#EUROPE AND #THEMORANDIPONT #GENOVA— Guillermo Ruiz Zapatero (@ruiz_zapatero) 30 de junio de 2019
IMAGE OF THE CRASHING AND DELAYED BOMBING OF EUROPE
Bridging (...) coincides perhaps with the whole human project, in that our very body bridges flesh and word
Homo pontifex (Michel Serres)
IN LOVING MEMORY of ALL THE 43 VICTIMS https://t.co/Fvml7T4B90
Licencia Creative Commons
Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional.
Sunday, June 30, 2019
EUROPE AND THE MORANDI PONT
Friday, June 28, 2019
Thursday, June 27, 2019
ESPAÑA EVOLUCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA (2007-2016)
Some stunning results for Spain, based on the just-published @lisdata harmonized survey data.— Branko Milanovic (@BrankoMilan) June 22, 2019
Ten years after the crisis, real median income is the same as in 2007, bottom 40% lost in real terms, income of the top 1% went up by 21%. pic.twitter.com/ej6zouMxOV
Wednesday, June 26, 2019
PROVIDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO SOBRE JUNQUERAS
El TS mantiene
en prisión a Junqueras, pero activa el trámite para plantear una cuestión
prejudicial ante el TJUE sobre el alcance de la inmunidad
Los artículos 39 y 52 de la CDFUE confieren a los
representantes electos al Parlamento Europeo un derecho de acceso al cargo sin
otra limitación que, en su caso, aquella establecida expresamente "por la
ley", que deberá "respetar el contenido esencial de dicho
derecho".
Es difícil imaginar cómo impidiendo el acto de
toma de posesión y proclamación -impedimento no previsto en norma legal alguna-
se puede respetar el contenido esencial del derecho a ser elegido
europarlamentario.
El Tribunal Supremo podría decidirlo directamente
mediante la aplicación de dichos preceptos que en nuestra opinión le vinculan,
como Derecho de la Unión aplicable a un representante electo del Parlamento
Europeo.
Si no lo hace, estaría obligado por el art. 267
del TFUE a plantear al TJUE la cuestión prejudicial sobre la aplicación de
dichos artículos a Oriol Junqueras.
La respuesta del TJUE debería, en nuestra
opinión, ser clara en el sentido indicado (acceso al cargo).
No puede excluirse -y sería coherente- que una
vez planteada la cuestión el TJUE se pronuncie, además, sobre la necesidad de
autorización por el parlamento europeo para proceder contra su representante.
Artículo 39 Derecho a ser elector y elegible en las
elecciones al Parlamento Europeo
1. Todo ciudadano de la Unión tiene derecho a ser elector y
elegible en las elecciones al Parlamento Europeo en el Estado miembro en que
resida, en las mismas condiciones que los nacionales de dicho Estado.
2. Los diputados del Parlamento Europeo serán elegidos por
sufragio universal libre, directo y secreto.
Artículo 52
Alcance de los derechos garantizados
1. Cualquier limitación del ejercicio de los derechos y
libertades reconocidos por la presente Carta deberá ser establecida por la ley
y respetar el contenido esencial de dichos derechos y libertades. Sólo se podrán
introducir limitaciones, respetando el principio de proporcionalidad, cuando
sean necesarias y respondan efectivamente a objetivos de interés general
reconocidos por la Unión o a la necesidad de protección de los derechos y
libertades de los demás.
2. Los derechos reconocidos por la presente Carta que tienen
su fundamento en los Tratados comunitarios o en el Tratado de la Unión Europea
se ejercerán en las condiciones y dentro de los límites determinados por éstos.
Monday, June 24, 2019
ON TOPIC: IMPEACHMENT
Would opening an impeachment inquiry help House Democrats obtain evidence from the Trump Administration? What would an inquiry look like? Harvard Law Professor @tribelaw answered these questions and more on the new episode of my #OnTopic podcast, out today! pic.twitter.com/DzxZbfn0eI— Renato Mariotti (@renato_mariotti) June 24, 2019
Sunday, June 23, 2019
Thursday, June 20, 2019
Wednesday, June 19, 2019
DERECHO Y LITERATURA (II): RONALD DWORKIN
LA PROPUESTA DE RONALD DWORKIN
Se
encuentra recogida en su trabajo “How law is like literature”.[1]
La tesis general del autor es que la práctica jurídica (incluida la judicial)
es un ejercicio de interpretación no sólo cuando los operadores jurídicos
interpretan documentos o textos concretos sino también con carácter general. La
comprensión del derecho mejora cuando comparamos la interpretación legal con la
interpretación en otros ámbitos de conocimiento, especialmente con la
literatura. Y también recíprocamente, el derecho como interpretación
proporcionará una mejor comprensión de la interpretación en general.
I.1 El sentido de las proposiciones
jurídicas. ¿Qué es lo que hace verdaderas o falsas las proposiciones jurídicas?
Para el positivismo
legal, las proposiciones jurídicas son plenamente descriptivas: se trata de
pedazos de historia. Una proposición jurídica es verdadera si y sólo si algún
acontecimiento relacionado con las normas de producción del derecho ha tenido
lugar en el pasado.
Qué sucede, sin embargo,
cuando se cuestiona si una medida concreta, como la antes considerada, goza o
no de protección constitucional. Si
efectivamente es constitucional, no puede serlo en virtud del mero texto constitucional
o de decisiones judiciales previas, puesto que los operadores jurídicos
discrepan acerca de la constitucionalidad.
