Sunday, February 28, 2010

¿PUEDE SER ORGANICA LA LO 1/2010?

La reciente Ley Orgánica 1/2010 no parece, a pesar de su importancia constitucional, haber motivado los comentarios que por su trascendencia constitucional merecería. Más en cuanto a la forma del procedimiento de reforma que en cuanto al fondo de su resultado. Pero la forma o el procedimiento es esencial en todas las cuestiones constitucionales. Seguramente la falta de atención es debida a la tendencia a restringir las cuestiones constitucionales al ámbito de los ”especialistas” y a la urgencia de otras cuestiones también capitales.

No parece ocioso, sin embargo, un breve comentario sobre sus planteamientos y limitaciones constitucionales.

I.-JUSTIFICACION DE LA LEY ORGANICA 1/2010 POR SU EXPOSICION DE MOTIVOS:

“De ello viene a resultar que son las Juntas Generales de cada territorio quienes tienen la competencia para establecer y regular los distintos tributos que nutren la hacienda foral, regulación que realizan mediante la aprobación de normas forales, que tienen naturaleza reglamentaria, puesto que la llamada Ley de Territorios Históricos (LTH), de 25 de noviembre de 1983 (del Parlamento Vasco), reserva al Parlamento Vasco en exclusiva la facultad de dictar normas con rango de Ley en su artículo 6.2.

Las normas forales reguladoras de los distintos impuestos resultan, por lo tanto, recurribles ante los tribunales de la jurisdicción contencioso-administrativa, situación ésta que contrasta abiertamente con las normas fiscales del Estado, que tienen rango de Ley y, por lo tanto, sólo pueden ser impugnadas ante el Tribunal Constitucional por la reducida lista de sujetos que el artículo 162 de la Constitución considera legitimados.

Los derechos históricos de los territorios forales, al menos en lo que concierne a su núcleo esencial, no son una cuestión de mera legalidad ordinaria, sino que entrañan, sin duda, una cuestión constitucional, tanto como las que pueda plantear cualquier otro precepto de la Constitución, lo que obliga a arbitrar una vía practicable y accesible para su defensa, que remedie el déficit de protección de la foralidad que resulta de la falta de legitimación de las instituciones forales para acudir al Tribunal Constitucional en los supuestos en que el legislador, estatal o autonómico, invada el espacio que la disposición adicional primera de la Constitución y el artículo 37 del Estatuto vasco les reserva en exclusiva.

En ese espacio exclusivo constitucionalmente garantizado, en el que ni las Cortes Generales ni el propio Parlamento Vasco pueden entrar, las instituciones forales han de operar, sin embargo, con normas que, al carecer de rango de Ley resultan más vulnerables y, por lo tanto, más frágiles, lo que hace consiguientemente más débil la garantía constitucional de la foralidad de los territorios históricos vascos que la de la Comunidad Foral de Navarra, a pesar de que en ambos casos el fundamento constitucional es el mismo: la disposición adicional primera de la norma fundamental.

Esta diferencia no tiene justificación material alguna: materialmente la regulación del impuesto sobre la renta de las personas físicas o del impuesto de sociedades es la misma cosa y debería tener, por ello, el mismo tratamiento en Navarra que en Bizkaia, Gipuzkoa y Álava. Todo se reduce a una diferencia formal, que resulta en el caso de los territorios históricos del País Vasco de la falta de reconocimiento a sus instituciones de la potestad legislativa formal, explicación ésta que dista mucho de ser satisfactoria, supuesta la identidad material ya destacada.”

II

El régimen de recursos que establece esta iniciativa se refiere a las Normas Forales fiscales, y ello en base a la disposición adicional primera de la Constitución, cuyo contenido los artículos 40 y 41 del Estatuto vasco no hacen sino explicitar. En este ámbito, que no es constitucionalmente transferible a otros entes o instituciones, sólo las normas forales aprobadas por las Juntas Generales de cada territorio histórico pueden entrar, en virtud de la disposición adicional primera de la Constitución, y sólo ellas, en consecuencia, pueden mantener, establecer y regular los impuestos concertados que en el resto del Estado están formalmente reservados por la propia Constitución a las Leyes aprobadas por las Cortes Generales.

