CUESTION DE ALTERNATIVAS
(...)
¿Qué hay que explicar? Que la política sin alternativa es ella misma, y por sí misma, y por eso mismo, una amenaza a la pervivencia de la democracia en Europa, como acaba de advertir el nada alarmista premio Nobel de Economía Amartya Sen desde las páginas del diario The Guardian el 22 de junio de 2011. Que la sola idea de una austeridad fiscal "expansiva" es una ignorante ilusión nacida de la destrucción de la teoría macroeconómica acometida por académicos a sueldo y cabilderos varios en las tres últimas décadas, ese "periodo oscuro", de olvido premeditado y banderizo de conocimientos sólidamente adquiridos por las generaciones anteriores, como han repetido hasta la saciedad otros dos premios Nobel, Paul Krugman y Joseph Stiglitz.
En suma: que la política económica "sin alternativa" no es propiamente una alternativa creíble -ni siquiera desde sus propios supuestos normativos-, sino una ofensiva en toda regla contra la soberanía y el bienestar de las poblaciones trabajadoras europeas e incluso, posiblemente, como ha advertido la ONU a propósito de Grecia, contra los derechos humanos tout court. Una ofensiva que no puede sino traer consigo ruina, dolor, desigualdad y conflictos sociales de creciente pugnacidad y consecuencias imprevisibles.Un año después del giro del 9 de mayo -cuando supuestamente estuvimos "al borde del abismo"- y del inicio de las contrarreformas "salvadoras", el desempleo y la precariedad laboral están peor, no mejor. La recaudación fiscal cae. Las ventas minoristas se han desplomado en el primer semestre de este año. Crecen la morosidad y las ejecuciones hipotecarias. Se dispara la pobreza. Los mercados financieros, lejos de "calmarse", parecen exigir con redoblada ferocidad ulteriores sangrías: nuestra prima de riesgo es ahora indeciblemente más alta. La derecha política hostil al Estado social anda recrecida; la izquierda social, desengañada de la política. Y toda Europa se halla en zozobra: cayó Irlanda, luego Portugal, y ahora se ciernen negras amenazas sobre la tercera economía europea, Italia, y con ella, nuevamente sobre España.
La política "sin alternativa creíble" es ella misma increíble: eso es lo que han entendido los millones de indignados que se lanzan a la calle en Grecia, en España, en Italia, en Portugal o en Gran Bretaña. ¿Por qué, pues, parece no haber alternativa? Primero, claro, porque el establishment lo repite sin cesar, en todos los grandes medios de comunicación, públicos y privados: a veces, hasta fingiendo lamentarlo. Y porque se ningunea a las voces discordantes, a las moderadas no menos que a las radicales. Un día, un redicho locutorcillo de tres al cuarto de la televisión pública catalana se permite hablar con displicencia del premio Nobel Krugman: "Sus propuestas keynesianas contra la crisis ya fracasaron". Otro, un sociólogo electoral, se permite glosar con cuatro tonterías superficiales desde las páginas de EL PAÍS la teoría cognitiva de las metáforas -de la que, obviamente, no entiende una palabra- y a cuenta de eso, despachar sin mayor argumentación, además de a los indignados, a todos los economistas y científicos sociales críticos de ATTAC, a los que nos llama sin más "colectivistas" trasnochados. Y así sucesivamente.
La impresión dominante es que cualquier alternativa imaginable a la política "sin alternativa" habrá de estrellarse contra el pétreo muro de una troika empeñada ahora en destruir la democracia europea con el mismo celo dogmático con que llevó incompetentemente a nuestra economía a la catástrofe en 2008. Contestando a Llamazares, el presidente Zapatero lo expresó con patetismo en el debate parlamentario: "No ha sido un giro a la derecha", sino... un "paso atrás" (verosímilmente, ante fuerzas políticamente insuperables). La "edad oscura de la macroeconomía" lamentada por Krugman parece haber nublado también las cabezas de muchos políticos de centro-izquierda, lo que, en convergencia con la sensación de impotencia política, les hace ver como radicales o como implausibles, o aun como técnicamente inviables, medidas que, razonabilísimas y dignas cuando menos de ser debatidas, no tendrían, en principio, mucho de tales. Por ejemplo, la reivindicación de una renta básica universal de ciudadanía ligada a un nuevo robustecimiento del Estado social y democrático de derecho, una reivindicación que ahora mismo está abriéndose, vigorosamente, paso entre los indignados europeos y que no hace tanto mereció el respeto y la simpatía de la izquierda y del centro-izquierda parlamentarios españoles.