Al margen del positivismo legal,
existirían las siguientes posibilidades:
A)
Las proposiciones de
derecho controvertidas no son descriptivas sino expresivas de lo que quien las
sostiene quiere que sea tenido en cuenta como derecho. Este podría ser la posición de “los prácticos”, habituados a litigar y
obligados a no reconocer como derecho sino el derecho de “su” parte. No se menciona con ningún matiz peyorativo porque la “lucha” es uno de los medios
principales de desenvolvimiento del derecho.
B)
Las proposiciones
controvertidas son intentos de describir algún tipo de derecho puramente
natural u objetivo, que existe más en virtud de una verdad moral objetiva que
de una decisión histórica.
Tanto
A) como B) consideran que al menos algunas proposiciones jurídicas son
puramente evaluativas y no descriptivas.
En
opinión de Dworkin, ni A) ni B) son plausibles porque sus propuestas, en un
caso como el antes considerado, pretenden describir el derecho como es más que
propugnar lo que ellos quieren que sea derecho o piensan que debería ser
derecho como consecuencia de la mejor teoría moral.
C)
Las proposiciones
jurídicas no son meramente descriptivas de la historia legal, ni tampoco son puramente
evaluativas e independientes de la historia legal. Son interpretativas de la
historia legal, que combina elementos de descripción y evaluación pero es
diferente de ambas.
Ahora
bien, para Dworkin, la idea de interpretación como averiguación de la intención
del autor de un texto o decisión no sirve como explicación de la naturaleza de
las proposiciones jurídicas en el sentido que él propone.
La
interpretación no debe considerarse como una actividad “sui generis”, sino como una actividad general, un modo de
conocimiento. Por ello, debe atenderse a otros contextos de la actividad de
interpretación diferentes del jurídico.
En
la crítica literaria se han defendido más teorías de la interpretación que en
el derecho y éstas incluyen aquéllas que cuestionan la distinción tajante entre
descripción y evaluación.
I.2 Literatura.
La hipótesis estética
En opinión de
Dworkin, el interés para el Derecho de la teoría literaria radica,
principalmente, en aquel tipo de argumentos que ofrecen una interpretación
sobre las obra literaria como un todo: Hamlet es una obra sobre la muerte, o
sobre las generaciones o sobre política.
Para tratar de
describir este tipo de aproximación de los críticos a la obra literaria,
Dworkin utiliza lo que denomina “hipótesis
estética”: una interpretación de una obra intenta mostrar qué lectura del
texto revela a éste como la mejor obra de arte.
Aunque las diferentes teorías o autores ofrezcan diferentes
interpretaciones de una misma obra –porque asumen teorías “normativas” distintas acerca de la literatura-, todos ellos
intentarían ofrecer la mejor lectura de la obra literaria. La escuela de la “deconstrucción” –un texto es sólo su
interpretación y no hay ninguna razón para privilegiar alguna sobre las demás- no
tendría por qué representar una objeción a esta aproximación, puesto que para
ella sí hay una postura que debe adoptarse preferentemente para llevar a cabo
la “mejor lectura” –una cuestión
distinta es la del significado o identidad de la obra-.
Una teoría de la
interpretación requiere una teoría sobre la identidad de una obra, dado que en
otro caso sería imposible distinguir entre interpretar y cambiar o alterar una
obra. Cualquier teoría provechosa sobre la identidad será también objeto de
controversia, pero eso sólo pone de manifiesto que los desacuerdos en la
interpretación ponen de manifiesto los desacuerdos en la “hipótesis o teoría estética”. Como parte de la respuesta al
desafío mencionado, todas las teorías de la interpretación utilizan la idea de
un “texto canónico”. El texto
canónico proporciona, como consecuencia de su identidad, una restricción severa
a la interpretación. Las teorías de la
interpretación literaria son sensibles también a las opiniones del intérprete
sobre la coherencia o integridad en el arte. Una interpretación no puede
mejorar una obra si convierte una gran parte del texto en irrelevante, o una
gran cantidad de sucesos en accidentales, o una buena parte de su estilo
resulta no integrado con el resto. No
obstante, de nuevo, existirán importantes discrepancias acerca de lo que debe
ser tenido en cuenta como “integridad” de
la obra o acerca de qué clase de unidad es deseable y cuál irrelevante o
indeseable.
Considerando lo
anterior, podría opinarse que la "hipótesis
estética" es trivial, pero esto no la convertiría en prescindible,
porque la principal consecuencia de la "hipótesis"
sería que las teorías de interpretación no serían vistas como lo que
habitualmente reclaman ser -análisis de la idea de interpretación- sino más
bien como candidatos a la mejor respuesta a la cuestión sustantiva planteada
por la interpretación. La interpretación sería, en esta hipótesis, un concepto
del cual las siguientes teorías serían concepciones competidoras.
La cuestión de la
objetividad sería una cuestión diferente. La interpretación es una empresa
colectiva y sería erróneo asumir “a
priori “que las proposiciones centrales a cualquier empresa colectiva deben
ser validadas. Así como también sería erróneo asumir demasiado acerca del tipo
de validación requerido en tal clase de empresas colectivas -por ejemplo, si la
validación exige o no la posibilidad de demostración-.Sería preferible una
aproximación más empírica: considerar aquel tipo de actividades en que la gente
asume que tiene buenas razones para sus juicios y que las mismas son aplicables
con carácter general y no derivan de un punto de vista particular.
Posteriormente, podrían evaluarse aquellos estándares que la gente acepta en la
práctica al pensar que tiene razones de la clase indicada.
