Tuesday, September 6, 2016

AUTO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 129/2016

El Auto del Tribunal Constitucional 129/2016, de 21 de junio, inadmite la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Supremo en relación con el art. 20.2 a) de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (“LISD”), cuando se trata de aplicarlo a las parejas homosexuales que convivían more uxorio sin poder contraer legalmente matrimonio, en tanto circunscribe a los “cónyuges” la aplicación del régimen regulado para el grupo II, por su posible vulneración de los arts. 14 y 31.1 CE.
El fundamento (5) ofrecido por el Auto es el siguiente:
“a pesar de que el órgano promotor sostenga que el legislador en materia de pensiones de viudedad no tiene el mismo margen de configuración que el legislador tributario al tratarse de materias recogidas en preceptos constitucionales distintos (arts. 41 y 50 CE, y arts. 31.1 y 40.1 CE, respectivamente), a la vista de la clara analogía que presentan la presente cuestión y la ya resuelta en la STC 92/2014 tras el análisis comparativo realizado en el fundamento jurídico anterior, puede concluirse, aplicando la jurisprudencia consolidada en la STC 92/2014, que el art. 20.2 a) II LISD no provoca discriminación por orientación sexual. En consecuencia, tanto porque la duda de constitucionalidad aquí planteada ya había quedado solventada en la STC 92/2014, como porque el Tribunal no alberga dudas sobre la constitucionalidad del precepto legal aquí impugnado, procede declarar la inadmisión a trámite de esta cuestión de inconstitucionalidad al carecer de viabilidad suficiente. Debe considerarse pues, notoriamente infundada a los efectos del art. 37.1 LOTC.”

La STC 92/2014 se refería (Fundamento Jurídico 4) a la constitucionalidad de la normativa de pensiones en relación con las parejas de hecho:
           
