Licencia Creative Commons

Tuesday, October 28, 2025

STS 9-10-2025: DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA Y DE INSOLVENCIA PUNIBLE (I)

Id Cendoj: 28079120012025100859
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
Sede: Madrid
Sección: 1
Fecha: 09/10/2025
Nº de Recurso: 1902/2023

Nº de Resolución: 828/2025
Procedimiento: Recurso de casación
Ponente: ANGEL LUIS HURTADO ADRIAN
Tipo de Resolución: Sentencia

 

Como cuestión nueva en casación, no planteada con ocasión del previo recurso de apelación, se añade que los actos de despatrimonialización de CAN ROURE lo habrían sido simultáneamente con la defraudación tributaria, con lo que, en opinión del recurrente, la insolvencia quedaba solapada con la propia conducta del delito fiscal, y cita en apoyo de su tesis la STS 747/2022, de 27 de julio de 2022, a la que se opone el M.F.por cuanto que, en el caso, la despatrimonialización y la defraudación tributaria no fueron simultáneas, sino responden a actuaciones diferenciadas, pues, de la misma manera que ésta se perpetra en un acto concreto en julio de 2010, los actos de aquélla se prolongaron durante un dilatado periodo de tiempo hasta 2013, de ahí que el desvalor de la insolvencia no deba quedar absorbida en el delito fiscal.


En todo caso, retomando lo que decíamos en el apdo.1 del Fundamento Primero, cuando apuntamos que el recurso de casación no debe plantear, per saltum cuestiones nuevas no introducidas en apelación, es razón suficiente para rechazar este particular del recurso, por un lado, porque, al no haber sido sometida la cuestión a decisión del tribunal de apelación, excede de su objeto, en la medida que la casación ha de tener como objetivo rebatir las argumentaciones vertidas por el tribunal de apelación, y, por otro, porque, si en esa instancia no se plantearon, es porque se consintieron y, si así fue, no deja de suponer un contrasentido ir contra los propios actos.

Recursos del Ministerio Fiscal y de la Abogada del Estado.

OCTAVO.- Formulan ambos recurrentes su recurso al amparo del art. 849.1º LECrim. con la pretensión de que,la aplicación que del beneficio del art. 65.3 CP ha hecho la sentencia recurrida para los hermanos Bienvenido,sea dejada sin efecto y se reponga la condena para ambos en los términos que lo hizo la sentencia de instancia.


En la parte dispositiva de esta sentencia se condenó a los dos hermanos, así como a Luis Francisco , "como coautores responsables, el tercero de ellos por cooperación necesaria, de un delito de defraudación tributaria y de un delito de insolvencia punible".


Con ocasión del recurso de apelación la STSJ, sin modificar el título de condena, y manteniendo, por tanto, la que les fue impuesta en concepto de coautores en ambos delitos, sin embargo, en aplicación de la cláusula de degradación penológica del art. 65.3 CP, les rebaja la pena impuesta en la instancia por cada de uno de dichos delitos, y, como consideraciones a tal efecto hace mención a una jurisprudencia, que no cita, que dice que no atiende solo a la relevancia de la participación y dominio del hecho, sino también al beneficio obtenido y otras circunstancias que influyan en la antijuridicidad del hecho, que en el caso de estos dos condenados son que actuaron principalmente guiados por satisfacer las deudas que tenían con los trabajadores de PIENSOS SUPREM, en el contexto de grave crisis económica, lo que le lleva al TSJ a decantarse por la aplicación del art. 65.3 CP y la rebaja en un grado.


Antes de llegar a su apreciación, hace, sin embargo, una serie de consideraciones que lo impedirían, entre ellas,parte de que la sentencia de instancia considera a los dos hermanos como coautores de ambos delitos, título que mantiene, e incluso reconoce que desde esta posición no procedería la aplicación del referido beneficio,que, en cambio, acaba aplicando por las razones que hemos dicho, pero que no podemos compartir, por cuanto que no lo contempla el propio precepto desde su propia literalidad, en que establece que "cuando en el inductor o en el cooperador necesario no concurran las condiciones, cualidades o relaciones personales que fundamentan la culpabilidad del autor, los jueces o tribunales podrán imponer la pena inferior en grado a la señalada por la ley para la infracción de que se trate", por lo que parece que ha sido clara la voluntad del legislador de aplicar el beneficio al inductor y al cooperador necesario, extensivo excepcionalmente por la jurisprudencia de la Sala al cómplice, en cuanto cooperador no necesario, pero no al autor.


Por lo demás, esa condición de coautores responde y guarda coherencia con el relato histórico de la propia sentencia de instancia, mantenido en su integridad en la de apelación, en cuyos hechos probados hay pasajes tan significativos, que le llevan a decir al TSJ, como destaca en su recurso la Abogada del Estado, que "como puede observarse, el relato fáctico recoge elementos de la coautoría, tal como se recoge en el fundamento de derecho tercero de la sentencia al que nos remitimos", o más adelante "a diferencia de lo que sostienen los apelantes, en la sentencia se concreta qué es exactamente lo que se imputa a los acusados, su participación como coautores, lo cual también se recoge en el relato fáctico tal como hemos expuesto ya", y, efectivamente,en el relato histórico de la sentencia de instancia hay pasajes de auténtica autoría, y es que, efectivamente, los hermanos Bienvenido ostentaban la condición deudores y eran los obligados tributarios, por lo tanto, sujetos activos de los delitos especiales propios por los que han sido condenados, no extranei, que es para quienes,por razón de proporcionalidad, viene contemplando la jurisprudencia de la Sala la referida atenuación.


Procede, pues, la estimación del recurso formulado por el M.F. y la Abogada del Estado.

STS 747/2022 DE 27-07-2022

El delito de alzamiento de bienes es básicamente una modalidad defraudatoria (no en vano en códigos anteriores se encuadraba en el capítulo destinado a las defraudaciones; en la actualidad la remisión al art.250.1.5º evoca también esa morfología defraudatoria tendente a impedir el cobro de un crédito). 

Cuando temporalmente, e incluso materialmente,se solapan dos conductas que en definitiva son derivaciones de un mismo y único propósito defraudatorio, las dos acciones aparecen como anverso y reverso de una misma moneda.
Al igual que en el caso del ladrón que gasta el dinero robado; o del estafador que esconde lo obtenido, la acción es única. No existe una antijuricidad añadida a la primera conducta. Su castigo absorbe el total.


Cosa diferente sería si se identifican acciones posteriores tendentes a vaciar el propio patrimonio para impedir el cobro de la deuda generada con el delito. Pero ha de ser conducta separable temporal y ontológicamente.


Cuando para eludir (que es el verbo utilizado tanto en el art. 305 como en el art. 257.3 CP) el pago de la misma deuda tributaria se despliegan de manera coetánea dos mecanismos fraudulentos (disminuir con engaño las bases tributarias así como un vaciamiento patrimonial para evitar el cobro) no hay dos delitos. Como no los habría si para el desplazamiento patrimonial constitutivo de estafa se ponen en marcha dos tramas engañosas.

 
El impuesto cuyo pago se elude por esa coetánea doble vía es el mismo.


La insolvencia queda, en supuestos como éste, solapada con la propia conducta delictiva; en este caso, con el mismo delito fiscal. Si este consiste en no abonar un crédito tributario utilizando engaño, la insolvencia simultánea no añade nada sustancial, aunque puede considerarse que eleva el nivel de gravedad. Supone exactamente lo mismo: defraudar el crédito, aunque con un doble mecanismo coordinado. La coincidencia temporal empuja a pensar en un concurso de normas; no un concurso de delitos.


Aquí el castigo del delito de defraudación tributaria engloba por sí la simultánea entrega del importe - incrementado- de la deuda tributaria a un tercero, para sobrepagos no estrictamente debidos.


Estas ideas deben llevar a estimar el motivo parcialmente para decretar la absolución por la insolvencia punible por ser calificable de concurso normativo.


Algún precedente de 2016 que se cita en la sentencia, de excelente factura, admite la compatibilidad. Pero contempla, una conducta posterior, en momento en que el fraude parecía detectado: se produce un aliud.


La STS 717/2016, de 27 de septiembre, en efecto, declara implícitamente viable la condena por delito de
defraudación tributaria al lado de una condena por alzamiento de bienes. Pero, el supuesto es sustancialmente diferente. El vaciamiento patrimonial se realiza a través de actividades distintas y posteriores a la defraudación tributaria y, además, con una finalidad renovada, actualizada, de esquivar el pago que ya se intuía detectado y, por tanto, difícilmente eludible.


En el caso que ahora analizamos las dos conductas se solapan: el impago a Hacienda se simultanea con la salida de los fondos recibidos por repercusión del IVA.


Esta diferencia queda evidenciada por el razonamiento de la citada sentencia. No teoriza, en tanto no considera en esos específicos casos problemática esa posibilidad concursal:


" En el caso, se declara probado que el recurrente, al tener conocimiento junto con su hijo Jorge , que era
administrador de la sociedad Transolea, de las actuaciones de la AEAT en relación con esa sociedad y de
la probabilidad de un embargo de sus bienes, se pusieron de acuerdo con el abogado del recurrente, el
coacusado Amadeo, y simularon una deuda de la empresa con el citado letrado, articulándose como medio de pago un pagaré, cuyo impago y posterior protesto dio lugar a un procedimiento cambiario que concluyó con un embargo, el 2 de junio de 2011, del único bien inmueble de la citada sociedad, preferente al efectuado posteriormente por la AEAT, que no accedió al registro hasta el día 29 de junio de 2011.
Se describe, por lo tanto, una participación al mismo nivel de la autoría, que se debe calificar como cooperación necesaria a causa de la naturaleza del delito de alzamiento como delito especial, que solo puede cometer el deudor respecto de sus acreedores.


En cuanto a la voluntad de perjudicar a los acreedores, debe examinarse su concurrencia en relación al
momento de la acción. La satisfacción del crédito simulado se produce con posterioridad a la anotación del embargo en el registro, por lo que afectando solamente a la causación de un perjuicio efectivo, no resulta relevante".


Por vía de principio y en abstracto cabe un concurso de delitos entre una insolvencia punible (alzamiento de bienes) y la defraudación tributaria. Pero es necesario identificar dos conductas no ya diferenciadas sino separadas por una cierta solución de continuidad. Sin ella la defraudación es única. Ambas modalidades delictivas en lo nuclear representan el impago de un crédito a través de artificios. En un caso, ocultando bases tributarias; en otro, ocultando bienes. Cuando ambas morfologías defraudatorias se solapan no es viable un doble reproche nacido de un mecanismo defraudatorio, que es doble, pero se encamina a eludir el pago de una única deuda (el crédito tributario).


Parece aludir a ello la STS 761/2011, de 12 de julio cuando expresa que el alzamiento de bienes es figura que aparecía como subsidiaria (solo si no puede condenarse por el art. 305) o complementaria (si hay episodios diferenciados) del delito de defraudación tributaria.


