TEDH: IMPAR LTD V. LITHUANIA (5-01-2010, PROCEDIMIENTO Nº 13102/04)
EL
TEDH estimó, en sentencia de fecha 5 de Enero de 2010
(procedimiento nº 13102/04), el recurso interpuesto por una compañía
domiciliada en Lituania contra la sanción tributaria consistente en,
aproximadamente, un 5% de la renta anual de la compañía, que fue girada
por las autoridades tributarias por irregularidades en sus registros
contables. La STEDH declara la violación del artículo 6.1 del Convenio
Europeo de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales:
“En
la determinación de sus derechos y obligaciones civiles o de cualquier
acusación penal contra ella, toda persona tiene derecho a que su causa
sea oída … dentro de un plazo razonable por un Tribunal”
I.- ANTECEDENTES DEL CASO
Las
autoridades fiscales lituanas sancionaron en primer lugar a la
recurrente, como consecuencia de diversas comprobaciones sobre sus
prácticas contables desarrolladas en el ejercicio 1997, a un importe
equivalente al 25% de su renta anual. Adicionalmente, iniciaron
diligencias penales contra su director general y director financiero. En
disconformidad con dicha sanción, la compañía inició el 18 de
Septiembre de 1997 un procedimiento judicial.
El
23 de Diciembre de 1997, el Tribunal estimó el recurso de la compañía.
Las autoridades fiscales apelaron dicha resolución y el 10 de Abril de
1998 el Tribunal de apelación revocó la sentencia indicando que eran
necesarias evidencias adicionales y devolviendo la causa para un nuevo
examen.
El 16 de Mayo de 2000, el Tribunal
de primera instancia estimó de nuevo el recurso de la compañía. El 26
de Junio de 2000 el Tribunal de apelación confirmó dicha resolución. El
20 de Diciembre de 2000, el Tribunal Supremo revocó las resoluciones de
los tribunales inferiores invocando que no se habían establecido todas
las circunstancias relevantes y reenviando el caso para un nuevo examen.
En
la Audiencia del 31 de mayo de 2001m el Tribunal de primera instancia
concedió un aplazamiento para incorporar el resultado del examen
pericial solicitado por las autoridades de los documentos de la
compañía. Dicho informe fue aportado al Tribunal el 14 de Febrero de
2003.El 17 de Febrero de 2003, las autoridades informaron al Tribunal
que habían archivado las diligencias penales contra el director y el
director financiero de la compañía. El procedimiento se reanudó el 6 de
Marzo de 2003.El 17 de Marzo de 2003, las autoridades fiscales redujeron
la sanción a la compañía a, aproximadamente, un 5% de su renta anual
como consecuencia de modificaciones en la legislación tributaria
aplicable.
El 14 de Abril de 2003, el
Tribunal de primera instancia desestimó el recurso de la compañía
declarando que una parte significativa de sus registros contables estaba
dañada o perdida, que los apuntes de las operaciones financieras habían
sido borrados de los registros y que la sanción impuesta resultaba
procedente. El 7 de Agosto de 2003, el Tribunal de apelación confirmó la
resolución del Tribunal de primera instancia y el 28 de Octubre de 2003
el Tribunal Supremo inadmitió el recurso de casación contra la
sentencia por entender que la misma no planteaba cuestiones legales con
interés casacional.
II.-VIOLACION DEL ARTICULO 6.1 DEL CONVENIO EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS Y LIBERTADES FUNDAMENTALES
Ante
el TEDH, la compañía invocó que la duración de los procedimientos
tributarios había sido incompatible con el requisito de un “plazo
razonable”. El Gobierno argumentó que dicho artículo no resultaba
aplicable al caso por tratarse de un procedimiento tributario de
reclamación. Alternativamente, el Gobierno indicó que existían remedios
legales internos referentes a la duración excesiva del procedimiento que
no habían sido agotados por la compañía. Por último, teniendo en cuenta
que el procedimiento comenzó el 18 de Septiembre de 1997 y finalizó el
28 de Octubre de 2003, el Gobierno sostuvo que su duración había sido
razonable, sobre todo teniendo en cuenta que la dilación era imputable a
la propia recurrente. La compañía rechazó estas pretensiones.