Las normas forales reguladoras de los distintos impuestos concertados, o de los recargos, arbitrios y recursos provinciales que puedan establecerse sobre ellos, no desarrollan ni complementan, por lo tanto, Ley alguna, sino que suplen a las Leyes estatales. Por ello, deben tener un régimen procesal de impugnación equivalente al de aquellas.

De las consideraciones precedentes resulta con claridad que hay una razón material suficiente para postular un cambio en el régimen jurisdiccional de las normas forales de carácter fiscal y también una razón constitucional para hacerlo, modificando en el sentido ya señalado la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

Esa misma exigencia de cambio resulta igualmente observando lo dispuesto en el artículo 9.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que es el precepto que define el ámbito del orden jurisdiccional contencioso-administrativo, en el que incluye el conocimiento de las disposiciones generales de rango inferior a Ley, lo que comprende las normas forales.

Para completar el ajuste legal necesario, conviene modificar en el mismo sentido el artículo 3 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, añadiendo como excepción a su alcance las Normas Forales fiscales.

III

Además, por razones de estricta coherencia, se debe resolver también el déficit de protección constitucional de la foralidad vasca que resulta de la falta de reconocimiento a los territorios históricos del País Vasco para defender en vía constitucional su régimen foral frente a eventuales agresiones del legislador estatal, así como la oportunidad de remediar el aludido déficit, mediante la modificación de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

La modificación de dicha Ley realizada por la Ley Orgánica 7/1999, de 21 de abril, vino a remediar el déficit de protección constitucional de la autonomía local, estableciendo un mecanismo, de conflictos en defensa de la misma. Sin embargo, ese mecanismo no sirve para defender la autonomía foral, porque una cosa es la autonomía local, que también concierne, claro está, a las Diputaciones Forales en la medida en que ostentan las competencias propias de las Diputaciones Provinciales, y otra cosa distinta la autonomía foral. Y, en segundo lugar, porque esta última se predica de cada territorio histórico individualmente considerado.·

II.-MODIFICACION DE LA LEY ORGANICA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL POR LA LEY ORGANICA 1/2010:

“Artículo 1. Modificación de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional.

Se añade una nueva disposición adicional quinta:

DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA (nueva).

1. Corresponderá al Tribunal Constitucional el conocimiento de los recursos interpuestos contra las Normas Forales fiscales de los Territorios de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, dictadas en el ejercicio de sus competencias exclusivas garantizadas por la disposición adicional primera de la Constitución y reconocidas en el artículo 41.2.a del Estatuto de Autonomía para el País Vasco (Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre).

El Tribunal Constitucional resolverá también las cuestiones que se susciten con carácter prejudicial por los órganos jurisdiccionales sobre la validez de las referidas disposiciones, cuando de ella dependa el fallo del litigio principal.

El parámetro de validez de las Normas Forales enjuiciadas se ajustará a lo dispuesto en el artículo 28 de esta Ley.”

III.- LAS LEYES SUJETAS A LA REVISION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (Articulo 27 LOTC) Y LAS LEYES ORGANICAS SEGÚN EL ARTICULO 81.1 DE LA CONSTITUCION ESPAÑOLA:

“81.1. Son Leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución.”

“Artículo 27.

Uno. Mediante los procedimientos de declaración de inconstitucionalidad regulados en este Título, el Tribunal Constitucional garantiza la primacía de la Constitución y enjuicia la conformidad o disconformidad con ella de las Leyes, disposiciones o actos impugnados.

Dos. Son susceptibles de declaración de inconstitucionalidad:

a. Los Estatutos de Autonomía y las demás Leyes Orgánicas.

b. Las demás Leyes, disposiciones normativas y actos del Estado con fuerza de Ley. En el caso de los Decretos Legislativos, la competencia del Tribunal se entiende sin perjuicio de lo previsto en el número seis del artículo 82 de la Constitución.

c. Los Tratados Internacionales.

d. Los Reglamentos de las Cámaras y de las Cortes Generales.

e. Las Leyes, actos y disposiciones normativas con fuerza de Ley de las Comunidades Autónomas, con la misma salvedad formulada en el apartado b respecto a los casos de delegación legislativa.

f. Los Reglamentos de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.

