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Tuesday, August 1, 2006

DERECHO A LA GUERRA Y DERECHO DE LA GUERRA: SPINOZA Y LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS EN EL AMBITO INTERNACIONAL




Homo qui ratione ducitur, magis in civitate, ubi ex communi decreto vivit, quam in solitudine, ubi sibi soli obtemperat, liber est. (Ethica, Propositio LXXIII)

El hombre que se guía por la razón es más libre en el Estado, donde vive según leyes que obligan a todos, que en la soledad, donde sólo se obedece a sí mismo. (Etica, Proposición LXXIII)

El punto de partida de los derechos humanos es el derecho a no ser asesinado arbitrariamente. El derecho internacional sobre la guerra, mucho más antiguo en sus orígenes que los derechos humanos, parte de premisas completamente diferentes: el soldado tiene el derecho de matar a otro soldado.(Françoise Hampson)


I.- INTRODUCCIÓN

En el “Tratado Político” (Capítulo V), Spinoza afirma:

“hemos demostrado que el hombre alcanza el más grado de autonomía, cuando se guía al máximo por la razón. Y de ahí hemos concluido que aquella sociedad es más poderosa y más autónoma, que se funda y gobierna por la razón. Ahora bien, como la mejor regla de vida que uno puede adoptar para conservarse lo mejor posible, es aquella que se funda en el dictamen de la razón, se sigue que lo mejor es siempre aquello que el hombre o la sociedad hacen con plena autonomía. Yo no afirmo, en efecto, que toda acción conforme a derecho sea la mejor posible. Pues una cosa es cultivar un campo con derecho y otra cultivarlo muy bien; una cosa, digo, es defenderse, conservarse, emitir juicio, etc, con derecho y otra defenderse, conservarse y emitir juicio lo mejor posible. Por consiguiente, una cosa es gobernar y administrar la cosa pública con derecho y otra distinta gobernar y administrarla muy bien”.

Previamente, Spinoza había afirmado también:

“no cabe duda que los contratos o leyes, por los que la multitud transfiere su derecho a un Consejo o a un hombre, deber ser violados, cuando el bien común así lo exige. Pero emitir un juicio al respecto, es decir, sobre si el bien común aconseja o no violarlos, no es un derecho que incumba a ningún particular, sino sólo a quien detenta el poder supremo. Así pues, según el derecho civil, sólo quien detente el poder, es el intérprete de esas leyes. A ello se añade que ningún particular puede, con derecho, castigar su infracción; por tanto, tampoco obligan realmente a quien detenta el poder. Pero, si esas leyes son de tal índole, que no puedan ser infringidas, sin que con ello se debilite la fortaleza de la sociedad, es decir, sin que el miedo de la mayor parte de los ciudadanos se transforme en indignación, la sociedad se disuelve automáticamente y caduca el contrato. Este no se defiende, pues, por el derecho civil, sino por el derecho de guerra. Por consiguiente, quien defiende el poder, está obligado a cumplir las condiciones de dicho contrato, por lo mismo que el hombre en el estado natural tiene que guardarse, para no ser su propio enemigo, de darse muerte a sí mismo”.

Parece que nadie sostendría hoy, al menos en su integridad, el planteamiento de Spinoza en relación con el derecho “constitucional”.Los individuos, sin recurrir a la guerra civil, tienen derechos “frente a quien detente el poder” y, con mejor o peor fortuna (según los propios individuos se defiendan no sólo con derecho sino, además, bien) consiguen, a veces, que se castigue su infracción y obligar jurídicamente (por la fuerza), a quien detenta el poder.

Que la sociedad y los derechos de los individuos pueden sucumbir, no debería dudarse, pero resulta, sin duda, muy peligroso sostener que los derechos de los individuos “debe ser violados cuando el bien común así lo exige”.Incluso cuando el poder para decidirlo se atribuya-como hace Spinoza- a la mayoría :¿Cómo la mayoría, si tiene poder, puede decidir limitar sus derechos? ¿No sería ello decidir mal, aunque sea con derecho? ¿No es el derecho (de los individuos) precisamente contra-mayoritario o independiente de las decisiones de la mayoría?.

Por el contrario, y en abrupta contraposición, en el ámbito del derecho internacional, la moneda corriente suele ser últimamente la afirmación de que los “poderes supremos” enfrentados por derecho de guerra carecen de cualquier limitación significativa, no sólo en sus actuaciones recíprocas, sino en relación con los individuos que sufren las acciones de guerra. Estos contarían, en el mejor de los casos, con la protección de sus Estados, pero carecerían de cualquier derecho frente al derecho de guerra del Estado (o de los grupos armados ) en contienda bélica.

A menudo, la población civil (propia) se invoca tanto para afirmar el derecho de guerra de cada Estado como su liberación de cualquier atadura. Se trataría de un supuesto e inevitable “realismo político y jurídico”.

Frente a tal planteamiento, habría que recordar, que resulta contrario a los derechos de los individuos, y a la vigencia, sin duda muy debilitada, de la razón jurídica en la comunidad internacional, defender que los Estados (o determinadas poblaciones en armas de los estados) no estén obligados por el derecho internacional de la guerra y puedan, en cualquier forma que les plazca, agredir, destruir y desconocer los derechos de la población civil (tampoco, aunque es un supuesto menos común, de los reos, combatientes o prisioneros de guerra).

La Carta de Naciones Unidas, las Convenciones de Ginebra y el Estatuto de la Corte Penal Internacional, imponen obligaciones jurídicas a los Estados (y a las organizaciones armadas). La dificultad de exigir su cumplimiento no debería cambiar su estatus jurídico. Dicho de otra manera, mencionar dicha dificultad no es una buena defensa de los derechos de los individuos, aunque puede ser una buena defensa de los estados (o de las poblaciones o grupos en armas) que los desconocen. No debería, por tanto, juzgarse como “pacifismo naif”.Hay guerra, hay derecho a la guerra (“jus ad bellum”) y derecho en la guerra o de la guerra (“jus in bello”).Mencionarlos no convierte a nadie en reo de pacifismo. Hacerlos respetar es uno de los objetivos de la comunidad jurídica internacional. Desconocerlos, pura y simplemente, incluso cínicamente, es desconocer la propia existencia de la comunidad jurídica internacional. Tampoco puede ser una buena defensa de la propia comunidad jurídica internacional, ni de los derechos de los individuos.

II.- LOS HECHOS DEL CONFLICTO QUE CONDUJERON A LAS ACCIONES BÉLICAS DEL 12 DE JULIO DE ISRAEL SOBRE LÍBANO Y A LAS POSTERIORES ENTRE LOS CONTENDIENTES

Se trata, desde luego, de los "hechos inmediatamente próximos" y, yambién, invocados por las partes.Ello no supone negar la complejidad del problema antes y después de la "reducción" a "casus belli" operada, para empezar, por las propias partes.

A finales de Junio, militantes de la organización palestina Hamás llevaron a cabo una acción militar en Israel, desde Gaza, secuestrando a un soldado israelí. Dos semanas más tarde, militantes de Hezbolá con base en el sur del Líbano lanzaron misiles sobre el norte de Israel y llevaron a cabo una acción militar, en suelo israelí, en la que secuestraron a dos soldados israelíes, mataron a tres e hirieron a dos. Israel respondió al primer incidente con una bombardeo de Gaza, que destruyó una central eléctrica y otras infraestructuras civiles y causó la muerte de civiles palestinos. En respuesta al ataque de Hezbolá, Israel bombardeó Líbano, incluyendo Beirut y su puerto y aeropuerto. Impuso un bloqueo naval. Una semana después del inicio de los bombardeos, los tanques israelíes cruzaron el sur de Líbano. Cientos de civiles libaneses han muerto. Hezbolá lanzó también ataques con misiles sobre Israel, que causaron bajas menos numerosas entre la población civil israelí, y que tienen a la misma como su objetivo declarado.

Dos de los hechos más graves de las acciones bélicas han sido, hasta la fecha, la muerte de cuatro observadores de Naciones Unidas (causada por el ejército israelí) y la muerte de civiles libaneses (incluidos numerosos niños) por el bombardeo israelí de Quan. También ha habido víctimas menos numerosas entre la población civil israelí.

III.-EL USO DE LA FUERZA MILITAR EN EL DERECHO INTERNACIONAL (DERECHO A LA GUERRA)

Un resumen esclarecedor de las normas que regulan dicho uso es el que ha hecho ASIL (“The American Society of International Law”: http://www.asil.org/events/am06/resolutions.html).
El contenido de la misma es el siguiente:

1. El recurso a la fuerza armada está regulado por la Carta de Naciones Unidas y otras normas internacionales (“jus ad bellum”)

La única excepción a la prohibición del uso de la fuerza es la legítima defensa frente a un ataque y el derecho a utilizar la fuerza con autorización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El principio de proporcionalidad se aplica en relación con cualquier uso legítimo de la fuerza, incluido el del uso para la propia y legítima defensa.

2. Las actuaciones durante el conflicto armado y la ocupación están reguladas por las Convenciones de Ginebra de 1949 y otras normas internacionales (“jus in bello”).

3. La tortura y los tratos inhumanos o degradantes de cualquier persona bajo control de un Estado están prohibidos por el derecho internacional, sin que esté permitida derogación alguna.

4. La detención prolongada, secreta e incomunicada de cualquier persona bajo la custodia de Un Estado está prohibida por la ley internacional.

5. Las normas de trato impuestas por el derecho internacional se extienden a todas las ramas del gobierno, a sus agentes y todas las fuerzas combatientes.

El Estatuto de la Corte Penal Internacional de 1998 claramente establece que las normas del derecho sobre la guerra se aplican a todos los grupos involucrados en un conflicto armado, aunque no pertenezcan a un ejército.

6. En determinadas circunstancias, los jefes militares y civiles son responsables según el derecho internacional por las actuaciones de sus subordinados.

7. Todos los Estados deberían mantener la seguridad y libertad internas de una forma coherente con sus obligaciones según el derecho internacional.


IV.-LAS LIMITACIONES AL USO DE LA FUERZA ARMADA EN EL DERECHO INTERNACIONAL DE LA GUERRA

Una cuestión general no abordada por las normas internacionales, anteriores al uso masivo de la guerra electrónica, es cómo la responsabilidad por hechos de guerra puede verse afectada por la "interposición" de sistemas expertos que desmpeñen un papel similar al de la utilización de poblaciones civiles como escudos de defensa militar.