La STS 209/2019, de 22 de abril podría militar en pro de la doble condena. Pero en el supuesto analizado existían otros acreedores, además de la Hacienda Pública, lo que rompe la identidad.


De hecho, antes de la introducción de unas tipicidades específicas, (actual art. 257.3 inciso final CP) entendían algunos, no sin fundamento, que el alzamiento de bienes frente a deudas tributarias ya fijadas era conducta encajable en el art. 305 CP: elusión del pago mediante una fórmula defraudatoria (apariencia de insolvencia).


Esa tesis es hoy difícilmente sostenible a la vista de las previsiones actuales del Código. Pero es sintomática de que, al menos, antes de la reforma de 2015, no se producían dos injustos acumulables cuando se elude un pago a la Hacienda aunque se despliegue una doble vía defraudatoria simultánea: no se ajustan las declaraciones a la realidad omitiendo datos que aumentarían la deuda tributaria y se distrae un metálico que en este caso se identifica, en buena parte, con lo que debiera haberse ingresado a Hacienda dadas las peculiaridades del impuesto del IVA.

QUINTO.- En relación a otros delitos patrimoniales -el esquema argumentativo es trasplantable- analiza este problema la STS 440/2012, de 25 de mayo. Declaró compatible la condena por un delito de estafa con el posterior alzamiento. Se rechaza la tesis a tenor de la cual existiría una relación de consunción a resolver por la regla 3ª del art. 8 CP utilizando argumentos penológicos y también temporales.


Tras citar como razón no totalmente concluyente la nueva tipicidad del art. 258 CP, diferencia entre los casos en que los bienes objeto de alzamiento son precisamente los obtenidos fraudulentamente a través de la estafa;o, en su caso, los que los han sustituido, que no pueden ser castigados como alzamiento, de aquellos otros en que se empeora sensiblemente la posición del estafado.


En esa misma dirección y con prolija cita de precedentes jurisprudenciales se mueve la STS 441/2020, de 10de septiembre (entre muchas STS 385/2014, de 23 de abril ó 331/2014, de 15 de abril).


El discurso argumentativo favorable al concurso de delitos tiene más sentido si partimos de una visión compartimentada de las conductas típicas de los delitos de los arts. 257 y 305. No es exacta esa visión.
"Alzarse" con los bienes propios para eludir el pago de una deuda no es más que una forma de "defraudar" -para eludir un pago, no para obtener un enriquecimiento- . Esos componentes diferentes determinan una solución diferente, máxime si nos situamos en el texto punitivo anterior a la reforma de 2015. Entre los delitos de los arts.305 y 257 se produciría una relación de concurso de normas y no de concurso delictivo; salvo que se produzca una ruptura temporal y secuencial que permita identificar dos conductas defraudatorias diferenciadas con distintas morfologías y situadas en momentos diferentes y ante realidades diferentes. No cuando no existe solución de continuidad y se contemplan dos vertientes de una única defraudación.


Si el alzamiento de bienes es una modalidad defraudatoria se convierte en una modalidad comisiva del delito del art. 305. Ello comportaría -y comportaba antes de 2015- secuelas importantes. Según el art. 305, solo es punible la conducta cuando se rebasa una determinada cuantía. Eso permitía concluir que quedaban tácitamente despenalizados los alzamientos de deudas de esa naturaleza por cuantías inferiores.
Y, en efecto, antes de 2015 era tesis manejable que incluso cristalizó en algunas resoluciones de Audiencias Provinciales. Se hacía muy difícil armonizar la idea de que una defraudación tributaria solo merecía una pena si superaba los 120.000 euros; y, sin embargo, eludir mediante la ocultación de bienes una deuda tributaria de 1000 euros merecería una pena de entidad similar (solo a partir de 2010 es ligeramente superior la penalidad del art. 305) cuando el núcleo de lo injusto es en esencia el mismo.


Ese planteamiento se hizo más discutible tras el CP de 1995, máxime tras la reforma de 2010. A partir de 2015 el panorama es aún más confuso: nótese que solo se incluyen las deudas contra la Hacienda Pública o Seguridad social que tengan como precedente un delito, lo que invita a pensar que antes de 2015 no estaban contempladas y habría que reconducirlas al 258 CP (cuya proyección a este caso tendría no pocas dificultades como analiza la sentencia de instancia).


En efecto: el contenido de injusto es idéntico; y la equiparabilidad del nivel de antijuricidad de la conducta de quien omite el pago de tributos engañando en las declaraciones u omitiéndolas; a la de quien lo hace mediante el expediente de ocultar los bienes es plena. No hay diferencia alguna. Solo cuando el alzamiento se conviertaen una conducta posterior y autónoma (v.gr., producción del alzamiento después del descubrimiento de la ocultación) y existe solución de continuidad, podremos hablar de concurso de delitos.


Tanto se defrauda eludiendo el pago de tributos o cuotas no declarando de forma veraz; como declarando con fidelidad a la realidad económica, pero burlando a continuación el procedimiento de apremio con una insolvencia fingida o provocada dolosamente; como combinando coetáneamente ambas conductas. El contenido de injusto era equivalente y por eso no tenía sentido que para una modalidad se exigiese una determinada cuantía (en la actualidad 120.000 euros); y que la conducta defraudadora consistente en un alzamiento (cuya repercusión negativa en el patrimonio de la Hacienda -o de la Tesorería General de la Seguridad Social- es idéntica a la resultante de los delitos de fraude tributario o de cotizaciones) fuese constitutiva de delito aunque su montante económico se redujese a unos pocos euros. De ahí que incluso alguno de los más importantes monografistas de esta figura penal haya insinuado que también bajo la vigencia del Código Penal de 1995 las deudas tributarias o de seguridad social (no así otras deudas derivadas de relaciones jurídico-públicas) no serían aptas para construir el delito del art. 257. Los arts. 305 y 307 operarían un efecto secante en relación al ámbito de aplicación de tal delito. Las defraudaciones de esos créditos a través de un alzamiento serían delito sólo cuando superasen esa cuantía y habría que incardinar la conducta en esos tipos penales por ser más especiales ( arts. 305, 307 y 8 del Código Penal). Sucedería algo semejante a lo que se entendió en materia de cuota obrera de la seguridad social: la expresa tipificación de un delito consistente en la defraudación de esas cuotas exigiéndose un determinado monto, acarrea como secuela la imposibilidad de aplicar el art. 535 (apropiación indebida; actual 252) que antes se utilizaba para reprimir esas conductas (Pleno no jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 17 de noviembre de 1997 y sentencia 760/1997, de 18 de noviembre).

 
Este panorama normativo desde luego ha variado y mucho con las modificaciones posteriores.


La reforma de 2015 ha introducido un subtipo agravado en el remodelado alzamiento de bienes cuando la deuda eludida deriva de la comisión de un delito contra la Hacienda Pública. Que se adicione ese inciso al lado de los casos de deudas de derecho público en que la acreedora es una Administración Pública parece abonar el entendimiento de que las deudas tributarias no se han incluido hasta 2015 y desde esa fecha solo se incluyen cuando derivan de un delito.


En cualquier caso, aquí nos situamos en la legislación anterior a 2015 y a tenor de ella la insolvencia punible ha de considerarse sin duda embebida por el delito del art. 305.

(Los hechos de la STS de 9-10-2025 se sitúan igualmente en la legislación anterior a 2015)

Monday, October 27, 2025

AUTO TS 29-05-2024 Y SENTENCIA 7-10-2025: RENDIMIENTOS IRREGULARES RESOLUCIÓN MUTUO ACUERDO RELACIÓN LABORAL

AUTO DEL TRIBUNAL SUPREMO 29-05-2024: RENDIMIENTOS IRREGULARES RESOLUCIÓN MUTUO ACUERDO RELACIÓN LABORAL: Id Cendoj: 28079130012024201310 Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso Sede: Madrid Sección: 1 Fecha: 29/05/2024 Nº de Recurso: 65...

 Id Cendoj: 28079130022025100243
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
Sede: Madrid
Sección: 2
Fecha: 07/10/2025
Nº de Recurso: 6544/2023

Nº de Resolución: 1245/2025
Procedimiento: Recurso de Casación Contencioso-Administrativo (L.O. 7/2015)
Ponente: FRANCISCO JOSE NAVARRO SANCHIS
Tipo de Resolución: Sentencia

El requisito de la desvinculación efectiva del trabajador con la empresa que prevé, como presunción iuris tantum,el artículo 1 del Reglamento del IRPF, no es aplicable, fuera de los casos de exención por despido o cese del trabajador - art. 7.e) de la LIRPF - para excluir la reducción de rendimientos obtenidos de forma notoriamente irregular en el tiempo por resolución de mutuo acuerdo de la relación laboral ( art. 18.2 LIRPF y 11.1.f) RIRPF ).

Procede, en consecuencia, declarar que ha lugar al recurso de casación, con estimación consiguiente del
recurso contencioso-administrativo de instancia y, además, con anulación de los actos administrativos de
liquidación y revisión recurridos en ese proceso, excepción hecha de la resolución del TEAR de Andalucía que fue indebidamente revocada por el TEAC.

 TERCERO.-Criterio del Tribunal Supremo sobre la cuestión de interés casacional objetivo suscitada en este recurso.

1.- En este asunto, como hemos anticipado, el TEAR de Madrid consideró que el recurrente tenía derecho a la reducción de la base imponible de la cantidad percibida, por tratarse la cantidad percibida de un rendimiento obtenido de modo irregular en el tiempo. Al efecto, para el ejercicio 2010, el art. 18.2 LIRPF, sobre los porcentajes de reducción aplicables a determinados rendimientos del trabajo,que la Sala a quo,en armonía con el TEAC en la alzada impropia, inaplica, es:


"1. Como regla general, los rendimientos íntegros se computarán en su totalidad, salvo que les resulte de
aplicación alguno de los porcentajes de reducción a los que se refieren los apartados siguientes. Dichos
porcentajes no resultarán de aplicación cuando la prestación se perciba en forma de renta.
2.a) El 40 por ciento de reducción, en el caso de rendimientos íntegros distintos de los previstos en el artículo 17.2 a) de esta Ley que tengan un período de generación superior a dos años y que no se obtengan de forma periódica o recurrente, así como aquellos que se califiquen reglamentariamente como obtenidos de forma notoriamente irregular en el tiempo...".


El precepto legal se complementa con la previsión del art. 11.1.f) del Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas -RIRPF- que es el reglamento del impuesto el cual, para el ejercicio 2010, aplicable aquí, disponía lo siguiente (norma idéntica al actual art. 12.1.f) RIRPF):
"1. A efectos de la aplicación de la reducción prevista en el artículo 18.2 de la Ley del Impuesto , se consideran rendimientos del trabajo obtenidos de forma notoriamente irregular en el tiempo, exclusivamente, los siguientes,cuando se imputen en un único período impositivo:...
...f) Cantidades satisfechas por la empresa a los trabajadores por la resolución de mutuo acuerdo de la relación laboral".