I.3 La intención del autor
La teoría de la
interpretación basada en la intención del autor tampoco representaría, en este
esquema, una descalificación de la hipótesis estética sino que sería una teoría
competidora: la primacía de la intención del autor descansaría también en una
teoría normativa sujeta a controversia y no en una observación neutral y previa
a cualquier evaluación coherente. Los originalistas, que defienden la teoría de
la intención del autor como central en la interpretación, malinterpretan,
además, ciertas complejidades de los estados mentales y, en particular,
fracasan en la apreciación de como interactúan las intenciones y las creencias de
un autor acerca de su obra: un verdadero autor es capaz de mantener la
distancia entre su obra y las intenciones y creencias que la originaron, de
tratarla como un objeto separado en sí mismo.
Asimismo, es capaz
de obtener nuevas conclusiones sobre su obra basadas en juicios estéticos: la
obra es más coherente y ofrece un mejor análisis de sus temas más importantes
cuando se lee en una forma distinta de la que pensaba cuando la estaba
escribiendo. Es más, el significado más pleno de la obra como tal descansaría
en la separabilidad de la obra de su autor. Las intenciones del autor no están
simplemente pegadas a su obra, como las intenciones de alguien que va al
mercado con una lista de la compra, sino que son intenciones entretejidas con
la propia obra, de manera que cuanto más concretas sean las intenciones -como
por ejemplo los propósitos de un personaje particular en una novela- más
dependerán de creencias interpretativas cuya relevancia varía con el resultado
de la obra producida, y que podrían verse radicalmente alteradas con el
transcurso del tiempo.
Quizás pudiera
intentar listarse el conjunto completo de las creencias interpretativas que un
autor tiene cuando termina su obra y declarar que estas creencias son lo que la
obra significa. Pero incluso aunque erróneamente llamáramos a este conjunto
"intenciones", al hacerlo
así estaríamos ignorando un nivel de intención diferente, que es la intención
de crear una obra cuya naturaleza o significado no queda fijado o agotado de
esta manera, porque se trata de una obra de arte.
I.4 La cadena del Derecho
Dworkin usa la
teoría de la interpretación esbozada como un modelo para el método central del
análisis legal y apunta una analogía entre dicho método y el proyecto de
escritura de una novela colectiva, en la que los autores posteriores resultan
constreñidos por el trabajo realizado por los anteriores. Aunque dicho proyecto
resultara literalmente imposible o pobre, no por ello dejaría de ser útil para
la comparación mencionada.
La decisión de
casos jurídicos difíciles sería similar a este extraño ejercicio
literario. La similitud es más evidente
en los casos de aplicación del "common
law" cuando la cuestión central es decidir qué reglas o principios del
derecho subyacente fueron los relevantes en las decisiones de otros jueces en
el pasado. Cada juez sería entonces como el novelista en la cadena: el juez
actual debe leer las decisiones de los jueces pasados no con el objeto de
descubrir lo que dijeron, o su intención al decirlo, sino también con el
propósito de obtener una opinión acerca de lo que los jueces hicieron
colectivamente en el pasado, de manera similar a como cada novelista debería
formarse una opinión acerca de la novela colectiva realizada por los autores
previos. El juez debe interpretar la obra colectiva anterior porque tiene la
responsabilidad de proseguir la empresa colectiva en marcha más que la de
iniciar una nueva dirección basada en su juicio exclusivo.
En el caso antes
mencionado, el juez debe decidir si la publicación de un código informático
debe o no tener la protección constitucionalmente concedida a la libre difusión
de las ideas, y debe decidirlo teniendo en cuenta las decisiones previas y el
tema objeto de controversia.
¿Sería posible
entonces decir de qué discrepan quienes discrepan sobre la mejor interpretación
del caso? Una interpretación plausible de los antecedentes legales o decisiones
previas debe pasar una prueba que tiene dos dimensiones: i) debe ser coherente
con los antecedentes y decisiones previas; y ii) mostrar la cuestión crucial
que plantea y su valor. La cuestión
central y su valor no son aquí un valor artístico. El Derecho es una empresa
política cuya cuestión central, si es que tiene alguna, radica en la
coordinación del esfuerzo social con el esfuerzo individual, o en la resolución
de disputas sociales o individuales, o en asegurar la justicia entre los
ciudadanos y entre ellos y su gobierno, o en alguna combinación de las
anteriores. Así, una interpretación legal de una rama o división del derecho, o
de un caso, debe mostrar el valor de tal rama o caso en términos políticos
mediante la demostración de que, así interpretado, sirve de la mejor forma el
principio o finalidad a cuyo servicio está destinado.
La dimensión de la
coherencia proporcionará algunos límites a la labor del juez que interpreta, aunque no existe ningún
algoritmo para decidir si una interpretación concreta "encaja" suficientemente con los antecedentes y
decisiones previas como para no tener que ser rechazada.
Cuando una ley o
una constitución forman parte de los antecedentes, la intención del "autor" jugará sin duda un
papel pero la cuestión de cuál de entre los sentidos posibles sea el apropiado
debería ser decidida, con arreglo a lo anterior, como una cuestión de teoría
política.
Por consiguiente,
cualquier juicio de un juez acerca de la cuestión central del caso o de la
función de la rama del derecho considerada incluirá o implicará alguna
concepción acerca de la integridad y coherencia del derecho como institución, y
esta concepción guiará y limitará aquella teoría de la coherencia que está
aplicando en la práctica, es decir, sus convicciones acerca de hasta qué punto
los antecedentes y decisiones previstas y su interpretación deben ser
coherentes o "encajar",
así como cuáles de entre aquellos antecedentes y decisiones y cómo deben
encajar con la interpretación.
