AUTO TRIBUNAL SUPREMO 13-11-2024 (DILIGENCIAS DE EMBARGO Y OPOSICIÓN A LAS MISMAS)

Id Cendoj: 28079130012024202519
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
Sede: Madrid
Sección: 1
Fecha: 13/11/2024
Nº de Recurso: 9097/2023
Nº de Resolución:
Procedimiento: Recurso de Casación Contencioso-Administrativo (L.O. 7/2015)
Ponente: RAFAEL TOLEDANO CANTERO
Tipo de Resolución: Auto

 

"2º) La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en:

Determinar si, integrada en la diligencia de embargo una cantidad que tiene su origen en una liquidación nula puede, no obstante, mantenerse la misma diligencia de embargo al socaire del principio de conservación de actos o, por el contrario, en aras adecuar la ejecución a lo que realmente deba ser objeto de aquella, es obligado dictar una nueva diligencia de embargo en la que no obrara la liquidación y providencia de apremio declarada nula.

3º)Identificar como normas jurídicas que, en principio, habrán de ser objeto de interpretación los artículos 49.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación con el artículo 51 de la misma Ley; el artículo 64.6 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común en relación con el artículo 66 de la misma Ley; así como del artículo 63 de la Ley 58/2003. de 17 de diciembre, General Tributaria y de la jurisprudencia del Tribunal Supremo contenida en las sentencias de la Sala Tercera, de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, de 10 de febrero de 2010, en Recurso 9370/2004, y de 22 de septiembre de 2010 en Recurso 7605/2005."

Los pronunciamientos objeto de la casación:

1) Instancia

La citada entidad interpuso recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso nº 2 de Algeciras, que lo estimó parcialmente, anulando la diligencia de embargo litigiosa al haberse dado de baja por la propia Administración una liquidación de las acumuladas por el concepto de ICIO por importe de 300.000 euros, integrante de la diligencia de embargo referida. La misma sentencia, no obstante, rechazó la nulidad de la misma diligencia de embargo por falta de notificación de las distintas providencias de apremio y de la propia diligencia de embargo, al considerar que habían sido notificadas correctamente

2) Apelación 

Disconforme con este fallo, la Diputación Provincial de Cádiz planteó un recurso de apelación contra la anterior sentencia, que fue registrado con el nº 744/2022 por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de Sevilla, que lo estimó en sentencia de18 de octubre de 2023, revocando la nulidad de la diligencia de embargo ...no puede declararse acto seguido, la anulación de la diligencia de embargo, porque año y medio después y por la propia Administración de la baja a una liquidación de las acumuladas en vía ejecutiva , ya que ello iría como afirma la Diputación de Cádiz contra el principio de conservación de actos del art 64 de la Ley 30/1992 y actual 49.2de la Ley 39/2015 y del carácter autónomo de las deudas tributarias del art 63 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre LGT 

El carácter autónomo de las deudas tributarias invocado por la Sentencia de apelación obligaría a considerar, en primer lugar, en nuestra opinión, si:

1) Pueden dictarse providencias de apremio referidas a más de una deuda del contribuyente

2) Pueden dictarse diligencias de embargo referidas a más de un providencia de apremio

En nuestra opinión, con arreglo a los artículos 167 y 170 de la LGT, referidas a ambas, tanto las providencias de apremio como las diligencias de embargo se refieren -y deben referirse- legalmente a una única deuda tributaria, autónoma según el art. 62 de la LGT

El artículo 167.1 de la LGT es inequívoco:

El procedimiento de apremio se iniciará mediante providencia notificada al obligado tributario en la que se identificará la deuda pendiente, se liquidarán los recargos a los que se refiere el artículo 28 de esta ley y se le requerirá para que efectúe el pago

Dice deuda pendiente y no deudas pendientes

Y lo mismo el artículo 170.3 de la LGT que tiene como requisito previo la providencia de apremio:

 Contra la diligencia de embargo sólo serán admisibles los siguientes motivos de oposición:

a) Extinción de la deuda o prescripción del derecho a exigir el pago.

b) Falta de notificación de la providencia de apremio.

La finalidad del requisito legal nos parece obvia: sujetar la autotutela ejecutiva de la Administración en el ámbito tributario a una actuación individual referida a cada una de las deudas tributarias autónomas objeto de la misma. A este efecto resulta capital considerar también que el procedimiento ejecutivo solo se suspende en los supuestos del artículo 165.1 (garantía) y 2 (error de hecho) de la LGT y que los embargos plurales practicados en el mismo habrían ingresado ya en el haber de la Hacienda Pública

Si esto es así, como nos parece, las providencias de apremio o diligencias de embargo plurales, referidas a varias deudas autónomas, incumplen un requisito legal esencial de las mismas e incurren por ello en un motivo de nulidad de pleno derecho del art. 47 de la LPAC:

e) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido (...).

f) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición.

En el mismo sentido el artículo 217 de la LGT 

Las facultades de autotutela ejecutiva en el ámbito tributario son exclusivamente individuales y referidas a una única deuda tributaria autónoma y solo cuando son individuales la autotutela ejecutiva está legalmente amparada y no incurre en nulidad

Resulta de ello que las providencias de apremio y diligencias de embargo no individuales y que incluyen más de una deuda tributaria autónoma deberían considerarse nulas de pleno derecho, tanto si incluyen deudas después anuladas como si incluyen más de una deuda no afectadas por dicha anulación

La anulación de una providencia de apremio y/o diligencia de embargo por incluir una pluralidad de deudas afecta necesariamente al "titulo" en su totalidad y obligaría a la Administración a, meramente, reiterar su autotutela con arreglo a Derecho

No resultaría de aplicación por ello los artículos 49.2 y 51 de la LPAC

En otro caso, si se recurren providencias o diligencias plurales y se oponen los motivos de oposición de los artículos 167 y 170 de la LGT referidos tan solo a alguna de las deudas incluidas en las providencias o diliegencias:

1) La concurrencia o estimación de los motivos de oposición no afectaría a la validez de las providencias o diligencias referidas a un conjunto de deudas

2) La actuación ejecutiva estaría legalmente respaldada (tampoco hay "extinción de la deuda" plural) y el ejecutado no podría exigir su reparación en vía de recurso contra la acción ejecutiva sino en virtud de un remedio y actuación distinta y posterior (devolución de ingresos indebidos), con la posibilidad de que la Administración invocara ahora la firmeza de las actuaciones ejecutivas indebidas o la prescripción

El contribuyente estaría -por ello- inerme en el ámbito de la actuación ejecutiva referida a una pluralidad de deudas cuando los motivos legales de oposición solo afectaran -como sucede en el caso del Auto del TS- a una de las deudas

Se comprueba de esta forma que tiene todo el sentido el requisito y garantía legal de que las actuaciones de autotutela ejecutiva tributaria se produzcan deuda a deuda y no de manera plural englobando deudas autónomas sujetas a una pluralidad de vicisitudes legales

La doctrina a establecer tiene, por lo indicado, en nuestra opinión, una gran trascendencia e incluso podría afectar negativamente a la práctica de la Administración que usualmente ejercita sus facultades individualmente, deuda a deuda

Asuntos T-36/23 (INADMISIÓN) Y C-634/23 (INADMISIÓN): MENSAJES DE TEXTO (PRESIDENTE CE Y PFIZER)

 

 

Stevi y The New York Times/Comisión Asunto T-36/23: The New York Times is taking the European Commission to court over the executive institution’s failure to release text messages between i...

 

The New York Times is taking the European Commission to court over the executive institution’s failure to release text messages between its president Ursula von der Leyen and Pfizer CEO Albert Bourla.

The newspaper will face off against EU lawyers in the bloc’s highest court, arguing that the Commission faces a legal obligation to release the messages, which could contain information on the bloc’s deals to purchase billions of euros worth of COVID-19 doses.

The case was lodged on January 25 and published on the European Court of Justice's public register on Monday, but no detailed information is yet available online. Two people familiar with the matter confirmed the details of the case to POLITICO.

The New York Times declined to comment on the case. A statement from the publication stated: "The Times files many freedom of information requests and maintains an active docket. We can't comment at this time on the subject of this lawsuit."

The European Commission did not immediately respond to a request for comment.

The lawsuit follows a January 2022 inquiry from European Ombudsman Emily O’Reilly, which identified maladministration in the Commission’s attempts to originally recover the text messages, following a public access request by netzpolitik.org journalist Alexander Fanta. The Ombudsman’s investigation found that the Commission did not explicitly ask the President’s personal office to look for text messages.

In response, the EU’s Values and Transparency Commissioner Věra Jourová claimed that the text messages may have been deleted, due to their “short-lived, ephemeral nature.”

Germany’s Bild daily previously filed a series of lawsuits against the Commission seeking the disclosure of documents related to negotiations to buy the COVID-19 vaccines made by Pfizer/BioNTech and AstraZeneca.

While several of its petitions were thrown out by the courts, Bild — which like POLITICO is owned by publisher Axel Springer — did obtain some documents relating to the talks, including email correspondence starting in June 2020. No information on von der Leyen’s prior contacts with Pfizer CEO Bourla came to light as a result of Bild's litigation, however.