IV. A) El artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas

El artículo 51 establece lo siguiente:

“Ninguna disposición de esta Carta menoscabará el derecho inmanente de legítima defensa, individual o colectiva, en caso de ataque armado contra un Miembro de las Naciones Unidas, hasta tanto que el Consejo de Seguridad haya tomado las medidas necesarias para mantener la paz y la seguridad internacionales. Las medidas tomadas por los Miembros en ejercicio del derecho de legítima defensa serán comunicadas inmediatamente al Consejo de Seguridad, y no afectarán en manera alguna la autoridad y responsabilidad del Consejo conforme a la presente Carta para ejercer en cualquier momento la acción que estime necesaria con el fin de mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales”.

Estos términos fueron considerados suficientes para la invasión militar de Afganistán por Estados Unidos con posterioridad a los ataques terroristas del 11 de Septiembre de 2001, reivindicados por Al Qaeda. Ninguna resolución del Consejo de Seguridad se consideró necesaria para la acción militar como consecuencia del artículo 51 y del artículo 5 del Tratado de la OTAN. Aunque ni Afganistán ni el gobierno talibán participaron en los ataques sobre Nueva York y Washington, el apoyo del gobierno a la organización terrorista se consideró una relación suficiente para la imputación de responsabilidad a Afganistán.

Por el contrario, el Presidente Bush no contó con el apoyo del Consejo de Seguridad ni de la OTAN para invadir Irak y esta acción difícilmente encajaba en los términos del artículo 51 transcrito, por la inexistencia de ataque militar. La Administración americana argumentó que el derecho “inmanente” de defensa recogía todas las doctrinas de defensa propia internacional existentes en el momento en que se ratificó la Carta (1945).Según sus representantes una doctrina de ataque preventivo resultaba compatible con el artículo 51.

Como ello exigía, cuando menos, un peligro militar “inminente” e Irán no representaba tal peligro para los Estados Unidos, se invocó unilateralmente la existencia de un programa iraní de Armas de Destrucción Masiva que, sin embargo, nunca se probó. En estos términos, la acción militar no contó con el apoyo del Consejo de Seguridad necesario en cualquier acción militar que no sea una respuesta defensiva a un ataque militar previo. Este es el concepto generalmente admitido en el derecho internacional de la guerra.

La invasión militar del Líbano por Israel contó con un ataque previo de Hezbolá, tolerado o no impedido por Líbano, llevado a cabo en territorio israelí y que costó la vida a tres soldados y supuso el secuestro de otros dos. No parece que pueda, por ello, decirse que se trata de un ataque preventivo.

La cuestión es otra y está relacionada, tal y como han indicado algunos líderes internacionales, con la proporcionalidad de la respuesta y con el incumplimiento posterior de las normas internacionales del derecho sobre la guerra que protegen a las poblaciones civiles de los Estados contendientes.

Aunque algunos especialistas en derecho internacional han considerado que la escala del ataque no justificaba la de la respuesta militar defensiva (http://jurist.law.pitt.edu/forumy/2006/07/proportionality-and-use-of-force-in.php y opiniones contrarias vertidas en el mismo foro), las actuaciones posteriores de Hezbolá, que ha continuado lanzando misiles dirigidos a objetivos civiles en un escala previamente desconocida, parecen reafirmar el recurso de Israel al derecho de legítima defensa del artículo 51 hasta la intervención del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Líbano tiene responsabilidad internacional por las acciones llevadas a cabo desde su territorio y la obligación, sin un plazo fijado, de desarmar a la milicia de Hezbolá (Resolución 1559 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas: http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/498/92/PDF/N0449892.pdf?OpenElement).

En cualquier caso, y como resalta la resolución adoptada por ASIL, la necesidad y proporcionalidad de la acción militar son inseparables del derecho a la legítima defensa del atacado.

IV.B) El protocolo adicional I (1977) a la Convención de Ginebra

El mismo contiene las siguientes regulaciones y limitaciones relacionadas con el uso de la fuerza y los derechos individuales de la población civil (http://www.ohchr.org/spanish/law/protocolo1.htm):

“Artículo 50: Definición de personas y de población civil
1. Es persona civil cualquiera que no pertenezca a una de las categorías de personas a que se refieren el artículo 4, A. 1), 2), 3), y 6), del III Convenio, y el artículo 43 del presente Protocolo. En caso de duda acerca de la condición de una persona, se la considerará como civil.
2. La población civil comprende a todas las personas civiles.
3. La presencia entre la población civil de personas cuya condición no responda a la definición de persona civil no priva a esa población de su calidad de civil.
Artículo 51: Protección de la población civil
1. La población civil y las personas civiles gozarán de protección general contra los peligros procedentes de operaciones militares. Para hacer efectiva esta protección, además de las otras normas aplicables de derecho internacional, se observarán en todas las circunstancias las normas siguientes.
2. No serán objeto de ataque la población civil como tal ni las personas civiles. Quedan prohibidos los actos o amenazas de violencia cuya finalidad principal sea aterrorizar a la población civil.
3. Las personas civiles gozarán de la protección que confiere esta Sección, salvo si participan directamente en las hostilidades y mientras dure tal participación.
4. Se prohíben los ataques indiscriminados. Son ataques indiscriminados:
a) los que no están dirigidos contra un objetivo militar concreto;
b) los que emplean métodos o medios de combate que no pueden dirigirse contra un objetivo militar concreto; o
c) los que emplean métodos o medios de combate cuyos efectos no sea posible limitar conforme a lo exigido por el presente Protocolo;
y que, en consecuencia, en cualquiera de tales casos, pueden alcanzar indistintamente a objetivos militares y a personas civiles o a bienes de carácter civil.
5. Se considerarán indiscriminados, entre otros, los siguientes tipos de ataque:
a) los ataques por bombardeo, cualesquiera que sean los métodos o medios utilizados, que traten como objetivo militar único varios objetivos militares precisos y claramente separados situados en una ciudad, un pueblo, una aldea u otra zona en que haya concentración análoga de personas civiles o bienes de carácter civil;
b) los ataques, cuando sea de prever que causarán incidentalmente muertos y heridos entre la población civil, o daños a bienes de carácter civil, o ambas cosas, que serían excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa prevista.
6. Se prohíben los ataques dirigidos como represalias contra la población civil o las personas civiles.
7. La presencia de la población civil o de personas civiles o sus movimientos no podrán ser utilizados para poner ciertos puntos o zonas a cubierto de operaciones militares, en especial para tratar de poner a cubierto de ataques los objetivos militares, ni para cubrir, favorecer u obstaculizar operaciones militares. Las Partes en conflicto no podrán dirigir los movimientos de la población civil o de personas civiles para tratar de poner objetivos militares a cubierto de ataques, o para cubrir operaciones militares.
8. Ninguna violación de estas prohibiciones dispensará a las Partes en conflicto de sus obligaciones jurídicas con respecto a la población civil y las personas civiles, incluida la obligación de adoptar las medidas de precaución previstas en el artículo 57.”
Artículo 52: Protección general de los bienes de carácter civil
1. Los bienes de carácter civil no serán objeto de ataque ni de represalias. Son bienes de carácter civil todos los bienes que no son objetivos militares en el sentido del párrafo 2.
2. Los ataques se limitarán estrictamente a los objetivos militares. En lo que respecta a los bienes, los objetivos militares se limitan a aquellos objetos que por su naturaleza, ubicación, finalidad o utilización contribuyan eficazmente a la acción militar o cuya destrucción total o parcial, captura o neutralización ofrezca en las circunstancias del caso una ventaja militar definida.
3. En caso de duda acerca de si un bien que normalmente se dedica a fines civiles, tal como un lugar de culto, una casa u otra vivienda o una escuela, se utiliza para contribuir eficazmente a la acción militar, se presumirá que no se utiliza con tal fin.
Artículo 54: Protección de los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil
1. Queda prohibido, como método de guerra, hacer padecer hambre a las personas civiles.
2. Se prohíbe atacar, destruir, sustraer o inutilizar los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil, tales como los artículos alimenticios y las zonas agrícolas que los producen, las cosechas, el ganado, las instalaciones y reservas de agua potable y las obras de riego, con la intención deliberada de privar de esos bienes, por su valor como medios para asegurar la subsistencia, a la población civil o a la Parte adversa, sea cual fuere el motivo, ya sea para hacer padecer hambre a las personas civiles, para provocar su desplazamiento, o con cualquier otro propósito.”

IV.C) El Estatuto de la Corte Penal Internacional

Ni Líbano ni Israel han ratificado el Estatuto de la Corte Penal Internacional de 1998.España sí lo hizo, mediante la Ley Orgánica 6/2000, de 4 de octubre, por la que se autorizó la ratificación por España del Estatuto de la Corte Penal Internacional.
De acuerdo con el mismo (http://www.icc-cpi.int/home.html&l=en) , debe tenerse en cuenta lo siguiente

“Artículo 8. Crímenes de guerra.
1. La Corte tendrá competencia respecto de los crímenes de guerra, en particular, cuando se cometan como parte de un plan o política o como parte de la comisión en gran escala de tales crímenes.
2. A los efectos del presente Estatuto, se entiende por crímenes de guerra:
Infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949, a saber, cualquiera de los siguientes actos contra personas o bienes protegidos por las disposiciones del Convenio de Ginebra pertinente:
El homicidio intencional;
La tortura o los tratos inhumanos, incluidos los experimentos biológicos;
El hecho de causar deliberadamente grandes sufrimientos o de atentar gravemente contra la integridad física o la salud;
La destrucción y la apropiación de bienes, no justificadas por necesidades militares, y efectuadas a gran escala, ilícita y arbitrariamente;
El hecho de forzar a un prisionero de guerra o a otras personas protegidas a servir en las fuerzas de una Potencia enemiga;
El hecho de privar deliberadamente a un prisionero de guerra o a otra persona protegida de su derecho a ser juzgado legítima e imparcialmente;
La deportación o el traslado ilegal, o el confinamiento ilegal;
La toma de rehenes;
Otras violaciones graves de las leyes y usos aplicables en los conflictos armados internacionales dentro del marco establecido de derecho internacional, a saber, cualquiera de los actos siguientes:
Dirigir intencionalmente ataques contra la población civil en cuanto tal ó contra personas civiles que no participen directamente en las hostilidades;
Dirigir intencionalmente ataques contra bienes civiles, es decir, bienes que no son objetivos militares;
Dirigir intencionalmente ataques contra personal, instalaciones, material, unidades o vehículos participantes en una misión de mantenimiento de la paz o de asistencia humanitaria de conformidad con la Carta de las Naciones Unidades, siempre que tengan derecho a la protección otorgada a civiles o bienes civiles con arreglo al derecho internacional de los conflictos armados;
Lanzar un ataque intencionalmente, a sabiendas de que causará pérdidas incidentales de vidas, lesiones a civiles o daños a bienes de carácter civil o daños extensos, duraderos y graves al medio ambiente natural que serían manifiestamente excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa de conjunto que se prevea;
Atacar o bombardear, por cualquier medio, ciudades, aldeas, viviendas o edificios que no estén defendidos y que no sean objetivos militares;
(...)
xii. Declarar que no se dará cuartel;
xiii. Utilizar la presencia de una persona civil u otra persona protegida para poner ciertos puntos, zonas o fuerzas militares a cubierto de operaciones militares;
(...)
xxiii. Dirigir intencionalmente ataques contra edificios, material, unidades y medios de transporte sanitarios, y contra personal que utilice los emblemas distintivos de los Convenios de Ginebra de conformidad con el derecho internacional;
xxiv. Hacer padecer intencionalmente hambre a la población civil como método de hacer la guerra, privándola de los objetos indispensables para su supervivencia, incluido el hecho de obstaculizar intencionalmente los suministros de socorro de conformidad con los Convenios de Ginebra;”

Artículo 13. Ejercicio de la competencia.