Resulta evidente,
sin embargo, que cualquier teoría particular acerca de la coherencia citada
fracasará en proporcionar una interpretación única. La distinción entre casos difíciles y casos
ordinarios es, quizás, la distinción entre casos que no dan lugar -o producen-
una única interpretación.
De la misma manera
que los lectores de un poema pueden encontrar suficiente apoyo en el texto que
justifique la unidad y coherencia del mismo, dos principios pueden encontrar
apoyo suficiente en decisiones jurídicas previas y satisfacer, por tanto,
cualquier teoría plausible de la coherencia.
En este caso, Dworkin opina que la teoría política sustantiva (de la
misma manera que las consideraciones sustantivas sobre el mérito artístico en
la obra literaria) jugará un papel decisivo. Por tanto, la interpretación
incluye dos características estructurales: i) la satisfacción del requisito
general consistente en que una interpretación debe ser coherente o encajar con
los antecedentes y decisiones previos, y ii) la defensa sustantiva de objetivos
o finalidades sociales y de principios de justicia.
La caracterización
de Dworkin es susceptible de dos tipos de crítica. En primer lugar, que no
resulta inmune a la tacha de subjetivismo. Sobre este punto, su defensor opina
que no hay ninguna razón para opinar que la teoría por él propuesta permita
dudar de que una interpretación del derecho pueda ser mejor que otra, así como
de que alguna pueda ser la mejor de todas. Que efectivamente sea así o no,
afirma, dependerá de planteamientos filosóficos generales que no son más
propios o peculiares del derecho que de la literatura. Estos planteamientos,
además, no tienen por qué empezar con ideas previas acerca de las condiciones
necesarias y suficientes de la objetividad (por ejemplo, que ninguna teoría del
derecho pueda considerarse fundada a no ser que esté demostrativamente
fundada).
Antes de llegar a
una conclusión sobre dichas ideas, sería posible desarrollar varios niveles de
una concepción del derecho que interpretativamente de cuenta de una práctica
compleja e importante, y que colectivamente nos parezca la clase de
interpretación correcta para la ley y el derecho.
En segundo término, la
caracterización es acusada de no proporcionar un lugar adecuado a la intención
del autor. Fracasaría al no ver que la interpretación jurídica es simplemente cuestión
de discutir lo que los diferentes autores en el proceso legal intentaron en su
momento. En este nivel, sin embargo, el
argumento de la intención del autor es simplemente una concepción de la
interpretación, aquélla que sostiene que la mejor teoría política a efectos de
la interpretación es aquélla que da a las intenciones de los legisladores y
jueces un papel decisivo en la interpretación.
Por tanto, si pretende
ser una verdadera objeción contra la caracterización de la interpretación
propuesta, entonces debería argumentar más bien que el auténtico significado de
la interpretación en el derecho exige que sólo las intenciones de los
legisladores o jueces deberían tenerse en cuenta o, al menos, que existe un
firme consenso entre los operadores jurídicos en este sentido. Ambas
argumentaciones son tan infundadas como aquellas otras similares que pudieran
hacerse, paralelamente, en cuanto a la interpretación de una obra literaria.
Incluso cuando la teoría
de la interpretación que invoca el papel decisivo de la intención del autor se
considera más como una concepción alternativa del concepto legal de
interpretación que como una explicación de dicho concepto legal, no puede
evitar el enfrentarse a importantes cuestiones como la distinción entre
intenciones abstractas y concretas o la necesidad de dar coherencia al
resultado que, tomadas con un todo, ofrecen las decisiones judiciales pasadas. La
intención del autor se muestra elusiva en estos casos.
Dworkin considera que la
caracterización de la interpretación que propone es fundada porque la práctica
de la interpretación jurídica ofrece opiniones que muestran distintas
sensibilidades políticas -liberales, radicales o conservadoras- no sólo acerca
de lo que la Constitución y las leyes deberían ser sino también acerca de qué
son en los casos concretos considerados. Como ejemplo, ofrece la interpretación
de la cláusula de igual protección de la Constitución de los Estados Unidos [2].
No existe una interpretación útil del significado de dicha garantía
constitucional que sea independiente tanto de la cuestión de qué es la igualdad
política como de la de hasta donde la igualdad es un requisito de la justicia. La
historia del último medio siglo de derecho sobre dicha cláusula, dice, es una
exploración de exactamente estas cuestiones de moralidad política. Los juristas
conservadores argumentan vehemente en favor de una interpretación fundada en la
intención del autor y acusan a los demás, que utilizan una concepción distinta
de la interpretación con resultados más igualitarios, de inventar más que
interpretar la ley. Esta aproximación, sin embargo, no puede ocultar el papel
que las propias convicciones políticas juega en la elección de la concepción de
la interpretación que se atiene a la supuesta intención del autor. Tal y como
Dworkin apunta, quizás los debates sobre la cláusula de igual protección
habrían sido más esclarecedores si hubiera sido ampliamente reconocido que el
descansar en una teoría política no constituye “per se” una corrupción de la interpretación sino una parte de lo
que la interpretación significa.
