El programa de espionaje doméstico de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), bajo la dirección del Presidente Bush, fue hecho público por el New York Times a finales de 2005.
El Departamento de Justicia concedió que se trató de una secreta, y sin orden previa, supervisión electrónica de personas situadas en los Estados Unidos.
En 1978, después de una profunda investigación sobre violaciones legales asociadas a programas de inteligencia extranjera, el Congreso y el presidente promulgaron la Ley de Supervisión de la Inteligencia Extranjera (FISA). FISA regula la vigilancia extranjera en el ámbito de los Estados Unidos, articulando un cuidadoso balance entre la protección de las libertades civiles y la preservación del “propósito gubernamental de importancia vital” de obtener información valiosa para salvaguardar la seguridad nacional.Con excepciones menores, FISA autoriza la supervisión electrónica solamente bajo ciertas premisas y sólo si es aprobada por un tribunal.
La ley (FISA) autoriza supervisión electrónica sin autorización judicial en caso de guerra, pero sólo durante los primeros 15 días del conflito bélico.
La ley (FISA) tipifica como delito cualquier supervisión no autorizada por la misma y expresamente establece que la propia FISA y las previsiones específicas del código federal criminal (que regulan la interceptación de las comunicaciones en investigaciones criminales) como “los medios exclusivos mediantes los cuales la supervisión electrónica puede llevarse a cabo".
El Departamento de Justicia admitió que el programa de la Agencia de Seguridad Nacional no fue autorizado por ninguna de las regulaciones antes citadas.Sin embargo, mantuvo, antes de la Sentencia del Tribunal Supremo americano en Hamdam contra Rumsfeld, dictada el pasado 29 de Junio de 2006, que el programa no violaba la normativa en vigor porque el Congreso implícitamente autorizó el mismo cuando aprobó la Autorización para el uso de la Fuerza Militar(AUMF de 18 de Septiembre de 2001) contra al Qaeda.
El Departamento de Justicia también invocó e invoca la autoridad constitucional (artículo II)inherente al Presidente como Jefe Militar para obtener “señales informativas” procedentes del enemigo, y mantiene que interpretar que FISA prohibe dichas acciones presidenciales plantearía cuestiones constitucionales.
Dado que en la Sentencia Hamdan contra Rumsfeld el Tribunal Supremo ha declarado que la AUMF no autoriza al Presidente a establecer comisiones militares que no respeten los principios del Código de Justicia Militar ni el artículo 3 de la Convención de Ginebra, la AUMF -que no contenía previsión alguna sobre las materias reguladas en FISA- tampoco puede autorizar programas de la NSA en contradicción con FISA.
Asimismo, al igual que el Tribunal Supremo en Hamdan no ha considerado siquiera que los poderes militares del Presidente como jefe del ejecutivo (artículo II de la Constitución) le permitan actuar en este ámbito en contravención de disposiciones legislativas (tanto si están contenidas en el Código de Justicia Militar como en FISA), resulta que el programa de interceptación masiva de las comunicaciones electrónicas llevado a cabo por la NSA está en contradicción con la Constitución y con FISA, de acuerdo con la interpretación que el Tribunal Supremo ha hecho en Hamdam v. Rumsfeld.
Así lo han manifestado en carta abierta a los congresistas prestigiossos constitucionalistas y abogados (entre otros Tribe, Dworkin, Cole y Sullivan).
La opinión completa de los mismos se encuentra aquí
Un estudio completo sobre la misma cuestión hecho público por la prestigiosa American Constitutional Society puede encontrarse aquí
Al igual que ha sucedido con Hamdan, la Administración está intentando ahora evitar los efectos de la Sentencia Hamdan en el programa NSA (y las posibles responsabilidades legales).Para ello, el Senador Specter pretende introducir una nueva legislación que dejaría prácticamente en poder del Presidente la interceptación de las comnunicaciones electrónicas de ciudadanos americanos para fines de "inteligencia", ampliando las generosas facultades contenidas en FISA (y suprimiendo también sus garantías).
La referencia a la nueva legislación que el Senador Specter pretende introducir se encuentra aquí
Con razón decía Heráclito que "el pueblo debe combatir más por la ley que por los muros de su ciudad".El poder ya se encarga de luchar contra la ley y siempre pretende, como los monarcas, ser "a legibus solutus".Siguiendo a Heráclito, Thoreau también precisó:
"La ley nunca hará libres a los hombres, son los hombres los que deben hacer libre a la ley.Los amantes de la ley y el orden cumplen la ley cuando el gobierno la infringe."
Ninguna democracia ha hecho ni hará nunca superfluo el "combate por la ley".Quienes dicen lo contrario suelen pretender no quedar obligados por la misma.
Los fragamentos de Heráclito
Thoreau
Guillermo Ruiz