 2.- En línea con las preguntas sobre las que nos interroga el auto de admisión, la cuestión que debemos decidir es si la reducción, aquí polémica, de la base imponible por la irregularidad de su percepción en el tiempo, se ve afectada por lo establecido en el art. 1 RIRPF, ya que la sentencia de instancia extiende la aplicación de dicho precepto de rango infralegal al derecho postulado por el contribuyente.
Al respecto, debemos señalar, desde este momento, que a este Tribunal Supremo le resulta patente que el artículo 1 RIRPF se refiere, exclusivamente, a la exención del art. 7.e) LIRPF, esto es, que no procedería aplicarlo a las indemnizaciones por despido o cese del trabajador, en la cuantía establecida con carácter obligatorio en el Estatuto de los Trabajadores,cuando esa situación no se hubiera producido legalmente o, dicho de otro modo,cuando pese a la apariencia de que ha habido un despido o cese -que supone la extinción de la relación laboral-no se hubiera producido la desvinculación real con la empresa. Solo en ese caso.
La tesis de la sentencia aquí recurrida, por el contrario, radica en la traslación al caso del art. 1 RIRPF, declarando que no se aplicaría la reducción de la base imponible ex art. 18.2 LIRPF, por falta de concurrencia del supuesto de hecho determinante de la indemnización misma, esto es, de la extinción de la relación laboral.

3.- Hemos de recordar que, en relación con el art. 1 RIRPF, desde la perspectiva de su acomodo jerárquico a la Ley, nos hemos pronunciado en nuestra sentencia de 4 de marzo de 2022 -recurso de casación nº. 4921/2020-,en que quedó establecida como doctrina la siguiente:
"El artículo 1 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Real Decreto439/2007, de 30 de marzo , interpretado a la luz del artículo 7.e) de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, delImpuesto sobre la Renta de las Personas Físicas , no infringe el principio de reserva de ley al condicionar el disfrute de la exención a la real efectiva desvinculación del trabajador con la empresa ni al establecer la presunción de que no se da dicha desvinculación cuando en los tres años siguientes al despido o cese, el trabajador vuelva a prestar servicios a la misma empresa.


A efectos de disfrutar de la exención, la "real efectiva desvinculación del trabajador con la empresa" comporta que, tras su despido o cese, no vuelva a prestar servicios a la empresa que, directa o indirectamente, guarden relación con las responsabilidades anteriores asumidas, correspondiendo la prueba de tales circunstancias a quien fuera trabajador de la misma".


4.- Sin embargo, el problema jurídico que ahora se plantea es distinto al resuelto en la expresada sentencia. Al efecto, el TEAC, estimando el recurso de alzada impropio entablado por la Administración, consideró lógico - u orientado a la justicia tributaria-, que tal norma, condicionante o restrictiva de derechos subjetivos, además de servir para negar la exención del art. 7.e) LIRPF, conforme a su tenor literal, se aplicara también al régimen de los rendimientos irregulares del art. 18.2 LIRPF, a falta de total previsión normativa al respecto.


5.- Ya podemos anticipar que ese modo de proceder no es correcto.
a) En primer lugar, por la imperativa e indeclinable aplicación del vital principio de legalidad tributaria, ya que no hay norma alguna que restrinja o limite la aplicación del art. 18.2 LIRPF por razón de la supuesta falta de desvinculación real del trabajador, aquí de alta dirección, con la empresa, en el presente asunto REPSOL.
b) Por otra parte, la sentencia de esta Sala de 19 de octubre de 2017, recurso de casación nº 2651/2016, excluyó la posibilidad de aplicar la limitación contenida en una disposición de rango reglamentario a otra relación jurídica distinta de la aplicable.
c) La regla de prohibición de la analogía - art. 14 LGT-, que prescribe que "no se admitirá la analogía para extender más allá de sus términos estrictos el ámbito del hecho imponible, de las exenciones y demás beneficioso incentivos fiscales".


Así, pese a que este art. 14 LGT es una norma de muy amplia invocación por la Administración para evitar la aplicación analógica de beneficios fiscales, también sirve para impedir, como aquí sucede, que se extienda una norma limitativa del derecho cuestionado -en este caso, la aplicación de la regla sobre los rendimientos irregulares- fuera de los casos taxativamente previstos, pues con esa exégesis se extendería el hecho imponible, no cabe dudarlo, más allá de sus términos estrictos.


6.- Como muy bien argumenta el recurso de casación, la regla de reducción de la base imponible del art. 18 LIRPF no es un beneficio fiscal ni puede ser observada, como parece que se ha hecho, como una norma de evitación del fraude fiscal.
Así, la reducción de la base imponible prevista para los rendimientos irregulares ( art. 18 LIRPF), es un recurso técnico-jurídico dirigido a mitigar el rigor que en el IRPF representa la progresividad del impuesto, no un beneficio fiscal, de manera que lo que se pretende no es favorecer, en perjuicio de otros contribuyentes, la percepción de rendimientos con una determinada secuencia temporal no concorde con el año natural, sino precisamente lo contrario, la suavización de una aplicación mecánica y rígida del efecto de la progresividad en los tipos de gravamen; como se indica en el recurso de casación, una misma cantidad tributaría menos si fuera percibida de modo regular -por ejemplo, 1.000.000 euros obtenidos en cantidades iguales a lo largo de10 ejercicios-; que si esa misma suma se obtuviera de una sola vez, pues la acumulación de rentas, unida a la división artificial o convencional, por años naturales, de su percepción, haría dispararse el tipo de gravamen.


7.- Pero es que, además, la circunstancia de que se hubiera producido o no una desvinculación real con la empresa solo tiene sentido para la finalidad a que atiende el artículo 1 RIRPF, que opera sobre la exención de la indemnización por despido o cese -al margen de que lo prevea la ley o el reglamento- pues si no hay desvinculación real con la empresa desaparecería la extinción misma, aparente, de la relación laboral.

Al contrario, a los efectos de aplicar el art. 18.2 LIRPF, que no regula una exención ni un beneficio fiscal, sino en el que se trata de ajustar o acomodar -como hemos indicado- la base imponible al hecho de que las cantidades controvertidas se han percibido de forma notoriamente irregular en el tiempo o con un periodo de generación superior a dos años, tal norma reglamentaria, el repetido art. 1 RIRPF no puede ser aplicada al caso, por no referirse a la percepción de rendimientos irregulares, sino a una institución jurídica distinta no necesitada de complemento.


8.- Al efecto, señala el escrito de interposición, de forma acertada, lo siguiente:


"[...] Por último, también los antecedentes legislativos avalan la interpretación que propugnamos. La consideración como renta irregular de las cantidades percibidas por la resolución de mutuo acuerdo de la
relación laboral ha permanecido inalterada en sus términos desde 1998 hasta la actualidad.En particular, las modificaciones del art. 18.2 LIRPF llevadas cabo por la Ley 39/2010, de 22 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011 y por la Ley 26/2014, de 27 de noviembre, que modifica, entre otras, la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se limitan a introducir límites cuantitativos y la segunda a bajar el porcentaje de reducción. Por su parte, el art. 12 RIRPF es también modificado, con efectos de 1 de enero de 2015, por el Real Decreto 633/2015, de 10 de julio. Pues bien, si el legislador o el autor reglamentario hubiesen considerado necesario hacerlo, podían haberlo hecho y, sin embargo,ni las modificaciones legales ni la modificación reglamentaria establecen requisito alguno de desvinculación entre la empresa y el trabajador para que "las cantidades satisfechas por la empresa a los trabajadores por la resolución de mutuo acuerdo de la relación laboral" pierdan su condición de rendimientos del trabajo obtenidos de forma notoriamente irregular en el tiempo [...]". 

En suma, no hay una previsión legislativa expresa de desplazamiento o inaplicación de la norma fiscal, con rango de ley, sobre rendimientos irregulares, por el solo hecho, sin añadidos, de que hubiera una ulterior contratación del interesado.


Compartimos, al efecto, la afirmación de que si el legislador hubiera querido excepcionar, en algunos casos,la aplicación de la reducción por rendimientos irregulares, en la hipótesis de concurrir alguna circunstancia excluyente o limitativa, como la que contiene el artículo 1 RIRPF para obstar la exención por despido o cese,la habría previsto sin duda, como límite o causa de exclusión, en el art. 18 LIRPF.


9.- En cualquier caso, no es admisible aplicar una norma, in malam partem,por analogía, pensada para una situación jurídica diferente. Este proceder violentaría el principio de legalidad y reserva de ley, pues es el legislador el que debe definir los efectos de la aplicación de las normas, no la Administración pública. Al respecto, las alusiones a la lógica o a la justicia tributaria que efectúa el TEAC, solo alcanzan su verdadero sentido y dimensión dentro del ámbito acotado por la Ley, en tanto es ella, como expresión de la voluntad popular y, si se quiere, como exponente del principio de autoimposición, la que define el alcance de la lógica y la justicia tributaria.


10.- El escrito de oposición formulado por el Abogado del Estado, parece ser que consciente de cierta endeblez del argumento, se desvincula de la aplicación del art. 1 RIRPF al caso, como ha hecho la sentencia que procesalmente defiende, para considerar que es el propio artículo 18.2 LIRPF el que no resulta aplicable al recurrente, porque en la situación del Sr. Ezequias no se habría producido, en su opinión, esa desvinculación definitiva con la empresa, implícitamente exigible.
Sin embargo, tal posición procesal no es defendible ya que, como hemos visto, no hay ninguna norma que establezca una limitación como la considerada aquí para la aplicación del citado precepto, el art. 18.2 LIRPF,para el caso, que tampoco ha sido perfectamente establecido, de que no se hubiera dado esa desvinculación real. Además, dos razones añadidas avalan esa improcedencia: de una parte, que la defensa procesal d ela sentencia, que es libre en su desarrollo, no permite desligarse de las razones ofrecidas por la Sala a quo para sustentar el fallo desestimatorio, de suerte que no es dable aportar nuevos argumentos de defensa de la sentencia que ésta no previó ni consideró, como tampoco hizo la Administración, gestora ni revisora,configurando una especie de justificación a posteriori de la bondad de la sentencia impugnada; de otra parte,que la afirmación sobre si ha habido o no una desvinculación laboral efectiva es gratuita, en este caso, pues no hay norma -desde luego, no lo es el art. 18 LIRPF- que ampare la exclusión del régimen de los rendimientos irregulares en los casos en que el contribuyente hubiera sido contratado de nuevo por la empresa, bajo régimen laboral o distinto.