UNA PRUEBA DE LA PUJANZA DE #EUROPA: UNO DE SUS MÁS IMPORTANTES ASUNTOS HA SIDO PROMOVIDO POR "THE NEW YORK TIMES"

 

LA OTRA PRUEBA ES QUE EL CASO HA SIDO INADMITIDO TANTO POR EL TRIBUNAL GENERAL COMO POR EL TRIBUNAL DE JUSTICIA, ANTE EL QUE APELÓ LA ENTIDAD 

BonSens.org, established in Entzheim (France)

 

 

"ORDER OF THE VICE-PRESIDENT OF THE COURT

11 January 2024 (*)

(Appeal – Intervention – Access to documents – Regulation (EC) No 1049/2001 – Correspondence between the President of the European Commission and the chief executive officer of an undertaking – Refusal to grant access – Action for annulment – Interest in the result of the case – Association party to proceedings before national courts)

In Case C‑634/23 P(I),

APPEAL under the second paragraph of Article 57 of the Statute of the Court of Justice of the European Union, brought on 20 October 2023,

BonSens.org, established in Entzheim (France), represented by B. Berne and D. Protat, avocats,

appellant,

the other parties to the proceedings being:

Matina Stevi, residing in Brussels (Belgium),

The New York Times Company, established in New York (United States), represented by B. Kloostra, advocate,

applicants at first instance,

European Commission, represented by M. Burón Pérez, A. Spina and P. Stancanelli, acting as Agents,

defendant at first instance,

THE VICE-PRESIDENT OF THE COURT,

after hearing the Advocate General, M. Szpunar,

makes the following

Order

1        By its appeal, BonSens.org seeks to have set aside the order of the President of the Ninth Chamber of the General Court of the European Union of 5 October 2023, Stevi and The New York Times v Commission (T‑36/23, EU:T:2023:608; ‘the order under appeal’), by which he dismissed its application to intervene in support of the form of order sought by Ms Matina Stevi and The New York Times Company, the applicants at first instance in Case T‑36/23.

 Background to the dispute

2        By an email of 11 May 2022, Ms Stevi and The New York Times Company submitted a request to the European Commission, on the basis of Regulation (EC) No 1049/2001 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2001 regarding public access to European Parliament, Council and Commission documents (OJ 2001 L 145, p. 43), for access to all of the text messages (SMS) exchanged between the President of the Commission and the Chief Executive Officer of the pharmaceutical company Pfizer between 1 January 2021 and 11 May 2022.

3        By Decision C(2022) 8371 final of 15 November 2022, the Commission stated that, given that it did not hold any documents corresponding to the description contained in Ms Stevi’s and The New York Times Company’s request, it was not in a position to fulfil that request (‘the decision at issue’).

 The procedure before the General Court and the order under appeal

4        By application lodged at the Registry of the General Court on 25 January 2023, Ms Stevi and The New York Times Company brought an action for annulment of the decision at issue.

5        By document lodged at the Registry of the General Court on 5 May 2023, BonSens.org sought leave to intervene in Case T‑36/23 in support of the form of order sought by Ms Stevi and The New York Times Company.

6        By the order under appeal, the President of the Ninth Chamber of the General Court dismissed that application to intervene on the ground that BonSens.org had not established that it had a direct interest in the result of the case before the General Court.

 Forms of order sought

7        By its appeal, BonSens.org claims that the Court should:

–        set aside the order under appeal and

–        grant it leave to intervene in Case T‑36/23 in support of the form of order sought by Ms Stevi and The New York Times Company.

8        The Commission contends that the Court should:

–        dismiss the appeal and

–        order BonSens.org to pay the costs.

 The appeal

9        In support of its appeal, BonSens.org raises three grounds of appeal, alleging, first, distortion of evidence, secondly, infringement of Article 47 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union (‘the Charter’) and, thirdly, infringement of Article 42 of the Charter.

 The second ground of appeal

 Arguments

10      By its second ground of appeal, which it is appropriate to examine in the first place, BonSens.org argues, first of all, that the President of the Ninth Chamber of the General Court failed to explain how its interest in the result of the case pending at first instance was indirect and thus made an arbitrary assessment in that regard.

11      Next, BonSens.org submits that it was not given a reasonable opportunity to present its case, since the President of the Ninth Chamber of the General Court referred to unpublished decisions without giving it the opportunity to comment on those decisions.

12      Lastly, BonSens.org alleges that it was discriminated against, since the Commission did not plead that Ms Stevi and The New York Times Company had no legal interest in bringing proceedings.

13      The Commission contends that the second ground of appeal must be rejected as being unfounded.

 Assessment

14      In the first place, in so far as the second ground of appeal is to be understood as including an argument alleging that the order under appeal is inadequately reasoned, it should be borne in mind, first, that, in the context of an appeal, the purpose of the Court of Justice’s review is, inter alia, to ascertain whether the General Court addressed, to the requisite legal standard, all the arguments raised by the appellant and, secondly, that the ground of appeal alleging that the General Court failed to respond to arguments relied on at first instance amounts, essentially, to pleading a breach of the obligation to state reasons which derives from Article 36 of the Statute of the Court of Justice of the European Union, applicable to the General Court by virtue of the first paragraph of Article 53 of that statute, and from Article 117 of the Rules of Procedure of the General Court (order of the Vice-President of the Court of Justice of 12 July 2022, Cipla Europe v EUIPO and Glaxo Group, C‑245/22 P(I), EU:C:2022:549, paragraph 28).

15      That obligation to state reasons does not require the General Court to provide an account which follows exhaustively and one by one all the arguments put forward by the parties to the case and the reasoning may therefore be implicit, on condition that it enables the persons concerned to know why the General Court has not upheld their arguments and provides the Court of Justice with sufficient material for it to exercise its power of review (order of the Vice-President of the Court of Justice of 12 July 2022, Cipla Europe v EUIPO and Glaxo Group, C‑245/22 P(I), EU:C:2022:549, paragraph 29).

16      In the present case, the President of the Ninth Chamber of the General Court noted, in paragraph 12 of the order under appeal, that the party applying for leave to intervene in a case must establish that it has a direct interest in the result of that case.

17      After finding, in paragraph 17 of that order, that BonSens.org relied on the fact that its situation was comparable to that of Ms Stevi and The New York Times Company, the President of the Ninth Chamber of the General Court made clear, in paragraph 18 of that order, that relying on the similarity between the situation of the party applying for leave to intervene in a case and that of a party to that case confers only any indirect interest in the result of that case.

18      The President of the Ninth Chamber of the General Court inferred from this, in paragraph 21 of that order, that the circumstance that the decision at issue formed part of the context which gave rise to the national legal proceedings initiated by BonSens.org was not of such a nature as to confer on it a direct interest in the result of Case T‑36/23.

19      Having regard to that information, it appears that the reasoning in paragraphs 12 to 21 of the order under appeal sets out the criterion which, according to the President of the Ninth Chamber of the General Court, must be applied in order to assess the merits of the application to intervene brought by BonSens.org and the reasoning which led him to take the view that that criterion was not fulfilled. Accordingly, that reasoning is sufficient to enable BonSens.org to understand the reasons why the President of the Ninth Chamber of the General Court found that it had not established the existence of a direct interest in the result of that case and to enable the Court of Justice to exercise its power of review in that regard.

20      Consequently, the argument alleging that the order under appeal is inadequately reasoned must be rejected as being unfounded.

21      In the second place, although BonSens.org argues that it was not given a reasonable opportunity to present its case, it merely submits in that respect that the President of the Ninth Chamber of the General Court referred to unpublished decisions without giving it the opportunity to comment on those decisions.

22      Since it follows from Article 143(2)(f) of the Rules of Procedure of the General Court that the application to intervene is to contain a statement of the circumstances establishing the right to intervene, where the application is submitted pursuant to the second or third paragraph of Article 40 of the Statute of the Court of Justice of the European Union, it was for BonSens.org to submit in its application to intervene all the material and evidence serving to establish its interest in intervening (see, to that effect, order of the Vice-President of the Court of Justice of 21 June 2016, Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie v Allergopharma, C‑157/16 P(I), EU:C:2016:476, paragraphs 19 and 20).

23      In view of that requirement, BonSens.org cannot validly criticise the President of the Ninth Chamber of the General Court, who in no way relied on evidence which has not been submitted to the dispute between the parties, for not affording BonSens.org the opportunity to comment on the information to which he intended to refer in the order under appeal in order to assess whether the interest in intervening claimed in the application to intervene exists.

24      In the third place, as regards the argument alleging discrimination, it should, in any event, be observed that Ms Stevi and The New York Times Company are not, for the purpose of applying Article 40 of the Statute of the Court of Justice of the European Union, in a situation objectively comparable to that of BonSens.org, since Ms Stevi and The New York Times Company have the status of an applicant in Case T‑36/23 and, accordingly, they are not subject to the requirements specific to the parties applying for leave to intervene in that case.

25      In the light of all the foregoing, the second ground of appeal must be rejected as being unfounded.

 The first ground of appeal

 Arguments

26      By its first ground of appeal, BonSens.org argues that the President of the Ninth Chamber of the General Court has distorted the evidence.

27      BonSens.org sets out in detail the conduct of legal proceedings it initiated in France and in the United States in order to challenge the contracts concluded by the Commission for the purpose of acquiring COVID-19 vaccines.

28      BonSens.org asserts that it follows that it has an obvious direct and existing interest in intervening in Case T‑36/23. Therefore, it claims that the President of the Ninth Chamber of the General Court distorted the evidence which had been submitted to him by holding, in paragraph 21 of the order under appeal, that the circumstance that the decision at issue formed part of the context which gave rise to those legal proceedings was not of such a nature as to establish such an interest.