La Corte podrá ejercer su competencia respecto de cualquiera de los crímenes a que se refiere el artículo 5 de conformidad con las disposiciones del presente Estatuto si:
Un Estado Parte remite al fiscal, de conformidad con el artículo 14, una situación en que parezca haberse cometido uno o varios de esos crímenes;
El Consejo de Seguridad, actuando con arreglo a lo dispuesto en el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, remite al fiscal una situación en que parezca haberse cometido uno o varios de esos crímenes; o
El fiscal ha iniciado una investigación respecto de un crimen de ese tipo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.

Artículo 30. Elemento de intencionalidad.

1. Salvo disposición en contrario, una persona será penalmente responsable y podrá ser penada por un crimen de la competencia de la Corte únicamente si los elementos materiales del crimen se realizan con intención y conocimiento.
2. A los efectos del presente artículo, se entiende que actúa intencionalmente quien:
En relación con una conducta, se propone incurrir en ella;
En relación con una consecuencia, se propone causarla o es consciente de que se producirá en el curso normal de los acontecimientos.
3. A los efectos del presente artículo, por conocimiento se entiende la conciencia de que existe una circunstancia o se va a producir una consecuencia en el curso normal de los acontecimientos. Las palabras a sabiendas y con conocimiento se entenderá en el mismo sentido.”

V.- LA NECESIDAD DE LA OBSERVANCIA DEL DERECHO INTERNACIONAL Y DE LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS INDIVIDUOS INTEGRANTES DE LA POBLACIÓN CIVIL POR EL CONSEJO DE SEGURIDAD, EL TRIBUNAL INTERNACIONAL DE JUSTICIA Y LA CORTE PENAL INTERNACIONAL

El derecho de legítima defensa de los Estados está sujeto a los principios de necesidad y proporcionalidad y a los límites que el Derecho Internacional establece en las normas transcritas.

El planteamiento de la defensa preventiva y del unilateralismo en las acciones militares que condujo a la intervención militar e Irak, prescindiendo de la autorización del Consejo de Seguridad, está normalmente en abierta oposición con las limitaciones anteriores y, sobre todo, con el multilateralismo internacional que está en la base del sistema de Naciones Unidas. El orden jurídico internacional se basa en normas comunes aceptadas por los Estados y que no pueden ser desconocidas por los mismos. Los derechos de las poblaciones civiles en las acciones militares no pueden ser desconocidos y negados por los contendientes y si lo son su infracción está sujeta a las sanciones propias del derecho internacional (http://www.un.org/secureworld/) .

Los derechos de los individuos en este ámbito normalmente se encuentran recortados en una escala diferente (son actores débiles en el ámbito internacional) que dificulta su defensa o invocación sin contar con la ayuda de las instituciones estatales o de organizaciones internacionales. Ello no quiere decir que sean inexistentes o una mera ilusión.

Así como un Estado puede defenderse en legítima defensa con derecho, pero defenderse mal por extralimitación en el uso de la fuerza prohibida por el derecho internacional sobre los conflictos armados, los individuos pueden ver demandada la sanción correspondiente a la negación de sus derechos (y de sus vidas), con independencia de que el mal funcionamiento de las instituciones internacionales y de la propia opinión pública internacional determinen una mala defensa y una inexistencia de sanción. La inexistencia de sanción no convierte en jurídica la conducta, si efectivamente hubo una violación. El derecho internacional cuenta con mecanismos que hacen más difícil la ejecución de sanciones, pero no se hará ningún favor a los derechos de los individuos (de todos) considerando que dichas dificultades equivalen a una inexistencia de derechos por inexistencia de un mecanismo de ejecución colectivo más efectivo. En último término, no poder defenderse bien (con la obtención del resultado garantizado por el derecho internacional) no es equivalente a no defenderse con derecho. Admitirlo sería, en palabras de Spinoza, admitir la propia impotencia.

Las organizaciones militares no estatales (se hayan calificado o no como terroristas) que invocan las infracciones por los Estados del derecho sobre la guerra no deberían paralelamente actuar y reclamar que no están sujetas a las mismas obligaciones y que pueden actuar libremente contra las poblaciones civiles “enemigas”.No hay individuos “enemigos” en el derecho internacional sobre la guerra y, por supuesto, no hay individuos enemigos en el derecho nacional de las poblaciones civiles afectadas. Estas acciones les ponen al margen del derecho internacional y también del derecho nacional que las poblaciones atacadas puedan invocar en su defensa, al margen de poder constituir, también, un criterio relevante para definir los objetivos terroristas de determinados grupos. Tampoco aquí es posible un doble rasero. Si las poblaciones civiles, los individuos de las mismas, tienen derechos que nadie puede jurídicamente discutir, ningún individuo o población civil (ni el conjunto de una población civil determinada, como resulta evidente) puede quedar excluido de los mismos por un Estado o por una organización militar no estatal. No puede realizarse ninguna acción basada en un orden recíproco, por ninguna de las partes contendientes, si se desconoce esta realidad jurídica (y moral) elemental.

Los responsables políticos españoles, del Gobierno y de la oposición, deberían evitar convertir la posición internacional de España, en un conflicto y en un región con tremenda trascendencia internacional, en una cuestión de partido y electoralista. Ello ni beneficia a nuestro país, ni contribuye a la defensa de los derechos de todos los individuos de las poblaciones civiles afectadas por la contienda. Reproduce en el ámbito interno una postura que niega el multilateralismo que está en la base del orden internacional. Es imposible ignorar las obligaciones derivadas del derecho internacional para los Estados y grupos armados, incluidas aquellas expresamente asumidas con la ratificación por España del Estatuto de la Corte Penal Internacional.

Desafortunadamente, la defensa anterior no eliminará las infracciones, ni la tragedia de la pérdida de vidas de individuos de todas las poblaciones civiles. Puede ser, a pesar de todo, una mejor defensa que la negación de los derechos de cualquiera de ambas. A favor de esa conclusión estaría, también, la doctrina de Spinoza. En su contra, no debería admitirse la de ningún “poder supremo”.

La rapidez de la intervención posterior del Consejo de Seguridad afecta indudablemente al enjuiciamiento y evolución de las acciones militares.


Guillermo Ruiz


Dos links que contienen información actualizada sobre el conflicto de un estudioso y la opinión sobre el mismo de bloggers libaneses, palestinos e israelíes :

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Thursday, July 20, 2006

LA INTERCEPTACION MASIVA DE LAS COMUNICACIONES ELECTRONICAS EN LOS ESTADOS UNIDOS DESPUES DE HAMDAN CONTRA RUMSFELD


El programa de espionaje doméstico de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), bajo la dirección del Presidente Bush, fue hecho público por el New York Times a finales de 2005.
El Departamento de Justicia concedió que se trató de una secreta, y sin orden previa, supervisión electrónica de personas situadas en los Estados Unidos.
En 1978, después de una profunda investigación sobre violaciones legales asociadas a programas de inteligencia extranjera, el Congreso y el presidente promulgaron la Ley de Supervisión de la Inteligencia Extranjera (FISA). FISA regula la vigilancia extranjera en el ámbito de los Estados Unidos, articulando un cuidadoso balance entre la protección de las libertades civiles y la preservación del “propósito gubernamental de importancia vital” de obtener información valiosa para salvaguardar la seguridad nacional.Con excepciones menores, FISA autoriza la supervisión electrónica solamente bajo ciertas premisas y sólo si es aprobada por un tribunal.
La ley (FISA) autoriza supervisión electrónica sin autorización judicial en caso de guerra, pero sólo durante los primeros 15 días del conflito bélico.
La ley (FISA) tipifica como delito cualquier supervisión no autorizada por la misma y expresamente establece que la propia FISA y las previsiones específicas del código federal criminal (que regulan la interceptación de las comunicaciones en investigaciones criminales) como “los medios exclusivos mediantes los cuales la supervisión electrónica puede llevarse a cabo".

El Departamento de Justicia admitió que el programa de la Agencia de Seguridad Nacional no fue autorizado por ninguna de las regulaciones antes citadas.Sin embargo, mantuvo, antes de la Sentencia del Tribunal Supremo americano en Hamdam contra Rumsfeld, dictada el pasado 29 de Junio de 2006, que el programa no violaba la normativa en vigor porque el Congreso implícitamente autorizó el mismo cuando aprobó la Autorización para el uso de la Fuerza Militar(AUMF de 18 de Septiembre de 2001) contra al Qaeda.