11.- Tal inferencia es, por lo demás, precipitada. Al margen de su inaplicabilidad al caso, el art. 1 del RIRPF,atentamente leído, no excluye de plano la exención reconocida en el art. 7.e) LIRPF -prescindiendo de su improcedente proyección a la reducción de la base del art. 18.2 LIRPF y su concordante del art. 11.1.f) RIRPF-,sino que la somete a una presunción -fáctica o de hecho, no de derecho- susceptible de ser destruida mediante prueba en contrario -iuris tantum-.Precisamente por ello, aun admitiendo la aplicabilidad de ese límite infralegal,no ha habido en este asunto -ni en la vía administrativa ni en la instancia- un debate fáctico en que, con plena contradicción y defensa, se hubiera suscitado la cuestión de si la ulterior contratación del Sr. Ezequias incurría,o no, en la presunción de no desvinculación real, atendiendo a datos o circunstancias que, con mucho, escapan del ámbito tributario.


12.- El TEAR, que valoró los hechos acaecidos, llegó a la conclusión de que:


"[...] Consta acreditado que en el caso concreto existió una resolución contractual de mutuo acuerdo de la relación laboral, sin que la posterior vinculación profesional del reclamante con la entidad a través de un nuevo acuerdo pueda ser entendida como una prolongación de la anterior y ello en atención a las circunstancias y características de los dos contratos celebrados, el laboral (...) y el mercantil de prestación de servicios".


Tales afirmaciones son puramente fácticas, basadas en una apreciación del TEAR que no han quedado desvirtuadas posteriormente sino por la presencia de meras conjeturas, ayunas de un mínimo desarrollo dialéctico.Al efecto, debemos concluir que en el sustrato de la regularización emprendida por la Administración cabe localizar, por la Inspección y por el TEAC, una velada suposición de fraude fiscal, que no ha sido sustentada en razones jurídicas suficientes para ello, pues el propio régimen que deriva de la aplicación del art. 1 RIRPF, aun cuando fuera trasladable -lo que hemos considerado improcedente- al tratamiento fiscal de la indemnización percibida como no exenta, pero favorecida por la reducción de la base imponible ( art. 18.2 LIRPF), no es automática, sino está sujeta a la concreción del concepto jurídico indeterminado de la desvinculación real, sin la cual no opera, pues esa desvinculación no surge solo del dato de la segunda contratación, a todo trance, sino que se limita a concurrir como causa habilitante de la exención cuando se den los términos del precepto, que establece, pese a su rango, una mera presunción iuris tantum y, por ende, con posibilidades reales y efectivas de ser enervada con prueba de refutación, sin que por lo demás sean admisibles las presunciones genéricas de fraude fiscal.

SENTENCIA TRIBUNAL SUPREMO 16-10-2025: REQUERIMIENTO PREVIO Y REGULARIZACIÓN VOLUNTARIA

Id Cendoj: 28079130022025100238
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
Sede: Madrid
Sección: 2
Fecha: 16/10/2025
Nº de Recurso: 5744/2023

Nº de Resolución: 1301/2025
Procedimiento: Recurso de Casación Contencioso-Administrativo (L.O. 7/2015)
Ponente: SANDRA MARIA GONZALEZ DE LARA MINGO
Tipo de Resolución: Sentencia 

 Atendiendo a lo hasta aquí expuesto, y conforme ordena el artículo 93.1 LJCA, procede fijar la siguiente interpretación del párrafo 1 del artículo 27 LGT, del párrafo 2 del artículo 27 LGT en la redacción dada por el artículo decimotercero, apartado tres, de la Ley 11/2021 de 9 de julio y de la Disposición Transitoria Primera de la Ley 11/2021 de 9 de julio.

La regularización efectuada por el obligado tributario, (-antes de la entrada en vigor de la reforma operada por el artículo decimotercero, apartado tres, de la Ley 11/2021 de 9 de julio-), mediante la presentación de una declaración o autoliquidación correspondiente a otros períodos del mismo concepto impositivo en atención a unos hechos o circunstancias idénticos a los regularizados por la Administración encaja en el concepto técnico-jurídico de requerimiento previo de la Administración tributaria al que se refiere el artículo 27.1 LGT.

 CUARTO.- Concepto de requerimiento previo de la Administración tributaria al que se refiere el artículo 27.1 LGT , en la redacción vigente aplicable ratione temporis.

1.El presente recurso de casación plantea la necesidad de interpretar el concepto de «requerimiento previo de la Administración tributaria» a que hace mención el artículo 27.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,General Tributaria en la redacción vigente aplicable ratione temporis.


Se trata por tanto de interpretar el artículo 27.1 LGT, -que es una norma tributaria- por lo que debemos acudir según lo dispuesto en el artículo 12 LGT al artículo 3.1º del Código Civil que señala que «las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos ... atendiendo al espíritu y finalidad de aquéllas» de donde se infiere que la interpretación de cualquier precepto -aquí el artículo 27.1 LGT- contenidos dentro de nuestro amplio y complejo ordenamiento jurídico no puede efectuarse aisladamente sino que, por contra, ha de indagarse su correcta hermenéutica de forma sistemática, poniéndola en conjunción con el resto de previsiones integradas en el ordenamiento jurídico español.


2.Sobre la interpretación del concepto de requerimiento previo del artículo 27.1 LGT, se ha pronunciado esta Sala en la sentencia de 19 de noviembre de 2012 (rec. cas. núm. 2526/2011), y en la sentencia de la misma Sección de 23 de mayo de 2016 (rec. cas. núm. 1409/2014).


Con posterioridad, esta Sala ha admitido diversos recursos de casación en los que se planteaba una cuestión análoga, habiendo sido resuelto uno de ellos, rec. cas. núm. 491/2019, mediante sentencia de fecha 23 de noviembre de 2020 (ECLI:ES:TS:2020:4438) en la que se fija como doctrina la siguiente:


«[...] el concepto de requerimiento previo ha de entenderse en sentido amplio. Es posible excluir el recargo por presentación extemporánea previsto en el artículo 27 LGT cuando, a pesar de no mediar requerimiento previo en sentido estricto, la presentación extemporánea de la autoliquidación puede haber sido inducida por el conocimiento de hechos relevantes reflejados en un Acta de conformidad relativa a un determinado ejercicio de un Impuesto, suscrita con anterioridad a la presentación de dichas autoliquidaciones correspondientes a determinados periodos de un ejercicio anterior del mismo impuesto. En esas condiciones se puede considerar que se han realizado actuaciones administrativas conducentes a la regularización o aseguramiento de la liquidación de la deuda tributaria [...]».


Continúa la sentencia concluyendo lo siguiente:


«[...] [E]n cambio, no se excluye dicho recargo cuando las autoliquidaciones extemporáneas se presentaron antes de la suscripción del Acta de conformidad en la que se documentan las actuaciones inspectoras referidas a un ejercicio anterior [...]».


Posteriormente, en la STS de 15 de febrero de 2022 (rec. cas. núm. 6310/2019) hemos reiterado esta doctrina jurisprudencial, precisando que «[...] no es bastante con que existan actuaciones de comprobación que sirvan de elemento inductor o motivador de la regularización espontánea para quedar liberado del recargo por falta de concurrencia del elemento normativo excluyente de esa prestación, el del requerimiento. Hace falta algo más. De este modo, se hace preciso avizorar en el horizonte, con un mínimo grado de certeza jurídica, que las actuaciones seguidas en relación con periodos o conceptos tributarios precedentes, conexos o condicionantes, tengan algún grado de avance procedimental que permitiera esperar la posibilidad real de regularizar, esto es, de modificar la base imponible, con el efecto de que, dada la conexión o nexo causal con ejercicios respecto de los que no se ha abierto expediente comprobador -todo ello, obvio es, para el caso de que la Administración no hubiera limitado o cercenado artificiosamente el ámbito temporal o material de la regularización, haciendo estéril su integridad-, quepa razonablemente albergar ese temor. Para ello, se ha fijado como acto formal desencadenante de la declaración extemporánea, el acta extendida, ya fuera de conformidad o disconformidad, porque incorpora una propuesta, al menos, de modificación de la autoliquidación y de liquidación correctora, acto motivado que, aun sin ser definitivo, ni por ende susceptible de impugnación autónoma, ya establece una voluntad administrativa, y cuantificada, que con alto grado de probabilidad, puede convertirse en liquidación y, con ello, en deuda tributaria.[...]».


En definitiva, tal y como ha expuesto esta Sala en su reciente sentencia de 12 de diciembre de 2022 (rec.
cas. núm. 487/2020) «[...] la aplicación de nuestra doctrina jurisprudencial sobre el concepto de requerimiento previo a los efectos del artículo 27.1 LGT requiere atender a las circunstancias singulares, para determinar si existe la conexión o nexo causal de actuaciones anteriores que se pretenden calificar como requerimiento previo».


Por último, debemos citar la sentencia de 18 de octubre de 2023 (rec. de casac. núm. 747/2022) que reitera nuestra jurisprudencia.


3.Sin embargo, avanzado en la resolución del asunto debemos indicar que como hemos dicho en el auto de admisión de este recurso de casación el supuesto enjuiciado presenta ciertos matices que hacen conveniente un nuevo pronunciamiento del Tribunal Supremo, matices que conectan con los cambios legislativos que ha sufrido el precepto en virtud de la nueva redacción dada por el artículo 13.3 de la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, de transposición de la Directiva (UE) 2016/1164, y, que no fueron objeto de examen en las sentencias previas por razones temporales.


El artículo 13.3 de la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, de transposición de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consejo, ha dado nueva redacción al párrafo segundo del artículo 27 LGT, pero ha mantenido con la misma redacción del párrafo primero.


El Preámbulo de la Ley 11/2021 justifica la modificación del sistema de recargos por extemporaneidad
afirmando que:


«Por motivos de proporcionalidad y justicia tributaria, se modifica el sistema de recargos por extemporaneidad estableciéndose un sistema de recargos crecientes del 1 por ciento por cada mes completo de retraso sin intereses de demora hasta que haya transcurrido el periodo de doce meses de retraso. A partir del día siguiente del transcurso de los doce meses citados, además del devengo del recargo del 15 por ciento, comenzará el devengo de intereses de demora. Asimismo, se excepciona de dichos recargos a quien regularice una conducta tributaria que lo haya sido previamente por la Administración Tributaria por el mismo concepto impositivo y circunstancias, pero por otros periodos, no habiendo sido merecedora de sanción, siempre que se regularice en un plazo de seis meses desde la notificación de la liquidación».


En el párrafo segundo del artículo 27 LGT actualmente vigente el Legislador del año 2021 ha establecido una excepción al régimen de recargos, por lo que no se exigirán los recargos del artículo 27.1 LGT si el obligado tributario regulariza, mediante la presentación de una declaración o autoliquidación correspondiente a otros períodos del mismo concepto impositivo, unos hechos o circunstancias idénticos a los regularizados por la Administración, pero, condicionado a que concurren determinadas circunstancias: (i) que la declaración o autoliquidación se presente en el plazo de seis meses a contar desde el día siguiente a aquél en que la liquidación se notifique o se entienda notificada, (ii) que se produzca el completo reconocimiento y pago de las cantidades resultantes de la declaración o autoliquidación en los términos previstos en el apartado 5 del artículo 27, (iii) que no se presente solicitud de rectificación de la declaración o autoliquidación, ni se interponga recurso o reclamación contra la liquidación dictada por la Administración, (iv) que de la regularización efectuada por la Administración no derive la imposición de una sanción. El incumplimiento de cualquiera de estas circunstancias determinará la exigencia del recargo correspondiente sin más requisito que la notificación al interesado.