29      The Commission contends that the first ground of appeal must be rejected as being inadmissible or, in any event, as being unfounded.

 Assessment

30      According to the settled case-law of the Court of Justice, in accordance with the second subparagraph of Article 256(1) TFEU and the first paragraph of Article 58 of the Statute of the Court of Justice of the European Union, appeals are limited to questions of law, to the exclusion of any assessment of the facts. The General Court therefore has sole jurisdiction to assess the evidence. The assessment of that evidence does not therefore constitute, except in the case of its distortion, a question of law which is subject, as such, to review by the Court of Justice in the context of an appeal (order of the Vice-President of the Court of Justice of 5 June 2023, Euranimi v Commission, C‑140/23 P(I), EU:C:2023:446, paragraph 41 and the case-law cited).

31      There is such distortion where, without recourse to new evidence, the assessment of the existing evidence is clearly incorrect. However, such distortion must be obvious from the documents on the Court’s file, without its being necessary to undertake a fresh assessment of the facts and the evidence. In that regard, where an appellant alleges distortion of the evidence by the General Court, that person must indicate precisely the evidence alleged to have been distorted by the General Court and show the errors of appraisal which, in that person’s view, led to such distortion (order of the Vice-President of the Court of Justice of 5 June 2023, Euranimi v Commission, C‑140/23 P(I), EU:C:2023:446, paragraph 42 and the case-law cited).

32      In the present case, only paragraph 21 of the order under appeal is referred to in the arguments relied on by BonSens.org in support of its second ground of appeal.

33      However, paragraph 21 contains no finding of fact and is limited to legally classifying the nature of the interest in the result of Case T‑36/23 that BonSens.org could possibly draw from its capacity as an applicant in certain national legal proceedings.

34      It follows that the arguments relied on in support of the second ground of appeal in no way seek to call into question the findings of fact carried out by the President of the Ninth Chamber of the General Court in the order under appeal and that those arguments are therefore not of such a nature as to establish that those findings are distorted.

35      Moreover, in so far as the second ground of appeal must be understood as seeking, in reality, to complain of errors of law or legal classification which the President of the Ninth Chamber of the General Court allegedly made, it should be emphasised that the arguments relied on by BonSens.org do not establish that paragraph 21 of the order under appeal is vitiated by such errors.

36      The concept of ‘interest in the result of the case’, within the meaning of the second paragraph of Article 40 of the Statute of the Court of Justice of the European Union, must be defined with regard to the subject matter of the case and be understood as being a direct and existing interest in the ruling on the forms of order sought, and not as an interest in relation to the pleas in law or the arguments raised (order of the Vice-President of the Court of Justice of 22 February 2022, Fastweb v Commission, C‑649/21 P(I), EU:C:2022:171, paragraph 35 and the case-law cited).

37      In that regard, as the President of the Ninth Chamber of the General Court observed in paragraphs 13 and 18 of the order under appeal, a distinction must be drawn between applicants for leave to intervene who have a direct interest in the outcome of the submissions made by the parties in the context of the dispute in which they wish to intervene and those who have only an indirect interest in the resolution of the dispute by reason of similarities between their situation and that of one of the parties (order of the Vice-President of the Court of Justice of 22 February 2022, Fastweb v Commission, C‑649/21 P(I), EU:C:2022:171, paragraph 37 and the case-law cited).

38      Accordingly, it cannot be held that the President of the Ninth Chamber of the General Court made an error of law or legal classification by taking the view that the circumstance that the situation of Ms Stevi and The New York Times Company had a certain number of points in common with that of BonSens.org – on account of the fact that that company had initiated national legal proceedings relating to the acquisition of COVID-19 vaccines by the Commission – was not, in any event, of such a nature as to confer on BonSens.org a direct interest in the result of Case T‑36/23.

39      Consequently, the first ground of appeal must be rejected as being unfounded.

 The third ground of appeal

 Arguments

40      By its third ground of appeal, BonSens.org argues that the order under appeal infringed the right to transparency guaranteed by Article 42 of the Charter.

41      In that respect, BonSens.org relies, inter alia, on various reports which it claims describe a lack of transparency in the negotiations conducted by the Commission to acquire the COVID-19 vaccines. It argues that the SMS exchanges to which Case T‑36/23 relates are public by nature and the Court cannot therefore preclude their disclosure.

42      The Commission contends that the third ground of appeal must be rejected as being inadmissible and ineffective or, in any event, unfounded.

 Assessment

43      Article 42 of the Charter states that any citizen of the Union, and any natural or legal person residing or having its registered office in a Member State, has a right of access to documents of the European Parliament, the Council of the European Union and the Commission.

44      Although it cannot be ruled out, in the examination of the appeal, that that Article 42 must be taken into consideration in order to determine whether BonsSens.org must be granted access to certain documents in the present case, the fact remains that the proceedings relating to the intervention cannot, in any event, lead to BonSens.org’s being deprived of the right of access to Commission documents, since the sole aim of those proceedings is to determine whether it must be granted leave to intervene in Case T‑36/23.

45      Therefore, it cannot be held that, by dismissing the application to intervene, the President of the Ninth Chamber of the General Court infringed Article 42 of the Charter.

46      Accordingly, the third ground of appeal must be rejected as being unfounded and, consequently, the appeal must be dismissed in its entirety.

 Costs

47      In accordance with Article 184(2) of its Rules of Procedure, where the appeal is unfounded, the Court is to make a decision as to the costs.

48      Under Article 138(1) of those rules of procedure, applicable to the procedure on appeal by reason of Article 184(1) thereof, the unsuccessful party is to be ordered to pay the costs if they have been applied for in the successful party’s pleadings.

49      Since the Commission has applied for costs to be awarded against BonSens.org and the latter has been unsuccessful, BonSens.org must be ordered to bear its own costs relating to the appeal proceedings and to pay those incurred by the Commission.

On those grounds, the Vice-President of the Court hereby orders:

1.      The appeal is dismissed.

2.      BonSens.org shall bear its own costs relating to the appeal proceedings and pay those incurred by the European Commission.

Luxembourg, 11 January 2024.

A. Calot Escobar

L. Bay Larsen

Registrar

Vice-President

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Con fecha 30 de mayo de 2024 Bonsens.org dirigió la siguiente comunicación a los parlamentarios europeos:

 

"EUROPEAN PARLIAMENT

PETITION CALLING FOR THE COLLECTIVE RESIGNATION OF ALL MEMBERS OF THE EUROPEAN COMMISSION

For serious and repeated breaches of their "duties of independence, honesty, dignity,loyalty, discretion and observance of the highest ethical standards", as set out in article 2 of the Code of Conduct for Members of the European Commission.

The French association BonSens.org brings together tens of thousands of people who have decided, as part of a civic initiative, to take action to tackle health and environmental challenges.

BonSens.org initiated legal proceedings in France in January 2022, to have the contracts for the purchase of Covid-19 vaccines concluded by the European Union (EU) and the Member States with PFIZER Inc declared null and void, and in the USA in December 2022 to obtain the production of the messages exchanged during the negotiation of the said contracts betweenMr BOURLA, CEO of PFIZER, and Ms von der LEYEN, President of the EuropeanCommission (EC). Although these proceedings have not yet been concluded, Mrs von der LEYEN is now the target of a criminal complaint with civil action filed in Belgium by a Belgian lobbyist, Frédéric Baldan, who accuses her of having directly and secretly negotiated the contractsat issue, which involve several billion doses and euros, in place of the governments of theMember States, who are normally the only ones entitled to represent them in such negotiations,without any mandate having been conferred on her by the Member States of the EU or the
treaties governing its operation. Mrs von der Leyen has thus manifestly and gravely disregarded the limits imposed on the Commission's powers, thereby engaging the legal responsibility of the European Union towards its citizens. The complaint also accuses her of destroying the electronic correspondence she had with Mr BOURLA, even though these are public documents normally accessible to citizens under the Right to Transparency provided for in Article 41 of the Charter of Fundamental Rights of the EU (CFREU). Finally, she is accused of illegal taking of interest and corruption, as PFIZER holds nearly 80% of the market for vaccines against COVID-19 in Europe...
 

These facts are confirmed:

1) an article in the New York Times on 29 April 2021 entitled "How Europe sealed a Pfizer vaccine deal with texts and calls",

2) the report by the European Ombudsman, Mrs Emily O'Reilly, dated 14 July 2022,

3) by the report of the European Court of Auditors dated 13 September 2022.
 

On 16 March 1999, the European Commission chaired by Jacques Santer resigned collectively, not having been forced to do so by a vote of no confidence, but following the publication of a report by a committeé of independent experts which listed several categories of unacceptable behaviour by certain commissioners.
2
(https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/video/history-fall-of-the-santer-commission_V001-
0004).
 

In the wake of this scandal, and with the aim of ensuring that such incidents do not happen again, a Code of Conduct for Members of the European Commission (CCMCE) was adopted and published in the EU Official Journal, giving it binding force, so that these rules of conduct can be invoked by litigants against members of the European Commission.
 

Article 2.2 of the CCME provides that: "Members shall regulate their conduct and exercise theirfunctions with full respect for their duties of independence, honestý, dignitý, loyaltý and delicacy They observe the highest ethical standards".
 