El Departamento de Justicia también invocó e invoca la autoridad constitucional (artículo II)inherente al Presidente como Jefe Militar para obtener “señales informativas” procedentes del enemigo, y mantiene que interpretar que FISA prohibe dichas acciones presidenciales plantearía cuestiones constitucionales.
Dado que en la Sentencia Hamdan contra Rumsfeld el Tribunal Supremo ha declarado que la AUMF no autoriza al Presidente a establecer comisiones militares que no respeten los principios del Código de Justicia Militar ni el artículo 3 de la Convención de Ginebra, la AUMF -que no contenía previsión alguna sobre las materias reguladas en FISA- tampoco puede autorizar programas de la NSA en contradicción con FISA.
Asimismo, al igual que el Tribunal Supremo en Hamdan no ha considerado siquiera que los poderes militares del Presidente como jefe del ejecutivo (artículo II de la Constitución) le permitan actuar en este ámbito en contravención de disposiciones legislativas (tanto si están contenidas en el Código de Justicia Militar como en FISA), resulta que el programa de interceptación masiva de las comunicaciones electrónicas llevado a cabo por la NSA está en contradicción con la Constitución y con FISA, de acuerdo con la interpretación que el Tribunal Supremo ha hecho en Hamdam v. Rumsfeld.
Así lo han manifestado en carta abierta a los congresistas prestigiossos constitucionalistas y abogados (entre otros Tribe, Dworkin, Cole y Sullivan).
La opinión completa de los mismos se encuentra aquí
Un estudio completo sobre la misma cuestión hecho público por la prestigiosa American Constitutional Society puede encontrarse aquí
Al igual que ha sucedido con Hamdan, la Administración está intentando ahora evitar los efectos de la Sentencia Hamdan en el programa NSA (y las posibles responsabilidades legales).Para ello, el Senador Specter pretende introducir una nueva legislación que dejaría prácticamente en poder del Presidente la interceptación de las comnunicaciones electrónicas de ciudadanos americanos para fines de "inteligencia", ampliando las generosas facultades contenidas en FISA (y suprimiendo también sus garantías).
La referencia a la nueva legislación que el Senador Specter pretende introducir se encuentra aquí
Con razón decía Heráclito que "el pueblo debe combatir más por la ley que por los muros de su ciudad".El poder ya se encarga de luchar contra la ley y siempre pretende, como los monarcas, ser "a legibus solutus".Siguiendo a Heráclito, Thoreau también precisó:
"La ley nunca hará libres a los hombres, son los hombres los que deben hacer libre a la ley.Los amantes de la ley y el orden cumplen la ley cuando el gobierno la infringe."
Ninguna democracia ha hecho ni hará nunca superfluo el "combate por la ley".Quienes dicen lo contrario suelen pretender no quedar obligados por la misma.
Los fragamentos de Heráclito
Thoreau
Guillermo Ruiz

Sunday, July 16, 2006

EL TRATO DE LOS PRESOS EN LA BAHIA DE GUANTANAMO (INFORME DEL CENTER FOR CONSTITUTIONAL RIGHTS)



















El "Center for Constitutional Rights" acaba de emitir un severo informe basado en entrevistas y declaraciones con detenidos en la bahía de Guantánamo.La información, originariamente obtenida de notas de entrevistas con abogados en causas por "habeas corpus", fue más tarde depurada por una revisión del Departamento de Defensa y corroborada por fuentes públicas no clasificadas.El informe ofrece escalofriantes descripciones de maltrato a los prisioneros y afirma que los detenidos han sido:

  1. confinados en solitario por períodos que exceden de un año
  2. privados de sueño durantes días y semanas y, en al menos un caso, meses
  3. expuestos a temperaturas extremas
  4. golpeados
  5. amenazados con el traslado a países extranjeros para ser torturados allí
  6. torturados en países extranjeros o en base militares americanas en el extranjero antes de ser transferidos a Guantanamo
  7. sexualemte acosados y violados o amenzados con violación
  8. privados de tratamiento médico en condiciones extremas o tratados sólo con la condición de que colaboraran con los interrogatorios
  9. atados, juntando rodillas y tobillos, durante horas e incluso días a lo largo de los interrogatorios

Este informe sugiere porqué, después del caso Hamdan, la Administración Bush está haciendo todo lo posible para limitar la responsabilidad del personal militar bajo el artículo 3 de la Convención de Ginebra.Hay poca duda de que si el informe es cierto, las conductas descritas violan el artículo 3 de la Convención, y, por extensión, la Ley americana de Crímenes de Guerra.Por ello, después de Hamdan contra Rumsfeld, en el que el Tribunal Supremo ha declarado que el artículo 3 de la Convención de Ginebra es aplicable a los detenidos de Guantánamo, la Administración Bush está buscando la aprobación por el Congreso de nuevas reglas que se aparten del artículo 3 de la Convención de Ginebra y, también, de la modificación de la Ley de Crímenes de Guerra.En otras palabras, la Administración cree que el remedio apropiado para las violaciones de estándares básicos de decencia y humanidad no es castigar a los culpables sino convertir la conducta en legal retroactivamente.

El informe completo se encuentra aquí

http://www.ccr-ny.org/v2/reports/docs/Torture_Report_Final_version.pdf


Amnistía Internacional lo referencia aquí

http://web.amnesty.org/pages/guantanamobay-index-esl

Sunday, July 9, 2006

HAMDAN CONTRA RUMSFELD : EL TRIBUNAL SUPREMO DE ESTADOS UNIDOS FALLA EN CONTRA DEL PODER EJECUTIVO












Por cinco votos (Stevens, Souter, Ginsburg , Breyer y Kennedy) contra tres (Scalia, Thomas y Alito), el Tribunal Supremo rechazó la decisón de la District Court of Appeals de Columbia, que había sostenido que Hamdan (yemení capturado en Afganistán y detenido en Guántanamo) no podía invocar el artículo 3 de la Convención de Ginebra (porque no era juicialmente aplicable) en relación con las comisiones militares establecidas por el poder ejecutivo (Presidente) para juzgarle.

Con arreglo a dichas comisiones, el detenido no tenía el derecho a estar presente en su juicio ni a conocer las pruebas de cargo contra él.El C.J. Roberts no tomó parte en el caso porque había participado en la decisión de la District Cout of Appeals.El y Alito fueron designados jueces del Tribunal Supremo por el Presidente Bush.

Con arreglo al fallo, las comisiones militares establecidas por el Presidente violan el Código de Justicia Militar y el artículo 3 de la Convención de Ginebra, que constituye derecho vinculante para las autoridades americanas y que ha sido tenido en cuenta por el Tribunal Supremo en la petición de "habeas corpus" de Hamdan y, por tanto, el Presidente necesita contar con una expresa autorización legislativa si pretende que el enjuiciamiento de los detenidos (incluido Hamdan) siga el esquema de dichas comisiones militares.El Tribunal Supremo no ha dicho que las comisiones sean incompatibles con la constitución, sino que no siguen los principios del Código de Justicia Militar y de la Convención de Ginebra y que, por ello, deben contar con expreso apoyo legislativo.

Lo que sigue es un breve resumen del caso.

Los cargos contra Hamdan, por actos llevados a cabo entre 1996 y Noviembre de 2001, eran:

(1) haber actuado como escolta y conductor de Osama BinLaden
(2) haber trasportado armas usadas por miembros de al Qaeda
(3) haber transportado y acompañado a Osama Bin Laden a campamentos de al Qaeda
(4) haber recibido entrenamiento militar en campamentos de al Qaeda

El Tribunal Supremo concedió un "writ of certiorari" el 7 de Noviembre de 2005 para decidir si las comisiones militares establecidas para juzgarle tenían autoridad militar y si Hamdan tenía derecho a invocar la Convención de Ginebra.

El Gobierno se opuso al "writ of certiorari" invocando la Ley de Tratamiento de los detenidos (DTA), que entró en vigor el 30 de Diciembre de 2005.

El Tribunal Supremo, sin embargo, considera que la DTA no puede ser invocada para negar la jurisdicción del propio Tribunal Supremo sobre el caso, porque tal intención legislativa no consta en la misma.

Asimismo, el Tribunal considera que las limitaciones en cuanto a los derechos de defensa establecidas por las comisiones militares son contrarias al artículo 3 de la Convención de Ginebra:


“En caso de conflicto armado que no sea de índole internacional y que surja en el territorio de una de las Altas Partes Contratantes, cada una de las Partes en conflicto tendrá la obligación de aplicar, como mínimo, las siguientes disposiciones:

1) Las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera de combate por enfermedad, herida, detención o por cualquier otra causa, serán, en todas las circunstancias, tratadas con humanidad, sin distinción alguna de índole desfavorable, basada en la raza, el color, la religión o la creencia, el sexo, el nacimiento o la fortuna, o cualquier otro criterio análogo.
A este respecto, se prohíben, en cualquier tiempo y lugar, por lo que atañe a las personas arriba mencionadas:
a) los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles, la tortura y los suplicios;
b) la toma de rehenes;
c) los atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes;
d) las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal legítimamente constituido, con garantías judiciales reconocidas como indispensables por los pueblos civilizados.
2) Los heridos y los enfermos serán recogidos y asistidos.
Un organismo humanitario imparcial, tal como el Comité Internacional de la Cruz Roja, podrá ofrecer sus servicios a las Partes en conflicto.
Además, las Partes en conflicto harán lo posible por poner en vigor, mediante acuerdos especiales, la totalidad o parte de las otras disposiciones del presente Convenio.
La aplicación de las anteriores disposiciones no surtirá efectos sobre el estatuto jurídico de las Partes en conflicto.”

Como han indicado el pofesor Carlos Vázquez y otros comentaristas, la decisión tiene gran impotancia por lo siguiente:

1) En otra decisión reciente del propio Tribunal Spremo, Sánchez-Llamas v. Oregon, el Tribunal aplicando el artículo III de la Constitución ha declarado que es facultad y obligación del Tribunal interpretar los tratados, incluida la Convención de Ginebra.

Por tanto, si el poder legislativo decidiera excluir las comisiones militares de la garantía de la Convención, estaría contradiciendo la facultad constitucional del Tribunal Supremo.El Congreso parace obligado a seguir la interpretación del Tribunal Supremo sobre el artículo 3.La alternativa de denuncia internacional de la Convención dejaría desprotegidas a las tropas americanas.

2) El artículo 3 será aplicable en relación con las prácticas de trato a detenidos, que el poder ejecutivo había venido entendiendo no estaban jurídicamente vinculadas por la Convención y otros tratados internacionales, dado el poder militar del Presidente.

3) El poder ejecutivo no podrá invocar las genéricas autorizaciones legales para su programa de supervisión de las comunicaciones electrónicas, incluso cuando afectan a ciudadanos estadounidenses.Si el poder militar del Presidente está legalmente vinculado en cuanto a los detenidos extranjeros, no debería ofrecer dudas que su programa de supervisión electrónica carece de respaldo constitucional y legal, por falta de expresa autorización legislativa.
La posición del profesor Carlos Vázquez, que no se extiende al último punto, puede consultarse aquí


http://gulcfac.typepad.com/georgetown_university_law/2006/06/hamdan_and_the_.html


Un elogioso comentario sobre el abogado defensor de Hamdan, el Teniente Coronel Charles Swift, y unas declaraciones del mismo sobre el caso

http://blog.washingtonpost.com/earlywarning/2006/06/the_hero_of_guantanamo.html#22734

http://www.crooksandliars.com/posts/2006/06/30/lt-cmdr-charles-swift-speaks-out/


El abogado defensor de Hamdan ha resumido su posición y la decisión en esta forma: “No podemos consentir ser intimidados y dejar de ser lo que somos”.

Las decisiones del Tribunal Supremo pueden consultarse aquí

http://www.supremecourtus.gov/opinions/05slipopinion.html

La Convención de Ginebra en español

http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/91_sp.htm
Guillermo Ruiz

UNA BANDERA NEGRA SOBRE GAZA

Soledad Gallego-Díaz es una buena periodista (El País, 9-07-06:La inexistente voz europea).