El propio Legislador del año 2021 ha establecido una excepción al régimen de recargos por declaración
extemporánea sin requerimiento previo a quien regularice una conducta tributaria que lo haya sido previamente por la Administración Tributaria por el mismo concepto impositivo y circunstancias, pero por otros periodos, no habiendo sido merecedora de sanción, siempre que se regularice en un plazo de seis meses desde la notificación de la liquidación y cumpla una serie de requisitos.


El Legislador ha excluido de manera clara en el régimen actualmente vigente del concepto de requerimiento previo de la Administración tributaria al que se refiere el artículo 27.1 LGT la regularización efectuada por el obligado tributario mediante la presentación de una declaración o autoliquidación correspondiente a otros períodos del mismo concepto impositivo en atención a unos hechos o circunstancias idénticos a los regularizados por la Administración.

Sin embargo, la Disposición Transitoria Primera de la Ley 11/2021, se intitula "Régimen transitorio en materia de recargos, reducción de sanciones, limitación de pagos en efectivo y transmisiones de determinados bienes", y es del siguiente tenor literal:


«1.- Recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo.


La nueva redacción del apartado 2 del artículo 27 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,será de aplicación a los recargos exigidos con anterioridad a su entrada en vigor, siempre que su aplicación resulte más favorable para el obligado tributario y el recargo no haya adquirido firmeza.
La revisión de los recargos no firmes y la aplicación de la nueva normativa se realizarán por los órganos administrativos y jurisdiccionales que estén conociendo de las reclamaciones y recursos».


La Disposición Transitoria Primera establece la aplicación retroactiva del nuevo régimen de los recargos y de su excepción, pero solo en la media que resulten más favorable para el obligado tributario.


Así debemos indicar que nuestra antigua jurisprudencia en relación con el artículo 27.1 LGT, cuando todavía no se habría modificado el artículo 27.2 LGT, era más beneficiosa para el recurrente, pues incluía este tipo de regularizaciones en el concepto de regularización sin requerimiento previo de la Administración tributaria al que se refiere el artículo 27.1 LGT, y, no exigía ningún requisito para considerar que no procedía el recargo en una regularización efectuada por el obligado tributario mediante la presentación de una declaración o autoliquidación correspondiente a otros períodos del mismo concepto impositivo en atención a unos hechos o circunstancias idénticos a los regularizados por la Administración, por lo que debemos mantener nuestra antigua jurisprudencia en relación con los supuestos de hecho acaecidos antes de la entrada en vigor de la modificación.


Al no ser procedente el recargo por declaración extemporánea, no es necesario dar respuesta a la segunda cuestión que plantea el auto de admisión, esto es, si la nueva cuantificación, derivada de la redacción del artículo 13.3 de la Ley 11/2021, resultaba de aplicación de oficio por la Sala de instancia como órgano que conoció de su impugnación cuando se aprobó la nueva normativa.

(La STS responde a la cuestión transitoria planteada por la modificación legal realizada para evitar la doctrina previa del TS (régimen previo más favorable y aplicación retroactiva). 

El régimen legal plantea la cuestión de que en realidad los recargos representarían una "sanción" por cumplimiento tardío que sustituye al interés de demora que en otro caso sería aplicable.Y como tal "sanción" automática existen dudas sobre su compatibilidad con la LGT (art. 178, responsabilidad y proporcionalidad) y la CE. La doctrina no parece en este sentido muy afortunada porque considera requerimiento previo lo que es una regularización voluntaria, admitiendo implícitamente la compatibilidad del recargo sancionador con la LGT).

Friday, October 17, 2025

AUTO TRIBUNAL SUPREMO 8-10-2025: RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA EN CADENA Y PRESCRIPCIÓN

Id Cendoj: 28079130012025201497
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
Sede: Madrid
Sección: 1
Fecha: 08/10/2025
Nº de Recurso: 6334/2024

Nº de Resolución:
Procedimiento: Recurso de Casación Contencioso-Administrativo (L.O. 7/2015)
Ponente: RAFAEL TOLEDANO CANTERO
Tipo de Resolución: Auto

 TERCERO.- Hechos relevantes a efectos del trámite de admisión del presente recurso de casación.


Un análisis del expediente administrativo y de las actuaciones judiciales, nos lleva a destacar como datos importantes para decidir sobre la admisión a trámite del recurso de casación los siguientes:


A) El 18 de julio de 2014, la Dependencia Regional de Recaudación de León dictó acuerdo por el cual se declaró responsable subsidiario a don Juan Enrique , al amparo de lo establecido en el artículo 43.1 b) LGT, en relación con las deudas de la mercantil INGAR TÉCNICOS, S.A. por ser administrador de la sociedad en el momento del cese de las actividades de la misma y ante la existencia de deudas pendientes en el momento del cese.


B) Ante el impago de la deuda tributaria, en este caso, por parte ya del responsable subsidiario, teniendo en cuenta que D. Juan Enrique y su esposa D.ª Milagrosa , en escritura de 16 de julio de 2008, modificaron sus capitulaciones matrimoniales, adjudicando a esta última, los bienes de mayor valor y la vivienda habitual, mientras que al esposo se la adjudicaron acciones, participaciones, derechos de cobro (bienes irrealizables) y cuatro plazas de garaje, el día 25 de febrero de 2016, la Dependencia Regional de Recaudación de León de la AEAT comunicó a D.ª Milagrosa , el inicio de un procedimiento de responsabilidad solidaria del artículo 42.2.a) LGT.


C) Dicho procedimiento concluyó con el acuerdo de declaración de responsabilidad de 21 de abril de 2016 (con un alcance de 197.516,11 euros), objeto, primero, de reclamación económico administrativa ante el TEARCL,que confirmó la misma por resolución de 25 de julio de 2017, y luego de un recurso de alzada ante el TEAC que,por resolución de 19 de octubre de 2020, desestimó el mismo confirmando de nuevo el acuerdo impugnado.


D) Frente a la resolución del TEAC referida, se dedujo recurso judicial ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de la Audiencia Nacional, que dictó sentencia estimatoria el 3 de mayo de 2024.


Interesa destacar la ratio decidendide la sentencia, contenida en el fundamento jurídico segundo, que señalalo siguiente:


«[...] Por resumir, la jurisprudencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha relativizado la regla legal conforme a la cual las actuaciones dirigidas contra el deudor principal interrumpen la prescripción del derecho de la Administración a exigir el pago de la deuda a los responsables solidarios y lo ha hecho al establecer que las actuaciones de la Administración que afectan directamente al deudor principal no surten eficacia respecto de los deudores solidarios antes de que estos sean declarados como tales. Somos de la opinión de que la jurisprudencia citada tiene plena aplicación en el caso enjuiciado, que se traducen en la ineficacia para interrumpir la prescripción en perjuicio de la Sra. Milagrosa de las actuaciones de comprobación , inspección o derivación de responsabilidad subsidiaria de las que resultan las liquidaciones derivadas ex artículo 42.2ª),dado que la condición para que surtan este efecto en la esfera del responsable solidario es que esta haya sido declarado como tal.


La interpretación del Tribunal Supremo responde a un designio de clarificación de la relación entre prescripcióny responsabilidad solidaria que tiene como eje negar eficacia para interrumpir la prescripción a las actuacionesque tienen por simple destinatario al deudor principal (la sociedad pasivo sujeto del Impuesto sobreSociedades, del que deriva la deuda que , a su vez, se deriva a otro responsable ), mientras al solidario no se ledeclare expresamente responsable, y es claro que el cómputo de fechas y la aplicación al caso enjuiciado dela jurisprudencia conlleva que el Tribunal, apreciando la excepción de prescripción, estime el presente recurso,con anulación del acuerdo recurrido y del acuerdo de derivación de que trae causa, sin necesidad por razoneslógicas, de extenderse a otros pronunciamientos, una vez declarada la extinción por falta de ejercicio en plazodel derecho a exigir responsabilidad solidaria. [...]».
La sentencia constituye el objeto del presente recurso de casación.

 QUINTO.- Cuestiones en las que existe interés casacional.


Conforme a lo expuesto y, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 88.1 LJCA, en relación con el 90.4 dela misma norma, procede admitir a trámite el recurso de casación preparado, al apreciar esta Sección deAdmisión que el mismo presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia respecto dela siguiente cuestión:


Precisar en qué momento se inicia el plazo de prescripción de la acción para derivar la responsabilidad solidaria a partir de la que corresponde al responsable subsidiario, si desde que finalizó para el deudor principal el periodo de pago voluntario para la presentación de la autoliquidación del impuesto que origina la deuda que se derivó subsidiariamente o desde que finalizó para los responsables subsidiarios el periodo de pago voluntario ques iguió a la declaración de dicha responsabilidad subsidiaria.


SEXTO.- Justificación suficiente de que el recurso planteado cuenta con interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia.


La cuestión antedicha presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, porque suscita una cuestión jurídica similar a la de otros recursos admitidos a trámite [vid.entre otros, el auto de 19 de noviembre de 2020 (RCA 6944/2019; ECLI:ES:TS:2020:10812A)]. En ese auto se apreció la existencia de interés casacional para la formación de la jurisprudencia, por lo que exigencias de unidad de doctrina, inherentes a los principios de seguridad jurídica y de igualdad en la aplicación de la ley ( artículos 9.3 y 14 de la Constitución),imponen aquí reiterar el criterio interpretativo que allí se siguió y la cuestión planteada merece igual respuesta que la que en aquellos autos se contiene.


Además, en el citado recurso se ha dictado sentencia por esta Sala, en fecha 17 de febrero de 2022 (ECLI:ES:TS:2022:673), en un sentido favorable a la pretensión de la Administración recurrente, habiéndose concluido que en un caso como el que constituye el objeto de esta litis, «[...] el momento en que se inicia el plazo de prescripción de la acción para derivar la responsabilidad solidaria de la que responde el responsable subsidiario es desde que finaliza para este último el periodo de pago voluntario que sigue a la declaración de tal responsabilidad subsidiaria».

Tuesday, October 14, 2025

Unlawful write-off of AT1 capital instruments (14-10-2025); (Swiss Defend $17BN AT1 Bond Wipeout In Credit Suisse Deal (23-03-2023))

Swiss Defend $17BN AT1 Bond Wipeout In Credit Suisse Deal: by Tyler Durden Thursday, Mar 23, 2023 - 02:03 PM Amid the justifiably shocked outcry from Credit Suisse junior debtors, who saw their e...

 Press release regarding judgment B-2334/2023

 The write-off of the Credit Suisse AT1 capital instruments as ordered by FINMA in March 2023 lacked legal basis. The Federal Administrative Court has therefore revoked FINMA’s decree in a partial decision.