IV.-LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY ORGANICA 1/2010

La LO 1/2010 no parece que pueda considerarse una Ley Orgánica con arreglo al artículo 81.1 CE.La modificación de la LO del TC no parece que puea atribuir a dicho Tribunal comptencias que ni la Constitución ni otras disposiciones de su Ley Orgánica le atribuyen.

Las justificaciones de disparidad con las normas as forales de la Comunidad de Navarra obdece a las diferencias propias del régimen estatutario en ambas Comunidades y no parece que el Estado tenga competencia constitucional para remediarlas.

El carácter de leyes en sentido material de la Normas Fiscales Forales de las Juntas Generales parece que debería ser irrelevante para atribuir la competencia de la revisión de su impugnación al Tribunal Constitucional, porque la atribución constitucional de la comptencia a dicho Tribunal no solo es clara sino que es tajante:

“Artículo 161.

1. El Tribunal Constitucional tiene jurisdicción en todo el territorio español y es competente para conocer.

a. Del recurso de inconstitucionalidad contra Leyes y disposiciones normativas con fuerza de Ley. La declaración de inconstitucionalidad de una norma jurídica con rango de Ley, interpretada por la jurisprudencia, afectara a esta, si bien la sentencia o sentencias recaídas no perderán el valor de cosa juzgada.

b. Del recurso de amparo por violación de los derechos y libertades referidos en el artículo 53,2, de esta Constitución, en los casos y formas que la Ley establezca.

c. De los conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de los de estas entre si.

d. De las demás materias que le atribuyan la Constitución o las Leyes orgánicas.”

La competencia del apartado 1 se refiera a las Leyes y disposiciones con fuerza de ley, es decir, no solo a leyes en sentido material sino a leyes formales aprobadas por titulares de dicho poder con arreglo a las normas constitucionales y estatutarias.

Pero, sobre todo, parece que una Ley Orgánica no prevista en la Constitución no puede atribuir una nueva comptencia al TC en esta materia después de más de 30 años de práctica constitucional y legal en sentido contrario.Como se ha dicho, una sola página de historia legal vale en este ámbito por todo un tratado de lógica.Es distintivo de las normas constitucionales su modificación por procesos especiales de reforma.

V.- LA STC 76/1983 SOBRE LA LOAPA

Bajo otro aspecto, el Tribunal Constitucional ya se habría pronunciado sobre esta cuestión al declarar que la Ley Orgánica del Proceso Auton´mico no era una Ley Orgánica

“a) La justificación del carácter orgánico del Proyecto a través de su conexión con los derechos y deberes fundamentales se apoya en dos premisas básicas: 1.ª que el principio de igualdad constituye uno de los derechos fundamentales a los que se refiere el art. 81.1 de la Constitución, y 2.ª que el Proyecto garantiza la igualdad de derechos de las Comunidades Autónomas y, a través de ella, la igualdad de todos los españoles reconocida en diversos preceptos constitucionales y, en relación con la organización territorial del Estado, garantizada de modo especial en el art. 149.1.1.ª Sostiene el Abogado del Estado que el principio de igualdad no es sólo una directriz que ha de inspirar toda la actividad legislativa, sino también un derecho fundamental susceptible de desarrollo normativo, pues la reserva de Ley orgánica en materia de derechos fundamentales debe extenderse, como mínimo, a los derechos accionables en amparo, entre los que se encuentra el de igualdad.