En el silencio español, europeo y mundial sobre la crisis de Gaza, reproduce el comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores Suizo y describe la inoperancia del flamante Parlamento europeo.

El comunicado suizo habla por sí mismo:

"Diversas acciones llevadas a cabo por el ejercito israelí en su ofensiva contra la franja de Gaza violan el principio de proporcionalidad y constituyen un castigo colectivo de la población, prohibido por el derecho internacional.Para este Ministerio no cabe no cabe la menor duda de que Israel no ha tomado todas las precauciones requeridad por el derecho internacional para asegurar la protección de la población y las infraestructuras civiles.La destrucción de una central eléctrica, el ataque contra la oficina del primer minisro, la detención arbitraria de un gran número de representantes del pueblo y de ministros democráticamente elegidos, así como la retirada del derecho de residencia en Jerusalén a tres parlamentarios y un ministro no pueden justificarse en modo alguno.Los astaques contra los bienes civiles están prohibidos por el derecho intrenacional.Este ministerio pide a Israel que no lance más ataques contra bienes civiles, que asegure la protección de la población y que libere a los representantes elegidos, a menos que les pueda acusar de hechos concretos de acuerdo con las normas del Estado de derecho".
Esta es la página de la Ministra suiza de exteriores Micheline Calmy-Rey
La periodista cita también a su homólogo israelí Gideon Levy, de quien procede el título de esta entrada:
"A black flag hangs over the "rolling" operation in Gaza. The more the operation "rolls," the darker the flag becomes. The "summer rains" we are showering on Gaza are not only pointless, but are first and foremost blatantly illegitimate. It is not legitimate to cut off 750,000 people from electricity. It is not legitimate to call on 20,000 people to run from their homes and turn their towns into ghost towns. It is not legitimate to penetrate Syria's airspace. It is not legitimate to kidnap half a government and a quarter of a parliament.
A state that takes such steps is no longer distinguishable from a terror organization. The harsher the steps, the more monstrous and stupid they become, the more the moral underpinnings for them are removed and the stronger the impression that the Israeli government has lost its nerve."

Sunday, July 2, 2006

GAZA:LOS DERECHOS INTERNACIONALES DE SU POBLACION CIVIL

Uno de los efectos lamentables que se derivan de la forma en que la información sobre los conflictos bélicos es emitida por los principales medios es el de que, según parece, las poblaciones civiles afectadas deben expiar los pecados cometidos por sus líderes, o son responsables de los actos cometidos por individuos de su grupo, con los que no tienen ninguna otra relación.

Esto es lo que esta sucediendo actualmente con la intervención militar israelí en Gaza, que se ha centrado en los efectos indiscriminados, pero buscados, de las acciones militares sobre la población civil palestina.El terrorismo palestino contra Israel no constituye una autorización legal para desconocer los derechos internacionales de la población civil palestina.Dichos derechos deben ser defendidos por la comunidad internacional, pero nadie lo está haciendo.La catástrofe humanitaria en ciernes tendrá responsables.La pasividad internacional tampoco ayudará a que la población palestina confíe en un, en este momento,inexistente orden internacional.

Israel ha bombardeado y demolido la única planta de electricidad de Gaza.Cerca de 700.00 habitantes de la franja, de un total, de 1.300.000, no tienen electricidad y la planta no será restaurada en seis meses.

El suminisro de agua de Gaza es bombeado con electricidad.El acuífero de Gaza está contaminado con agua marina.La purificación del agua se hace com maquinaria que necesita suministro eléctrico.Para hervir el agua, la gente necesita gas o electricidad y la gente dejará de tener gas muy pronto también.
En resumen, un millón de civiles que no pueden abandonar Gaza está atrapados y enfrentados a la necesidad de dar agua contaminadaa sus hijos, lo que les conducirá a una muerte segura.

Los derechos de las poblaciones civiles (también de la palestina en Gaza) en los conflictos armados está recogidos en la Cuarta convención de Ginebra y en el Protocolo adicional, que no fue firmado por Israel. En este momento, están siendo violados con la total pasividad de la comunidad internacional.
El artículo 53 de la Convención establece:
"Art. 53. Any destruction by the Occupying Power of real or personal property belonging individually or collectively to private persons, or to the State, or to other public authorities, or to social or cooperative organizations, is prohibited, except where such destruction is rendered absolutely necessary by military operations."

¿Alguien dirá que la destrucción de planta era absolutamente necesaria para la muerte de la población civil palestina inocente?. O, como hasta ahora, ¿nadie dirá nada?.



Los textos de la Convención pueden consultarse aquí

http://www.icrc.org/ihl.nsf/7c4d08d9b287a42141256739003e636b/6756482d86146898c125641e004aa3c5
http://www.icrc.org/ihl.nsf/FULL/475?OpenDocument

Otras fuentes de esta información pueden consultarse en

http://leiterreports.typepad.com/blog/2006/06/war_crime_leite_1.html

Sunday, June 25, 2006

LA NEUTRALIDAD EN INTERNET: ESTO ES SERIO






Tim Berners-Lee ha publicado esta importante precisión sobre el principio de neutralidad en Internet:
"Cuando inventé la Web, no tuve que pedir permiso a nadie. Ahora centenares de millones de personas la usan libremente. Me temo que esto está a punto de terminar en los Estados Unidos.
He comentado antes sobre la neutralidad en la red, al igual que muchos otros
Desde entonces, algunas compañías de telecomunicaciones han gastado un montón de dinero en relaciones públicas y anuncios de televisión, y el Congreso de los Estados Unidos parece haberse apartado del camino de preservar la neutralidad en la red. Ha habido información sesgada. Por ello aquí hay algunas clarificaciones.
La neutralidad en Internet es esto:

“Si pago para conectarme a la red con una cierta calidad de servicio y tú pagas para conectarte con la misma o mayor calidad de servicio, entonces nos podemos comunicar a dicho nivel de servicio”.
Eso es todo. Incumbe a los ISP’s proporcionar la interacción necesaria para que aquella comunicación tenga lugar.
La neutralidad no equivale a decir que uno no debería pagar más dinero por mayor calidad de servicio. Siempre tenemos que hacerlo así y siempre tendremos que hacerlo así (pagar más por más calidad).
Ha habido sugerencias de que no necesitamos legislación porque ésta no existe hoy. Se trata de sinsentidos, porque de hecho hemos tenido neutralidad en Internet en el pasado, sólo recientemente ha habido amenazas explícitas a este principio.
El control de la información es sumamente poderoso. En los Estado Unidos, la amenaza es que la compañías controlen por razones comerciales aquello a lo que puedo acceder (En China el control lo lleva a cabo el Gobierno por razones políticas).Hay un fuerte incentivo a corto plazo para que una compañía controle la distribución de TV en Internet, incluso aunque sea contrario a los intereses a largo plazo de la industria.
Sí, la regulación para preservar Internet abierto es regulación. Y en su mayor parte Internet se desarrolla sobre la ausencia de regulación. Pero algunos valores básicos deben ser preservados. Por ejemplo, el sistema de mercado depende de la regla de que tú no puedes fotocopiar dinero. La democracia depende de la libertad de expresión. La libertad de conexión, con cualquier aplicación, y a cualquier sujeto, es la base social fundamental de Internet y , ahora, la sociedad se basa en ella.
Veamos si los Estados Unidos son capaces de actuar con arreglo a sus valores fundamentales, o si, como muchos están diciendo, son dirigidos por los erróneos intereses a corto plazo de las grandes corporaciones.
Espero que el Congreso pueda proteger la neutralidad en Internet, de forma que pueda continuar innovando en su espacio. Quiero ver cómo la explosión de innovaciones que tiene lugar en la red, tan diversas y excitantes, continúan sin ser derrotadas."
Tim Berners-Lee
(Traducción de Guillermo Ruiz)

Saturday, June 10, 2006

LA LIBERTAD DE PRENSA DE LAS PUBLICACIONES ON-LINE Y LA PROTECCION DEL CORREO ELECTRONICO (JASON O'GRADY ET ALT. V. APPLE COMPUTER INC)

El Tribunal de apelaciones de California ha decidido en favor de un medio on-line el caso que enfrentaba a Apple Computer y a una publicación on-line que había publicado determinada información sobre sus productos.Apple pretendía que el proveedor de correo electrónico de la web que había publicado la noticia desvelara la información de correos electrónicos que permitieran identificar a la fuente de la información publicada.

El Tribunal falló a favor de los medios y los periodistas, protegidos por la primera enmienda (libertad de prensa) y por la ley sobre comunicaciones federales, que exige que las peticiones de información sobre cuentas de correo se refieran a los titulares de las mismas:

"We can think of no workable test or principle that would distinguish 'legitimate' from 'illegitimate' news. Any attempt by courts to draw such a distinction would imperil a fundamental purpose of the First Amendment, which is to identify the best, most important, and most valuable ideas not by any sociological or economic formula, rule of law, or process of government, but through the rough and tumble competition of the memetic marketplace."

La decisión del Tribunal puede descargarse aquí http://www.eff.org/Censorship/Apple_v_Does/H028579.pdf

Saturday, May 27, 2006

LO QUE DE VERDAD ESTA EN JUEGO EN LAS POLITICAS LEGISLATIVAS SOBRE LA INFORMACION (Y II)

























(Capítulo 12 de "La riqueza de las redes" de Yochai Benkler (Continuación de la traducción))


"Los conceptos de cultura y sociedad ocupan en la teoría liberal unas posiciones más débiles que las de autonomía y democracia. En consecuencia, trazar los efectos en estos dominios de las sociedades liberales de los cambios en la producción e intercambio de información es más complejo. Por lo que se refiere a la cultura, lo mínimo que puede decirse es que el entorno de información en red está haciendo la cultura más transparente. Todos “ocupamos” cultura; nuestras percepciones, visiones y estructuras de comprensión están siempre mediadas por la cultura. E incluso así, en cuanto a esta circunstancia, hay grados de mejor o menor opacidad para nosotros como habitantes de la cultura.

En el entorno de información en red, en la medida en que los individuos y grupos usan su nueva autonomía para comprometerse en la expresión personal y colectiva a través de las formas culturales en circulación, estas formas se hacen más transparentes, tanto por la práctica como por el examen crítico. La televisión de masas fomentó el consumo pasivo de bienes culturales terminados.

La emergencia de lo que podría ser considerado una nueva y vigorosa cultura popular –creada por y entre individuos y grupos más que por profesionales para el consumo pasivo- proporciona tanto un conjunto más amplio de formas culturales y prácticas como una más educada y entrenada comunidad de “productores” de cultura. Desde la perspectiva de la teoría liberal de que la cultura estructura el sentido, los valores personales y las concepciones políticas, la emergencia de un sistema de producción cultural más transparente y significativo es una clara mejora sobre la cultura masiva, comercial y profesional, del siglo XX.