A) Admisibilidad
Según la STEDH (apartado 21):
“el
carácter general de las medidas legales sancionadoras por infracciones
tributarias continuadas, el objeto de las medidas, que era tanto
sancionador como preventivo, y su severidad, son suficientes para
confirmar que, a los efectos del artículo 6 del Convenio, la compañía
había sido imputada con una infracción de naturaleza penal (Västberga
Taxi Aktiebolag and Vulic v. Sweden , nº 36985/97, 76-82, 23 de Julio de
2002 y Jussila v. Finland, nº 73053/01, 30-38). Por ello, la pretensión
del Gobierno de que el recurso era inadmisible “ratione materiae” debe
ser rechazada”
Asimismo, la STEDH rechaza
la pretensión de que la compañía no hubiera agotado los remedios
internos, que no existían cuando el recurso fue interpuesto ante el
TEDH.
B) Fundamentos
El procedimiento duró seis años y un mes en los tres niveles jurisdiccionales de recurso.
En relación con dicha duración, la STEDH declara lo siguiente:
“26.El
Tribunal reitera que la razonabilidad de la duración del proceso debe
ser determinada a la luz de las circunstancias del caso y por referencia
a los siguientes criterios: la complejidad del caso, la conducta del
recurrente y de las autoridades competentes (ver, entre otros muchos
precedentes, Pélissier and Sassi v. France, nº 25444/94, 67).
27.
El Tribunal destaca la objeción del Gobierno de que fue la compañía
recurrente la que solicitó la suspensión al Tribunal del Primer Distrito
de la ciudad de Vilnius por el informe pericial pendiente sobre los
documentos de la compañía. Sin embargo, el Tribunal destaca que esto dio
lugar a un retraso de dos años por un informe pericial que finalmente
resultó innecesario. El Tribunal considera que las autoridades son en
parte responsables del retraso, dada su obligación de una revisión
tempestiva del recurso”.
28. El Tribunal
declara, considerando todas las circunstancias del caso y en particular
teniendo en cuenta la duración total del proceso, que en el presente
caso la duración de las actuaciones fue excesiva e incumplió el
requisito de un “plazo razonable.”
Por consiguiente, ha habido una infracción del artículo 6.1”.
La
STEDH desestima, sin embargo, que hubiera otras infracciones del
Convenio alegadas por la recurrente y referidas a la parcialidad de las
autoridades y a la infracción del artículo 1 del Protocolo 1 del
Convenio.
El fallo fija finalmente la
justa satisfacción a la recurrente (apartado 38), si bien no halla
“ningún vínculo causal entre la violación declarada y el daño pecuniario
alegado”, rechazando por ello el mismo y acordando tan solo una
compensación por daño no pecuniario.
El
importe de la sanción ascendía a 808.929 LTL y el importe de daño
pecuniario reclamado a 892.992 LTL. No resulta del todo claro si la
ausencia de “vínculo causal” declarada deriva de la falta de
correspondencia entre ambas cifras o de que se considera que la
infracción declarada no es causa de la nulidad de la sanción pecuniaria
impuesta.
Esta última conclusión parece
que debe rechazarse en materia sancionadora, porque el mantenimiento de
una sanción acordada en un procedimiento que se declara ha infringido un
derecho fundamental establecido en defensa del sancionado solo debería
tener como consecuencia la nulidad de la sanción impuesta sin el “debido
proceso”. En otro caso, la reparación del derecho fundamental por el
vicio procesal consistente en las dilaciones indebidas sería meramente
ilusoria, además de insuficiente o incompleta. El artículo 217 1 de la
Ley 58/2003, General Tributaria, declara la nulidad de pleno derecho de
los actos que “lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo
constitucional” y, aunque la sanción no hubiera vulnerado dichos
derechos en el momento de ser impuesta, su confirmación inevitablemente
los vulneraría cuando tuviera lugar en vía de recurso, pero en un
proceso con dilaciones indebidas determinantes de una infracción
constitucional. El derecho a un proceso sin dilaciones indebidas no
puede ser meramente instrumental y agotarse en sus efectos declarativos o
“simbólicos”. En dicho caso, carecería de toda relación con la
exigencia impuesta por el propio artículo 6.2 del Convenio de Derechos
Humanos y Libertades Fundamentales de que toda culpabilidad sea
“legalmente declarada”. Una culpabilidad declarada no puede considerarse
“legal o constitucionalmente declarada” cuando lo ha sido con dilaciones
indebidas determinantes de una infracción constitucional. Cualquier
infracción del artículo 6.1 de la Convención conllevaría necesariamente
una infracción del artículo 6.2 de la Convención.La consideración de
esta cuestión no debería ser omitida en el planteamiento o resolución de
futuros casos en dicha situación.