 14.10.2025

 

On 19 March 2023, representatives of the Federal Department of Finance (FDF), Swiss Financial Market Supervisory Authority (FINMA), Swiss National Bank (SNB), and the involved banks announced a comprehensive set of measures for the takeover of Credit Suisse (CS) by UBS. It included the write-off of CS’s entire Additional Tier 1 capital instruments (AT1 bonds) with a nominal value of approximately CHF 16.5 billion. On the same day, the Federal Council amended the recently adopted Emergency Ordinance with a provision (Article 5a) authorising FINMA to order a concerned bank to write off its core capital. Acting inter alia on this provision, in its decree also of 19 March 2023, FINMA instructed CS to immediately write off all AT1 bonds and to notify the respective bondholders, which CS consequently did.

FINMA decree of 19 March 2023 revoked
About 3’000 complainants lodged appeals with the Federal Administrative Court (FAC) against this decree in approximately 360 cases. In the resulting multiparty proceeding, these complainants participate in one and the same proceeding (one decree, same facts). A particularity of a such proceeding is that any party’s individual right to be heard extends to the submissions and evidence of all other parties, insofar as their requests may not be granted.

In essence, the complainants requested that the decree be revoked, and moreover, that the write-off be reversed. They contended that there was neither a contractual nor a sufficient statutory basis for writing off the AT1 bonds. For their part, FINMA and UBS primarily challenged the complainants’ right to appeal, and argued that, on 19 March 2023, the contractual conditions for writing off the AT1 bonds were met as well as that Article 26 of the Banking Act (BankA), Article 31 of the Financial Market Supervision Act (FINMASA) and Article 5a of the Emergency Ordinance provided sufficient legal basis for FINMA’s decree.

On 1 October 2025, the FAC passed a partial decision in one of the appeal cases. It confirmed the complainants’ right to appeal and revoked the decree of 19 March 2023. The FAC has not yet decided on the reversal request. The other cases are now suspended until the decision regarding the revocation of the decree has become final.

Prerequisites for write-off not fulfilled 

 
For regulatory purposes, AT1 capital instruments form part of a bank's additional core equity; they are typically structured either as conditional mandatory convertible bonds or, as at hand, as bonds with a conditional debt waiver (“write-off bonds”). Write-off bonds may be written off by the issuing bank upon occurrence of a contractually predefined event (“viability event”). The FAC held that the conditions for a write-off were not fulfilled because the contractual viability event had not been triggered: at the time of the write-off, CS was sufficiently capitalised and met regulatory capital requirements. The measures granted by the federal government and the SNB served solely to ensure liquidity and, according to a trust-theory based understanding of the bond prospectus, had no direct impact on the equity base.

Lack of legal basis
The Court further examined if there was a statutory basis for the write-off order. It considered that the bondholders’ property rights were seriously interfered with, which would have required a clear and formal legal basis. But no such basis existed: Article 26 BankA, which provides for protective measures in the event of an impending insolvency, addresses a different subject matter, and in any event, it is too vague to be relied upon for a write-off of third-party rights under the principle of legality. The same applies to Article 31 FINMASA and Article 5a of the Emergency Ordinance of the Federal Council. Since the decree of 19 March 2023 is based on the Emergency Ordinance, the FAC also examined its constitutionality on a preliminary basis. Article 5a of the Emergency Ordinance proved unconstitutional in several respects, namely because it violates constitutional requirements in relation to emergency ordinances by the Federal Council (Articles 184(3) and 185(3) of the Federal Constitution, FC), to the delegation of expropriation rights (Article 178(3) FC), as well as to the guarantee of ownership (Article 26 FC).

This decision is subject to appeal to the Federal Supreme Court.

 Partial decision B-2334/2023


Sunday, October 12, 2025

LA DERROTA DE OCCIDENTE: MEARSHEIMER Y EMMANUEL TODD (4-09-2024+12-10-2025)

LA DERROTA DE OCCIDENTE: MEARSHEIMER Y EMMANUEL TODD

 

 

The dislocation of the West: what threatens us

Less Less than two years after the French publication of La Défaite de l’Occident (The Defeat of the West) in January 2024, the book’s main predictions have come true. Russia has weathered the storm militarily and economically. The American military industry is exhausted. European economies and societies are on the verge of implosion. The Ukrainian army has not yet collapsed, but the stage of the West’s disintegration has already been reached.

We are only at the beginning of the catastrophe. A tipping point is approaching, beyond which the ultimate consequences of defeat will unfold.

The ‘Rest of the World’ (or Global South, or Global Majority), which had been content to support Russia by refusing to boycott its economy, is now openly showing its support for Vladimir Putin. The BRICS countries are expanding by accepting new members and increasing their cohesion. Summoned by the United States to choose sides, India has chosen independence: the photos of Putin, Xi and Modi meeting at the August 2025 meeting of the Shanghai Cooperation Organisation will remain a symbol of this key moment. Yet the Western media continue to portray Putin as a monster and the Russians as serfs. These media had already been unable to imagine that the rest of the world sees them as leaders and ordinary human beings, bearers of a specific Russian culture and a desire for sovereignty. I now fear that our media will exacerbate our blindness by being unable to imagine Russia’s renewed prestige in the rest of the world, which has been exploited economically and treated with arrogance by the West for centuries. The Russians dared. They challenged the Empire and they won.

The irony of history is that the Russians, a European and white people who speak a Slavic language, have become the military shield of the rest of the world because the West refused to integrate them after the fall of communism. I imagine that Slovenians are particularly well placed culturally to appreciate this irony, even though I know fully well, as an anthropologist of family and religion, that despite its Slavic language, Slovenia is much closer socially and ideologically to Switzerland than to Russia.

I can sketch out here a model of the dislocation of the West, despite the inconsistencies of the policies of Donald Trump, the defeated American president. These inconsistencies do not result, I believe, from an unstable and undoubtedly perverse personality, but from an insoluble dilemma for the United States. On the one hand, their leaders, both in the Pentagon and the White House, know that the war is lost and that Ukraine will have to be abandoned. Common sense therefore leads them to want to get out of the war. But on the other hand, the same common sense makes them realise that the withdrawal from Ukraine will have dramatic consequences for the Empire that those from Vietnam, Iraq or Afghanistan did not have. This is indeed the first American strategic defeat on a global scale, in a context of massive deindustrialisation in the United States and difficult reindustrialisation. China has become the world’s workshop; its very low fertility rate will certainly prevent it from replacing the United States, but it is already too late to compete with it industrially.

The de-dollarisation of the global economy has begun. Trump and his advisers cannot accept this because it would spell the end of the Empire. Yet a post-imperial age should be the goal of the MAGA (Make America Great Again) project, which seeks a return to the American nation state. But for an America whose productive capacity in real goods is now very low, it is impossible to give up living on credit as it does by producing dollars. Such an imperial-monetary withdrawal would mean a sharp drop in its standard of living, including for Trump’s popular voters. The first budget of Trump’s second term, the ‘One Big Beautiful Bill Act’, therefore remains imperial despite the tariff protections that embody the protectionist project or dream. The OBBBA boosts military spending and the deficit. A budget deficit in the United States inevitably means dollar production and a trade deficit.

Imperial dynamics, or rather imperial inertia, continue to undermine the dream of a return to the productive nation state.

In Europe, military defeat remains poorly understood by leaders. They did not direct operations. It was the Pentagon that developed the plans for the Ukrainian counter-offensive in the summer of 2023 (during which I wrote The Defeat of the West). The American military, even though they had their Ukrainian proxy fight the war, know that they were broken by the Russian defence – because they could not produce enough weapons and because the Russian military was smarter than them. European leaders only provided weapons systems, and not the most important ones. Unaware of the extent of the military defeat, they do know, however, that their own economies have been paralysed by the sanctions policy, especially by the disruption of their supply of cheap Russian energy. Cutting the European continent in half economically was an act of suicidal madness. The German economy is stagnating. Poverty and inequality are on the rise throughout the West. The United Kingdom is on the brink of collapse. France is not far behind. Societies and political systems are at a standstill.

A negative economic and social dynamic existed before the war and was already putting the West under strain. It was visible, to varying degrees, throughout Western Europe. Free trade is undermining the industrial base. Immigration is developing an identity syndrome, particularly among the working classes who are deprived of secure and properly paid jobs.

More profoundly, the negative dynamic of fragmentation is cultural: mass higher education creates stratified societies in which the highly educated – 20%, 30%, 40% of the population – begin to live among themselves, to think of themselves as superior, to despise the working classes, and to reject manual labour and industry. Primary education for all (universal literacy) had nurtured democracy, creating a homogeneous society with an egalitarian subconscious. Higher education has given rise to oligarchies, and sometimes plutocracies, stratified societies invaded by an unequal subconscious. The ultimate paradox: the development of higher education ended up producing a decline in intellectual standards in these oligarchies or plutocracies! I described this sequence more than a quarter of a century ago in The Economic Illusion, published in 1997. Western industry has moved to the rest of the world and, of course, to the former people’s democracies of Eastern Europe, which, freed from their subjugation to Soviet Russia, have now regained their centuries-old status as a periphery dominated by Western Europe.This is a kind of inner China where industrial workers remain numerous. Everywhere in Europe, however, the elitism of the highly educated has given rise to “populism”.

The war has raised European tensions a notch. It is impoverishing the continent. But above all, as a major strategic failure, it is delegitimising leaders who are incapable of leading their countries to victory. The development of conservative popular movements (usually referred to by journalistic elites as ‘populist’ or ‘far-right’ or ‘nationalist’) is accelerating. Reform UK in the United Kingdom. AfD in Germany, Rassemblement National in France… Ironically, the economic sanctions that NATO hoped would bring about ‘regime change’ in Russia are about to bring a cascade of ‘regime changes’ to Western Europe. The Western ruling classes are being delegitimised by defeat at the very moment when Russia’s authoritarian democracy is being relegitimised by victory, or rather, over-legitimised, since Russia’s return to stability under Putin initially assured it uncontested legitimacy.

Such is our world as we approach 2026.

The dislocation of the West takes the form of a ‘hierarchical fracture’.

The United States is giving up control of Russia and, I increasingly believe, of China. Blockaded by China for its imports of samarium, a rare earth element essential to military aeronautics, the United States can no longer dream of confronting China militarily. The rest of the world – India, Brazil, the Arab world, Africa – is taking advantage of this and slipping away. But the United States is turning vigorously against its European and East Asian ‘allies’ in a final effort at overexploitation and, it must be admitted, out of sheer spite. To escape their humiliation, to hide their weakness from the world and from themselves, they are punishing Europe. The Empire is devouring itself. This is the meaning of the tariffs and forced investments imposed by Trump on Europeans, who have become colonial subjects in a shrinking empire rather than partners. The era of liberal democracies standing in solidarity is over.