En el dominio de las relaciones sociales, el grado de autonomía y de vínculos difusos que Internet hace posible, que juega un importante papel entre ganancias de autonomía, democracia y cultura crítica, ha suscitado dudas sobe cómo el entorno en red contribuye a una erosión todavía mejor de la comunidad y la solidaridad.

Como sucede con la objeción de Babel, sin embargo, parece que no estamos usando Internet para fragmentar todavía más nuestras vidas. Internet está comenzando a reemplazar los medios remotos del siglo XX , el teléfono y la televisión. Los nuevos patrones de uso que observamos como resultado de este desplazamiento sugieren que muchos usos desde red se centran en la preservación y profundización de vínculos reales ya existentes, así como también en la edición de nuevas relaciones on-line. Parte del tiempo que se usaba para la recepción televisiva pasiva de bienes estandarizados se orienta ahora a la comunicación y producción con otros, tanto en relaciones sociales estrechas como difusas. Sobre todo, la experiencia del trato con otros, incluyendo los extranjeros, como socios de una potencial colaboración contribuye a reforzar el sentido de los vínculos sociales posibles más allá de la condición común de consumidores de productos estandarizados.
La producción entre iguales puede proporcionar un territorio de una razonablemente sólida vinculación con los otros.
Las nuevas posibilidades para la producción de información y conocimiento, para la innovación y la comunicación que son el núcleo de las ganancias de libertad en las sociedades liberales, también sostienen los avances que, sugiero, son posibles en términos de justicia y desarrollo humano. Desde la perspectiva de una concepción liberal de la justicia, una cantidad mayor de los requisitos básicos de la riqueza humana y de los medios necesarios para ser un individuo productivo y autónomo está disponible al margen del mercado y, por ello, protege el acceso a estos requisitos y medios de la influencia de la distribución previa de la riqueza económica. Desde una perspectiva más sustantiva, la información y la innovación son componentes centrales de todos los expertos de un sentido del desarrollo humano. La información e innovación son indispensables para la salud –en la producción y uso de alimentos y medicinas. Son indispensables para el aprendizaje y el desarrollo del conocimiento y las necesidades individuales que hacen la vida más rica. Y son también indispensables y han sido conocidas como necesarias en los últimos 50 años, para el crecimiento del bienestar material.

A lo largo de estas tres dimensiones, la emergencia de un sector sustancial de producción no orientada al mercado, que no esté basado en la exclusividad y que no requiera la exclusión para su propia autoalimentación, contribuye el desarrollo humano global. La misma característica económica que de hace los derechos exclusivos sobre la información una herramienta que impone barreras a su acceso en las economías avanzadas, hace de estos derechos una forma de impuesto sobre aquéllos que llegan tarde al cambio tecnológico. Los países más pobres y con renta media no carecen de creatividad humana, sino de acceso a las herramientas básicas de la innovación. El coste de los requisitos materiales de la innovación y producción de información declina rápidamente en muchos ámbitos, pues mucho más puede hacerse con ordenadores y sistemas más baratos. Sin embargo, los derechos exclusivos sobre las herramientas de información y los recursos informativos constituyen una barrera significativa a la innovación; la educación y el uso de herramientas y bienes informativos en los países con rentas bajas y medias. En la medida en que nuevas estrategias de producción de información y conocimiento hacen libremente disponibles sus productos por el uso y la innovación continua por cualquiera en cualquier lugar, la economía de información en red puede comenzar su contribución a las mejoras significativas en el desarrollo humano. El software libre y los estándares libres y abiertos de Internet ya están jugando este papel en el sector de las tecnologías de la información. Estamos comenzando a ver cómo toman forma también en la publicación académica, la información, y los materiales educativos, como las enciclopedias multilingües en todo el mundo.

Con carácter más tentativo, comenzamos a observar la emergencia de modelos abiertos de innovación basada en fines comunes y la producción entre iguales en las áreas de la investigación agrícola y la innovación biológica, así como también, con menos fuerza, en el ámbito de la investigación biomédica. Se trata de ejemplos incipientes de lo que puede lograr la economía de la información en red, y cómo puede contribuir, incluso limitadamente, a mejorar la capacidad de la gente en todo el mundo para vivir una vida más larga y saludable, cultivada y materialmente adecuada.

Si la economía de la información en red es efectivamente un significativo punto de inflexión de las sociedades modernas a lo largo de estas dimensiones, ello es así porque altera el dominio de la producción privada orientada al mercado en la esfera de la producción de conocimiento, información y cultura. Esta alteración es incontrovertible. Producirá una significativa redistribución de la riqueza y el poder desde los modelos previamente dominantes de firmas y modelos de negocio a una mezcla de individuos, y grupos sociales, de un lado, y de otro, a cambios en los modelos de negocios de las empresas para beneficiarse de las nuevas relaciones sociales productivas, así como para producir herramientas y plataformas para dichas relaciones.
Como cuestión práctica, los mayores cambios sociales y económicos aquí descritos no se encuentran determinísticamente predeterminados por la lógica interna del progreso tecnológico. En su lugar, lo que vemos es que el estado de la tecnología de computación, almacenamiento y difusión, ha creado unas condiciones tecnológicas que posibilitan un significativo reposicionamiento del sistema de información e intercambio de información.

La actual estructura de los mercados, tecnologías y prácticas sociales, que han sido desestabilizados por la introducción de las redes de comunicación, es ahora el territorio de una batalla institucional difusa a gran escala.
Presenciamos detalles significativos sobre la organización y posibilidades legales de los componentes físicos del entorno digital en red.
¿Todas las infraestructuras, de banda ancha serán de propiedad privada? ¿Si la respuesta fuera afirmativa, qué margen de control tendrán los propietarios para preferir la difusión de unos mensajes a otros?.¿Permitiremos, al contrario, la emergencia de redes inalámbricas como infraestructura de primer y último recurso, de titularidad de los usuarios y no controlada por nadie?.

Las presiones para una propiedad con más facultades en la infraestructura “cableada” así como la pretensión de Hollywood y la industria discográfica de que los dispositivos electrónicos puedan cumplir automáticamente con estándares de exclusividad están dirigiendo el diseño técnico y organizativo hacia un entorno cerrado que sería mejor “conductor” de las estrategias basadas en la propiedad.
Las redes inalámbrica abiertas y los actuales modelos de negocio de las grandes compañías fabricantes de los dispositivos –especialmente de los ordenadores personales-que usan estándares abiertos presionan en la dirección contraria. Las compañías fabricantes de equipos para el usuario final están principalmente centradas en hacer que sus productos sean lo más valiosos posibles para sus usuarios y por ello se orientan a ofrecer plataformas con fines generales, que puedan ser utilizados por sus propietarios como éstos deseen.
Por ello, son igualmente idóneos tanto para conductas orientadas al mercado como para aquellas dirigidas a la sociedad, tanto para el consumo privado como para el intercambio productivo.

En la capa lógica de la red (logic layer), la ética de los estándares abiertos en la comunidad técnica, la emergencia del movimiento de software libre y su pariente apolítico, las prácticas de desarrollo de fuente-abierta, por un lado y las tendencias antiautoritarias latentes en la puesta a prueba de la encriptación y algunas de las tecnologías de producción entre iguales, por otro, están presionando hacia una capa lógica abierta y de uso disponible para todos . Los esfuerzos de las industrias de contenidos para controlar Internet –especialmente, la ley de la propiedad Intelectual para el segundo milenio (DMCA) y el dominio de Microsoft sobre los programas de ordenador, y la voluntad de tribunales y legisladores de impedir tecnologías disruptivas de los derechos de propiedad intelectual incluso cuando tengan beneficios significativos para usuarios que no tienen interés alguno en copiar la última canción para no pagar por el CD -son las principales fuentes de restricción institucional sobre la libertad para usar los recursos “lógicos” necesarios para la comunicación en red.

En la capa de los contenidos –el universo de la información, el conocimiento y la cultura existente- presenciamos una tendencia sistemática en la ley, pero también una creciente contratendencia en la sociedad. En la Ley, presenciaremos un reforzamiento de los controles de que disponen los titulares de los derechos exclusivos. Los derechos de propiedad intelectual son más largos, se aplican a más usos, y se interpretan como si alcanzaran cualquier rincón de uso valioso. Las marcas son más fuertes y agresivas. Las patentes se han extendido a nuevos ámbitos y cuentan con más eficacia.

Todos estos cambios están orientando el entorno institucional en perjuicio de los modelos de negocio y prácticas productivas que se basan en la propiedad exclusiva.; son perseguidos por las empresas que obtienen enormes rentas si estas leyes se expanden, observan y hacen ejecutar. Las tendencia sociales en los años pasados presionan en la dirección opuesta.
Estas son precisamente las tendencias de la economía de información en red. La producción no orientada al mercado, la ética del intercambio creciente, y una creciente ambición de participar en comunidades de práctica que producen grandes cantidades de información, conocimiento y cultura para el uso libre, el intercambio y la creación subsiguiente por otros.
Las presiones políticas y judiciales para definir una ecología institucional decididamente inclinada a favor de los modelos de negocio privados están dando lugar a las prácticas sociales descritas en este libro. Para florecer, una economía de información en red rica en prácticas sociales de producción requiere una infraestructura común como núcleo y un conjunto de recursos necesarios para la producción e intercambio de información abierta a todos. Ello requiere recursos físicos, lógicos y de contenidos desde los que producir la nueva información, codificarla para su comunicación, y enviarla y recibirla. En el momento actual, estos recursos están disponibles a través de una mezcla de fuentes legales e ilegales, planeadas y espontáneas. Algunos aspectos derivan de las trayectorias de muy diversas industrias que han operado bajo entornos regulatorios muy diferentes: telecomunicaciones, ordenadores personales, software, conectividad a Internet, medios de información públicos y privados y publicaciones culturales. Algunos proceden de la adopción más o menos extendida de prácticas ilegales o de dudosa legalidad. El intercambio de ficheros en redes “peer-to-peer” incluye muchos usos de prácticas directamente ilegales llevadas a cabo por millones de usuarios de Internet. Pero los simples usos de citas, “clips” y prácticas creativas de mezcla que pueden o no estar amparadas en la categoría menguante del “uso permitido” (fair use) están también incentivando el bombeo de la producción no orientada al mercado. Al mismo tiempo, somos testigos de una más autoconsciente adopción de prácticas de producción e intercambio de información basadas en un modelo de bienes comunes. El software libre, las licencias Creative Commons, la Librería Pública de la Ciencia, las nuevas guías de los Institutos Nacionales de Salud sobre la libre publicación de investigaciones, las nuevas prácticas de archivo abierto, los movimientos de bibliotecarios y muchas otras comunidades de práctica están desarrollando lo que fue un acontecimiento contingente como un movimiento social finalisticamente orientado. En la medida en que el territorio de la información y cultura existentes sea ocupado por información y cultura producida por estos movimientos de intercambio libre, y licenciado con el modelo de los técnicas de licencias abiertas, el problema del conflicto con el territorio basado en la propiedad remitirá. Los materiales del siglo XX continuarán siendo un punto de choque, pero un suficiente porcentaje de materiales del siglo XX parece que serán accesibles de fuentes dispuestas al intercambio con usuarios y creadores futuros Si esta tendencia social continúa en el tiempo, el acceso a los recursos de contenidos ofrecerán una barrera incluso más baja a la producción no orientada al mercado.