III.- CONCLUSIONES
PRIMERA.-Según
la STEDH en “Impar Ltd v. Lituania”, el derecho a un proceso público
sin dilaciones indebidas (artículo 24.2 de la Constitución Española) es
también aplicable a las sanciones por infracciones tributarias cuando
los recursos contra las mismas no se han resuelto en un “plazo
razonable”(los procesos tributarios sobre sanciones no están exceptuados
de la obligación de resolución en un “plazo razonable”). En el caso de
“Impar Ltd v. Lituania”, el plazo considerado irrazonable fue de seis
años y un mes.
SEGUNDA.-Aunque la STEDH
no concede a la recurrente la cantidad solicitada por daño pecuniario
(distinta a la sanción impuesta como consecuencia de un proceso resuelto
en un plazo no razonable), parece lógico pensar que cualquier sanción
impuesta con vulneración de dicho límite y derecho solo puede tener como
consecuencia la nulidad de la sanción impuesta sin el “debido proceso”.
En otro caso no puede haber reparación completa del derecho vulnerado. Y
ello, con independencia de que dicha reparación se produzca por
aplicación de la normativa interna del propio Estado infractor o por
sentencia del TEDH como consecuencia de que la normativa de dicho Estado
no “permita” dicha reparación.
TERCERA.-La
doctrina declarada por la STEDH tendrá, indudablemente, importancia en
relación con las infracciones invocadas por contribuyentes ante el
Tribunal Constitucional en relación con la resolución de procesos sobre
sanciones tributarias que vulneren el derecho a un proceso sin
dilaciones indebidas.
Aunque todavía no
existen pronunciamientos de nuestro Tribunal Constitucional sobre esta
específica cuestión, cualquier decisión futura debería ajustarse a la
doctrina contenida en “Impar Ltd. v. Lithuania”(STC 155/2009, de 25 de
Junio:”cambio de doctrina de los órganos de garantía encargados de la
interpretación de los tratados y acuerdos internacionales a los que se
refiere el art. 10.2 CE”.)
Por la
jurisprudencia general del TEDH, “Impar Ltd v. Lituania” podría tener
también importancia en nuestro ordenamiento interno en relación con
recursos de amparo contra condenas por delito fiscal en procesos penales
en que se hubiera infringido el requisito de un “plazo razonable”. En
este último caso, parece mucho más difícil limitar la reparación al daño
no pecuniario, sin considerar los efectos de la vulneración del derecho
a un proceso sin dilaciones indebidas sobre el derecho al “debido
proceso” para la declaración de la culpabilidad y sobre la pena de
privación de libertad impuesta con infracción del mismo.
Guillermo Ruiz Zapatero
LUIS E. DELGADO DEL RINCÓN
Profesor Titular de Derecho Constitucional
Universidad de Burgos
"El TEDH ha condenado a España en dieciséis ocasiones39 por la vulneración del derecho a un juicio en un plazo razonable. Del examen de la jurisprudencia del Tribunal puede comprobarse cómo el Estado español ha incumplido el derecho del art. 6.1 CEDH por los retrasos excesivos en la tramitación de causas seguidas ante órganos judiciales de todos los ordenes jurisdiccionales (salvo el militar) y en cualquiera de las fases en que se encontrara el proceso. Así, pueden citarse, por ejemplo, en el orden civil, la STEDH Ortuño Ortuño c. España, de 27 de septiembre de 2011, dictada en ejecución de una sentencia firme en un procedimiento de liquidación del régimen de gananciales, cuya duración supera los once años en una sola instancia.
En el orden penal, la STEDH Menéndez García y Álvarez González c. España, de 15 de marzo de 2016, considera que no cumple con las exigencias del «plazo razonable» la instrucción de un proceso penal cuya duración ha sido de cuatro años; o que un procedimiento se haya quedado en la fase instructora, habiendo durado trece años y medio cuando se dicta el auto de sobreseimiento definitivo por haber prescrito el delito (STEDH Moreno Carmonac. España, de 9 de junio de 2009); o que en un procedimiento de ejecución de una sentencia penal se haya invertido un lapso de tiempo de más de siete años y nueve meses (STEDH,Bendayan Azcantot y Benalal Bendayan c. España, de 9 de junio de 200940).
( 66. El TEDH quiere reiterar su jurisprudencia constante según la cuál, el artículo 6 §1 del Convenio exige que todas las fases de los procesos judiciales que tienden a resolver las "impugnaciones sobre derechos y obligaciones de carácter civil " acaben en un plazo razonable, sin que se pueda exceptuar las fases posteriores a las decisiones sobre el fondo (ver las sentencias Robins c. Reino Unido, 23 de septiembre de 1997, § 28, Compendio de sentencias y decisiones 1997-V, Estima Jorge c. Portugal, 21 de abril de 1998, § 35, Compendio de sentencias y decisiones 1998-II, y Buj c. Croacia, no 24661/02, § 16, 1 de junio de 2006). Por tanto, la ejecución de una sentencia de cualquier jurisdicción debe ser considerada parte integrante del «juicio» según el artículo 6 (sentencia Hornsby c. Grecia, 19 de marzo de 1997,§ 40, Compendio de sentencias y decisiones 1997-II).