Esta equiparación entre las materias que pueden ser objeto de recurso de amparo y las que han de ser reguladas por Ley orgánica no resulta constitucionalmente defendible. En primer lugar, el art. 53 de la Constitución establece que cualquier ciudadano podrá recabar, a través del recurso de amparo, la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el art. 14 y en la Sección Primera del capítulo II, mientras que el art. 81.1, al definir las materias propias de Ley orgánica, se refiere al «desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas», que es precisamente la rúbrica utilizada para designar el conjunto de los artículos comprendidos en la Sección Primera del capítulo II. Es preciso señalar que la actual expresión contenida en el art. 81.1 es el resultado de la transformación experimentada por el texto constitucional a lo largo del debate parlamentario, desde su redacción inicial -«desarrollo de los títulos I y II de la Constitución»- hasta la final aprobada en la Comisión Mixta Congreso-Senado, y que pone de manifiesto la preocupación del legislador constituyente por precisar qué materias dentro del título I habrían de quedar sujetas a reserva de Ley orgánica. Existe, pues, una exclusión expresa del art. 14 en el art. 81. 1 de la Constitución. Tal exclusión, por otra parte, está justificada porque la igualdad reconocida en el art. 14 no constituye un derecho subjetivo autónomo, existente por sí mismo, pues su contenido viene establecido siempre respecto de relaciones jurídicas concretas. De aquí que pueda ser objeto de amparo en la medida en que se cuestione si tal derecho ha sido vulnerado en una concreta relación jurídica y, en cambio, no pueda ser objeto de una regulación o desarrollo normativo con carácter general.

Por ello, la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos constitucionales a que se refiere el mencionado art. 149.1.1.ª de la Constitución podrá tener carácter orgánico, pero no por su referencia a la igualdad, sino por la materia objeto de regulación, que puede coincidir con los derechos fundamentales a que se refiere el art. 81.1 de la misma. En este sentido, el Proyecto de LOAPA tendría carácter orgánico tan sólo en la medida en que se pretendiera garantizar en él tal igualdad en relación con algún derecho fundamental concreto.

En segundo lugar y por lo que se refiere al proceso autonómico, carece de base constitucional la pretendida igualdad de derechos de las Comunidades Autónomas que sirve de fundamento al Abogado del Estado para cerrar su argumentación. Los artículos que aduce en apoyo de su tesis -9.2, 14, 139. 1 y 149.1.1.ª- consagran la igualdad de los individuos y los grupos sociales, pero no la de las Comunidades Autónomas. En realidad, éstas son iguales en cuanto a su subordinación al orden constitucional; en cuanto a los principios de su representación en el Senado (art. 69.5); en cuanto a su legitimación ante el Tribunal Constitucional (art. 162.1); o en cuanto que las diferencias entre los distintos Estatutos no podrán implicar privilegios económicos o sociales (art. 138); pero, en cambio, pueden ser desiguales en lo que respecta al procedimiento de acceso a la autonomía y a la determinación concreta del contenido autonómico, es decir, de su Estatuto y, por tanto, en cuanto a su complejo competencial. Precisamente el régimen autonómico se caracteriza por un equilibrio entre la homogeneidad y diversidad del status jurídico público de las entidades territoriales que lo integran. Sin la primera, no habría unidad ni integración en el conjunto estatal; sin la segunda, no existiría verdadera pluralidad ni capacidad de autogobierno, notas que caracterizan al Estado de las autonomías.

Ya este Tribunal Constitucional puso de manifiesto en su Sentencia de 16 de noviembre de 1981, al valorar la función del principio de igualdad en el marco de las autonomías, que la igualdad de derechos y obligaciones de todos los españoles en cualquier punto del territorio nacional no puede ser entendida como rigurosa uniformidad del ordenamiento. No es, en definitiva, la igualdad de derechos de las Comunidades lo que garantiza el principio de igualdad de derechos de los ciudadanos, como pretende el Abogado del Estado, sino que es la necesidad de garantizar la igualdad en el ejercicio de tales derechos lo que, mediante la fijación de unas comunes condiciones básicas, impone un límite a la diversidad de las posiciones jurídicas de las Comunidades Autónomas.