Dos cosas están claras, cuando menos. La primera: que en la raíz de los males económicos que aquejan a la eurozona hay un problema de diseño institucional básico, cual es la carencia de una autoridad fiscal capaz de lidiar con la crisis a través de políticas de estímulo fiscal, en vez de limitarse a las erráticas y vergonzantes semimedidas camufladas de política monetaria del BCE (como el amago, este 12 de julio, de compra de deuda soberana de Estados miembros por parte del BCE, para frenar in angustiis el desplome de la renta variable y la espiral del riesgo país en España y en Italia). La segunda: que quienes de verdad parecen mandar en la UE no tienen la menor voluntad política de cambiar el diseño. Y eso es lo que parece condenar, quieras que no, al conjunto de la eurozona a una carrera hacia el abismo de la deflación competitiva y la destrucción salarial, y a los países periféricos, a la austeridad fiscal neoliberal, a la progresiva puesta en almoneda de todo su patrimonio público y al suicidio económico sin esperanza.
Eso tal vez no tiene remedio a corto plazo, salvo que la amenaza de un gran -y cada vez menos improbable- movimiento de contestación social fuerce a las élites europeas a otro camino (para empezar, a algo tan sencillo como que el BCE emitiera eurobonos respaldados de consuno por los miembros de la eurozona). Aun así, seguiría habiendo alternativas estrictamente nacionales harto menos traumáticas que una posible -y al paso que vamos, quizá inevitable- salida del euro. Hace meses, por ejemplo, que el sólido Marshall Auerback viene proponiendo a Grecia un camino alternativo de salvación nacional y de preservación de los derechos humanos y sociales de su población. Incluso en su actual situación límite, Grecia -como la República de Irlanda, como la república portuguesa, como el Reino de España- podría perfectamente colocar con éxito en mercados financieros privados bonos públicos emitidos con la cláusula de que, en caso de declararse en quiebra, sus tenedores podrían usarlos para pagar impuestos al Gobierno griego. Un expediente que haría inmediatamente obvio a los inversores que los nuevos títulos públicos serían "moneda buena", valedera mientras el Estado griego sea capaz de exigir y recaudar impuestos.
Es solo un ejemplo, entre muchos. ¿No es sospechoso que, mientras abundan la conspiración del silencio y la gratuita descalificación de quienes se oponen al desastre anunciado, escasee en los grandes medios de comunicación establecidos la discusión sobre propuestas alternativas de este tipo?
Antoni Domènech es catedrático de la Facultad de Economía y Empresa de la UB. Daniel Raventós es profesor titular en esa misma facultad y presidente de la Red Renta Básica (www.redrentabasica.org). Ambos son miembros del Consejo Científico de Attac-España y redactores de la revista política SinPermiso (www.sinpermiso.info).
(EL PAIS 14-07-2011)
NO SOLO EL EURO ESTA EN JUEGO, TAMBIEN LA DEMOCRACIA
Europe has led the world in the practice of democracy. It is therefore worrying that the dangers to democratic governance today, coming through the back door of financial priority, are not receiving the attention they should. There are profound issues to be faced about how Europe's democratic governance could be undermined by the hugely heightened role of financial institutions and rating agencies, which now lord it freely over parts of Europe's political terrain.
Two distinct issues need to be separated. The first concerns the place of democratic priorities, including what Walter Bagehot and John Stuart Mill saw as the need for "governance by discussion". Suppose we accept that the powerful financial bosses have a realistic understanding of what needs to be done. This would strengthen the case for paying attention to their voices in a democratic dialogue. But that is not the same thing as allowing the international financial institutions and rating agencies the unilateral power to command democratically elected governments.