67. En este caso, se trata de la ejecución de un fallo que impone a un particular la obligación de abonar los daños y perjuicios por la responsabilidad civil resultante de una infracción penal, así como los gastos y costas incurridos en el marco del procedimiento penal. A este respecto, el TEDH recuerda la necesidad de preservar los derechos de las víctimas de las infracciones pénales y el lugar que les corresponde en el marco de los procedimientos penales (Perez c.Francia [GC], no 47287/99, § 72, CEDH 2004-I). Esto vale igualmente para la fase de ejecución de una sentencia pénal dictada a su favor, en la medida en que es en ella, en que la reparación pecuniaria del daño sufrido por las víctimas encuentra su realización efectiva.
68. En este caso, en lo que concierne a la duración del procedimiento de ejecución en litigio, el TEDH considera que el periodo a tener en cuenta va del 24 de junio de 1997, fecha en la que la sentencia penal se hace firme y ejecutoría, al 20 de abril de 2005, fecha del auto de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, que archiva definitivamente la ejecución de la sentencia penal en litigio. La duración a examinar es de siete años, nueve meses y veintisiete días.
En el orden contencioso-administrativo, el TEDH ha declarado que contradice también la obligación del «plazo razonable» la duración de más de cinco años y cuatro meses de un incidente sobre la competencia de un tribunal (STEDH Alberto Sánchez c. España, de 16 de febrero de 2005); o que el procedimiento en una única instancia jurisdiccional dure diez años (STEDH Comunidad de Propietarios Pando n.º 20 v España, de 20 de diciembre de 2016), o diecinueve años en cuatro instancias jurisdiccionales, con una suspensión en una de ellas de casi seis años (STEDH Ruiz-Villar Ruiz c. España, de 20 de diciembre de 2016).
(...)
73. En conclusión, a la vista las circunstancias del caso que obligan a una evaluación global, el TEDH estima que un lapso de tiempo de siete años, nueve meses y veinte siete días para la fase de ejecución de una sentencia penal firme no podría considerarse que responde a las exigencias de un «plazo razonable» garantizado por el artículo 6 § 1 del Convenio.)
En el orden social se ha planteado también ante el TEDH alguna demanda por la duración excesiva de un proceso laboral, aunque el Tribunal la ha inadmitido por no haberse agotado todos los recursos del Derecho interno, concretamente el previsto en el art. 292 y ss. LOPJ para reclamar ante el Ministerio de Justicia la responsabilidad patrimonial por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia por la presunta dilación indebida (Decisión del TEDH Balsells i Castelltort y otros c. España, de 6 de enero de 2015).
En el ámbito de la jurisdicción constitucional, el TEDH ha condenado también a España por infracción del derecho a un juicio en un plazo razonable cuando, por ejemplo, el periodo de duración de dos cuestiones de inconstitucionalidad ha sido de siete años y nueve meses (STEDH Ruiz Mateos c. España, de 23 de junio de 1993); o cuando el tiempo invertido en la tramitación de un recurso de amparo ha sido de tres años y dos meses (STEDH Díaz Aparicio c. España, de 11 de enero de 2002) o de cinco años y cinco meses (STEDH Soto Sánchez c. España, de 25 de febrero de 2004); o cuando en la admisión de un recurso de amparo se ha tardado ocho meses (STEDH Quiles González c. España, de 27 de abril de 2004) u once meses (SSTEDH González Doria Durán de Quiroga c. España y López Sole y Martín de Vargas c. España, ambas de 28 de enero de 2004).
Actualmente, es doctrina consolidada del TEDH la aplicación del derecho del art. 6.1 CEDH al ámbito de la jurisdicción constitucional41, como puede verse en una de sus últimas decisiones sobre esta materia, la STEDH Cicmanec c. Eslovaquia, de 28 de septiembre de 2016, en la que el Tribunal condena a Eslovaquia por la vulneración del derecho a ser juzgado en un plazo razonable por la duración excesiva de un proceso civil en cuyo cómputo se ha incluido también el periodo de tiempo transcurrido en la tramitación de los correspondientes recursos presentados ante la Corte Constitucional eslovaca42.
