(Sentencia de la Sala de instancia no disponible en CENDOJ)
Roj: STS 2013/2024 - ECLI:ES:TS:2024:2013
Id Cendoj:
28079130022024100107
Órgano:Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
Sede:
Madrid
Sección:2
Fecha:
15/04/2024
Nº de Recurso:9082/2022
Nº de Resolución:632/2024
Ponente:
MARIA DE LA ESPERANZA CORDOBA CASTROVERDE
"TERCERO. Primera cuestión de interés casacional. Criterio interpretativo de la Sala
determinar si la competencia de una Comunidad Autónoma para liquidar el Impuesto de Patrimonio depende únicamente de la correcta identificación del punto de conexión -lugar de la residencia habitual del obligado tributario- o, por el contrario, es exigible una previa modificación del domicilio fiscal por la vía del procedimiento de comprobación de domicilio fiscal de los artículos 148 y ss. del Real Decreto 1065/2007.
(...)
2. La sentencia impugnada en casación, en línea con lo resuelto por el TEAR de Andalucía, fundamenta la desestimación de la demanda presentada por la Junta de Andalucía en el hecho de no haber iniciado la CCAA de Andalucía un procedimiento contradictorio de modificación del domicilio fiscal, con carácter previo a la emisión de liquidaciones por IP a una contribuyente que, formalmente, tiene su domicilio fiscal en Madrid.
3. La conclusión alcanzada por la Sala de instancia en la sentencia impugnada en casación, no es compartida por este Tribunal.
(...)
En el caso que se examina, no resulta controvertido que el punto de conexión a efectos del impuesto sobre el patrimonio es el de residencia habitual, pues así lo recoge el artículo 31.2 de la 22/2009 de 18 de diciembre,al señalar que "[...] Se considera producido en el territorio de una Comunidad Autónoma el rendimiento del Impuesto sobre el Patrimonio que corresponda a aquellos sujetos pasivos que tengan su residencia habitual en dicho territorio".
El concepto de residencia habitual es una cuestión fáctica, existente con independencia del lugar en que el contribuyente tenga formalmente señalado como domicilio fiscal. La residencia habitual se refiere al lugar donde una persona vive de manera regular, es decir, donde se establece su residencia principal. Para su determinación se tienen en cuenta diversos factores, como la permanencia en el lugar, el tiempo que se pasa en él, la existencia de vínculos familiares, laborales o económicos, etc.
A su vez, el domicilio fiscal es el lugar donde una persona es considerada residente a efectos fiscales, lugar en que la administración tributaria puede comunicarse con el contribuyente (notificaciones...).
Es importante tener en cuenta que el domicilio fiscal no tiene por qué coincidir necesariamente con el domicilio habitual o el lugar de residencia habitual del contribuyente
(...)
Asimismo, considera la Sala que no puede justificarse la necesidad de tramitar un procedimiento previo de modificación del domicilio fiscal, en que dicha condición, impuesta a la Administración, supone una garantía para el obligado tributario que las Comunidades Autónomas han de respetar, pues es obvio que el obligado tributario podrá alegar sobre la efectiva realidad del cambio del punto de conexión, tanto en relación con las actas -en este caso de disconformidad- incoadas por la Administración, como en la posterior vía de revisión económico administrativa y jurisdiccional.
4. Conforme a lo razonado, cabe concluir que la competencia de una Comunidad Autónoma para liquidar el Impuesto de Patrimonio depende de la correcta identificación del punto de conexión -lugar de la residencia habitual del obligado tributario-, sin que resulte exigible una previa modificación del domicilio fiscal por la vía del procedimiento de comprobación de domicilio fiscal de los artículos 148 y ss. del Real Decreto 1065/2007.
(...)
CUARTO. Segunda cuestión de interés casacional.
1. La segunda cuestión de interés casacional se ciñe a matizar, confirmar o revocar, interpretando el artículo88.2.a) LJCA, el criterio de la Sala en cuanto a la idoneidad de las sentencias de contraste dictadas por la misma sala y sección que la recurrida, discerniendo si cabría apreciar la concurrencia del requisito de ajenidad cuando, invocando el citado supuesto, se cita como contradictoria una sentencia dictada por la misma sala y sección que la recurrida, pero cuya composición ha variado; que analiza un supuesto objetiva y subjetivamente idéntico al sustanciado en la primera sentencia y, finalmente, teniendo en cuenta, además, el breve periodo de tiempo transcurrido entre el dictado de ambas por la misma Sección.
(...)
3. Conforme a ello, el motivo de interés casacional previsto en el artículo 88.2.a) LJCA sólo puede apreciarse cuando la resolución recurrida fije, ante cuestiones sustancialmente iguales, una interpretación de las normas de Derecho estatal o de la Unión Europea en las que se fundamenta el fallo contradictoria con la que otros órganos jurisdiccionales hayan establecido, de forma que si las resoluciones invocadas como contraste han sido dictadas por la misma Sala y Sección del órgano jurisdiccional que dictó la sentencia cuya impugnación en casación se pretende, no cabe integrarlas en ese indicador de interés casacional.
(...)
QUINTO. Respuesta a las cuestiones interpretativas planteadas en el auto de admisión.
Con las consideraciones efectuadas en los fundamentos anteriores estamos en disposición de dar respuesta a las cuestiones que se nos plantean en el auto de admisión del recurso.