Second, it is quite hard to see that the sacrifices that the financial commanders have been demanding from precarious countries would deliver the ultimate viability of these countries and guarantee the continuation of the euro within an unreformed pattern of financial amalgamation and an unchanged membership of the euro club. The diagnosis of economic problems by rating agencies is not the voice of verity that they pretend. It is worth remembering that the record of rating agencies in certifying financial and business institutions preceding the 2008 economic crisis was so abysmal that the US Congress seriously debated whether they should be prosecuted.
Since much of Europe is now engaged in achieving quick reduction of public deficits through drastic reduction of public expenditure, it is crucial to scrutinise realistically what the likely impact of the chosen policies may be, both on people and the generating of public revenue through economic growth. The high morals of "sacrifice" do, of course, have an intoxicating effect. This is the philosophy of the "right" corset: "If madam is at all comfortable in it, then madam certainly needs a smaller size." However, if the demands of financial appropriateness are linked too mechanically to immediate cuts, the result could be the killing of the goose that lays the golden egg of economic growth.
This concern applies to a number of countries, from Britain to Greece. The commonality of the "blood, sweat and tears" strategy of deficit reduction gives some apparent plausibility to what is being imposed on more precarious countries like Greece or Portugal. It also makes it harder to have a united political voice in Europe that can stand up to the panic generated in the financial markets.
In addition to a bigger political vision, there is a need for clearer economic thinking. The tendency to ignore the importance of economic growth in generating public revenue should be a major item for scrutiny. The strong connection between growth and public revenue has been observed in many countries, from China and India to the US and Brazil.
There are lessons from history here, too. The big public debts of many countries when the second world war ended caused huge anxieties, but the burden diminished rapidly thanks to fast economic growth. Similarly, the huge deficits that President Clinton faced when he came to office in 1992 melted away during his presidency, greatly aided by speedy economic growth.
The fear of a threat to democracy does not, of course, apply to Britain, since these policies have been chosen by a government empowered by democratic elections. Even though the unfolding of a strategy that was not revealed at the time of election can be a reason for some pause, this is the kind of freedom that a democratic system does allow the electorally victorious. But that does not eliminate the need for more public discussion, even in Britain. There is also a need to recognise how the self-chosen restrictive policies in Britain seem to give plausibility to the even more drastic policies being imposed on Greece.
How did some of the euro countries get into this mess? The oddity of going for a united currency without more political and economic integration has certainly played a part, even after taking note of financial transgressions that have undoubtedly been committed in the past by countries such as Greece or Portugal (and even after noting Mario Monti's important point that a culture of "excessive deference" in the EU has allowed these transgressions to go unchecked). It is to the huge credit of the Greek government – George Papandreou, the prime minister, in particular – that it is doing what it can despite political resistance, but the pained willingness of Athens to comply does not eliminate the European need to examine the wisdom of the requirements – and the timing – being imposed on Greece.
It is no consolation for me to recollect that I was firmly opposed to the euro, despite being very strongly in favour of European unity. My worry about the euro was partly connected with each country giving up the freedom of monetary policy and of exchange rate adjustments, which have greatly helped countries in difficulty in the past, and prevented the necessity of massive destabilisation of human lives in frantic efforts to stabilise the financial markets. That monetary freedom could be given up when there is also political and fiscal integration (as the states in the US have), but the halfway house of the eurozone has been a recipe for disaster. The wonderful political idea of a united democratic Europe has been made to incorporate a precarious programme of incoherent financial amalgamation.
Rearranging the eurozone now would have many problems, but difficult issues have to be intelligently discussed, rather than allowing Europe to drift in financial winds fed by narrow-minded thinking with a terrible track record. The process has to begin with some immediate restraining of the unopposed power of rating agencies to issue unilateral commands. These agencies are hard to discipline despite their abysmal record, but a well-reflected voice of legitimate governments can make a big difference to financial confidence while solutions are worked out, especially if the international financial institutions lend their support. Stopping the marginalisation of the democratic tradition of Europe has an urgency that is hard to exaggerate. European democracy is important for Europe – and for the world.
AMARTYA SEN
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