“ b) (…) la exigencia del vínculo matrimonial como presupuesto para acceder a la pensión de viudedad establecida dentro del sistema de Seguridad Social no pugna con el art. 14 CE, ni tampoco las medidas de los poderes públicos que otorguen un trato distinto y más favorable a la unidad familiar basada en el matrimonio que a otras unidades convencionales” (SSTC 184/1990 y 66/1994, y ATC 222/1994), dado el amplio margen de apreciación y configuración del legislador en cuanto al régimen de prestaciones económicas de la Seguridad Social y las situaciones que han de considerarse merecedoras de protección”. Por tanto, “ha de ser el legislador —en modo alguno este Tribunal actuando de legislador positivo retrospectivo y comprometiendo desembolsos económicos del erario público— el que, en su caso, decida, al hilo de los cambios sociales, cuál es el momento en que procede extender la pensión de viudedad a otros supuestos y con qué alcance. Así lo ha hecho el legislador con posterioridad, tanto con la regulación del matrimonio homosexual en la Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código civil en materia de derecho a contraer matrimonio, lo que permite a los cónyuges supervivientes de matrimonios homosexuales solicitar la correspondiente pensión de viudedad, como con la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, que extiende este beneficio, con ciertas limitaciones y requisitos, a todas las parejas de hecho estables, tanto heterosexuales como homosexuales, previendo, además, en su disposición adicional tercera, su aplicación a situaciones acaecidas con anterioridad a su entrada en vigor. Una decisión de política legislativa ciertamente legítima (STC 41/2013, FJ 3), como también lo era, no obstante, la anterior, que ninguna tacha ofrecía, por las razones ya expuestas, desde la perspectiva del art. 14 CE” [STC 92/2014, de 10 de junio, FJ 6].
c) En un sentido parecido se ha pronunciado, en materia de pensiones de viudedad, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la reciente Sentencia de 14 de junio de 2016 (caso Aldeguer Tomás c. España). Según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la no aplicación retroactiva de la Ley 13/2005, de 1 de julio, para ampliar el ámbito subjetivo de la pensión de viudedad reconocida exclusivamente al cónyuge viudo en el art. 174.1 LGSS de 1994, no constituye una discriminación por orientación sexual proscrita en el art. 14 del Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales (CEDH), en relación con el art. 8 CEDH y el art. 1 del protocolo núm. 1 CEDH, respecto al conviviente supérstite de una unión de hecho homosexual impedido legalmente a contraer matrimonio con otra persona del mismo sexo con anterioridad a la Ley 13/2005, de 1 de julio. Concluye el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que en el ámbito de los derechos en evolución donde no hay un consenso establecido, los Estados contratantes gozan de un amplio margen de apreciación en cuanto al momento de introducir las modificaciones legislativas sobre el reconocimiento legal de las parejas del mismo sexo y el concreto estatus que se les confiere (párrafo 90). Por lo tanto, ni el reconocimiento legal posterior del matrimonio entre personas del mismo sexo en 2005, ni la extensión posterior en 2007 del ámbito legal subjetivo de la pensión de viudedad a las parejas de hecho en ciertas condiciones, puede ser tomado como una admisión por parte de los poderes públicos nacionales de que el no reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo o la exclusión de las parejas del mismo sexo de algunos de los derechos y beneficios previstos para las parejas casadas fuera, en el momento de autos, incompatible con el Convenio (párrafo 89).”
El Auto del Tribunal Constitucional cuenta con un relevante voto particular discrepante de tres magistrados (Xiol Ríos, Asua Batarrita y Valdés Dal-Ré) que consideran que la situación no es equiparable a la del régimen de pensiones, que la cuestión de inconstitucionalidad planteada era admisible y que la inaplicación a las parejas estables del régimen establecido para los cónyuges en el artículo 20.2. 2 de la LISD es discriminatoria e inconstitucional.
El Auto se refiere a una Comunidad Autónoma (Asturias) en la que con posterioridad se estableció expresamente la equiparación en este supuesto de parejas de hecho y cónyuges. No obstante, no cabe excluir la posibilidad de que dicha equiparación expresa no se haya establecido en otras Comunidades Autónomas, en cuyo caso la diferencia de tratamiento debería considerarse- según el Auto- constitucional.
Una cuestión relevante es que la “discriminación” o diferente tratamiento se produce tanto en la reducción aplicable en la base imponible (“cónyuges”) como en el coeficiente aplicable para determinar la cuota tributaria en función del patrimonio preexistente (considerando como “extraños” a quienes conviven de hecho more uxorio).
En relación con este último, nos parece que cabría haber planteado si los que conviven como pareja estable pueden, aunque no sean considerados cónyuges, ser considerados “extraños” en sentido jurídico o usual (artículo 12.2 de la Ley 58/2003, General Tributaria).Si por “extraño” se entendiera sin relación de parentesco o conyugal, los que conviven como pareja estable podrían ser considerados “extraños”, pero si se considerara que para ser tratado como extraño tampoco debe existir cualquier otro vínculo, aunque sea de otra naturaleza jurídica, entonces los que conviven como pareja estable no podrían ser considerados extraños (grupo IV) a efectos de la aplicación del coeficiente. Resultaría en este caso una laguna en el régimen fiscal aplicable que impediría la aplicación del coeficiente, aunque permitiera no aplicar la reducción de la base correspondiente a los cónyuges.
En este punto, hay que tener en cuenta que “extraño” según el RAE es de nación, familia o profesión distinta de la que se nombra o sobrentiende”, pero también que el ámbito de la “familia” no esta está restringido, en un sentido usual que no puede desconocerse, a las relaciones de parentesco o conyugales: “conjunto de personas que comparten alguna condición, opinión o tendencia”.
En cualquier caso, la cuestión más relevante nos parece que es la de si la obligación tributaria por el Impuesto sobre Sucesiones en el caso de las parejas de hecho estables puede determinarse de una forma más gravosa que para los integrantes de un matrimonio, a pesar de existir en los dos casos la convivencia común que es la base del tratamiento tributario (reducción y coeficiente). No se trata en este caso, a diferencia de las pensiones de la Seguridad Social, de reconocer un derecho, sino de establecer la cuantía de una obligación tributaria, agravando la situación tributaria de quienes conviven como pareja estable sin vínculo matrimonial y considerando la misma exactamente de la misma forma que la de una adquisición hereditaria entre quienes carecen de toda relación (extraños en sentido pleno).
Es decir, sería necesario justificar si el vínculo matrimonial constituye una diferencia razonable para tratar tributariamente de forma distinta los casos de adquisición mortis causa en supuestos de convivencia (conyugal o no conyugal).
El voto particular discrepante se refiere también a aquellos supuestos en que se ha reconocido por el Tribunal Constitucional la convivencia no conyugal para el ejercicio de derechos civiles:
“esta misma exclusión legal tácita del conviviente supérstite en el ámbito de la subrogación mortis causa en contratos de arrendamiento urbano ha sido declarada inconstitucional por discriminatoria (SSTC 222/1992, de 11 de diciembre; 6/1993, de 18 de enero; y 47/1993, de 8 de febrero). Así, aunque la doctrina consolidada sobre pensiones de viudedad haya sido reactivada últimamente tras la resolución de la cuestión interna de inconstitucionalidad en la STC 92/2014, de 10 de junio (la última es la STC 157/2014, de 6 de octubre), no pueden considerarse despejadas las dudas en cuanto a convivencia more uxorio se refiere, pues no existen pronunciamientos recientes sobre arrendamientos urbanos que permitan afirmarlo así”
Por último, el voto particular resalta
“la necesidad de una interpretación evolutiva del texto constitucional que tenga en consideración la utilización de los criterios de igualación establecidos en leyes contemporáneas o posteriores como criterio de interpretación de este Tribunal e insisto aquí en que la consideración de los criterios legales de igualación en la ponderación de la existencia de posibles discriminaciones viene recabada por una vieja jurisprudencia del Tribunal frecuentemente olvidada (p. ej., STC5/1983, FJ 3), cuya más intensa aplicación, a mi juicio, ayudaría a interpretar la Constitución de manera más acorde con la realidad social del tiempo en que se aplica: hay que tener en cuenta no solo el texto de la Constitución, sino las glosas que la vida ha escrito sobre ella (Felix Frankfurter)”
La cita del juez del Tribunal Supremo de Estados Unidos no es literal ni detalla su procedencia. La misma parece que podría corresponder al siguiente texto :