Mrs von der LEYEN's behaviour and actions have unquestionably violated all of theseprinciples. Moreover, she continues to do so by stubbornly refusing to disclose the disputed contracts and SMS messages.
 

These facts offend public morality and shatter the legitimate confidence that citizens must be able to have in the members of the European civil service. It is clear that Ms von der LEYENis no longer in a position to perform her duties, so that her continued appointment is contrary to the principle of good administration laid down in Article 41 of the EU Charter.)
 

There is an urgent need to find a solution to this situation.
 

As article 2.4 of the CCME provides that "the members shall act in a collegial manner and assumecollective responsibilitý for any decision taken by the Commission", the present petition calls for the collective resignation of all the members of the European Commission and its President, all of whom have the legal and moral responsibility to scrupulously apply the rules of the Code of Conduct to which they voluntarily submitted themselves on taking office."

BUCEO PROFUNDO MÁS ALLÁ DE LOS NÚMEROS (APAÑADOS) DE NVIDIA (JustDario, 22-11-2023)

 

 Currently, Nvidia is the company with the highest market capitalization in the world

 When I started bringing the spotlight on Nvidia more than one year ago (full archive), only myself and a bunch of “Twitter Randos” (as they called us at that time: Wall Street analyst defends Nvidia from ‘Twitter randos’ spreading bearish conspiracy theory) dared to raise questions on Nvidia numbers and mind-blowing management projections for the future. One year later, the “Twitter Randos” are not alone anymore, and so many social media accounts have come forward raising more than legitimate questions about Nvidia’s business and numbers, highlighting all the incongruences and dark sides no one cared about so much before.

 What I am going to do in this article is step up the analysis of Nvidia financials one notch, but I promise I will do my best to keep it simple to understand. Please bear in mind several of the tables I am going to share are a comparison between the latest and the previous 10-Q where the red lines and text in red represent the amendments the company made in the new quarter.

 Why does Nvidia hide the geography of a growing amount of its revenues?

 This is how Nvidia describes its revenues attached to Singapore:

“Most shipments associated with Singapore revenue were to locations other than Singapore and shipments to Singapore were insignificant”

So according to the company, almost 8 billion USD of revenues in the last quarter, 22% of the total and the largest chunk outside the US market, were sent to an undisclosed location. One year ago, this amount was ~2.7 billion USD and ~15% of the total. Isn’t it a fair question to ask where these revenues are really being generated from? Furthermore, if there is nothing wrong with the end destination, what’s the point of hiding the end location and being more transparent with the investors’ community? It doesn’t take an accounting genius to figure out there is something wrong going on here.

“Strong demand” for Hopper but no increase in future purchase obligations for Hopper?

As you can read in the paragraph below Nvidia claims “Demand for the Hopper architecture is strong and our H200 offering grew significantly in the quarter” and that Hopper (not BlackWell) has been the driver of Nvidia’s spectacular growth so far.

 I wonder how it is possible that the company claims strong demand for Hopper but then its clients aren’t placing purchasing orders for it. Strange, isn’t it? As you can see from the table below, Nvidia even struck out the reference to “Hopper” in the purchase obligations section.

 

Does this have anything to do with the Mark To Market assumptions based on subjective management estimates to evaluate the value of Hopper inventories? Of course it does, but clearly, here we have a pretty big contradiction and I wonder if NVIDIA auditor PwC will close an eye on it.

Unusual Account Receivables concentration

It is very well known now that the majority of NVIDIA revenues come from a handful of customers, notoriously Microsoft, META, and SMCI, however, what I did not see anyone highlighting is a similar concentration in Account Receivables too.

53% of the account receivables are against four direct customers only (who knows about the “indirect” ones), and considering this amount keeps growing significantly (chart credit to @1CoastalJournal), it’s very hard to push back that feeling these customers aren’t paying the bills, but NVIDIA keeps delivering products to them, isn’t it?

 

NVIDIA invoices paid in advance and booked as revenues in the current quarter

While there are clients piling up bills with Nvidia, there are also clients that are so eager to pay them even before an invoice is issued to them. Crazy, isn’t it? Apparently not.

 

As you can see, it is something that happens every quarter. Hold on a second, by how much did Nvidia “beat” Wall Street revenues consensus this quarter? ~2bn$. How much is the amount of these advance payments booked as revenues in the current quarter? ~1.7bn$. Where is the rest of the “beat” coming from? From “Deferred Revenues” the company already disclosed LAST YEAR.

Dear reader, hopefully, you will agree with me that this revenue “beat” was totally fabricated (like the previous ones)

 From two “indirect” customers to one

As you can read below, in the previous quarter Nvidia had two “indirect” customers that represented more than 10% of the revenues each. This was a red flag I highlighted already at that time and very unusual for such large customers not to deal directly with the company and prefer to go through a “middleman,” isn’t it? This quarter only one “indirect” customer is left and it is fair to wonder whether SMCI troubles had anything to do with it considering part of the company business was notoriously to play the middle man.

Furthermore, how did NVIDIA fill the void left open by the fallout with this “indirect customer”? Perhaps they started to deal with it directly considering a brand new “Customer A” filled the spot for the exact amount.

 Are future lease costs kept off-balance sheet to boost the Net Income?

As you can easily observe in the table below, NVIDIA reported a net total of ~1.5 billion USD of future lease obligations, however as you can read in the highlighted part, they instead disclose their future lease obligations until 2030 are 4.2 billion USD. Somehow 2.7 billion USD of future lease liabilities disappeared from NVIDIA’s balance sheet and no one noticed. What happens when a lower number of liabilities is being reported? The equity portion increases to compensate. By how much did NVIDIA Net Income increase compared to the previous quarter? Coincidentally 2.7 billion USD, crazy isn’t it?

Are higher operating costs expected next quarter due to Nvidia waiting more than one year to apply the new accounting standards?

I believe the language below is quite self-explanatory, isn’t it? As you can read, Nvidia delayed the disclosure of significant expenses in its operating segments for more than one year since the new FASB rule was in place. Furthermore, this month a new FASB rule has been issued to increase company disclosures about additional expenses, in particular with regards to inventory purchases. No worries though, I do not expect NVIDIA to be so adamant about applying it right away starting from the next quarter that coincides with its annual report subject to audit.

 

A DEEP DIVE BEYOND NVIDIA (COOKED) NUMBERS

LOS BANCOS CENTRALES: EL LEGADO DE LOS MANDARINES FINANCIEROS ("EL PUT DE GREENSPAN")

#Centralbanks: The #legacy of #monetarymandarins https://t.co/P12unEzhKZ

Who created #serialspeculativebooms to sustain the illusion of prosperity & of #governments who deflected #shifting #hardpolicymaking to #unelected and largely #unaccountable central banks#satyajitdas

— Guillermo Ruiz Zapatero (@ruiz_zapatero) November 19, 2024

 

The rulebook expanded after the 2001 dot-com problems and the 2007/8 financial crisis. The staple was interest rates. When they approached zero, central banks innovated with negative rates and implemented quantitative easing (QE), purchasing securities, government bonds, but later including mortgage-backed securities, corporate bonds and shares, using newly created reserves.

Central banks implemented yield curve control (YCC) to target specific rates.  Policymakers introduced financing arrangements to provide funds to banks to bolster liquidity and also on-lend to clients. Critics joked that central bankers would deploy these tools to even combat an alien invasion.

But labour market changes—particularly the shift away from permanent work and reduced wage bargaining power in part due to reduced unionisation and industrial overcapacity—especially in China, kept prices in check. Inflation remained stubbornly low until the supply shock of the pandemic and military conflicts. The use of low rates to devalue the currency to increase export competitiveness floundered because every country followed similar strategies.

The real effect was on asset markets. As values reflect future cash flows discounted back to the present, an upward shift in prices was natural. Near zero rates meant the adjustment was exaggerated.

Low rates drove a search for higher returns, causing investors to overpay for long-duration bonds, high- and low-quality corporate debt, equities and real estate. It enticed investment in illiquid assets like infrastructure, private debt and equity, and venture or start-up capital. It encouraged increasing leverage to enhance available returns.

Intervention by the authorities and their underwriting of risk-taking suppressed volatility. This encouraged investors to sell options to enhance their returns through the premiums received. Asset managers employed investment strategies, often camouflaged under innocent names such as ‘risk parity’. There were pernicious feedback loops, with falling returns leading to more risk-taking, compressing yields and margins boosting prices further.

These developments have significant costs. First, the policies encouraged rapid growth in private and public debt. It facilitated fiscal indiscipline of governments who ran large budget deficits. An economic model of consumption and investment using borrowed funds became entrenched.

Second, capital was misallocated. Easy money allowed the survival of ‘zombie’ enterprises—indebted businesses that generated sufficient cash to cover costs and loan interest but not sufficient to invest in operations or repay the debt itself.

Third, asset prices became detached from intrinsic values, creating the constant spectre of financial instability. Rising prices for financial assets favoured high-income, wealthy cohorts exacerbating inequality.

Fourth, it fundamentally altered financial markets. Abundant cash, low rates and YCC artificially reduced risk. The US Federal Reserve, the Bank of Japan, the Bank of England, and the European Central Bank hold around 16, 53, 27, and 30 percent of outstanding government debt. The Bank of Japan holds around 7 percent of the stock market. The Swiss National Bank has a share portfolio (consisting mainly of US stocks) of around $200 billion (around 20 percent of GDP). This overhang and potential central bank activity distorts prices and liquidity.