b) Asimismo resulta constitucionalmente infundado el segundo tipo de argumentación utilizado por el Abogado del Estado para justificar el carácter orgánico del Proyecto. Si bien existen en la Constitución algunas concretas y determinadas reservas de Ley orgánica en relación con el proceso autonómico, no existe una expresa previsión constitucional que reserve a la Ley orgánica la regulación de dicho proceso con carácter general, ni cabe deducir que ésta fuera la voluntad del constituyente; bien al contrario, con ocasión de los debates parlamentarios se produjo un pronunciamiento explícito por parte de las Cortes Constituyentes en contra de la posibilidad de una Ley orgánica de desarrollo del título VIII de la Constitución, cuando tanto en la Comisión como en el Pleno del Congreso de los Diputados fue rechazado el voto particular de un grupo parlamentario en tal sentido. El hecho de que el legislador constituyente haya optado por determinaciones específicas de reserva de Ley orgánica y no por una previsión generalizada hace imposible la extensión de esas reservas a otras materias por considerarlas de análoga importancia en materia autonómica. Importancia que, sin duda, fue ya ponderada por el legislador en el momento de fijar dichas reservas. Por otra parte, dada la congelación de rango que éstas suponen, la rigidez del ordenamiento jurídico no puede llevarse más allá de los supuestos específicamente tasados -como ha puesto de manifiesto este Tribunal en la mencionada Sentencia de 13 de febrero de 1981- en un sistema democrático como el instaurado por nuestra Constitución, basado en el juego de las mayorías parlamentarias, por lo que la exigencia de que éstas sean cualificadas o reforzadas sólo puede tener carácter excepcional y ha de ser explícitamente prevista en la Constitución.

Descartadas las justificaciones de carácter general aducidas por el Abogado del Estado, resulta necesario analizar si el contenido de cada uno de los títulos del Proyecto responde a la reserva constitucional de Ley orgánica y, en el caso de que dicha reserva alcance tan sólo a una parte del proyecto, si por conexión, puede calificársele en su conjunto de Ley orgánica, cuestión planteada tanto por el Abogado del Estado como por los recurrentes. (FJ 2º STC 76/1983, de 5 de Agosto)

(…)

b) De acuerdo con las consideraciones anteriores, el legislador tampoco puede dictar normas que incidan en el sistema constitucional de distribución de competencias para integrar hipotéticas lagunas existentes en la Constitución.

c) Finalmente, el legislador estatal no puede incidir indirectamente en la delimitación de competencias mediante la interpretación de los criterios que sirven de base a la misma. Es cierto que todo proceso de desarrollo normativo de la Constitución implica siempre una interpretación de los correspondientes preceptos constitucionales, realizada por quien dicta la norma de desarrollo. Pero el legislador ordinario no puede dictar normas meramente interpretativas, cuyo exclusivo objeto sea precisar el único sentido, entre los varios posibles, que deba atribuirse a un determinado concepto o precepto de la Constitución, pues, al reducir las distintas posibilidades o alternativas del texto constitucional a una sola, completa de hecho la obra del poder constituyente y se sitúa funcionalmente en su mismo plano, cruzando al hacerlo la línea divisoria entre el poder constituyente y los poderes constituidos. No puede olvidarse, por otra parte, que, en la medida en que los términos objeto de interpretación son utilizados como criterios constitucionales de atribución de competencias, la fijación de su contenido por el legislador estatal supone a su vez una delimitación del contenido y alcance de aquellas competencias que se definen por referencia a ellos.

Por lo demás, y aunque ello sea de importancia secundaria en el presente recurso, es claro que el sistema constitucional de distribución de competencias entre los distintos órganos constitucionales limita también las posibilidades de las Cortes Generales en el ejercicio de su función legislativa. Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, habrá que analizar si, en alguno de los preceptos contenidos en el proyecto, el legislador ha sobrepasado los límites impuestos a su potestad legislativa, pues en este caso tales preceptos resultan inconstitucionales cualquiera que sea su contenido material.” (FJ 4)

Este fue el fallo de la STC 76/1983, de 5 de Agosto, de la que fue ponente la Magistrada Gloria Begué:

“FALLO En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCION DE LA NACION ESPAÑOLA, Ha decidido 1.º Estimar parcialmente los recursos acumulados 311, 313, 314, 315 y 316/1982, y, en su virtud, declarar:

Que el Proyecto de Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico ( LOAPA) no puede promulgarse como Ley orgánica, de acuerdo con lo señalado en el fundamento jurídico segundo.”