El TEDH aplica el derecho a ser juzgado en un plazo razonable del art. 6.1 CEDH a los países que cuentan en su organización institucional con Tribunales Constitucionales, aunque estos no formen parte del poder judicial, como sucede en España. Para determinar la vulneración del derecho del art. 6.1 CEDH, el TEDH puede comprobar la duración del proceso incluyendo en el cómputo total el tiempo transcurrido ante los Tribunales ordinarios y el invertido ante los Tribunales Constitucionales, siempre que el resultado de los procedimientos constitucionales influya sobre el desarrollado ante los tribunales ordinarios. No obstante, en algunos casos, el TEDH ha declarado la violación del derecho del art. 6.1 CEDH por los retrasos producidos única y exclusivamente en los procedimientos tramitados ante las Cortes Constitucionales43. Ahora bien, como ya se ha dicho, el TEDH, para controlar la duración de los procesos constitucionales y determinar si se ha lesionado o no el derecho del art. 6.1 CEDH, además de utilizar los clásicos criterios objetivos ya mencionados anteriormente, ha valorado también, por la función que tienen los Tribunales Constitucionales de guardianes de la Constitución, otros factores como la naturaleza e importancia político-social de los asuntos de que conozcan.
El TEDH ha condenado a España por retrasos indebidos en algunos procesos constitucionales —ya sea en una valoración aislada del periodo de duración del proceso constitucional o junto al de otros procesos judiciales— en las siguientes resoluciones44.
En la STEDH Ruiz Mateos c. España, de 23 de junio de 1993, leading case en la materia,respecto de dos cuestiones de inconstitucionalidad planteadas de forma sucesiva por tribunales encargados de resolver un litigio sobre el derecho de propiedad45. El Gobierno español alegó que para pronunciarse sobre la cuestión del «plazo razonable» era necesario excluir la duración de los procedimientos ante el Tribunal Constitucional, ya que estos no pueden considerarse como una fase más de la acción civil, dado que la función de esa institución cuando conoce de una cuestión de inconstitucionalidad no es la de resolver un conflicto entre derechos de los particulares, sino la de «depurar» objetivamente el Derecho interno anulando las normas contrarias a la Constitución (parágrafos 32 y 34). Sin embargo, el TEDH, de acuerdo con una jurisprudencia ya consolidada desde la STEDH Deumeland c.Alemania, de 29 de mayo de 1986, afirma que para calcular el período de tiempo que debe examinarse, ha de tenerse en cuenta el transcurrido ante el Tribunal Constitucional cuando el resultado del proceso constitucional puede influir en el desenlace del litigio debatido ante los tribunales ordinarios (parágrafo 35)46. En consecuencia, al existir en el caso concreto un estrecho vínculo entre el proceso constitucional y el civil, el TEDH declara que la duración excesiva de los procedimientos constitucionales (siete años y nueve meses para las dos cuestiones de inconstitucionalidad) constituye una vulneración del derecho a un juicioe n un «plazo razonable» del art. 6.1 CEDH (parágrafos 37, 51 y 53)47.
En la STEDH Díaz Aparicio c. España, de 11 de enero de 2002, el TEDH, conforme a jurisprudencia anterior, afirma que conviene examinar la duración del conjunto de las instancias jurisdiccionales encausadas, incluida la del Tribunal Constitucional, cuyo procedimiento, un recurso de amparo, ha durado tres años y dos meses que, a juicio del TEDH, es un periodo excesivo que no responde a las exigencias del «plazo razonable», infringiendo así el art. 6.1 CEDH (parágrafo 22)48.
En las SSTEDH González Doria Durán de Quiroga c. España y López Sole y Martín de Var-gas c. España, ambas de 28 de enero de 2004, el TEDH considera que se ha vulnerado el derecho del art. 6.1 CEDH por la excesiva duración de las actuaciones penales que se siguen contra los demandantes ante unos juzgados de instrucción, con la singularidad de que el TEDH incluye en el cómputo total del plazo del proceso el período de tiempo destinado ala admisión del recurso de amparo, once meses (parágrafos 34 y 33 respectivamente)49.
En la STEDH Soto Sánchez c. España, de 25 de febrero de 2004, el TEDH entiende que la duración excesiva de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional(cinco años y cinco meses)50, de acuerdo con los criterios fijados por su jurisprudencia,constituye una violación del derecho del art. 6.1 CEDH, sin tener en cuenta la alegación por el Gobierno de la complejidad del procedimiento, al no aportar ningún elemento concreto que justifique dicha duración, a pesar de que el sumario estaba compuesto por 22.000 páginas y que se presentaron numerosos recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional (parágrafos 39 y 40)51.