Trumpism is ‘white populist conservatism’. What is emerging in the West is not solidarity among populist conservatives, but a breakdown of internal solidarity. The rage resulting from defeat is leading each country to turn against those weaker than itself in order to vent its resentment. The United States is turning against Europe and Japan. France is reactivating its conflict with Algeria, its former colony. There is no doubt that Germany, which, from Scholz to Merz, has agreed to obey the United States, will turn its humiliation against its weaker European partners. My own country, France, seems to me to be the most threatened.

One of the fundamental concepts of the West’s defeat is nihilism. I explain how the ‘zero state’ of the Protestant religion – secularisation at its end – not only explains the collapse of American education and industry. The zero state also opens up a metaphysical void. I am not personally a believer and I do not advocate a return to religion (I do not believe it is possible), but as a historian I must note that the disappearance of social values of religious origin leads to a moral crisis, to a drive to destroy things and people (war) and ultimately to an attempt to abolish reality (the transgender phenomenon for American Democrats and the denial of global warming for Republicans, for example). The crisis exists in all completely secularised countries, but it is worse in those where the religion was Protestantism or Judaism, which are absolutist religions in their search for the transcendent, rather than Catholicism, which is more open to the beauty of the world and earthly life. It is indeed in the United States and Israel that we see the development of parodic forms of traditional religions, parodies that are, in my opinion, nihilistic in essence.

This irrational dimension is at the heart of the defeat. This defeat is therefore not only a ‘technical’ loss of power but also a moral exhaustion, an absence of positive existential purpose that leads to nihilism.

This nihilism is behind the desire of European leaders, particularly on the Protestant shores of the Baltic, to expand the war against Russia through incessant provocations. This nihilism is also behind the American destabilisation of the Middle East, the ultimate expression of the rage resulting from America’s defeat by Russia. Above all, let us not succumb to the overly simplistic conclusion that Netanyahu’s regime in Israel is acting independently in the genocide in Gaza or in the attack on Iran. Zero Protestantism and zero Judaism certainly tragically combine their nihilistic effects in these outbreaks of violence. But throughout the Middle East, it is the United States, by supplying weapons and sometimes attacking directly, that is ultimately responsible for the chaos. It pushes Israel to action just as it pushed the Ukrainians. The first Trump presidency established the US embassy in Jerusalem, and it was Trump who first imagined Gaza transformed into a seaside resort. I am aware that it would take a book to prove this thesis, a book that would dismantle the interactions between the actors one by one. But, as a professional historian who has been involved in geopolitics for half a century, I feel that, like NATO Europe, Israel has ceased to be an independent state. The problem with the West is indeed the programmed death of the nation state.

The Empire is vast and is falling apart amid noise and fury. This Empire is already polycentric, divided on its goals, schizophrenic. But none of its parts is truly independent. Trump is its current ‘centre’; he is also its best ideological and practical expression, combining a rational desire to retreat into its immediate sphere of domination (Europe and Israel) with nihilistic impulses that favour war. These tendencies – withdrawal and violence – are also expressed within the American heart of the Empire, where the principle of hierarchical fracturing operates internally. A growing number of Anglo-American authors are evoking the coming of a civil war.

The American plutocracy is pluralistic. There is the plutocracy of financiers, that of oilmen, that of Silicon Valley. Trumpist plutocrats, Texan oilmen and recent Silicon Valley converts despise the educated Democratic elites of the East Coast, who themselves despise the white Trumpists of the heartland, who themselves despise black Democrats, and so on.

One of the interesting features of America today is that its leaders are finding it increasingly difficult to distinguish between internal and external issues, despite MAGA’s attempt to stop immigration from the south with a wall. The army fires on boats leaving Venezuela, bombs Iran, enters the centres of Democratic cities in the United States, and sponsors the Israeli air force for an attack on Qatar, where there is a huge American base. Any science fiction reader will recognise in this disturbing list the beginnings of a descent into dystopia, that is, a negative world where power, fragmentation, hierarchy, violence, poverty and perversity intermingle.

So let us remain ourselves, outside America. Let us retain our perception of the inside and the outside, our sense of proportion, our contact with reality, our conception of what is right and beautiful. Let us not allow ourselves to be dragged into a headlong rush to war by our own European leaders, those privileged individuals lost in history, desperate at having been defeated, terrified at the idea of one day being judged by their peoples. And above all, above all, let us continue to reflect on the meaning of things.

Paris, September 28th 2025

Wednesday, October 1, 2025

ACTIVIDAD NEGOCIADORA PREVIA COMO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD (CRITERIOS DE MADRID)

CRITERIOS ORIENTADORES APROBADOS POR LOS MAGISTRADOS/AS DE PRIMERA INSTANCIA Y DE LOS JUZGADOS HIPOTECARIOS DE MADRID EN LA JUNTA CELEBRADA EL 26-09-2025 CON MOTIVO DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY ORGÁNICA 1/2025, DE 2 DE ENERO, DE MEDIDAS EN MATERIA DE EFICIENCIA DEL SERVICIO PÚBLICO DE JUSTICIA.

UNIFICACIÓN DE CRITERIOS EN RELACIÓN CON LA EXIGENCIA DE LA ACTIVIDAD NEGOCIADORA PREVIA COMO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD.


CONSIDERACION PREVIA


El presente documento recoge el parecer de los Magistrados/as de los Juzgados de Primera Instancia de Madrid reunidos en Junta y tiene por finalidad establecer unos criterios generales de actuación que permitan una resolución homogénea y lo más generalizada posible de los asuntos civiles en el Partido Judicial de Madrid, dejándose expresa constancia de que los mismos carecen de efecto vinculante. La aplicación de los criterios que a continuación se expresan dependerá, en todo caso, de las circunstancias
concurrentes en cada supuesto a valorar de manera individualizada; quedando a salvo la independencia de los magistrados/as para el enjuiciamiento y resolución de los distintos procesos de que conozcan.

 

Los aludidos criterios se adoptan por la Junta al amparo de lo dispuesto en los arts. 264.4 LOPJ y 62.1 del Reglamento 1/2000 de los Órganos de Gobierno de los Tribunales.

 1. PROCEDIMIENTOS SUJETOS AL REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD DE ACUDIR A MEDIOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CON CARÁCTER PREVIO.


La exigencia, como requisito de procedibilidad, de la acreditación de haber acudido previamente a alguno de los medios adecuados de solución de controversias (MASC) referidos en el art 2 de la Ley 1/2025 será aplicable:


a) A todos los procedimientos en los que no se excluya expresamente por la ley.
b) Procedimiento monitorio.
c) Procedimiento monitorio LPH
d) Las demandas posteriores a una medida cautelar previa necesitan MASC al no estar excluidas expresamente y contemplar el Art 7.3 párrafo 3 la suspensión del plazo de 20 días para presentar la demanda por el inicio del proceso negociador.
e) En caso de obligaciones solidarias, será necesario el MASC frente a todos los codemandados, al tratarse de un requisito procesal y no sustantivo.


2. SUPUESTOS EN QUE NO ES NECESARIO EL MASC PREVIO:


a) DEUDA PERIÓDICA (AMPLIACIÓN)


En obligaciones o deudas periódicas y de tracto sucesivo, el MASC entablado contra cualquier de ellas tras su vencimiento, se entenderá ampliado automáticamente para las restantes, y servirá a tal efecto para reclamarlas judicialmente hasta el límite de un año de eficacia del MASC.


b) RECONVENCIÓN, AMPLIACIÓN POR LITISCONSORCIO U OTRAS CAUSAS (INTERVENCIÓN, SUCESIÓN…) COMPENSACIÓN

Consideramos que no es necesario el MASC en estos casos, dado que se basan en la accesoriedad con el procedimiento principal, así como en la imposibilidad de cumplimiento de los plazos procesales.


c) TRÁFICO

La reclamación previa del art. 7 LRCSCVM tendrá la consideración de MASC, según art. 5.1 LOEP en relación con el art. 7 por la Ley 5/2025, de 24 de julio, por la que se modifican el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29de octubre, y la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras.


d) Tampoco será necesario en los VERBALES Y ORDINARIOS DERIVADOS DE LA OPOSICIÓN A UN MONITORIO previo.


3. DEMANDAS EN LA QUE NO SE HACE MENCIÓN AL CUMPLIMIENTO DEL MASC PREVIO. POSIBILIDAD DE SUBSANACIÓN.


Se considerará como insubsanable la falta de cumplimiento el art 399.3 LEC en relación con el art 264.4 LEC (art. 403 apartado 2 LEC), debiendo procederse a la inadmisión de la demanda.


4. CONSECUENCIAS DE LA FALTA DE APORTACIÓN, JUNTO A LA DEMANDA, DE LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA ACTIVIDAD NEGOCIADORA PREVIA CUANDO SE HACE MENCIÓN AL MASC EN LA DEMANDA.

En los supuestos en los que la demanda contenga una mención, aunque sea sucinta, a un proceso de negociación o intento de MASC, pero no se aporten los documentos que la acrediten:


Será posible subsanar la presentación del documento/s que acredite la actividad negociadora previa cuando en la demanda se refiera que se ha intentado el MASC. Dichos documentos habrán de ser, en todo caso, de fecha anterior a la demanda y respetar los plazos legales de espera para la presentación de la demanda (1 mes o 3 meses). El requerimiento de subsanación que se efectúe será por cinco días y contendrá un expreso apercibimiento de inadmisión para el caso de no ser cumplimentado en el plazo señalado.


5. MEDIOS IDÓNEOS PARA ACREEDITAR DOCUMENTALMENTE EL REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD.


A efectos de acreditar la formulación y recepción por el destinatario de la solicitud, invitación o propuesta de negociación y la oferta vinculante, se considerará cumplido el requisito de procedibilidad con la utilización de alguno/s de los siguientes medios:

▪ Burofax
▪ Buromail
▪ BuroSMS
▪ Correo certificado con acuse de recibo (en estos casos, siempre y cuando permitan acreditar la fecha de envío, el objeto de negociación y la recepción por la otra parte, que habrá de coincidir con el futuro demandado)
▪ Correo electrónico, SMS, WhatsApp o cualquier otro medio de mensajería instantánea, cuando conste que se haya recibido, haya intervenido un tercero de confianza y las partes los hubiesen estipulado como medio habitual de comunicación; no admitiéndose como justificación las comunicaciones unilaterales no contestadas pese a ser múltiples.

▪ Acta notarial
▪ Documento expedido por tercero neutral (requisitos artículo 10.30 LO 1/25)

 ▪ Actos de conciliación ante Notario, Registrador de la Propiedad, ante el LAJ o ante el Juez de Paz (cuantía inferior a 10.000 euros).
▪ Justificante de envío y recepción de oferta vinculante.
▪ La negociación directa, o, en su caso, a través de sus abogados o abogadas.
▪ La conciliación privada (art. 14).
▪ No se considerará acreditada la exigencia mediante envíos masivos o cualesquiera que no permitan tener constancia de la recepción.