No parece fácil que el TC pudiera llegar a decir en relación con la LO 1/2010 algo distinto de lo arriba transcrito.

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Sunday, February 21, 2010

EL RESCATE BANCARIO: RECONCILIANDO LA ESTABILIDAD Y LA COMPETENCIA

El Center for Economic Policy Research acaba de publicar su Informe "BAILING OUT BANKS: RECONCILING STABILITY AND COMPETITION".
Este es el resumen en inglés del importante trabajo sobre esta cuestión en el ámbito de la Unión Europea:

An analysis of state-supported schemes for financial institutions

Thorsten Beck, Diane Coyle, Mathias Dewatripont, Xavier Freixas and Paul Seabright

The financial crisis of 2008 has seen the fall of several of the mighty US investment banks, the collapse of renowned commercial banks on both sides of the Atlantic and the exhaustion of banks' capital all over the world. With it, standard views of banks, financial markets, their risks and their regulation had to be suspended, at a time when bank bailouts became unavoidable. This raises key policy questions on the way taxpayers' resources should be used: What type of capital should governments inject? How should banks' shareholders and creditors be treated? Does capital injection distort competition? Should the standard rules preventing anti-competitive behaviour be applied? How to contain future risk-taking by banks?

This report assesses two related aspects of the policy response to the unprecedented financial crisis: competition policy and financial regulation. It addresses both the effectiveness of the response to the current crisis, and the lessons that can be drawn in order to reduce the likelihood of future crises.

The links between competition policy and banking stability are central to assessing the crisis policy response, and in particular the effectiveness of state aid control. There have been two contrasting views of the relationship between competition and stability - one is that stability is such an urgent issue in the crisis context that it overrides competition concerns, while the alternative view is that intervention to restore financial stability will lead to massive distortions of competition in the banking sector, and so competition rules should be applied even more vigorously than usual.

In contrast to these two views, this report concludes that competition policy is indeed more important than ever in times of crisis, but that the competition rules appropriate to the banking sector are different from those that apply in other sectors. This is because bailing out one bank in an episode of crisis helps its competitors, and state aid rules should reflect this characteristic. Additionally, while European competition authorities have tried, since the autumn of 2008, to strike the appropriate balance between the insistence on competition concerns and the need for urgent action to respond to the financial crisis, the time has now come for a thorough competitive assessment of the banking sector following the recent bailouts. The fact that aid to individual banks has sector-wide competition implications means that a competition assessment conducted on a case-by-case basis is not sufficient.The report also makes a series of recommendations about regulatory reform, with regard to both financial stability and competition implications. Critically, the report calls for a strengthening of competences at the European level, beyond coordination mechanisms.

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Sunday, February 7, 2010

“AIZPURUA ORTIZ Y OTROS CONTRA ESPAÑA”: SENTENCIA DEL TEDH DE 2-02-2010

Los demandantes fueron Madaleno Aizpurua Ortiz y otros 55 ciudadanos españoles empelados por la compañía “Sefanitro S.A:” antes de su retiro. Como consecuencia del mismo recibieron una pensión suplementaria con arreglo al convenio colectivo firmado en 1983.Este establecía que los empleados que habían comenzado su relación antes de 1984 recibirían una pensión anual hasta la edad de 65 años.


El convenio colectivo de 1983 fue sustituido por uno nuevo que entró en vigor en el año 2000 y como consecuencia del cual los titularse de la pensión complementaria tendrían derecho, en sustitución de la misma, a un solo pago equivalente a tres meses de salario.


Los demandantes reclamaron ante la jurisdicción laboral, que falló parcialmente en su favor. Como consecuencia del recurso de la compañía, el Tribunal Supremo rechazó la petición de los demandantes, indicando que los derechos conferidos por un convenio colectivo previo podrían no ser exigibles cuando hubieran sido revisados por un convenio colectivo posterior.


Con base en el artículo 1 del Protocolo 1 del CEDH los demandantes invocaron ante el TEDH que habían sido privados de sus derechos a la pensión suplementaria con arreglo aun convenio colectivo concluido entre la compañía y los trabajadores en activo, que no estaban autorizados a representarlos o a defender sus intereses.