La analogía entre Derecho
y Literatura sugerida por Dworkin puede ser también, en nuestra opinión,
profundizada y desarrollada recurriendo a la interrelación entre Derecho
(contratación y hechos institucionales) y lenguaje, tal y como ésta ha sido
puesta de manifiesto, aunque sobre bases distintas, por ECO [3]
y SEARLE [4]. Ambos planteamientos reforzarían, en nuestra
opinión, el concepto de la interpretación legal propuesto por Dworkin y, al
menos, una concepción de la interpretación jurídica que, si bien es susceptible
de admitir un buen número de matices y diferencias, no sería una concepción
escéptica o pragmática del derecho –en el sentido de Dworkin [5]-
sino una concepción que no sólo guía sino que también limita de forma objetiva
la actividad interpretativa del operador jurídico.
[4] John
R. Searle: La construcción de la realidad social. Paidós
1995; y también: Mind, language and society. Basic Books, New York 1998
a)
Escéptica
sería una posición que no reconoce la existencia de estándares objetivos de
razonabilidad y justicia para decidir.
b)
Pragmática
sería una posición que sostiene que los jueces adoptan y deberían adoptar
aquellas decisiones que parecen las mejores para el futuro de la comunidad, sin
consideración alguna de su consistencia con decisiones previas.
Tuesday, June 18, 2019
Monday, June 17, 2019
EL TEDH Y EL "BIS IN IDEM" TRIBUTARIO
Guide on
Article 4 of Protocol No. 7
to the
European Convention
on Human
Rights
Right not to
be tried or
punished
twice
Updated on 30 April
2019
A. General
Principles
6. As noted
in the Explanatory Report to the Protocol, § 32, Article 4 only applies to
“criminal proceedings”. Consequently, it does not prevent the person from being
subject, for the same act, to action of a different character (for example,
disciplinary action against an official) as well as to criminal proceedings.
7. However,
the Court has held that the legal characterisation of the procedure under
national law cannot be the sole criterion of relevance for the applicability of
the principle of non bis in idem under Article 4 § 1 of Protocol No. 7.
Otherwise, the application of this provision would be left to the discretion of
the Contracting States to a degree that might lead to results incompatible with
the object and purpose of the Convention (Sergey
Zolotukhin v. Russia [GC], § 52 2).
It has held that the notion of “criminal procedure” in the text of Article 4 of
Protocol No. 7 must be interpreted in the light of the general principles
concerning the corresponding words ”criminal charge” and “penalty” in Articles
6 and 7 of the Convention, respectively3. The Court’s established case-law sets
out three criteria, commonly known as the “Engel criteria” (Engel
and Others v. the Netherlands), to be considered in determining whether
or not there was a “criminal charge” (Sergey Zolotukhin v. Russia [GC],
§ 53). For the consistency of interpretation of the Convention taken as
a whole, the Court finds it appropriate for the applicability of the principle
of ne bis in idem to be governed by the same criteria as in Engel (A and B
v. Norway [GC], §§ 105-107). The
first criterion is the legal classification of the offence under national law,
the second is the very nature of the offence and the third is the degree of
severity of the penalty that the person concerned risks incurring. The second
and third criteria are alternative and not necessarily cumulative. This, however,
does not rule out a cumulative approach where separate analysis of each
criterion does not make it possible to reach a clear conclusion as to the
existence of a criminal charge (Sergey Zolotukhin v. Russia, § 53, Jussila
v. Finland [GC], §§ 30-31).
8. If the
first or second set of proceedings is not considered “criminal” or “penal” by
the Court, the complaint under Article 4 of Protocol No. 7 will normally be
declared inadmissible as being incompatible ratione materiae within the
meaning of Article 35 § 3 of the Convention (see, by way of example, Paksas
v. Lithuania [GC], § 69, Seražin v. Croatia (dec.), §§ 91-92).
B.
Examples
·
Tax surcharges
10. The Court
has found in several judgments that the proceedings for imposition of tax
surcharges were “criminal” for the purposes of Article 4 of Protocol No. 7 (inter
alia, Manasson v. Sweden (dec.), Rosenquist v. Sweden (dec.),
Pirttimäki v. Finland, §§ 45-48, Lucky Dev v. Sweden, § 51). This
view was recently confirmed in A and B v. Norway [GC], §§ 136-139, and
in Johannesson
and others v. Iceland, § 43).
(…)
III. Whether both proceedings were “criminal” or
“penal” in nature Article 4 § 1 of Protocol No. 7
·
Administrative
proceedings and penalties
15. In Ruotsalainen
v. Finland, §§ 41-47, the
applicant was stopped by the police during a road check and was found to be
driving with more leniently taxed fuel than the diesel oil his van should have
been running on. Summary penal order proceedings were brought against him and
he was fined for petty tax fraud. It was also noted that, the applicant having
admitted to refuelling the van himself, there had been a notion of intent
behind his offence. Administrative proceedings were also brought against him
and he was charged the difference in tax. It was found that he had used his van
with fuel more leniently taxed than diesel oil and that, as he had failed to
give the Vehicle Administration or Customs prior notification of that usage,
the normal difference in tax charge was trebled. The Court noted that the
applicant was fined in summary penal order proceedings which were classified as
“criminal” in Finnish legislation. Subsequently, the applicant was issued with
a fuel fee debit in administrative proceedings that were not classified as
criminal but as part of the fiscal regime. The Court noted that the relevant
provision was directed towards all citizens rather than towards a group
possessing a special status. As the collected fuel fee was trebled the Court
held that it was to be seen as punishment to deter re-offending. Consequently,
the Court concluded that the nature of the offence was such as to bring the
issuing of the fuel fee debit within the ambit of “penal procedure”.
