UNA PROPUESTA TRIBUTARIA PARA LA FINANCIACION DE LAS MEDIANAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS ESPAÑOLAS

Según señala Carmen Alcaide, las empresas con menos de 250 trabajadores suponen en España el 99,8% de todas las empresas y las de más de 50 trabajdores el 91%.La falta de acceso al crédito de las mismas puede cortocircuitar el tejido industrial y de servicios de nuestro país.

El Gobierno ha anunciado una línea ICO, barajando diversas cifras, pero esta propuesta no se concreta y su implementación ofrece incógnitas importantes en cuanto a la selección de los acreditados por las entidades bancarias que gestionen el programa.

Al final, el mismo parece que debería reunir las características objetivas propias de un estímulo fiscal y en este sentido se han pronunciado recientemente, por ejemplo, Daniel Gros y Xavier Sala.

Al final, la mejor posibilidad es la de un sistema de “rescate” o estímulo dirigido a las empresas contribuyentes, a todas las empresas contribuyentes.

El censo de contribuyentes por el Impuesto sobre Sociedades proporciona una base actualizada y objetiva de las cuentas de las empresas y, sobre todo, de las cuotas por Impuesto sobre Sociedades que ingresan.

Según Eurostat (ver link y fichero adjunto) en el 2006 las empresas sujetas al IS español ingresaron por el IS cuotas equivalentes al 4,2% del PIB español, por un importe total de 41.483 millones de euros (para hacernos una idea los 700.000 millones americanos representan un 4,89% del PIB de ese país (link adjunto)).

Una posibilidad de volver a la vida el mercado de crédito a las empresas sería la siguiente:

1) El Estado acuerda “titulizar” las cuotas futuras del IS del ejercicio 2008 utilizando como referencia las cifras de los últimos ejercicios y mediante alguna fórmula objetiva asignando a cada uno de los contribuyentes una cuota de la recaudación futura estimada.

2) El Estado asegura a las instituciones financieras y a otros prestamistas, que presten a las empresas al descuento cobrando Euribor más un porcentaje de intermediación, que los préstamos concedidos a las empresas con vencimiento a concretar posterior a la fecha de ingreso del IS 2008 (julio 2009) serán atendidos por él en caso de impago por el acreditado, que es quien en primer lugar queda obligado al pago.

3) Se contemplará la posibilidad de extender este mismo mecanismo en relación con ejercicios posteriores si ello fuera necesario. Si en 2009 las empresas deben ingresar el IS en condiciones normales a la Hacienda Pública, será necesario renovar el crédito salvo que las dificultades hubieran desparecido.

Las principales ventajas de este esquema serían:

1) Los costes financieros serán soportados por las empresas

2) El Estado contará con la recaudación por el IS y con la colaboración de las empresas para que su recaudación no caiga abruptamente si es necesario renovar el esquema y el mismo depende del cumplimiento de los pagos y de la recaudación del 2008.

3) Las instituciones financieras podrán contra con un aval importante en relación con los préstamos que concedan.

Una incógnita es si las entidades financieras preferirán este mecanismo de préstamo a otros sin las garantías o, si , por el contrario, continuarán restringiendo el crédito. En conjunto, parece, sin embargo que todas las partes tienen algo que ganar:

1) Las empresas una financiación vital cuya falta puede acabar con su existencia

2) Las instituciones financieras una inversión asegurada con una rentabilidad razonable que puede desatascar el mercado de crédito

3) El Estado una continuidad de las empresas recaudadoras de impuestos, del empleo, con ahorro de costes y de sobrecarga de todos los sistemas públicos

No ofrece duda que un porcentaje de la financiación así obtenida resultará fallido y obligara al Estado a hacer frente a su compromiso, pero en general parece lógico considerar que este coste será menor en términos económicos y sociales que una suspensión “general” de pagos en la economía : una crisis de liquidez generalizada por falta de crédito.

Como el porcentaje de fallidos va a drenar recursos de la Hacienda, el Estado tendría que pensar en incrementar sus emisiones de deuda, etc, pero al menos contaría con más tiempo para ello sin un empeoramiento adicional de la economía. Las entidades financieras pueden resultar obligadas a soportar una parte de ello mediante su conversión en deuda, pero al menos será una deuda garantizada y con una rentabilidad financiera.

Es una medida no solo de estímulo sino intervencionista en la economía, utilizando al Estado como prestamista de último recurso, pero permitiendo que las empresas se beneficien de su condición de contribuyentes en una situación extrema que amenaza su supervivencia a gran escala.

En algún momento esquemas parecidos empezarán a circular (quizás cuando ya sea demasiado tarde).