La demanda fur presentada ante el TEDH el 17 de Noviembre de 2005.


La STEDH fue dictada por una Sección de 7 jueces:


Josep Casadevall (Andorra), President,
Elisabet Fura (Sweden),
Boštjan M. Zupančič (Slovenia),
Alvina Gyulumyan (Armenia),
Egbert Myjer (Netherlands),
Luis López Guerra (Spain),
Ann Power (Ireland), Judges,

Aplicabilidad del artículo del Protocolo 1


El TEDH considera que los demandantes tenían una legítima expectativa de continuar recibiendo su pago y que el derecho a una pensión complementaria constituía un activo en el sentido del artículo 1 del Protocolo 1 del CEDH.


Fundamentos del caso


El Tribunal Supremo español validó el acuerdo con arreglo a la jurisprudencia aplicable, después de indicar que el legislador español optó por un sistema en que la libertad de negociación colectiva era de preferente aplicación a las obligaciones asumidas por convenios colectivos previos.


El TEDH considera que la interferencia con el derecho de los demandantes a la propiedad ha sido debida a la persecución de un interés general, como el de asegurar la estabilidad financiera de la compañía y sus acreedores y la protección del empleo y el derecho a la negociación colectiva.


No corresponde a la jurisdicción del TEDH sustituir a los tribunales españoles y examinar la interpretación de la legislación española por el Tribunal Supremo o decidir la compatibilidad de la legislación española con el derecho comunitario. EL TEDH no ha observado nada que indicara que la decisión del Tribunal Supremo hubiera sido arbitraria o hubiera impuesto una carga excesiva sobre los demandantes.


El TEDH concluye que la decisión del TS no consistió en una desproporcionada interferencia con el derecho de los demandantes al pacífico disfrute de sus posesiones.


Decidió por seis votos contra uno que no hubo violación del artículo 1 del Protocolo 1 del CEDH.


El caso resuelto por esta reciente sentencia es sumamente interesante por varias razones.


La primear de ellas que la decisión del Tribunal Supremo no fue recurrida en amparo ante el Tribunal Constitucional como consecuencia de que éste había venido considerando, explícita o implícitamente, que en supuestos como el considerado la violación del derecho de propiedad (art. 33 CE) no era susceptibles de recurso de amparo y tampoco podía entenderse que vulnerara algún otro de los derechos susceptibles de amparo por el Tribunal Constitucional.


Curiosamente, la colocación del artículo 33 de la CE fuera de los derechos formalmente susceptibles de amparo determinó que unos trabajadores retirados tuvieran que invocar su derecho de propiedad ante el TEDH invocando el artículo 1 del protocolo 1 del CEDH, ratificado por España.


Después de esta STEDH, y de otras previas, el Tribunal Constitucional no va a poder considerar que el derecho protegido por el artículo 1 del Protocolo 1 del CEDH no es susceptible de amparo.


Si así se hubiere pretendido con anterioridad, el Tribunal Constitucional habría tenido ocasión de pronunciarse sobre la compatibilidad del precepto del ET aplicado por el TS con dicho artículo 1 del Protocolo 1 del CEDH y con el artículo 33 de la CE.


Esta cuestión no ha sido abordada por la STEDH porque el TEDH no es un tribunal constitucional en este aspecto. Sin embargo, el contenido del artículo 1 del Protocolo 1 habría exigido algún tipo de validación adicional sobre la disposición del ET aplicada:


“Toda persona física o moral tiene derecho al respeto de sus bienes. Nadie podrá ser privado de su propiedad más que por causa de utilidad pública y en las condiciones previstas por la Ley y los principios generales del derecho internacional.

Las disposiciones precedentes se entienden sin perjuicio del derecho que poseen los Estados de poner en vigor las Leyes que juzguen necesarias para la reglamentación del uso de los bienes de acuerdo con el interés general o para garantizar el pago de los impuestos u otras contribuciones o de las multas. “


La causa de utilidad pública no puede equipararse a un convenio colectivo porque el mismo se adopta en interés de la empresa y/o de sus firmantes, pero sin que pueda invocarse una causa de utilidad pública. La privación por causa de utilidad pública es una expropiación que exige el pago de un justo precio, que no fue determinado ni satisfecho en este caso. Las causas de interés general tampoco pueden invocarse en relación con la formación de un convenio colectivo que persigue el interés particular de una empresa.