Fifth, speculation and risk-taking are now underwritten by the ‘Greenspan Put’. Investors assume in case of problems, central banks will step in to ensure survival of banks and institutions deemed ‘too big to fail’.

Sixth, the ability to normalise policy settings—increasing rates or selling asset holdings—is restricted. Higher interest costs would increase the risk of financial distress for the growing numbers of over-indebted borrowers. Governments with high debt levels face larger financing expenses and must raise taxes or cut spending elsewhere. This, combined with falling collateral values, threatens lenders. The current pressure on central banks to cut rates reflects, in part, these pressures.

Finally, the policies generated toxic interest rate exposures that damaged balance sheets. QE created an asset liability mismatch as central banks purchased longer maturity securities with modest fixed rate coupons, funding them with reserves paying short-term rates. When rates rose in 2021 to counter inflationary pressures, the value of these bonds fell sharply. Central banks now have large unrealised losses that would be crystallised on sale. Their income is affected by the higher interest paid on reserves, below the earnings on the bonds.

Major central banks are now nursing Major central banks are now nursing large market-to-market losses and some have negative shareholder’s funds—not ideal for the guarantor of the financial system. The mismatch affected commercial banks, who used the liquidity provided by central banks similarly, investing in long-dated assets to boost income. This was behind the problems of US regional banks in 2023.

History will not be kind to central bankers fixated on financial economy and who created serial speculative booms to sustain the illusion of prosperity. It will also be critical of governments unwilling to address weaknesses, who deflected shifting hard policymaking to independent, unelected and largely unaccountable central banks.

(Views are personal.)

Satyajit Das

Former banker and author

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DELITO CONTINUADO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO en concurso medial con DELITO CONTINUADO DE ESTAFA (TS 6/11/2024)

Id Cendoj: 28079120012024100935
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
Sede: Madrid
Sección: 1
Fecha: 06/11/2024
Nº de Recurso: 2261/2022
Nº de Resolución: 947/2024
Procedimiento: Recurso de casación
Ponente: VICENTE MAGRO SERVET
Tipo de Resolución: Sentencia

El acusado envió al señor Narciso, por "whatsapp" o por correo electrónico, dos pólizas de seguro simuladas,correspondientes a los seguros de protección de pagos y vida antes referidos, que aparentaban haber sido emitidas por la compañía aseguradora "Generali", pero que, en realidad, no correspondían a pólizas realmente emitidas por la referida aseguradora, sino que habían sido confeccionadas por el acusado o por terceros por encargo del acusado, con la intención de engañar al señor Narciso, a fin de que este último transfiriese los importes de las primas de los referidos seguros. Y, a tal efecto, el acusado, además y con la intención de apropiarse de las cantidades a transferir por el señor Narciso , dijo a este último que tenía que transferir el importe de la prima del seguro de protección de pagos (2.326,82 €) y de la prima del seguro de vida (133.56€) a una cuenta bancaria de la que le dijo que era titular "Aguirrebeña' y cuyo número era NUM005 , lo que efectivamente hizo el señor Narciso en fecha 27 de septiembre de 2016, siendo en realidad una cuenta de cuyos fondos podía disponer el acusado, quien se apropió de las referidas cantidades transferidas a dicha cuenta por el señor Narciso .

 SEGUNDO.- La Audiencia de instancia dictó el siguiente pronunciamiento: FALLAMOS:

"Que DEBEMOS CONDENAR Y CONDENAMOS a Matías, como autor responsable, sin la concurrencia de circunstancias genéricas modificativas de la responsabilidad penal, de un DELITO CONTINUADO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL, ya definido, en concurso medial con un DELITO CONTINUADO DE ESTAFA,igualmente definido, a la pena de TRES AÑOS DE PRISIÓN, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y MULTA DE DIEZ MESES Y UN DÍA con una CUOTA DIARIA de SEIS EUROS y con la responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas, así como al pago de las costas procesales, incluidas las de la acusación particular.
Asimismo, DEBEMOS CONDENAR Y CONDENAMOS a Matías a que, en vía de responsabilidad civil, abone a Narciso la cantidad de DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS(18.460,38 €).
Tal cantidad devengará, desde la fecha de la presente sentencia, los intereses ejecutorios previstos en el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Por el abono de tal cantidad y de los intereses legales que pudieran devengarse conforme a lo expuesto,se declara la RESPONSABILIDAD CIVIL SUBSIDIARIA de las mercantiles "AGUIRREBEÑA MEDIACIÓN, S.L." y"GENERALI ESPAÑA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS" ("GENERALI"), por una cuota del cada una de ellas,pero siendo las dos mercantiles conjunta y solidariamente responsables entre ellas y ante este Tribunal del abono al perjudicado del importe total de la indemnización (18.460,38 €) y, en su caso, de los correspondientes intereses ( art. 576 LEC), si tuviese que llegar a operar y hacerse efectiva la referida responsabilidad civil subsidiaria".
La anterior sentencia fue recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por la representación de Matías , que con fecha 24 de febrero de 2022 dictó sentencia que contiene el siguiente Fallo:
"ESTIMAMOS PARCIALMENTE el recurso de apelación interpuesto por la Procuradora de los Tribunales doña Victoria Brualla Gómez de la Torre en nombre de Matías.
DESESTIMAMOS los recursos de apelación interpuestos por don Narciso y por GENERALI, instados respectivamente por los Procuradores don Carlos Piñeira Campos y Don Luis Fernando Álvarez Wiese.
ACORDAMOS la confirmación de la sentencia núm. 326/2021, de 25 de octubre, dictada por la Sección 4ª dela Audiencia Provincial.
PROCEDEMOS A MODIFICAR EXCLUSIVAMENTE LA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD IMPUESTA QUE SE SUSTITUYE POR DOS AÑOS Y CUATRO MESES DE PRISIÓN.
DECLARAMOS LAS COSTAS DE OFICIO.
Notifiquese a las partes y, una vez firme, devuélvanse los autos originales a la Sala de procedencia, con testimonio de la presente sentencia, de conformidad con lo previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.Particípese, en su caso, la interposición de recurso".