La respuesta a la primera cuestión, conforme a lo que hemos razonado, debe ser que la competencia de una Comunidad Autónoma para liquidar el Impuesto de Patrimonio depende de la correcta identificación del punto de conexión - lugar de la residencia habitual del obligado tributario-, sin que resulte exigible una previa modificación del domicilio fiscal por la vía del procedimiento de comprobación de domicilio fiscal de los artículos 148 y ss. del Real Decreto 1065/2007.
En relación con la segunda cuestión de interés casacional, procede confirmar la doctrina reiterada de esta Sala,atinente a que, en interpretación del artículo 88.2.a) LJCA, no cabe invocar a efectos de contraste sentencias dictadas por la misma Sala y Sección que ha dictado la resolución que se impugna."
CUESTIONES PLANTEADAS POR LA STS Y LA DOCTRINA DE LA MISMA
1) UNIDAD O PLURALIDAD DE "DOMICILIOS" FISCALES DE LOS CONTRIBUYENTES SUJETOS A LA COMPROBACIÓN DE LA AEAT
Las normas sobre determinación y cambio del domicilio fiscal de cualquier contribuyente tienen por finalidad que el domicilio de cualquier contribuyente en el territorio nacional, a efectos tributarios, sea único
El régimen legal de determinación del domicilio fiscal de los contribuyentes sería una competencia exclusiva del Estado con arreglo al régimen constitucional de distribución de competencias
El artículo 48.4 de la LGT es inequívoco y concluyente:
Cada Administración podrá comprobar y rectificar el domicilio fiscal declarado por los obligados tributarios en relación con los tributos cuya gestión le competa con arreglo al procedimiento que se fije reglamentariamente
El procedimiento es el establecido en los artículos 148 y ss. del Real Decreto 1065/2007, que sería exigible a las CA en virtud del artículo 48.4 de la LGT
Adicionalmente el procedimiento es un derecho constitucional y legal de los contribuyentes al procedimiento debido
El artículo 148 del Real Decreto 1065/2007 atribuye la competencia para el cambio del domicilio a la Agencia Estatal de Administración Tributaria "en el ámbito de los tributos del Estado, incluidos los cedidos"
Respecto de los contribuyentes afectados, la cuestión es si la liquidación dictada omitiendo el citado procedimiento incurre o no en un vicio de nulidad por prescindir totalmente del procedimiento legalmente establecido (art. 47.1.e) de la LPAC). En nuestra opinión, así debería considerarse
2) LEGITIMACIÓN DE LOS CONTRIBUYENTES PARA PROMOVER UN CONFLICTO DE COMPETENCIA REFERIDO A LA DETERMINACIÓN DEL DOMICILIO FISCAL
Los contribuyentes tendrían derecho a promover un conflicto de competencia por la falta de intervención legalmente requerida de la AEAT, con base en el artículo 14 de la LRJSP:
Artículo 14. Decisiones sobre competencia.
1. El órgano administrativo que se estime incompetente para la resolución de un asunto remitirá directamente las actuaciones al órgano que considere competente, debiendo notificar esta circunstancia a los interesados.
2. Los interesados que sean parte en el procedimiento podrán dirigirse al órgano que se encuentre conociendo de un asunto para que decline su competencia y remita las actuaciones al órgano competente.
Asimismo, podrán dirigirse al órgano que estimen competente para que requiera de inhibición al que esté conociendo del asunto.
3) EFECTOS SOBRE LAS ACTUACIONES DESARROLLADAS SIN SEGUIR EL PROCEDIMIENTO LEGALMENTE ESTABLECIDO
El artículo 22.1.e) y 86 de la LRJSP establecen, adicionalmente, lo siguiente:
Artículo 22. Suspensión del plazo máximo para resolver.
1. El transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución se podrá suspender en los siguientes casos:
(...)
f) Cuando se inicien negociaciones con vistas a la conclusión de un pacto o convenio en los términos previstos en el artículo 86 de esta Ley, desde la declaración formal al respecto y hasta la conclusión sin efecto, en su caso, de las referidas negociaciones, que se constatará mediante declaración formulada por la Administración o los interesados
(...)
Artículo 86. Terminación convencional.
1. Las Administraciones Públicas podrán celebrar acuerdos, pactos, convenios o contratos con personas tanto de Derecho público como privado, siempre que no sean contrarios al ordenamiento jurídico ni versen sobre materias no susceptibles de transacción y tengan por objeto satisfacer el interés público que tienen encomendado, con el alcance, efectos y régimen jurídico específico que, en su caso, prevea la disposición que lo regule, pudiendo tales actos tener la consideración de finalizadores de los procedimientos administrativos o insertarse en los mismos con carácter previo, vinculante o no, a la resolución que les ponga fin.
2. Los citados instrumentos deberán establecer como contenido mínimo la identificación de las partes intervinientes, el ámbito personal, funcional y territorial, y el plazo de vigencia, debiendo publicarse o no según su naturaleza y las personas a las que estuvieran destinados.
3. Requerirán en todo caso la aprobación expresa del Consejo de Ministros u órgano equivalente de las Comunidades Autónomas, los acuerdos que versen sobre materias de la competencia directa de dicho órgano.
4. Los acuerdos que se suscriban no supondrán alteración de las competencias atribuidas a los órganos administrativos, ni de las responsabilidades que correspondan a las autoridades y funcionarios, relativas al funcionamiento de los servicios públicos.
El "podrá" no sería, por tratarse de una potestad-función, meramente facultativo
Por lo que antecede, la doctrina contenida en la STS comentada ofrecería, en nuestra opinión, dudas relevantes en cuanto a su fundamento constitucional y legal
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