Como consecuencia de lo anterior, la cuestión constitucional desde el punto de vista del derecho interno es la de si una ley que permite la privación de los derechos de un convenio colectivo sin pago de su equivalente o justo precio es compatible o no con el artículo 1 del Protocolo 1 del CEDH y con el artículo 33 de la CE.


El artículo 82 del ET establece lo siguiente:


“Artículo 82. Concepto y eficacia.

1. Los convenios colectivos, como resultado de la negociación desarrollada por los representantes de los trabajadores y de los empresarios, constituyen la expresión del acuerdo libremente adoptado por ellos en virtud de su autonomía colectiva.

2. Mediante los convenios colectivos, y en su ámbito correspondiente, los trabajadores y empresarios regulan las condiciones de trabajo y de productividad; igualmente podrán regular la paz laboral a través de las obligaciones que se pacten.

3. Los convenios colectivos regulados por esta Ley obligan a todos los empresarios y trabajadores incluidos dentro de su ámbito de aplicación y durante todo el tiempo de su vigencia.

(…)

4. El convenio colectivo que sucede a uno anterior puede disponer sobre los derechos reconocidos en aquél. En dicho supuesto se aplicará, íntegramente, lo regulado en el nuevo convenio.”



El apartado 4 transcrito parece que se entendió como confiriendo un poder normativo no sujeto a las limitaciones constitucionales y de los derechos conferidos por el CEDH.


No parece muy lógico entender que el poder normativo en el ámbito laboral pueda carecer de las limitaciones que tiene el poder legislativo.


El caso estaría, por ejemplo, contemplado por la claúsula 1 de la Sección 10 de la constitución de los Estados Unidos de América:


“No State shall enter into any (…) Law impairing the Obligation of Contracts


El Tribunal Supremo de Estados Unidos estableció un triple test acercaca de si una ley viola la Claúsula Contractual en Energy Reserves Group v. Kansas Power & Light 459 U.S. 400 (1983).


En primer lugar la regulación estatal (no privada como en el caso de un convenio colectivo) debe desequilibrar sustancialmente una relación contractual. En segundo lugar, el Estado debe tener “un propósito significativo y legítimo en relación con la regulación, como el remediar un extendido y general problema social o económico. Por último, la ley debe ser razonable ya apropiada para alcanzar dicho propósito.


No parece que un caso de disposición ilimitada como el del artículo del ET transcrito pueda cumplir con dichos requisitos, ni que en el caso considerado se cumplieran tampoco los mismos.


Se comprende por ello el voto disidente del juez holandés y es posible que el TC tenga que pronunciarse finalmente sobre cuestiones semejantes en el futuro, relativas a la “derogación” de derechos contractuales sin compensación :


« A mon sens, c'est précisément là le cœur du sujet : si en effet le droit espagnol admet les conventions collectives qui portent atteinte aux droits acquis des travailleurs et des retraités, cela signifie que dans le système espagnol les employeurs et les salariés en activité peuvent bafouer les intérêts des retraités sans défense qui ne sont pas représentés dans les organes de représentation habilités à conclure de nouvelles conventions collectives.

Ainsi, l'affaire se résume finalement à un manque de garanties relevant de l'article 1 du Protocole pour protéger de vulnérables retraités contre les atteintes à leurs droits à pension.

(…)

Par ailleurs, certains pays exigent que tout fonds de pension ait sa propre personnalité juridique, distincte de celle de sa société mère. Tel ne semble pas être le cas en Espagne. Bien que, apparemment, cet aspect de la question n'ait pas été abordé lors des discussions, il est bon de l'évoquer à ce stade. Des fonds de pension autonomes constituent un bon moyen de protéger les droits des retraités contre les conditions économiques ou une mauvaise gestion affectant la société mère. »


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