SEXTO.- 5 y 6.- Por infracción de ley conforme al art.392 del Código Penal en relación con el artículo390.1º.2 por haber considerado las fotocopias aportadas y las informaciones de inversión como documentos mercantiles.
Apunta el recurrente que " Los documentos que la sentencia considera falsificados son los de los ordinales 4ºy 5º de la declaración de hechos probados:
- Seguro de protección de pagos; vida;
- Plan individual de ahorro sistemático y plan individual multifondo."
Se refiere a " unos inexistentes seguros de protección de pagos (folios 55 y vto) y vida (folios 56 a 57) y unos inexistentes productos financieros denominados plan individual de ahorro (folios 57 a 63) y plan individual multifondo (folio 61 a 65)", pero que sostiene que:
"La falsedad realizada sobre una fotocopia no autenticada de un documento mercantil, solo podrá considerarse como una falsedad en documento privado.
Se trata de una fotocopia que se ha tratado de hacer pasar por original, no de que se haya creado un documento totalmente falso para hacerlo pasar por original. Como las pólizas aportadas (vida - folio 56 - y protección de pago - folio 55) no son originales, sino unas fotocopias, se puede afirmar que carecían de la eficacia probatoria propia del documento mercantil y de su aptitud para incidir de alguna forma en el tráfico jurídico.
Las referidas pólizas fueron remitidas, según la sentencia, por wasap o email, por lo que en todo caso nunca se remitió un documento original, sino meras copias, que por ello nunca pretendieron hacerlas pasar por el original,aunque fueran remitidas con la intención de hacer creer que son fiel reproducción de sus originales.
... La falsedad se proyecta sobre un documento privado, dado que al reflejar una información sobre dinero invertido, no refleja ninguna operación de contratación de un fondo de inversión o de ahorro, ni de las condiciones económicas de la inversión, por lo que no pueden merecer la condición de título de mercantil por encajar en las previsiones del Código de Comercio.
El recurrente utiliza un motivo por error iuris ex art. 849.1 LECRIM y ello exige sujetarse al contenido de los hechos probados, lo que no lleva a cabo en estos dos motivos, ya que los altera en cuanto a los documentos y su naturaleza.
Al plantearse el recurso por la vía del art. 849.1 LECRIM debemos recordar a estos efectos que el cauce casacional elegido implica la aceptación de los hechos declarados probados en la sentencia impugnada, sin que con base en el artículo 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal pueda pretenderse una modificación de dicho relato fáctico, ya que lo que se denuncia es una incorrecta aplicación del derecho al hecho probado de la sentencia; de ahí que reiterada jurisprudencia de esta Sala haya afirmado que el recurso de casación por infracción de ley exige el respeto absoluto e íntegro de los hechos probados en sentencia ( SSTS 171/2008;380/2008 y 131/2016, de 23 de febrero, entre otras).
Con ello, el cauce procesal que habilita el artículo 849.1 LECRIM sólo permite cuestionar el juicio de tipicidad,esto es, la subsunción proclamada por el Tribunal de instancia. No autoriza a censurar el sostén probatorio del factum. La discrepancia que habilita no tiene que ver con el significado y la suficiencia incriminatoria dela prueba sobre la que se asientan los hechos, sino con la calificación jurídica de éstos. Por ello, no es este el momento de analizar el soporte probatorio de la secuencia histórica que la sentencia recurrida reproduce.
Consta en los hechos probados la referencia al envío de los documentos falsificados que no se referían a una operación real, sino simulada. Y, así se refieren los hechos probados a que:
1.- Respecto al plan de protección de pagos en póliza de seguro consta en los hechos probados que el recurrente envió al señor Narciso , por "whatsapp" o por correo electrónico, dos pólizas de seguro simuladas,correspondientes a los seguros de protección de pagos y vida antes referidos, que aparentaban haber sido emitidas por la compañía aseguradora "Generali", pero que, en realidad, no correspondían a pólizas realmente emitidas por la referida aseguradora, sino que habían sido confeccionadas por el acusado o por terceros por encargo del acusado, con la intención de engañar al señor Narciso , a fin de que este último transfiriese los importes de las primas de los referidos seguros.
2.- Respecto de un denominado "plan individual de ahorro sistemático" y un denominado "plan individual multifondo el acusado envió al señor Cosme , por "whatsapp" o por correo electrónico, unos documentos simulados, correspondientes a documentación y rentabilidades de tales productos financieros, que aparentaban haber sido emitidos por la compañía aseguradora "Generali' pero que, en realidad, no correspondían a documentación realmente emitida por la referida aseguradora, sino que se trataba de documentos que habían sido confeccionados por el acusado o por terceros por encargo del acusado, con la intención de engañar al señor Narciso , a fin de que este último aceptase invertir en tales productos, consiguiendo así el acusado apropiarse de una cantidad total de once mil euros (11.000 €), que fueron entregados o transferidos por el señor Narciso con destino a ser invertidos en los referidos productos financieros.
Para nada consta en los hechos probados que el documento enviado no se corresponda con el original que iba a producir efectos entre las partes, sino que se envía por un sistema admitido y válido entre las partes. Y para ambas ese documento es el original.
Es decir, no se trata del envío de documentos que no se corresponden con el original, sino que el envío de los documentos falsificados sí que se envían por el medio de comunicación que se citan, y son documentos auténticos, pero falsificados con intención de faltar a la verdad y de inducir a error al sujeto pasivo, como así ocurrió, no dudando el receptor que los documentos que le enviaba el recurrente no se correspondían con la realidad.
Es práctica habitual hoy en día el envío de documentos por formato electrónico para evitar la circulación de"papel", por lo que el documento enviado por correo electrónico o Whatsapp se corresponde con un documento original, no con una copia, y ese documento que se envía entre las partes surge todos los efectos, ya que consta la identidad de quien lo envía y quien lo recibe, y tiene, por fin, precisamente, la ejecutividad del pacto entre partes, al ir desapareciendo el envío y entrega física del soporte papel, siendo sustituido por el envío en formato electrónico, lo que no impide que si ese documento es falso tenga esa naturaleza por introducir en el tráfico jurídico mercantil un documento enviado por formato electrónico falsario para causar perjuicio al receptor.
Además, la aseguradora Generali no podría haber aportado ningún documento, porque habían sido falsificados por el recurrente y enviados en formato electrónico por correo electrónico o Whatsapp, lo que es válido y aceptado en el tráfico jurídico mercantil, teniendo ese documento enviado en ese formato validez a los efectos del contrato entre las partes, y que provoca la obligación en la otra parte de cumplir el pacto suscrito del envíod el dinero, como así ocurrió.
Así, como sostiene el Fiscal de Sala, no se alteraron fotocopias de documentos mercantiles originales como sostiene la parte, por lo que no resulta de aplicación la doctrina legal que establece la STS 564/2021 de 24 de junio en virtud de la cual no constituye delito de falsificación la fotocopia de un documento original sin certificar.
La cuestión ya la ha resuelto esta Sala del TS, entre otras, la sentencia 1126/2011, de 2 de noviembre que establece que en los supuestos en que la falsedad consista en simular un documento de modo que induzca a error sobre su autenticidad lo relevante es la naturaleza del documento que se pretende simular, no del medio utilizado para ello. Así cuando se utiliza una fotocopia o una reproducción fotográfica para simular la autenticidad del documento, como sucede en el presente supuesto, lo que se falsifica no es la fotocopia sino el documento que se fotocopió, en este caso los documentos empleados para inducir a engaño y que, como decíamos en relación con el motivo anterior, son de naturaleza mercantil.
Así, como valida el Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, Auto 619/2019 de 16 May. 2019, Rec.4152/2018: El tribunal de instancia concluye que los pedidos de mercancía a que se refieren los hechos declarados probados, en los que figuraba la denominación, razón social y domicilio de una sociedad italiana ajena a la referida operación comercial de compra de fruta, constituyen prueba suficiente de la participación del acusado en el delito de falsedad en documento mercantil. Como se ha expuesto anteriormente, el correo electrónico, el teléfono y el fax con los que se realizaron los contactos con la mercantil Aragón Agropecuario S.L.,correspondían, realmente, a la sociedad Fruits Fruiits of Spain, aunque los pedidos se efectuaran, falsamente, en nombre de la mercantil italiana LONGA, cuya razón social y domicilio figuraban en los pedidos de la mercancía.
En ambos envíos referidos a los remitidos por el recurrente consta en los hechos probados que aparentaban haber sido emitidas por la compañía aseguradora "Generali", con lo que consta la identidad falsaria de la referencia a la introducción en el tráfico mercantil de un documento que simula la intervención de una aseguradora cuando en realidad no la tiene. Y ello es confeccionado por el recurrente para inducir a error sobre su autenticidad y crear en el receptor la apariencia de la realidad para llevarle a hacer el desplazamiento patrimonial, como así hizo.
Consta probado, así, que el recurrente:
1.- Con la intención de apropiarse de las cantidades a transferir por el señor Narciso , dijo a este último que tenía que transferir el importe de la prima del seguro de protección de pagos (2.326,82 €) y de la prima del seguro de vida (133.56 €) a una cuenta bancaria de la que le dijo que era titular "Aguirrebeñd' y cuyo número era NUM005 , lo que efectivamente hizo el señor Narciso en fecha 27 de septiembre de 2016, siendo en realidad una cuenta de cuyos fondos podía disponer el acusado, quien se apropió de las referidas cantidades transferidas a dicha cuenta por el señor Narciso .
2.- Consiguiendo así el acusado apropiarse de una cantidad total de once mil euros (11.000 €), que fuerone ntregados o transferidos por el señor Narciso con destino a ser invertidos en los referidos productos financieros.
Refiere, así, la sentencia del TSJ que: "La condena se sustenta en una póliza de seguro auténtica pero simulando que la prima se iba a destinar a la cuenta de Generali, cuando se facilitó con engaño una cuenta de ING del ámbito patrimonial del recurrente; en unos documentos no auténticos mediante los cuales se consiguió engañar al querellante, consistentes en una póliza de pagos y otra de vida, y por último en otros contrato simulado que aparentaba la contratación de un "plan individual de ahorro" y un "plan individual multifondo",procediendo la parte denunciante como asegurada a pagar las primas y a realizar aportaciones en metálico y por transferencia".
Incide el TSJ en la admisibilidad de la falsedad de documento mercantil fijada por el Tribunal de instancia fijando en el FD nº 6 que:
"Todos vienen amparados por el logo de Generali, y algunos por el de la mercantil mediadora AGUIRREBEÑA,en cuanto que la falsedad se predica por la construcción de tales documentos con los logos y la seguridad de la transmisión por medios telemáticos, que implica su introducción en el circuito comercial, y que por eso no exige una decantación de firmas originales, bastando que aparezca como emisor en el caso la aseguradora en un formato apto para inducir al error de la víctima e igualmente en las pólizas el nombre del asegurado."
Para los efectos jurídicos entre las partes, el envío de documentos en formato electrónico supone el envío del documento original llevando la mención y referencia al logo y menciones de la entidad con la que se aparenta contratar y con su representante, como en este caso ocurrió. Y es medio habitual de envío de documentos que no pierden en modo alguno su eficacia contractual, ni su validez, salvo que estén falsificados y no se correspondan a la realidad, como en este caso ocurrió, con independencia de las responsabilidades civiles que en estos casos se derivan.
Valida el uso del envío de documentos en las relaciones de contratos de seguro por correo electrónico la sentencia reciente del Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, Sentencia 192/2024 de 29 Feb. 2024, Rec.883/2022 con la consideración de delito continuado de falsedad en documento mercantil, constando probado que En dichos correos solicitó un cambio de beneficiarios de la póliza, designando a Jose Ramón y a la misma acusada por partes iguales, adjuntando un documento en el que la acusada, o una tercera persona a su ruego,había imitado la firma del querellante, sin autorización de éste. Ambos correos los remitió la acusada desde la dirección de correo..., cuyas claves de usuario y contraseña conocía.
No se falsifica una fotocopia, sino que se envía el documento falsificado en formato electrónico.
Respecto a la consideración de falsedad de documento mercantil hay que citar la sentencia del Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, Sentencia 89/2023 de 10 Feb. 2023, Rec. 5765/2020 que al efecto recuerda que:
"La consideración del bien jurídico, como elemento rector tanto para la interpretación de los elementos del tipo como para la medición de la antijuricidad exigida, justifica reajustar el contorno aplicativo del tipo del artículo 392 CP. Limitando su aplicación a aquellas conductas falsarias que recaen sobre documentos mercantiles que,por el grado de confianza que generan para terceros, puedan afectar potencialmente al valor de la seguridad,en su dimensión colectiva, del tráfico jurídico- mercantil. De tal modo, resultará suficiente la protección penal mediante el tipo del artículo 395 CP frente a la falsedad de otros tipos de documentos que, si bien plasman operaciones mercantiles o han sido confeccionados por empresarios o comerciantes, carecen de dicha especial idoneidad lesiva colectiva -por ejemplo, contratos, presupuestos, tiques, albaranes, recibos y otros justificantes de pago que recaen sobre actos, negocios o relaciones jurídicas sin relevancia para terceros-.
Por su parte, entre los documentos cuyo falseamiento sí podría comprometer el bien jurídico protegido por el artículo 392 CP cabe encontrar, con fines meramente enunciativos, los que tienen el carácter legal de título-valor; los que obedezcan al cumplimiento de una obligación normativa de documentación mercantil que funcionalmente les acerca a los documentos emitidos por ciertos funcionarios con capacidad documentadora-por ejemplo, libros y documentos contables, actas de juntas de sociedades de capital, certificaciones con potencial acceso al Registro Mercantil, etc.-; los que documentan contratos-tipo, clausulados generales o particulares en relaciones de consumo -por ejemplo, contratos de seguro, bancarios, de financiación, transporte etc.-; aquellos contratos sometidos a condiciones normativas de forma o de supervisión o a algún tipo de intervención pública -por ejemplo, contratos de gestión financiera, de correduría de seguros, de inversión, etc.-
Y la sentencia de Pleno que trató esta consideración, Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, Sección Pleno, Sentencia 232/2022 de 14 Mar. 2022, Rec. 2509/2019, que cita:
"La consideración del bien jurídico, como elemento rector tanto para la interpretación de los elementos del tipo como para la medición de la antijuricidad exigida, justifica reajustar el contorno aplicativo del tipo del artículo392 CP . Limitando su aplicación a aquellas conductas falsarias que recaen sobre documentos mercantiles que,por el grado de confianza que generan para terceros, puedan afectar potencialmente al valor de la seguridad, en su dimensión colectiva, del tráfico jurídico-mercantil.
De tal modo, resultará suficiente la protección penal mediante el tipo del artículo 395 CP frente a la falsedad de otros tipos de documentos que, si bien plasman operaciones mercantiles o han sido confeccionados por empresarios o comerciantes, carecen de dicha especial idoneidad lesiva colectiva -por ejemplo, contratos,presupuestos, tiques, albaranes, recibos y otros justificantes de pago que recaen sobre actos, negocios o relaciones jurídicas sin relevancia para terceros-.
E incluye como documentos mercantiles susceptibles de ser falsificados y caer en este tipo penal del art. 392CP en una lista no tasada o cerrada, entre otros, Los que documentan contratos-tipo, clausulados generales o particulares en relaciones de consumo -por ejemplo, contratos de seguro, bancarios, de financiación, transporte etc