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Sunday, July 3, 2016

AMERICANOS QUE DICEN LA VERDAD (I)

 

Ralph Nader

Public Citizen : b. 1934

"There can be no daily democracy without daily citizenship. A deep democracy … holds up for future generations the principle that the pursuit of justice is the condition for the pursuit of happiness."
 
 
 

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Sunday, May 22, 2016

EL BCE ALIVIA LA DEUDA DE TODOS LOS PAISES EXCEPTO GRECIA


The ECB Grants Debt Relief To All Eurozone Nations Except Greece

Paul De Grawe proporciona una información muy relevante sobre el momento europeo:

As part of its new policy of ‘quantitative easing’ (QE), the ECB has been buying government bonds of the Eurozone countries since March 2015. Since the start of this new policy, the ECB has bought about €645 billion in government bonds. And it has announced that it will continue to do so, at an accelerated monthly rate, until at least March 2017 (Draghi and Constâncio 2015). By then, it will have bought an estimated €1,500 billion of government bonds. The ECB’s intention is to pump money in the economy. In so doing, it hopes to lift the Eurozone economy out of stagnation.

I have no problems with this. On the contrary, I have been an advocate of such a policy (De Grauwe and Ji 2015). What I do have problems with is the fact that Greece is excluded from this QE programme. The ECB does not buy Greek government bonds. As a result, the ECB excludes Greece from the debt relief that it grants to the other countries of the Eurozone.