Este tiene al menos estas ventajas: es fiable, objetivo y ayuda a las empresas en relación con su contribución tributaria pasada y futura.

En general parece que debería contar con el apoyo de las organizaciones empresariales y de los sindicatos. No tanto, desde luego, con el de las instituciones financieras.

Xavier Sala lo ha concretado, de esta otra forma, en relación con el IVA:

"El segundo criterio a tener en cuenta es la inmediatez: ¿qué política tendrá un efecto más rápido sobre la economía? La inmediatez es importante porque las recesiones tienen una duración corta y una política fiscal anti-crisis que surja efecto después de la crisis es inútil. En este sentido, el aumento del gasto público en infraestructuras (como los 33.000 millones de inversión en transportes y medio ambiente propuesto por el gobierno español) requiere concursos públicos, adjudicación de obras, escrituras de contratos, negociación de comisiones (legales y de las otras), etc. Un proceso largo que fácilmente puede retrasar el gasto en años. Y puede que entonces sea demasiado tarde… a no ser que el gobierno lleve a cabo precisamente ese plan anti-crisis porque piensa que la recesión en España durará… pues eso, ¡años!

Algo parecido pasa con la reducción del IRPF: cuando los ciudadanos se den cuenta de que el gobierno les va a quitar menos dinero (y probablemente eso no pase hasta junio, cuando hagan la declaración final), la crisis ya puede haber terminado.

En cambio, una reducción del IVA no tiene el mismo problema: si mañana a las 10 mañana se eliminara el IVA, a las 10 y un minuto la gente vería que lo que antes les costaba 100 ahora les cuesta 90 por lo que los 10 restantes podrían ser utilizados para comprar otras cosas. Del mismo modo, las empresas que tiene que guardar dinero para pagar el IVA, de repente tendrían recursos para gastar. Una eliminación del IVA, pues, sería una transfusión directa e instantánea de dinero a las venas de la economía. La pregunta es: ¿cómo sabemos que los ciudadanos gastarían los euros resultantes de la rebaja impositiva en lugar de ahorrarlos? Pues la verdad es que no lo sabemos. Por esto mi propuesta de política fiscal sería la eliminación del IVA, pero no la eliminación permanente sino temporal. Es decir, se debería anunciar la desaparición del IVA durante el 2009 (o hasta que se acabe la crisis) y su reaparición en el futuro. De ese modo, los precios serán más bajos si y sólo si se gasta en los próximos meses. Eso induciría a los ciudadanos a gastar ahora, que es cuando se necesita. Resumiendo, tanto el argumento de la eficiencia como el de la inmediatez sugieren que la mejor política fiscal para luchar contra la crisis es la reducción o eliminación temporal del IVA."

Daniel Gros, con datos sobre los países en que el estímulo fiscal es más necesario en función del endeudamiento neto de familias y empresas (España, Reino Unido, Francia e Italia), va más lejos y propone posponer directamente el pago del Impuesto sobre Sociedades uno o dos años.Su propuesta tiene las mismas ventajas de objetividad, añade la de la supresión de los costes de la financiación, pero podría llegar demasiado tarde en términos de las necesidades fianancieras imperiosas de las empresas:

"A similar reasoning applies to the corporate sector – in a credit crunch investment will be strongly affected by the liquidity situation of enterprises. This implies that in countries where the corporate sector is a heavy borrower (Spain, France and Italy) it would be important to improve the liquidity situation of enterprises. One simple way to do this would be to allow all corporations to postpone payment of corporate income taxes for 1-2 years. This would not result in higher deficits as usually measured, but the cash deficit would increase as governments would effectively extend a credit to the corporate sector. Such a measure would thus be very different from a tax cut because it would not lead to larger debt levels and thus should not lead to sustainability problems later on. Postponing the payment of corporate income tax would of course help only enterprises that make a profit, but this should be considered an advantage because it would mitigate the impact of the credit crunch for sound enterprises, i.e. those that deserve to be saved. Companies that did not pay corporate income tax because they were not able to turn a profit even during the boom would not benefit, but they are also the most likely ones to be insolvent anyway."

Table 1. Household lending across the EU

Net lending of householdsNet lending of corporationsBillion euroPercentage of income
Germany +144 9.5% +46
Spain -27-4.4% -75
France +66 5.4% -0
Italy +63 6.4% -58
UK -97-8.2% +98
Source: Ameco

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_structures/Country_tables/ES.pdf


http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/7644238.stm

Daniel Gros: Fiscal Policy and the credit crunch.What will work?

Xavier Sala: Crisis Financiera (5):Eliminar temporalmente el IVA