En este caso los envíos por correo electrónico o Whatsapp de los documentos originales que simulaban la realidad por la que el perjudicado hacía los abonos entra en la categoría de falsedad de documentos mercantiles, ya que se consideran documentos mercantiles aquellos que expresan y recogen una operación de comercio, plasmando la creación, alteración o extinción de obligaciones de naturaleza mercantil o los que acreditan o manifiestan operaciones o actividades producidas en el ámbito propio de una empresa o entidad mercantil, y se extienden a toda incidencia derivada de tales actividades. Y en este caso así fue, ya que el recurrente actuaba en el marco de una operación mercantil de relaciones derivadas de un contrato de seguro,pero que no se ajustaba a la realidad.

Incide el TSJ con acierto en que "No se alteraron fotocopias de documentos mercantiles originales como sostiene la parte, para que resulte de aplicación la doctrina legal, por todas 564/2021, de 24 de junio, según la cual las modificaciones sobre una fotocopia de un documento original sin certificar no constituyen un delito de falsificación de la clase que corresponda al original...
...una falsedad, en cuanto alteración de la verdad del documento, realizada sobre una fotocopia no autenticada de un documento oficial, público o mercantil, no puede homologarse analógicamente a la falsedad de un documento de la naturaleza que tenga el original, por lo que sólo podrá considerarse como una falsedad en un documento privado ( sentencia núm. 939/2009, de 18 de septiembre ).
Y concluye: en el supuesto se crearon ex novo documentos sin la autorización de la compañía mediadora y la aseguradora, que llenan la última hipótesis y por tanto, han de ser considerados documentos mercantiles falsos.
Es decir, no se falsifica una fotocopia, sino que se envía directamente por formato electrónico el documento íntegro falsario.
La condena en este caso lo fue por delito de falsedad del art. 390.1.2º CP y 392 CP en concurso medial con delito de estafa. La importancia de la contratación en el sector del seguro lleva a esta consideración y la afectación a terceros por la introducción en el tráfico jurídico mercantil de relaciones que en este caso eran inexistentes y sin cobertura alguna, pero a cambio de precio.

(...)

En definitiva, aplicando tal doctrina jurisprudencial al supuesto que nos ocupa, es claro que el hecho de que los documentos que se reputan falsos sean meras fotocopias que vienen a representar contratos de seguro o productos financieros inexistentes y, por tanto, simulados, no permite calificar tales documentos como privados,a efectos de tipificación penal, sino que han de seguir siendo considerados documentos mercantiles, en la medida en que la modalidad falsaria en la que resultan subsumibles es la prevista en el artículo 390.1.2º(documento simulado en todo o en parte) y no la prevista en el artículo 390.1.1º (alteración material del documento).
En este caso se utilizó el formato electrónico del correo electrónico y Whatsapp para enviar documentos falsos en una relación aseguradora sin soporte real subyacente alguno para conseguir el desplazamiento patrimonial de la víctima que así consiguió.
El motivo se desestima.

(...)

OCTAVO.- 8.- Por infracción de ley al amparo del artículo 849.1 de la LECrim. por aplicación indebida del artículo77 del Código Penal.

El recurrente pretende que la pena impuesta sea sustituida por la de un año, nueve meses y dos días de prisión con multa de nueve meses y dos días, por aplicación de lo establecido en el artículo 77.3 en relación con el artículo 66. 6º, ambos del Código Penal.

Se le ha condenado por la sentencia de la AP como "autor responsable, sin la concurrencia de circunstancias genéricas modificativas de la responsabilidad penal, de un DELITO CONTINUADO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL, ya definido, en concurso medial con un DELITO CONTINUADO DE ESTAFA,igualmente definido, a la pena de TRES AÑOS DE PRISIÓN, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y MULTA DE DIEZ MESES Y UN DÍA con una CUOTA DIARIA de SEIS EUROS y con la responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas, así como al pago de las costas procesales, incluidas las de la acusación particular."

Pero en la sentencia del TSJ se estima parcialmente el recurso y se impone en cuanto a la privativa de libertad la de DOS AÑOS Y CUATRO MESES DE PRISIÓN.
Y ello, porque apunta el TSJ que:
El marco penal que sirve de presupuesto al principio acusatorio no puede consistir solamente en la calificación delictiva, sino en la propia penalidad solicitada, que condiciona las expectativas del derecho de defensa, y los concretos mecanismos que lo relacionan (como la posibilidad de suspensión o sustitución de condena, entre otros).
Y desde un plano de legitimación, la postulación procesal y correlativa reacción punitiva, no corresponde al Tribunal sentenciador, sino a las acusaciones, en el mismo seno del desenvolvimiento del juicio oral.
Y concreta que esta pena dimana por cuanto apunta el TSJ que se observa es que la pena superior impuesta supera la petición del Ministerio Fiscal, en cuanto que con las misma calificación que realiza la sentencia se solicita una pena de dos y cuatro meses, que también, es imponible.
La pena impuesta es pena imponible por el juego del concurso medial. Como apunta el Fiscal de Sala es pena superior a la que correspondería a la infracción más grave, que sería el delito de falsedad documental, pero no supera las penas que hubieran sido impuestas separadamente por cada delito. La defensa pretende que se imponga la pena mínima posible pero el tribunal realiza un ejercicio de individualización de la pena y determina motivadamente, atendida la gravedad de los hechos, las razones por las que impone la pena de tres años de prisión

(...)

El marco de juego penológico lo sitúa la pena superior a la que habría correspondido, en el caso concreto,por la infracción más grave, y que no podrá exceder de la suma de las penas concretas que hubieran sido impuestas separadamente por cada uno de los delitos. Y es lo que lleva a cabo el tribunal, ya que impone la pena de dos años y cuatro meses de prisión que no supera la que se impondría de penar los delitos de falsedad en documento mercantil y estafa continuados en concurso medial, por lo que sitúa la pena impuesta con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y un apena de multa de diez meses y un día, con una cuota diaria de seis euros, con la responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas es pena imponible.

NOVENO.- 9.- Por infracción de ley del artículo 849.1º de la LECrim por aplicación indebida del artículo 74 del Código Penal en relación con el delito de falsedad en documento mercantil.

Se cuestiona la aplicación de la continuidad delictiva.

 
Señala el recurrente que en la sentencia no figura dato cronológico sobre la elaboración del seguro de pagos y del seguro de vida, por lo que se debe considerar que los hechos se producen en unidad de acto y por lo tanto no se ha de apreciar continuidad delictiva.