6. CONTENIDO DEL MASC PREVIO


El MASC debe incluir una identidad entre el objeto de la negociación y el objeto del litigio, aun cuando las pretensiones que pudieran ejercitarse, en su caso, en vía judicial sobre dicho objeto pudieran variar. (art. 5.1 LOEP). Debe mostrar una voluntad negociadora conforme a las exigencias de la buena fe (art. 2 LOEP).

• Identificación de las partes. Si se ha realizado por tercero y/o abogado, debe constar que se hace en nombre de la parte.
En caso de cesión, el intento de negociación realizado por el cedente no puede utilizarse por el cesionario, siendo necesario que realice un MASC propio.
• Objeto.
La documentación aportada para acreditar el MASC tiene que permitir identificar el objeto conforme a lo previsto en el art. 5.2 LOEP. La confidencialidad afecta al contenido y documentos de la negociación, pero no al objeto (art. 9 LOEP). Es preciso que contenga los elementos necesarios para establecer la identidad con el objeto de la demanda.
• Fecha de recepción (art. 10.2 LOEP). No basta con que la invitación a negociar conste como enviada, es preciso que aparezca como recibida.


1. La falta de recepción por rehusada o no retirada equivale a recibida.

 2. La falta de entrega por domicilio desconocido, dirección incorrecta o cambio de domicilio, no equivale a recepción.


7. DESAHUCIOS


1.- PROCEDIMIENTOS DE DESAHUCIO POR FALTA DE PAGO Y PRECARIO.


Ninguno está excluido de MASC según art. 5.2 Ley 1/25, exigiéndose en el caso del precario al menos la declaración responsable de haberlo intentado en el inmueble objeto de desahucio (art. 264.4 LEC).

2.- PROCEDIMIENTOS DE DESAHUCIO POR FALTA DE PAGO:ENERVACIÓN. Por mayoría se acuerda que es suficiente el requerimiento para la enervación como requisito de procedibilidad al implicar una regulación especial (art. 22.4LEC) y estar previsto que en la misma demanda se ofrezca condonar todo o parte de las deudas rentas en caso de desalojo (art. 437.3 LEC).

3.- PROCEDIMIENTOS DE DESAHUCIO POR EXPIRACIÓN DE PLAZO SIN SOLICITUD DE CANTIDADES.

Es necesario el MASC al no estar excluido del artículo 5.2 Ley 1/25, pues en todo caso cabe negociar el plazo de desalojo.


4.- PROCEDIMIENTOS DE DESAHUCIO EN QUE ES PARTE LA EMVS O ENTES PÚBLICOS SEMEJANTES:


No es preciso MASC al estar excluidos por el art. 3.2 Ley 1/25 los asuntos de cualquier naturaleza, con independencia del orden jurisdiccional ante el que deban ventilarse, en que sea parte una entidad perteneciente al sector público

5.- AVALISTA/FIADOR O COARRENDATARIO EN LOS PROCESOS DE DESAHUCIO.


Es necesario MASC con cada uno de ellos, que es la regla general.


6.- EN CASO DE RECLAMACIÓN DE RENTAS PERIÓDICAS: Sigue la regla general para rentas periódicas.

 8. PROCEDIMIENTOS CON CONSUMIDORES


En los procedimientos con consumidores, habrá de estarse al requerimiento del consumidor previsto en la DA 7ª LOEP. Se considera que los procedimientos previstos en los arts. 439 bis LEC y 439.5 LEC se limitarán a supuestos de condiciones generales de contratación en préstamos garantizados con hipoteca inmobiliaria.


9. ASUNTOS HIPOTECARIOS


1.- Demandas planteadas en ejercicio de las acciones de impugnación de calificaciones negativas previstas en el artículo 328 de la Ley Hipotecaria.

Entendemos que están excluidas de la necesidad de acudir a los MASC, conforme a lo dispuesto en el art. 3.2 de la LO 1/2025, puesto que la parte demandada es una entidad perteneciente al sector público,entendiendo por tal tanto a los Registradores de la Propiedad del ámbito de la Comunidad de Madrid, cuando se ejercita la acción directa de impugnación frente a una calificación negativa, como a la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia, cuando se impugna una resolución expresa o presunta de aquella resolviendo el recurso gubernativo interpuesto contra la calificación negativa de un Registrador de la Propiedad.


2.- Demandas planteadas al amparo del art. 41 de la Ley Hipotecaria.

 

Dichas demandas en que se ejercitan acciones procedentes de derechos inscritos contra quienes, sin título inscrito, se opongan a aquellos o perturben su ejercicio, se ejercitan a través del juicio verbal previsto en el art. 250.1.7 de la LEC, que está considerado como procedimiento de naturaleza sumaria, cuyo objeto está limitado a la adopción de medidas de protección para la efectividad de los derechos reales inscritos en el Registro de la Propiedad, los motivos de oposición a la demanda están tasados en el art. 444.2 de la LEC y la sentencia no produce plenos efectos de cosa juzgada conforme al art. 447.2 de la LEC.

Por lo tanto, entendemos que están excluidas de los MASC por el art. 5.2 e) de laLO 1/2025, que se refiere a los procesos de tutela sumaria de la tenencia o de la posesión de una cosa o derecho por quien haya sido despojado de ellas o perturbado en su disfrute.


3.- Demandas de ejecución sobre bienes hipotecados o pignorados por el procedimiento del Capítulo V, Titulo IV, del Libro III de la LEC, con las particularidades establecidas en el artículo 681 y concordantes de la LEC en relación con los arts. 129 a),129 bis y 130 de la Ley Hipotecaria.


4.- Demandas de ejecución dineraria del Capítulo I, Título IV del Libro III de laLEC, en casos de bienes especialmente hipotecados o pignorados, para la satisfacción de la deuda remanente tras la terminación del procedimiento de ejecución directa contra aquellos bienes, previstas en el art. 579 y concordantes de la LEC.


En estos dos últimos supuestos (3 y 4) se trata de demandas ejecutivas, por lo que el art. 5.3 de la LO 1/2025 expresamente les excluye de la obligación de acudir a los MASC como requisito de procedibilidad de la demanda.

Monday, September 29, 2025

AUTO TS 10-09-2025: RENDIMIENTOS IRREGULARES DE LOS ABOGADOS ("PRIMA DE ÉXITO" Y PRECEPTOS TRIBUTARIOS (Y IV))

En relación con la cuestión casacional admitida por el ATS serían relevantes los siguientes preceptos tributarios

Artículo 28.1 de la Ley del IRPF:

El rendimiento neto de las actividades económicas se determinará según las normas del Impuesto sobre Sociedades, sin perjuicio de las reglas especiales contenidas en este artículo, en el artículo 30 de esta Ley para la estimación directa, y en el artículo 31 de esta Ley para la estimación objetiva.

A efectos de lo dispuesto en el artículo 108 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, para determinar el importe neto de la cifra de negocios se tendrá en cuenta el conjunto de actividades económicas ejercidas por el contribuyente.

Artículos 10 y 11 de la LIS:

Artículo 10. Concepto y determinación de la base imponible.

1. La base imponible estará constituida por el importe de la renta obtenida en el período impositivo minorada por la compensación de bases imponibles negativas de períodos impositivos anteriores.

2. La base imponible se determinará por el método de estimación directa, por el de estimación objetiva cuando esta Ley determine su aplicación y, subsidiariamente, por el de estimación indirecta, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

3. En el método de estimación directa, la base imponible se calculará, corrigiendo, mediante la aplicación de los preceptos establecidos en esta Ley, el resultado contable determinado de acuerdo con las normas previstas en el Código de Comercio, en las demás leyes relativas a dicha determinación y en las disposiciones que se dicten en desarrollo de las citadas normas.

Artículo 11. Imputación temporal. Inscripción contable de ingresos y gastos.

1. Los ingresos y gastos derivados de las transacciones o hechos económicos se imputarán al período impositivo en que se produzca su devengo, con arreglo a la normativa contable, con independencia de la fecha de su pago o de su cobro, respetando la debida correlación entre unos y otros.

Artículo 32 de la Ley del IRPF:

1. Los rendimientos netos con un período de generación superior a dos años, así como aquéllos que se califiquen reglamentariamente como obtenidos de forma notoriamente irregular en el tiempo, se reducirán en un 30 por ciento, cuando, en ambos casos, se imputen en un único período impositivo.

La cuantía del rendimiento neto a que se refiere este apartado sobre la que se aplicará la citada reducción no podrá superar el importe de 300.000 euros anuales.

No resultará de aplicación esta reducción a aquellos rendimientos que, aun cuando individualmente pudieran derivar de actuaciones desarrolladas a lo largo de un período que cumpliera los requisitos anteriormente indicados, procedan del ejercicio de una actividad económica que de forma regular o habitual obtenga este tipo de rendimientos.

Preceptos de la LGT: 

Artículo 12. Interpretación de las normas tributarias.

1. Las normas tributarias se interpretarán con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 3 del Código Civil.

2. En tanto no se definan por la normativa tributaria, los términos empleados en sus normas se entenderán conforme a su sentido jurídico, técnico o usual, según proceda.

Artículo 239. Resolución.

8. La doctrina que de modo reiterado establezca el Tribunal Económico-Administrativo Central vinculará a los tribunales económico-administrativos regionales y locales y a los órganos económico-administrativos de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades con Estatuto de Autonomía y al resto de la Administración tributaria del Estado y de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades con Estatuto de Autonomía. El Tribunal Económico-Administrativo Central recogerá de forma expresa en sus resoluciones y acuerdos que se trata de doctrina reiterada y procederá a publicarlas según lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 86 de esta Ley. En cada Tribunal Económico-Administrativo, el criterio sentado por su Pleno vinculará a las Salas y el de ambos a los órganos unipersonales. Las resoluciones y los actos de la Administración tributaria que se fundamenten en la doctrina establecida conforme a este precepto lo harán constar expresamente

Preceptos del Código Civil:

Artículo 1113

Será exigible desde luego toda obligación cuyo cumplimiento no dependa de un suceso futuro o incierto, o de un suceso pasado, que los interesados ignoren.

También será exigible toda obligación que contenga condición resolutoria, sin perjuicio de los efectos de la resolución


Artículo 1114

En las obligaciones condicionales la adquisición de los derechos, así como la resolución o pérdida de los ya adquiridos, dependerán del acontecimiento que constituya la condición.

Artículo 1151

Para los efectos de los artículos que preceden, se reputarán indivisibles las obligaciones de dar cuerpos ciertos y todas aquellas que no sean susceptibles de cumplimiento parcial.

Las obligaciones de hacer serán divisibles cuando tengan por objeto la prestación de un número de días de trabajo, la ejecución de obras por unidades métricas u otras cosas análogas que por su naturaleza sean susceptibles de cumplimiento parcial.

En las obligaciones de no hacer, la divisibilidad o indivisibilidad se decidirá por el carácter de la prestación en cada caso particular.