La relación de la ecología institucional con la práctica social es compleja. Es difícil predecir en este momento si un esfuerzo superior y exitoso de los productores industriales de la economía de la información tendrá éxito en inclinar todavía más las instituciones en beneficio de la producción privada. Hay en la actualidad un movimiento más significativo que el que existió en los años 90 en los Estados Unidos, en Europa y en el resto del mundo y que está resistiendo los esfuerzos para un cerramiento (enclosure) mayor del entorno informativo.

Este movimiento social está obteniendo el apoyo de grandes y rentables empresas que han reorientado sus modelos de negocio para llegar a ser las plataformas, fabricantes de herramientas y proveedores de servicios del sector emergente no orientado al mercado. IBM, Hewlett Packard y Cisco, por ejemplo, podrían defender hombro con hombro con una ONG como Public Knowledge el bloqueo de una legislación que exija a los ordenadores personales ejecutar los estándares admitidos por Hollywood para la protección contra las copias. Cuando Hollywood demandó a Grokster, la compañía de intercambio de ficheros y pidió ante el Tribunal Supremo la extensión de la responsabilidad instrumental de la fabricante de tecnologías utilizadas para infringir los derechos de propiedad intelectual, se encontró enfrentada a las defensas presentadas en apoyo de Grokster por Intel, la Asociación de Consumidores de Electrónica, Verizon, JBC, AT&T, MCI, y Sun Microsystems, además de aquellas otras que procedían de la Fundación para el Software Libre, Federación de Consumidores de América, la Unión de Consumidores y Public Knowledge.

Incluso si las leyes que favorecen el cerramiento se aprueban en una o más jurisdicciones, no es del todo claro que la ley pueda unilateralmente desactivar una tendencia que combina poderosos promotores tecnológicos, sociales y económicos. Hemos sido testigos, incluso en el ámbito de las redes “peer-to-peer”, donde los argumentos de las empresas dominantes del mercado parecen más fuertes y donde su éxito legal ha sido más completo, que parar la tendencia del cambio es difícil –quizás imposible. Los bits son una parte del flujo en el entorno de la información en red, y tratar de legislar contra este hecho para preservar un modelo de negocio que vende colecciones particulares de bits como bienes terminados discretos puede resultar simplemente imposible.

No obstante, las limitaciones legales modelan significativamente los parámetros de lo que las compañías e individuos deciden poner en el mercado y usar.
No es difícil imaginar que, si Napster se hubiera considerado legal, podría contar ahora con un número de usuarios de Internet mayor que el número que actualmente usan redes de intercambio de ficheros. Si los mismos moderados niveles de éxito en el modelado de la conducta pueden ser replicados en ámbitos donde las demandas de los dominantes del mercado son más débiles –como en la protección legal contra los dispositivos que eluden los sistemas anticopia o las limitaciones al uso autorizado-, es una cuestion de más difícil respuesta todavía. El objetivo de una discusión de la ecología constitucional de un entorno en red no es, en ningún caso, la prognosis. Es para proporcionar un marco moral con el que entender las batallas políticas que hemos presenciado en las últimas décadas, y que indudablemente continuarán en la década próxima, por lo que he escrito este libro.

Estamos inmersos en una transformación básica en el modo como percibimos del mundo y actuamos, solos y en colaboración con otros, para modelar nuestro propio entendimiento del mundo en que vivimos y que compartimos con otros. Patrones de práctica social suprimidos hace tiempo como actividades económicas en el contexto de la economía industrial, han emergido de nuevo con mayor importancia que la que han tenido en el último siglo y medio. Con ellas, la posibilidad de ganancias auténticas es el verdadero núcleo de las aspiraciones liberales, tanto en las economías avanzadas como en todo el mundo. El surgimiento de la producción informativa basada en bienes comunes, de individuos y asociaciones con vínculos débiles que producen información en formas no basadas en la propiedad exclusiva, presenta una discontinuidad autentica con la economía de información industrial del siglo XX. Llega con gran promesa y también con gran incertidumbre.

Tenemos indicios tempranos de cómo empresas basadas en el mercado pueden ajustarse a este fenómeno emergente – la adopción por IBM del software abierto, la adopción por Second Life de entretenimiento creado por los usuarios o el desarrollo por el Open Source Tecnnology Group de una plataforma para Slashdot. También hemos visto ejemplos de negocios que han decidido combatir los cambios usando cada estrategia considerada en este libro, y algunos difundiendo ficheros infectados en redes peer-to-peer, que desde luego no están en este libro. La ley y la regulación forman un importante dominio en el cual estas batallas sobre el modelo del sistema emergente de producción de la información se disputan. En la medida en que somos testigos de las mismas; en la medida en que participamos en ellas como individuos que eligen cómo comportarse, qué creer, como ciudadanos, abogados y activistas; en la medida en que actuamos en estas batallas legales como legisladores, jueces o negociadores de tratados es importante que entendamos las implicaciones normativas de lo que estamos haciendo.

Tenemos una oportunidad de cambiar el modo en que creamos e intercambiamos información conocimiento y cultura. Al hacerlo, podemos hacer que el siglo XXI ofrezca a los individuos más autonomía, a los comunidades políticas más democracia y a las sociedades más oportunidades para la autocomprensión y conectividad humana.

Podemos remover algunas de las barreras transaccionales a la oportunidad material y mejorar el estado del desarrollo humano en cualquier lugar. Quizá estos cambios serán la base de una verdadera transformación en sociedades más liberales e igualitarias. Quizá meramente mejoren, en modos bienes definidos, pero menos trascendentales, la vida humana en cada una de estas dimensiones. Esto solamente sería más que suficiente para justificar la adopción de la economía de información en red para cualquiera que valore el bienestar humano, el desarrollo y la libertad."
Traducción de Guillermo Ruiz

Este trabajo de traducción está sujeto en cuanto a su utilización a la licencia "creative commons".Está permitido su uso para fines no comerciales, con la condición de atribución a su autor.Los términos de la licencia pueden consultarse en http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/1.0/

LO QUE DE VERDAD ESTA EN JUEGO EN LA POLITICA LEGISLATIVA SOBRE LA INFORMACION (I)





















A menudo observamos que los vicios y tonterías de los poderosos son mucho menos despreciados que la pobreza y fragilidad de los inocentes (Adam Smith)

Yochai Benkler ha escrito un libro titulado "La riqueza de las redes" y subtitulado "Cómo la producción social transforma los mercados y la libertad".Se trata de un libro sustentado sobre tres pilares, la producción e intercambio de información digital en red, y los mercados y la libertad, en la medida en que afectan y han sido afectados por dicha información.No es ningún libro utópico, pero tampoco es un libro condescendiente con los vicios y tonterías de los poderosos.Sobre todo es un libro que llama la atención sobre la necesidad que los "inocentes" tienen de la información para poder aplicar y desarrollar sus cualidades humanas, y sobre cómo la están ya produciendo y utilizando en formas nuevas que transforman los mercados y las esferas públicas.
Si alguien quiere de verdad entender lo que está en juego en las políticas legislativas sobre la información tiene que leer este libro.
Hemos traducido el último capítulo del mismo, el 12.Que es una conclusión recapitulativa sobre "Lo que de verdad está en juego en las políticas legislativas sobre la información".
Esta es nuestra traducción:
"Las complejas sociedades modernas se han desarrollado en el contexto de las de medios de comunicación de masas y de una economía informativa típicamente industrial. Nuestras teorías del crecimiento y la innovación asumen que los modelos industriales de innovación son los dominantes. Nuestras teorías acerca de cómo se logra la eficiencia en las comunicaciones se basan en la asignación de mercado, y en los modelos de propiedad, con un centro de difusión/comercialización profesionalizado y una periferia comparativamente pasiva.

Nuestras concepciones de la agencia, de la deliberación colectiva y de la cultura común se insertan en las conductas, experiencia y en prácticas de producción de información y cultura intensivas en capital, que enfatizan los modelos de propiedad basados en el mercado y que separan abruptamente la producción del consumo. Nuestros diseños institucionales reflejan estos modelos conceptuales de producción e intercambio de la información y han llegado, en el pasado reciente, para llevar a la práctica estas concepciones incluso cuando no resultan necesarios.

Este libro comienza con cuatro observaciones económicas. La primera, que la concepción subyacente acerca de que las estrategias basadas en la propiedad son dominantes en el sistema de producción de la información está sobrevalorada. El sistema educativo, desde la escuela de infancia a los cursos de doctorado está perfundido por motivaciones no basadas en la propiedad, por relaciones sociales y formas organizacionales. Las artes y las ciencias están repletas de voluntarios y acciones orientadas primariamente por motivaciones psico-sociológicas más que por la apropiación típica del mercado. Los discursos políticos y religiosos están basados en formas y organizaciones que no son de mercado,y lo que es más sorprendente, incluso la investigación y el desarrollo industrial, aunque orientado al mercado, no está basado en la mayoría de las industrias en pretensiones de exclusión basadas en la propiedad, sino en la mejora de la eficiencia y en las relaciones con los clientes que puede n ser utilizadas y que promueven la innovación, sin necesidad de estrategias de apropiación basadas en la propiedad exclusiva. A pesar de la continuada importancia práctica de la producción de información no convertida en mercancía, la alteración conceptual necesaria para reconocer su importancia resulta contraria al núcleo de la tesis dominante de que la propiedad y los mercados son las raíces de todo crecimiento y productividad. En parte como resultado del conflicto ideológico con el comunismo, y en parte como resultado de la elegancia teórica de un modelo simple y manejable, los políticos y sus asesores tienden a creer, hacia el fin del siglo XX, que la propiedad en la información y en la innovación es como la propiedad de relojes y automóviles.

Cuanto más claramente se define y preserve y cuanto más se acerca a derechos totalmente exclusivos, más producción se alcanzará. El creciente dominio de este modelo conceptual, se combina con la actividad de lobby de los productores industriales de información para conseguir una rápida inclinación de la ecología institucional de la innovación y de la producción de información a favor de los modelos basados en la propiedad exclusiva.