16.
In Grande
Stevens and Others v. Italy, §§ 94-101 and §
222, the Court found that heavy administrative fines imposed on
the applicants by the financial markets regulator were also “criminal” for the
purposes of both Article 6 and Article 4 of Protocol No. 7. The Court also
found that Italy’s reservation to the effect that Article 4 of Protocol No. 7
applied only to offences classified as criminal under Italian law was not valid
under the Convention, since it was too general and did not refer to the
specific provisions of the Italian legal order which excluded offences from the
scope of Article 4 of Protocol No. 7 (§§ 204-211).
IV. Whether
the proceedings concerned the “same offence” (idem)
A. General Principles
20. The non bis in idem principle
prohibits prosecution or trial for the “same offence”. In Sergey Zolotukhin
v. Russia [GC] the Court acknowledged that it had adopted a variety of
approaches in the past, placing the emphasis either on identity of the facts
irrespective of their legal characterisation (the “same conduct”, idem
factum, Gradinger v. Austria, § 55), on the legal classification, accepting
that the same facts could give rise to different offences (“concours ideal
d’infractions”, see Oliveira v. Switzerland, §§ 25-29), or on the
existence or otherwise of “essential elements” common to both offences (Franz
Fischer v. Austria). After examining the scope of the right not to be tried
and punished twice as set forth in other international instruments
(International Covenant on Civil and Political Rights, Charter of Fundamental
Rights of the European Union and American Convention on Human Rights) and
noting that the approach which emphasised the legal characterisation of the two
offences was too restrictive on the rights of the individual, the Court took
the view that Article 4 of Protocol No. 7 should be understood as prohibiting the
prosecution or trial of an individual for a second “offence” in so far as it
arose from identical facts or facts which were “substantially” the same as
those underlying the first offence (§§ 79-82; see also A and B v. Norway [GC],
§ 108). The starting point for the determination of whether the facts in both
proceedings were identical or substantially the same should be the statements
of fact concerning both the offence for which the applicant had already been
tried and the offence of which he or she stands accused (§ 83). The Court
emphasised that it was irrelevant which parts of the new charges were
eventually upheld or dismissed in the subsequent proceedings, because Article 4
of Protocol No. 7 contains a safeguard against being tried or being liable to
be tried again in new proceedings rather than a prohibition on a second
conviction or acquittal. It held that its inquiry should therefore focus on
those facts which constitute a set of concrete factual circumstances involving
the same defendant and inextricably linked together in time and space, the
existence of which must be demonstrated in order to secure a conviction or
institute criminal proceedings (§§ 83-84).
B. Examples
21. The principles established in Sergey
Zolotukhin v. Russia [GC] have subsequently been applied in a number of
other cases.
22.
In Ruotsalainen v. Finland, the Court noted that the facts behind both
sets of proceedings against the applicant had essentially been the same: they
both concerned the use of more leniently taxed fuel than diesel oil. The only difference had
been the notion of intent in the first set of proceedings. Consequently, the
Court held that the second sanction had arisen from the same facts as the
former and there had therefore been a duplication of proceedings in violation
of Article 4 of Protocol No. 7 (§§ 50-57).
(…)
25. A
number of cases concern applicants who have been subject to criminal
proceedings concerning tax- and bookkeeping crimes and also proceedings
concerning tax surcharges. In Pirttimäki
v. Finland the tax authorities, following an inspection, considered
that the applicant had received disguised dividends from a company in which he
held shares. Additional taxes and tax surcharges were imposed on the applicant.
Furthermore, additional taxes and tax surcharges were also imposed on the
company in which he held shares. Subsequently, the applicant was convicted, on
the company’s count, of an accounting offence, for having introduced incorrect
and misleading information in the company’s bookkeeping, and of aggravated tax
fraud. The Court noted that the first two sets of proceedings arose from the
fact that the company as well as the applicant, in his personal taxation
declaration, had failed to declare some income for certain tax years. In the
second set of proceedings the applicant was accused, as a representative of the
company, of aggravated tax fraud for having given incorrect information on
behalf of the company to the tax authorities during a certain time period. The
two sets of proceedings which were relevant were thus the taxation proceedings
against the applicant as well as the criminal proceedings. The Court found that
the two sets of facts were different, noting that the legal entities involved
in these proceedings were not the same: in the first set of proceedings it was
the applicant and in the second set of proceedings the company. It observed
that the circumstances were not the same: making a tax declaration in respect
of personal taxation differed from making a tax declaration for a company as
these declarations were made in different forms, they may have been made at a
different point of time and, in the case of the company, may also have involved
other persons. The Court therefore concluded that the two impugned sets of
proceedings did not constitute a single set of concrete factual circumstances
arising from identical facts or facts which were substantially the same (§§
49-52).
26.
In Shibendra Dev v.