El delito continuado no es más que una construcción penológica por medio de la cual los varios delitos cometidos por una persona se sancionan con una pena unitaria. No es, pues, un solo delito, sino varios sancionados como uno que se denomina así como "delito continuado", -tal vez sería preferible hablar de "delito en continuidad delictiva"-.

Nació como una construcción jurisprudencial para atemperar las rígidas consecuencias del concurso real, STS670/2018, de 19 de diciembre , y se convirtió posteriormente en ley, que dejó claro al intérprete que cuando los bienes jurídicos atacados fueran eminentemente personales, siempre será aplicable el art. 73 CP , y cuando se trate de infracciones contra el honor o la libertad e indemnidad sexuales, que afectan al mismo sujeto pasivo,se aplicará lo dispuesto en el apartado 3 del art. 74 del propio Código, para tomar en consideración, o no, la continuidad delictiva.

Realidad jurídica del delito continuado que, conforme la STS 650/2018, de 14 de diciembre , requiere: a) Un elemento fáctico consistente en la pluralidad de acciones u omisiones de "hechos típicos diferenciados que no precisan ser singularizados ni identificados en su exacta dimensión", por ello "esa pluralidad dentro de la unidad final es lo que distingue al delito continuado del concurso ideal de delitos", ya que "en éstos la acción es única aunque los delitos sean plurales; en aquél las acciones son plurales pero el delito se valora como único".
b) Una cierta "conexidad temporal" dentro de esa pluralidad, no debiendo transcurrir un lapso de tiempo excesivo,pues una gran diferencia temporal debilitaría o haría desaparecer la idea del plan que como elemento ineludible de esta figura delictiva examinaremos a continuación.
c) El requisito subjetivo de que el sujeto activo de las diversas acciones las realice "en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión". Es el elemento más importante que realmente provoca la unidad delictiva en que consiste la continuidad, aunque deba distinguirse entre lo que supone el plan preconcebido y el aprovechamiento de una igual ocasión. Lo primero hace referencia al dolo conjunto o unitario que debe apreciarse en el sujeto al iniciarse las diversas acciones, y que se trata de "una especie de culpabilidad homogénea, una trama preparada con carácter previo programada para la realización de varios actos muy parecidos"; lo segundo se da, no cuando la intencionalidad plural de delinquir surja previamente, sino cuando el dolo se produce ante una situación idéntica a la anterior que hace "caer" al delincuente en la comisión delictiva,repitiéndola.
d) Homogeneidad del "modus operandi" en las diversas acciones, utilizando métodos, medios o técnicas de carácter análogo o parecido.

e) El elemento normativo de que sean iguales o semejantes los preceptos penales conculcados, tengan como substrato la misma norma y que ésta tutele el mismo bien jurídico, (homogeneidad normativa).
f) Que el sujeto activo sea el mismo en las diversas acciones fraccionadas", aunque la moderna doctrina jurisprudencial admite la participación adhesiva, por lo que cabría la variación de sujeto activo ( SSTS. 97/2010de 20.2 , 89/2010 de 10.2 , 860/2008 de 17.12 , 554/2008 de 24.9 , 11/2007 de 16.1 , 309/2006 de 16.3 ).

 
Desde el punto de vista negativo no es posible obviar que no es necesaria la identidad de sujetos pasivos -el delito continuado admite uno o varios sujetos pasivos, la exigencia del perjuicio a una generalidad de personas solo se exige en el denominado delito masa que permite la pena superior en uno o dos grados-, los bienes jurídicos no han de ser acentuadamente personales; y no es precisa la unidad espacial y temporal disgregador que las haga parecer ajenas y desentendidas unas de otras, problema que habría de examinarse racional y lógicamente en cada supuesto. El delito continuado precisa a este respecto que, por encima del tiempo, haya una ligazón o causa común, aunque diluya la unidad temporal ( SSTS 169/2000, de 14 de febrero ; 505/2006, de 10 de mayo; 919/2007, de 20 de noviembre ; 354/2014, de 9 de mayo ).
De modo que estaremos en presencia de dicha construcción punitiva denominada delito continuado, cuando concurra una pluralidad de acciones u omisiones que dentro de un mismo plan preconcebido del autor, o aprovechando la misma ocasión, infrinjan el mismo o similar precepto penal, naturalmente siempre que se perpetren dentro de una proximidad temporal y actuando el autor con un dolo unitario, y obviamente siempre que se trate de varios delitos no juzgados con anterioridad, ni fragmentados por la acción del Estado en su función de persecución delictiva."

En el presente caso no hay unidad natural de acción, sino delito continuado
En la sentencia del Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, Sentencia 756/2018 de 13 Mar. 2019, Rec.1666/2017 se recoge que:
En la sentencia 486/2012 se argumenta lo siguiente con respecto a la continuidad delictiva en un delito de falsedad documental:

"La jurisprudencia de esta Sala ha aplicado en numerosos precedentes el concepto de unidad natural de acción para apreciar un único delito de falsedad documental en los casos en que se elaboran varios documentos falsos en un mismo acto, esto es, con unidad espacial y una estrecha inmediatez temporal, y actuando además con un mismo objetivo ( SSTS 705/1999, de 7-5 ; 1937/2001, de 26-10 ; 670/2001, de 19-4 ; 867/2002, de 29 de julio; 885/2003, de 13-VI ; 1047/2003, de 16-VII ; 1024/2004 , de 24-9; 521/2006, de 11-5 ; 1266/2006, de 20-12 ;171/2009, de 24-2 ; 813/2009, de 7-7 ; 279/2010, de 22-3 ; y 671/2011, de 20-6 ).
En esas resoluciones se afirma que concurre una "unidad natural de acción" en las conductas falsarias que,persiguiendo un único designio dirigido a un solo objetivo, se lleva a cabo en "unidad de acto". Aunque la acción falsaria se concrete en varios documentos es tan solo porque se da la circunstancia de que los diferentes efectos objeto de valoración vienen incorporados a varios instrumentos documentales, pero siendo una conducta del todo equivalente a la que se hubiera producido alterando las diferentes cifras si las mismas estuvieran contenidas en una sola relación. Lo determinante -dice esa jurisprudencia- es discernir si los actos falsarios se realizaron en una sola ocasión o en fechas o momentos y lugares diversos. La realización de la conducta delictiva en un momento o fase criminal determinada no interrumpida constituye un solo delito. Han de entenderse, pues, en esos casos realizadas materialmente todas las manipulaciones falsarias en un solo acto, comprensivo de una única actuación delictiva evidenciadora de la voluntad del agente, por más que deba después proyectarse la ejecución de ese propósito inicial en distintos actos o fases ulteriores.
Es cierto que los criterios expuestos coexisten con una segunda línea jurisprudencial en la que se da prioridad al criterio normativo de acción del art. 74 del C. Penal sobre el naturalístico, según la cual el hecho de que se confeccionen en un mismo contexto espacio-temporal varios documentos falsos obliga a subsumir los hechos en la figura del delito continuado. Para ello se tiene en cuenta fundamentalmente el precepto infringido y el bien jurídico protegido, de modo que la acción se consuma cuando se produce el resultado previsto por la norma,cualesquiera que sean los hechos naturales (únicos o plurales) que requiera tal infracción para que se produzca en el mundo real ( SSTS 348/2004, de 18-3 ; 1277/2005, de 1011 ; 566/2006, de 9-5 ; 291/2008, de 12-5 , y365/2009, de 16-4 ).
Para clarificar la cuestión quizá convenga advertir que tanto en la unidad natural de acción como en el delito continuado concurren una pluralidad de hechos desde una perspectiva ontológica o fenomenológica. Lo que sucede es que en el primer caso los hechos albergan una unidad espacial y una estrechez o inmediatez temporal que, desde una perspectiva normativa, permiten apreciar un único supuesto fáctico subsumible en un solo tipo penal. En cambio, en los casos en que no se da esa estrecha vinculación espacio-temporal propia de las conductas que se ejecutan en un solo momento u ocasión, sino que se aprecia cierto distanciamiento espacial y temporal, no puede hablarse de una unidad natural de acción sino de distintos episodios fácticos insertables en la figura del delito continuado. De modo que cuando los diferentes actos naturales no presentan la inmediatez y proximidad propias de la unidad natural de acción subsumible en un solo tipo penal, pero tampoco alcanzan la autonomía fáctica propia del concurso de delitos, ha de acudirse a la figura intermedia del delito continuado.
Tanto en la unidad natural de acción como en el delito continuado se opera con criterios normativos, toda vez que ontológica o naturalísticamente se da en ambos casos una pluralidad de actos en sentido natural. Lo que sucede es que en el primer supuesto la densidad de la normativización es menor al operar los distintos actos con una mayor estrechez y vinculación espacio-temporal, circunstancia que propicia la aplicación de un solo tipo penal más liviano, excluyéndose la modalidad más grave del delito continuado, en la que se incrementa el grado de ilicitud de la conducta y la punición de la norma debido a la menor unicidad naturalística de los actos ejecutados por el autor y a la intensificación del dolo."
No puede confundirse unidad natural de acción con que la forma de actuar en la conducta delictiva sea parecida o semejante, y en el presente caso hay autonomía en las conductas falsarias realizadas en concurso con la estafa perpetrada a las víctimas como se describe en los hechos probados, adquiriendo la independencia y autonomía suficiente para llevar a la continuidad delictiva como fijó la sentencia de la AP y confirmó la del TSJ.

 
El motivo se desestima.