How is this possible? When the ECB buys government bonds from a Eurozone country, it is as if these bonds cease to exist. Although the bonds remain on the balance sheet of the ECB (in fact, most of these are recorded on the balance sheets of the national central banks), they have no economic significance anymore. Each national treasury will pay interest on these bonds, but the central banks will refund these interest payments at the end of the year to the same national treasuries. This means that as long as the government bonds remain on the balance sheets of the national central banks, the national governments do not pay interest anymore on the part of its debt held on the books of the central bank. All these governments enjoy debt relief.

How large is the debt relief enjoyed by the governments of the Eurozone? Table 1 gives the answer. It shows the cumulative purchases of government bonds by the ECB since March 2015 until the end of April 2016. As long as these bonds are held on the balance sheets of the ECB or the national central banks, governments do not have to pay interest on these bonds. The ECB has announced that when these bonds come to maturity, it will buy an equivalent amount of bonds in the secondary market. We observe that the total debt relief granted by the ECB until now (April 2016) to the Eurozone countries amounts to €645 billion. We also note the absence of Greece and the fact that the greatest adversary of debt relief for Greece, Germany, enjoys the largest debt relief from the ECB.

The announcement of the ECB that it will continue its QE programme until at least March 2017 and that it will accelerate its monthly purchases (from €60 billion to €80 billion a month) implies that the debt relief that will have been granted in March 2017 will have more than doubled compared to the figures in Table 1. For many countries, this will amount to debt relief of more than 10% of GDP.

Table 1 Cumulative purchases of government bonds (end of April 2016)
(million euros)















link al artículo completo

link al artículo de de Jorg Bibow: El caso para el abandono del euro por Alemania#Gexit 
 
#Gexit, the departure of the strong, would be less disruptive for the Eurozone as a whole. Germany could declare next Sunday that it re-introduces the deutschmark converting all domestic euro contracts and prices at a 1:1 rate. (Perhaps the Dutch and Austrians might consider going along with it, but I leave that possibility aside here.) On Monday morning the Bundesbank would stand by and cheer the new deutschmark surge on the exchanges. It would follow the advice of Deutsche Bank and raise German interest rates to make sure savers get their well-deserved rewards.

The German government would proudly announce to its citizens that they will no longer have to bail out any lazy Europeans but will from now on enjoy the real fruits of their hard-won übercompetitiveness. And so all Germans would live happily ever after. Tranquilized by their stability-oriented ideology they would ignore any discomfort coming along with the chosen deflationary adjustment; just as they have ignored the agonies experienced elsewhere in the Eurozone since 2009. And they would be troubled even less by any surges in indebtedness (and resulting bankruptcies), private and public, coming along with such a deflationary adjustment; just as they saw no reason to concern themselves with these kind of side effects elsewhere in the Eurozone since 2009 either.

Essentially, the current Eurozone has Germany’s euro partners serving as the economic wasteland that is keeping the euro low so that German exports have it easier globally. By contrast, the new Eurozone (ex Germany) would see its external competitiveness restored instantly, especially vis-à-vis Germany itself; while, internally, any remaining competitiveness imbalances would be minor compared to a status quo that includes Germany. Unshackled from German idiosyncrasies in all matters of macroeconomics, the Eurozone would follow through with my Euro Treasury plan and henceforth smartly invest in their joint future – a future of prosperity rather than impoverishment. Unhindered by German pressures and supported by constructive rather than destructive fiscal policy the ECB would continue its current course and re-establish price stability in a couple of years. If they preferred to return to their national currencies, that would be the other avenue to climb out of their euro trap. I personally think that, if the Euro Treasury were established, the members of the Eurozone (ex Germany) would be better off with the euro. But that is their choice to make.
Meanwhile, Europe is far too important to be left to the Germans.

Jörg Bibow
 

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Sunday, April 24, 2016

TEDH: DUNGVECKIS V.LITUANIA

TEDH: DUNGVECKIS V. LITUANIA




Por sentencia de 12 de abril de 2016, el TEDH ha resuelto el caso Dungveckis v. Lituania y fallado que no hubo infracción del artículo 4 § 1 del Protocolo 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.


El caso se refiere a una estafa y falsificación practicadas en relación con el Impuesto sobre le Valor Añadido percibido de clientes y no ingresado a la Hacienda Pública.