Sweden (dec.) the tax authorities found that as the information
supplied by the applicant in his tax return was incorrect and the revision had
had to be made under a discretionary assessment procedure, given the business’s
deficient accounting, he was ordered to pay tax surcharges. Criminal proceedings
were initiated against him in regard to the above conduct. He was convicted of
an aggravated bookkeeping offence and an aggravated tax offence. The offences
concerned the same period as the above-mentioned tax decisions. The domestic
court found that the bookkeeping of the restaurant business had been seriously
deficient and that the applicant and his wife had been responsible for failing
to account for considerable proceeds and VAT, which had involved large profits
for them. The Court noted that the obligation of a businessperson to enter
correct figures in the books was an obligation per se, which was not dependent
on the use of bookkeeping material for the determination of tax liability. The
applicant, while not having fulfilled the legal bookkeeping requirements, could
later have complied with the duty to supply the tax authorities with sufficient
and accurate information by, for instance, correcting the information contained
in the books or by submitting other material which could adequately form the basis
of a tax assessment. Accordingly the Court held that the applicant’s submission
of the incorrect bookkeeping material to the tax authorities in support of the
claims and statements made in his tax return and his failure to provide them
with other reliable documentation on which it could base its tax assessment
constituted important additional facts in the tax proceedings which did not
form part of his conviction for a bookkeeping offence. In these circumstances
the Court found that the two offences in question were sufficiently separate to
conclude that the applicant was not punished twice for the same offence (§ 51;
see also Manasson v. Sweden (dec.), Carlberg v. Sweden, §§
69-70).
27. On the
contrary, in Johannesson and Others v. Iceland, the Court noted that the
applicants’ conviction and the imposition of tax surcharges were based on the
same failure to declare income and that tax proceedings and the criminal
proceedings concerned the same period of time and essentially the same amount
of evaded taxes. Therefore, the criminal offences for which the applicants were
prosecuted and convicted were the same as those for which the tax surcharges
were imposed (§ 47). In brief, the idem element of the non bis in
idem principle was present.
(…)
V. Whether
there was a duplication of proceedings (bis)
A. The first ruling must be “final”
29. The aim of Article 4 of Protocol No. 7
is to prohibit the repetition of criminal proceedings (non bis in idem principle)
that have been concluded by a “final” decision. According to the Explanatory
Report to Protocol No. 7, which itself refers back to the European Convention
on the International Validity of Criminal Judgments, a decision is final if,
according to the traditional expression, it has acquired the force of res
judicata. This is the case when it is irrevocable, that is to say when no
further ordinary remedies are available or when the parties have exhausted such
remedies or have permitted the time-limit to expire without availing themselves
of them (Sergey Zolotukhin v. Russia [GC], § 107). Decisions against
which an ordinary appeal lies are excluded from the scope of the guarantee
contained in Article 4 of Protocol No. 7 as long as the time-limit for lodging
such an appeal has not expired (§ 108). On the other hand, extraordinary
remedies such as a request for the reopening of the proceedings or an
application for extension of the expired time-limit are not taken into account
for the purposes of determining whether the proceedings have reached a final
conclusion. Although these remedies represent a continuation of the first set
of proceedings, the “final” nature of the decision does not depend on their
being used (§ 108).
30.
In Sundqvist v. Finland
(dec.) the Court found that a decision by a prosecutor not to prosecute was
not to be regarded as a “final” decision, in the light of the domestic law
applicable. Accordingly, a subsequent decision by the Prosecutor General to
prosecute the applicant and the following conviction did not amount to new
proceedings falling under the sphere of Article 4 of Protocol No. 7. The Court
has already held that the discontinuance of criminal proceedings by a public
prosecutor does not amount to either a conviction or an acquittal, and that
therefore Article 4 of Protocol No. 7 finds no application in that situation (Smirnova
and Smirnova v. Russia (dec.), Harutyunyan v. Armenia (dec.), Marguš
v. Croatia [GC], § 120; see also a provisional psychiatric internment
ordered by the prosecutor in Horciag v. Romania (dec.)). This provision
is neither applicable to the termination of criminal proceedings on the basis
of an amnesty for acts which amounted to grave breaches of fundamental rights,
such as war crimes against the civilian population (Marguš v. Croatia [GC],
§§ 122-141). The Court has held that granting amnesty in respect of the killing
and ill-treatment of civilians would run contrary to the State’s obligations
under Articles 2 and 3 of the Convention. It has also noted that there is
growing tendency in international law to see the granting of amnesties in
respect of grave breaches of human rights as unacceptable. Therefore, bringing
a fresh indictment against a person who has been granted an amnesty for these
acts should not fall within the ambit of Article 4 of Protocol No. 7 (Marguš
v. Croatia [GC], §§ 122-141).
B. Whether
there was a new set of proceedings
31. Article 4 of Protocol No. 7 prohibits
the repetition of criminal proceedings that have been concluded by a “final”
decision. Article 4 of Protocol No. 7 is not only confined to the right not to
be punished twice but extends also to the right not to be prosecuted or tried
twice. It applies even where the individual has merely been prosecuted in
proceedings that have not resulted in a conviction (Sergey Zolotukhin v.
Russia [GC], §§ 110-111, in respect of an acquittal following the second
set of proceedings).
32. The Court has held that Article 4 of
Protocol No. 7 clearly prohibits consecutive proceedings if the first set of
proceedings has already become final at the moment when the second set of
proceedings is initiated (Sergey Zolotukhin v. Russia).
33. It has to be noted that, in some
cases, the issue as to whether a proceedings is “final” or not is devoid of
relevance if there is no real duplication of proceedings but rather a
combination of proceedings considered to constitute an integrated whole (Johannesson
and Others v. Iceland, § 48). In this case, the Court did not find it
necessary to determine whether and when the first set of proceedings – the tax
proceedings – became “final” as this circumstance did not affect the assessment
of the relationship between the proceedings at stake.
34. As regards parallel proceedings,
Article 4 of Protocol No. 7 does not prohibit several concurrent sets of
proceedings (litis pendens). In such a situation it cannot be said that
an applicant is prosecuted several times “for an offence for which he has
already been finally acquitted or convicted” (Garaudy v. France (dec.)).
