorio), y constatado que el propio recurrente en las presentes actuaciones ha hecho uso (de forma implícita pero en todo caso evidente) de este cauce procesal, la efectiva declaración de esa retroacción de actuaciones pasa necesariamente por verificar el cumplimiento de los requisitos procesales de procedencia del incidente, tal y como ha sido planteado.
Pues bien, el aquí recurrente ha basado su petición de retroacción de actuaciones en la tan citada sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 15 de diciembre de 2009 ; sentencia que, como supra apuntamos, adquirió carácter definitivo el 15 de marzo de 2010 , según consta en el documento aportado por el Abogado del Estado junto con su escrito de alegaciones en este incidente. Desde que esa sentencia se dictó, y a lo largo de los meses subsiguientes, se sucedieron diversas actuaciones (enumeradas y descritas en los antecedentes de la presente resolucion), ya promovidas por el propio recurrente ya por el Abogado del Estado, todas las cuales fueron debidamente tramitadas y cumplimentadas por la Sala de acuerdo con lo que en cada momento se manifestaba por las partes actuantes, siempre con indicación de que una vez proveído lo solicitado por esas partes, se acordaba la devolución del procedimiento al archivo, al tratarse de actuaciones conclusas mediante resolución judicial firme. Sin embargo, el recurrente no presentó ante la Sala su petición de retroacción de actuaciones hasta más de dos años y medio después de haberse dictado esta sentencia, esto es, el 29 de junio de 2012 , con palmario exceso sobre los plazos para promover el incidente de nulidad de actuaciones que se contemplan en el artículo 241 de la Ley Orgánica del Poder Judicial ; pues dicho precepto establece que "el plazo para pedir la nulidad será de 20 días, desde la notificación de la resolución o, en todo caso, desde que se tuvo conocimiento del defecto causante de indefensión, sin que, en este último caso, pueda solicitarse la nulidad de actuaciones después de transcurridos cinco años desde la notificación de la resolución", y en el caso aquí examinado ese plazo de veinte días había sido, insistimos, ampliamente superado cuando el recurrente planteó la nulidad de actuaciones, cualquiera que sea la perspectiva de cómputo de dichos plazos que se adopte, incluso desde el punto de vista más favorable para el interesado, que, cierto es, en febrero de 2010 ya dirigió un escrito a esta Sala a fin de poner conocimiento del Tribunal Supremo de España la existencia de esa sentencia, pero tan sólo apuntó entonces , y de forma expresa, que lo hacía "a meros efectos informativos"(por lo que la Sala se limitó, mediante providencia de 8 de marzo de 2010, a unir el escrito al rollo de su razón y disponer nuevamente el archivo de las actuaciones, sin que el recurrente impugnara esta resolución en súplica/reposición ni la discutiera de cualquier otro modo); no habiendo articulado formalmente su petición de retroacción de actuaciones (que no calificó formalmente como incidente de nulidad, aunque esta es, como hemos explicado, la única caracterización que cabe otorgarle) hasta más de dos años después, en junio de 2012, pese a disponer ya a la fecha de la sentencia del Tribunal Europeo de un cauce procesal idóneo (el del art. 241 LOPJ ) para presentar y defender fructuosamente ante el Tribunal español esa petición de retroacción de actuaciones que tanto ha demorado, por razones que en todo caso sólo a él son imputables.
Así las cosas, sólo cabe concluir y declarar que la solicitud de nulidad de actuaciones promovida por D. Pedro no puede ser acogida, por no cumplir los requisitos procesales para su admisión y toma en consideración, dada su manifiesta extemporaneidad.”

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Sunday, June 29, 2014

SALAiMARTIN: LOS CAMBIOS EN EL IRPF


Xavier Sala i Martin ha publicado su análisis de la evolución de los tipos medios del IRPF ("Verdades y mentiras de la reforma fiscal de Montoro"), incluyendo la reforma anunciada.

Estas son sus:

"Conclusiones:
En este post me he limitado a analizar los cambios en los tipos impositivos del IRPF de las sucesivas reformas de don Cristóbal Montoro. No he analizado las consecuencias recaudatorias de esos cambios fiscales. Si no se ve compensada por una subida gigantesca del PIB (cosa que ahora mismo no parece muy probable), la reducción de los tipos impositivos entre 2014 i 2015 comportará una disminución de la recaudación en 2015. Eso creará tensiones en el déficit presupuestario del estado y, por lo tanto, generará un conflicto político con una Europa que ya ha anunciado sorpresa ante el anuncio de Montoro.
Tampoco he analizado las consecuencias sobre la financiación de las Comunidades Autónomas, cuyos ingresos dependen de la recaudación fiscal del estado. La previsible reducción de la recaudación por IRPF junto con la inflexibilidad a la hora de relajar los objetivos de déficit puede conllevar más recortes en los servicios que proporcionan las comunidades entre los que destacan la educación y la sanidad. Todos estos aspectos de la reforma son importantes pero no eran el foco del análisis del presente post. Con el presente post solamente he querido analizar cómo se han movido los tipos impositivos a lo largo de las diferentes reformas de Montoro.
A modo de resumen, la reforma fiscal propuesta por don Cristóbal Montoro significa que:
Primero, los tipos impositivos medios bajarán en 2015 y 2016 en relación a los de 2012. Montoro dice la verdad cuando afirma que los tipos impositivos se reducen y se confirma que dijo la verdad en 2012 cuando dijo que el aumento de impuestos de entonces tenía un carácter temporal. La reducción que propone ahora de alguna manera deshace la subida de 2012,tal como había prometido el gobierno.
Segundo, contrariamente a lo que prometió durante la campaña electoral, pues, durante tres de los cuatro años de gobierno del PP, los tipos impositivos medios del IRPF habrán sido más altos para todos los ciudadanos de lo que eran cuando Zapatero dejó la Moncloa. Durante el cuarto año de mandato (el 2015), los tipos impositivos medios serán iguales o superiores para todos los contribuyentes con bases imponibles superiores a los 40.000 euros.
Tercero, la subida de impuestos del PP en el año 2012 hizo que el IRPF fuera mucho más progresivo de lo que era en época del PSOE. Esa progresividad se ha mantenido en la reforma planeada para 2015 y 2016. Los partidos de izquierda (y particularmente el PSOE) no pueden decir que la reforma fiscal no es progresiva porque es más progresiva de lo que eran los impuestos cuando el PSOE estaba en el poder.
Cuarta, en relación al 2011, los tipos impositivos medios de 2015 serán un poco más bajos para las rentas bajas (con base imponible inferior a los 40.000 euros), se mantendrán igual para las clases medias (bases imponibles entre 40.000 y 65.000 euros) y aumentarán para las rentas altas (superior a 65,000 euros). Para muchos españoles, pues, los impuestos que dejará el PP cuando acabe la legislatura serán más altos que los impuestos que dejó el PSOE.
Quinto, en 2016 cuando la reforma anunciada esté totalmente implementada (si eso llega a suceder), los impuestos medios serán más bajos que en 2011para las rentas bajas (inferiores a 100.000 euros) y ligeramente superiores para las rentas altas (superiores a 100.000 euros). No es verdad que los impuestos serán más bajos para todos los contribuyentes.Y no es verdad lo que dicen los representantes de Izquierda Unida de que quien sale más beneficiado de la reforma son las rentas altas.
En definitiva, como con casi todas las políticas que he llevado a cabo el partido popular durante su mandato, la reforma tributaria de Montoro ha ido acompañada de medias verdades y medias mentiras por parte de los que la defienden y por parte de los que la atacan. Nada nuevo bajo el sol."

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Sunday, June 22, 2014

LA FALTA DE TRANSPARENCIA Y LAS AMENAZAS

Five minutes with Thomas Piketty: “We don’t need 19th century-style inequality to generate growth in the 21st century”



In an interview with EUROPP’s editor Stuart Brown and British Politics and Policy at LSE’s editor Joel Suss, Thomas Piketty discussesthe rise in income and wealth inequality outlined in his book, Capital in the Twenty-First Century, and what policies should be adopted to prevent us returning to the kind of extreme levels of inequality experienced in Europe prior to the First World War. Professor Piketty recently gave a lecture at the LSE, the video of which can be seen online here.

Your research has shown that inequality is rising and that without government action this trend is likely to continue. However, are we correct to assume that inequality is a fundamentally negative development in terms of its consequences on society?


There is no problem with inequality per se. In actual fact, up to a point inequality is fine and perhaps even useful with respect to innovation and growth. The problem is when inequality becomes so extreme that it no longer becomes useful for growth.When inequality reaches a certain point it often leads to the perpetuation of inequality over timeacross generations, as well as to a lack of mobility within society. 

Moreover, extreme inequality can be problematic for democratic
institutions because it has the potential to lead to extremely unequal
access to political power and the ability for citizens to make their
voice heard.


There is no mathematical formula that tells you the point at which
inequality becomes excessive. All we have is historical experience and all I have tried to do through my research is to put together a large body of historical experience from over twenty countries across two centuries. We can only take imperfect lessons from this work, but it’s the best that we have. One lesson, for instance, is that the kind of extreme concentration of wealth that we experienced in most European countries up until World War One was excessive in the sense that it was not useful for growth, and probably even reduced growth and mobility overall.


This situation was destroyed by World War One, the Great Depression, and World War Two, as well as by the welfare state and progressive taxation policies which came after these shocks. As a consequence, wealth concentration was much lower in the 1950s and 1960s than it was in 1910, but this did not prevent growth from happening. If anything, this probably contributed to the inclusion of new social groups into theeconomic process and therefore to higher growth. So one important historical lesson from the 20th century is that we don’t need 19th century-style inequality to generate growth in the 21st century, and we therefore don’t want to return to that level of inequality in Europe.

A video of Thomas Piketty’s recent LSE lecture is available here

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Note: This article gives the views of the interviewee, and not
the position of EUROPP – European Politics and Policy, nor of the London
School of Economics.

Shortened URL for this post: http://bit.ly/1l0xKZV


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