Inicialmente el demandante fue condenado por falsificación y absuelto por estafa a una pena de prisión que fue suspendida y a una limitación de su libertad de movimientos que fue cumplida.



Con posterioridad, como consecuencia del recurso de casación interpuesto, la absolución del delito de estafa fue revocada y el caso reenviado al tribunal de instancia, que condenó por estafa y dictó una sentencia consolidada -por los dos delitos- imponiendo una pena de prisión y estableciendo que dada la naturaleza del delito de estafa la pena no podía ser suspendida.  



El caso fue recurrido nuevamente en casación, pero el Tribunal Supremo desestimó el recurso y modificó la condena reduciendo la pena de prisión de la sentencia consolidada en una quinta parte.



El demandante sostuvo que había cumplido la condena por falsificación de la primera sentencia y que la aplicación de la pena impuesta por la sentencia consolidada equivalía a una doble pena por un único delito.



El TEDH considera que hubo solo una vía procedimental referida a ambos cargos y que la misma fue concluida por una sola sentencia final. No hubo, por tanto duplicación de procedimientos y el demandante no fue perseguido más de una vez.



La Sentencia cuenta con una extenso y elaborado voto particular concurrente del juez Zupancic sobre la doctrina del TEDH en materia de “bis in idem”.



Una de las peculiaridades del caso es que el demandante no planteó que había sido obligado a cumplir con la limitación de la libertad de movimientos derivada de la primera sentencia durante la pendencia del recurso que condujo a su segunda condena. No haberlo hecho resuelve el caso, pero no contesta, en la opinión del juez Zupancic, la cuestión de si puede hablarse de dos condenas por el mismo delito en el sentido del 4 § 1 del Protocolo 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos:



“9. Es imposible responder la cuestión de si la falsificación (artículo 207 del Código Penal Lituano) y  la estafa (artículo 274 del Código Penal) fueron perseguidos en el caso por hechos idénticos o hechos que son sustancialmente lo mismo .El engaño es el elemento constitutivo de la estafa; a su vez, la falsificación y el uso falsificado de documentos es ( en términos de dolo y conducta punible) un elemento constitutivo del engaño. ¿Se refieren entonces las dos formas de conducta  a “sustancialmente los mismos hechos”?. ¡Obviamente, el cuarto criterio en Sergey Zolotukhin no sirve de ayuda en la contestación de esta cuestión!

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Thursday, April 21, 2016

EL TEDH Y LA PROTECCIÓN DE LA PRIVACIDAD DE LOS DATOS TRIBUTARIOS

Sunday, April 10, 2016

IUS MIGRANDI




“El ius migrandi fue proclamado por Vitoria-unos cuarenta años después del descubrimiento de América, en las Relectiones de Indis, publicadas en Salamanca en 1539- como un derecho universal, tal vez el primer derecho natural, cien años antes del derecho a la vida de Hobbes, junto al ius commercii, el ius societatis y el ius propagandi evangelium, que venían a sustituir a los antiguos títulos de legitimación de la conquista, como la ocupación de res nullius, y la bulas papales. Como norma final de esta edificante construcción, Vitoria prevé el derecho de guerra de los españoles allí donde se opusiera resistencia al ejercicio de estos derechos. Una visión cosmopolita, obviamente a favor de unos determinados intereses, basada en el igual derecho de los pueblos y de los individuos a emigrar a cualquier lugar de la tierra. Un derecho que será básico para futuras conquistas y colonizaciones. El ius migrandi, como ya he recordado, fue puesto por Locke en la base del derecho a la supervivencia y de la legitimidad política del capitalismo, y figura hoy en el artículo 13 de la Declaración Universalde los Derechos Humanos y también en el artículo 16 de la Constitución italiana.”

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Tuesday, February 9, 2016

LA FRAGMENTACIÓN DE LA DEUDA TRIBUTARIA Y LA LIQUIDACIÓN ADMINISTRATIVA POR DELITO FISCAL

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