There is no problem from the Convention point of view also when, in a situation
of two parallel sets of proceedings, the second set of proceedings is
discontinued after the first set of proceedings has become final (Zigarella
v. Italy (dec.)). But, when no such discontinuation occurs, the Court has
found that there was a duplication of proceedings in violation of Article 4 of
Protocol No. 7 (Tomasović v. Croatia, §§ 29-32; Muslija v. Bosnia and
Herzegovina, §§ 36-37; Nykänen v. Finland, §§ 47-54; Glantz v.
Finland, §§ 57-64).
(…)
36. Tax
sanctions have been examined by the Court in several cases against Finland and
Sweden. (Häkkä v. Finland, Nykänen v. Finland, Glantz v.
Finland, Rinas v. Finland, Österlund v. Finland, Kiiveri
v. Finland and Lucky
Dev v. Sweden). In these cases the Court noted that under the Finnish
and Swedish systems the criminal and the administrative sanctions had been
imposed by different authorities without the proceedings being in any way
connected: both sets of proceedings followed their own separate course and
became final independently from each other. Moreover, the Court noted that
neither of the sanctions had been taken into consideration by the other court
or authority in determining the severity of the sanction, nor was there any
other interaction between the relevant authorities. Furthermore the Court
observed that the tax surcharges had been imposed following an examination of
an applicant’s conduct and his or her liability under the relevant tax
legislation which was independent from the assessments made in the criminal
proceedings. This, the Court held, contrasted with the Court’s earlier cases
relating to driving licences, where the decision on withdrawal of the licence
had been directly based on an expected or final conviction for a traffic
offence and thus had not contained a separate examination of the offence or
conduct at issue. Therefore, the Court concluded that there had not been a
close connection, in substance and in time, between the criminal and the
taxation proceedings.
37. The issue is then whether there had
been a duplication of proceedings (bis). In A and B v. Norway [GC]
the Court examined the Norwegian system of dual criminal and administrative
proceedings regarding incorrect information submitted in tax declarations. The
Court developed further the principle of “sufficiently close connection in
substance and in time” between the proceedings. It held that the surest manner
of ensuring compliance with Article 4 of Protocol No. 7 was the provision of a
single-track procedure enabling the parallel strands of legal regulation of the
activity concerned to be brought together, so that the different needs of
society in responding to the offence could be addressed within the framework of
a single process. Nonetheless, Article 4 of Protocol No. 7 does not exclude the
conduct of dual proceedings, even to their term, provided that certain
conditions are fulfilled. The respondent State must demonstrate convincingly
that the dual proceedings in question have been “sufficiently closely connected
in substance and in time” (§ 130). When deciding whether dual criminal and
administrative proceedings are “sufficiently connected” the Court held that the
material factors included (§ 132):
“-
whether the different proceedings pursue complementary purposes and thus
address, not only in abstracto but also in concreto, different
aspects of the social misconduct involved;
-
whether the duality of proceedings concerned is a foreseeable consequence, both
in law and in practice, of the same impugned conduct (idem);
-
whether the relevant sets of proceedings are conducted in such a manner as to
avoid as far as possible any duplication in the collection as well as the
assessment of the evidence, notably through adequate interaction between the
various competent authorities to bring about that the establishment of facts in
one set is also used in the other set;
-
and, above all, whether the sanction imposed in the proceedings which become
final first is taken into account in those which become final last, so as to
prevent that the individual concerned is in the end made to bear an excessive
burden, this latter risk being least likely to be present where there is in
place an offsetting mechanism designed to ensure that the overall amount of any
penalties imposed is proportionate.”
Furthermore, the Court stressed that the
extent to which the administrative proceedings bear the hallmarks of ordinary
criminal proceedings, inter alia its stigmatising features, was an
important factor. Moreover, where the connection in substance is
sufficiently strong, the requirement of a connection in time must also
be satisfied. The Court held that the two sets of proceedings do not have to be
conducted simultaneously from beginning to end as it should be open to States
to opt for conducting the proceedings progressively in instances where doing so
is motivated by interests of efficiency and the proper administration of justice,
pursued for different social purposes, and has not caused the applicant to
suffer disproportionate prejudice. However, the connection in time must
be sufficiently close to protect the individual from being subjected to
uncertainty and delay and from proceedings becoming protracted over time, even
where the relevant national system provides for an “integrated” scheme
separating administrative and criminal components (§ 134).
Applying
these principles to the facts of the cases, the Court was satisfied that,
whilst different sanctions were imposed on the applicants by two different
authorities in different proceedings, there was nevertheless a sufficiently
close connection between them, both in substance and in time, “to consider them
as forming part of an integral scheme of sanctions under Norwegian law” for
failure to provide information for their tax returns. The dual proceedings did
not constitute therefore a proscribed duplication of proceedings so there had
been no violation of Article 4 of Protocol No. 7 to the Convention (§§ 144-147
and 149-154).
38.
On the contrary, in the case of Johannesson and Others v. Iceland, the
Court found that even if the two proceedings pursued complementary purposes in
addressing the issue of taxpayers’ failure to comply with the legal
requirements relating to the filing of tax returns (§ 51), there was no
sufficiently closed connection between them, due to the limited overlap in time
and the largely independent collection and assessment of evidence (§ 55).
Consequently, the applicants suffered disproportionate prejudice as a result of
having been tried and punished for the same or substantially the same conduct
by different authorities in two different proceedings which lacked the required
connection.
Subscribe to:
Posts (Atom)