El sistema americano de patentes fue reforzado en los años 80 de forma que amplió el alcance y la profundidad de la exclusividad.El sistema de copyright se expandió masivamente en los años 70 y de nuevo al final de los años 90. El derecho de marca se expandió masivamente en los años 90- Otros derechos asociados fueron creados y reforzados a lo largo de estos años.

La segunda observación económica es que estas expansiones de los derechos funcionan, en la práctica, como un gravamen en contra de los modelos de producción no basados en la propiedad exclusiva y a favor de los modelos de producción basados en la propiedad exclusiva. Hace más caro el acceso de todos a la información y mejora solo la apropiabilidad por algunos. La introducción de las patentes de software, por ejemplo, puede ayudar a alguna de las participantes en el tercio de la industria del software que depende de ventas de paquetes finales de software. Pero claramente incrementa los costes, sin incrementar los beneficios, de los dos tercios de la industria del software que se basa en los servicios y no en los paquetes finales.

Como cuestión práctica, los incrementos sustanciales en el alcance y profundidad de los derechos exclusivos han afectado de forma adversa las condiciones de los productores no-propietarios.

Las universidades han comenzado a buscar patentes y a pagar royalties, dificultando la información compartida típica de su práctica pasada. Los negocios que no descansan actualmente en patentes se han visto obligados a coleccionar grandes cantidades de patentes con un gran coste, simplemente para protegerse contra la amenaza de otros que pueden tratar de aislarlas. Documentos antiguos, como Eyes on the Prize, han permanecido no divulgados durante años por el coste y la complejidad de acreditar los derechos de cada objeto sujeto a una marca de derecho y que hubiera podido ser registrado por la cámara.

Los nuevos documentales requieren sustancialmente más financiación que la que en otro caso sería necesaria simplemente por los costes asociados a la acreditación de los derechos recientemente expandidos.

La tercera observación económica es que las tecnologías de procesamiento, almacenamiento y transmisión de la información han hecho los modelos no propietarios más atractivos y eficientes que nunca. Los onmipresentes procesadores de bajo coste, los medios de almacenamiento y la conectividad en red han hecho posible que los individuos, solos o en cooperación otros, creen e intercambien información, conocimiento y cultura con arreglo a patrones de reciprocidad social, redistribución y comunicación, más que producción basada en la propiedad y orientada al mercado. Las necesidades básicas de capital para la producción de información están ahora en las manos de millones de personas alrededor del globo e interconectadas. Estas condiciones materiales han proporcionado a los individuos una nueva libertad de acción.

Si una persona o grupo desea comenzar un proyecto de producción de información por cualquier motivo, dicho grupo o persona no necesita obtener una excesiva financiación por adquirir el capital necesario. En el pasado, la necesidad de obtener financiación limitó a los productores de información a un modelo de mercado que sustentara la inversión, o a la obtención de financiación gubernamental; los requisitos de financiación, a su vez, subordinaron a los productores bien a las demandas del mercado, y a un atractivo masivo, o bien a las agendas de las burocracias estatales. El entorno de la información en red ha permitido la emergencia pujante del sector no de mercado, no orientado por el beneficio, y más radicalmente, de los individuos.

La cuarta y última observación económica describe y analiza el auge de la producción entre iguales (“peer production”). Este conglomerado de fenómenos, que abarca desde el software libre y abierto hasta wikipedia y seti@home, presenta un tremendo desafío al pensamiento convencional sobre la economía de la producción de información: de hecho, desafía el entendimiento económico de los roles relativos de la producción de información orientada y no orientada al mercado. Es importante ver estos fenómenos no como excepciones, casualidades o sucesos efímeros, sino como indicadores de un hecho fundamental acerca de los modos de transacción y de su relación con las condiciones tecnológicas de producción. Es un error pensar que sólo tenemos dos modos de transacción libres, los mercados basados en la propiedad y las empresas jerárquicamente organizadas. Tenemos tres, y el tercero es la difusión e intercambio social. Se trata de un fenómeno muy difundido que practicamos a diario con nuestra familia, compañeros de trabajo y vecinos. Coproducimos e intercambiamos bienes económicos y servicios de este modo. Pero no los registramos en la estadística económica. Y lo que es peor, no los tenemos en cuenta en nuestro diseño institucional. Sugiero que la razón por la cual la producción social fue relegada a la periferia de las economías avanzadas es que el núcleo de las actividades económicas del acero y el carbón requirió masivas inversiones de capital. Ello hizo a los mercados y empresas, públicas o privadas, dominantes. Tan pronto como emergió la primera etapa de la economía de la información, la información y la creatividad humana, cada una un “bien” con características económicas fundamentalmente diferentes del acero o el carbón, se convirtieron en importantes “inputs”. La organización de la producción, sin embargo, siguió el modelo industrial, porque la producción y el intercambio de producción todavía requerían altos costes de capital, la imprenta mecánica, la estación de radio o televisión, o más tarde los grandes ordenadores IBM. El estadio actual de la economía de información en red emergió cuando la barrera impuesta por los altos costes de capital fue removida. El coste de capital total para la producción y comunicación no declinó necesariamente.La inversión en capital, sin embargo, se distribuyó ampliamente en pequeñas dosis, propiedad de los individuos conectados en red. Llegamos así a un estadio en el que el núcleo de las actividades económicas más avanzadas –la producción y procesamiento de información-, podría alcanzarse reuniendo el capital físico de propiedad de amplios y dispersos individuos y grupos. Quienes han adquirido dicho capital para uso personal, doméstico o de una pequeña empresa. Entonces, la creatividad humana y la información disponible han llegado a ser los principales “inputs” restantes. Algo nuevo y radicalmente distinto empezó a suceder. La gente empezó a aplicar la conducta que antes practicaban en sus salones o en el ascensor –“Aquí lo tienes, deja que te eche una mano”, o ¿qué piensas de la alocución de anoche?- a problemas de producción que, a lo largo del siglo XX, habían sido solucionadas siguiendo el modelo de Ford y General Motors. El auge de la producción entre iguales no es ningún misterio ni algo transitorio cuando se examina de esta manera. Es tan racional y eficiente dadas las condiciones materiales y objetivas de la producción de información a finales del siglo XX, como lo fue la cadena de montaje para las condiciones existentes a principios del siglo XX.

La reunión de creatividad humana y de computación, comunicación y almacenamiento hace posible que las motivaciones y relaciones no de mercado jueguen un papel mucho más importante en la producción del entorno de información que el que han jugado durante décadas, quizás durante los últimos ciento cincuenta años.

Un cambio genuino, por tanto, en la forma en que producimos el entorno informativo que ocupamos como agentes individuales, como ciudadanos, criaturas culturales y seres sociales y que alcanza el núcleo de nuestros compromisos liberales básicos. La información y la comunicación son elementos esenciales de la autonomía individual y del discurso y proceso de decisión públicos.La comunicación es una unidad básica de la existencia social. La cultura y el conocimiento, ampliamente entendidos, forman el marco básico de referencia por medio del cual nos comprendemos y comprendemos a otros. Para cualquier teoría político liberal –cualquier teoría que empieza con los individuos y con su libertad de ser, en relación con otros, los autores de su vidas- las cuestiones básicas de cómo los individuos y comunidades conocen y evalúan son el centro del proyecto de caracterización del valor normativo de los sistemas institucionales, sociales y políticos. Independientemente, en el contexto de la economía basada en la información y en la innovación, los componentes básicos del desarrollo humano también dependen de cómo producimos la información e innovación, y de cómo diseminemos sus productos. La emergencia de un papel sustancial para la producción no basada en la propiedad ofrece estrategias para mejorar el desarrollo humano en todas partes. La productividad en la economía de la información puede sostenerse sin las clases de exclusividad que han hecho difícil que el conocimiento, la información y sus producciones beneficiosas se difundan más allá de los círculos de las naciones y grupos sociales más ricos.

Podemos ofrecer una detallada y específica explicación de por qué la emergencia de un papel más significativo para la producción no orientada al mercado ni basada en la propiedad puede ofrecer mejoras en el ámbito tanto de la libertad como de la justicia, sin sacrificar -antes el contrario, mejorando- la productividad.

Desde la perspectiva de la autonomía individual, la emergencia de la economía de la información en red ofrece una serie de mejoras identificables en la forma en que percibimos el mundo, la medida en que podemos afectar nuestras percepciones de él, el rango de acciones que permanecen abiertas a nuestra influencia y sus posibles resultados, así como también el de las empresas en colaboración que podemos emprender para perseguir nuestros objetivos. Nos permite hacerlo por y para nosotros mismos. Nos permite formas asociaciones flexibles con otros que comparen un objetivo común con nosotros, permitiéndonos proporcionar y explorar muchas más rutas de aprendizaje y comunicación que las que podríamos alcanzar en solitario o en asociación solo con otros que comparten vínculos fuertes a largo plazo. Al crear fuentes de información y plataformas de comunicaciones que nadie posee o controla con exclusividad, la economía de la información en red remueve alguna de las oportunidades básicas para la manipulación, de aquellos que dependen de la información y comunicación, por los propietarios de los medios de comunicación y los productores de las formas culturales predominantes.

No elimina la posibilidad de que cualquier persona instrumentalice a otras. Pero remueve las limitaciones estructurales que hacían del todo imposible comunicarse sin ser el sujeto pasivo de una acción de comunicación iniciada por otros.

Desde la perspectiva del discurso democrático y de una república participativa, la economía de información en red ofrece una genuina reorganización de la esfera pública.

Con la excepción de los inicios históricos de un número muy pequeño de las democracias actuales, las democracias modernas se han desarrollado en el contexto de los medios de comunicación de masas, como núcleo de sus esperas públicas. Una amplia y sistemática literatura ha explorado las limitaciones básicas de los medios de comunicación de masas privadas como núcleo de la esfera pública, y también sus ventajas. La emergencia de una esfera pública en red esta atenuando, o incluso solucionando, los principales procesos de la esfera pública dependiente de los medios de comunicación de masas. Reduce el poder de los propietarios de los medios de comunicación de masas y de aquellos que pueden adquirirlos. Proporciona una plataforma para una comunicación sustancialmente más diversificada y políticamente orientada que la que era posible con los medios privados de una comunicación de masas con un pequeño número de hablantes y un número masivo de receptores pasivos. Pueden ser conocidos los puntos de vista de muchos más individuos y comunidades. Y lo más interesantes, quizás, es que el fenómeno de producción entre iguales se está abriendo paso en la esfera pública.

Está permitiendo a individuos difusamente alineados cumplir algunas de las funciones básicas y centrales de los medios de comunicación de masas.

Estamos viendo el surgimiento de un periodismo distribuido investigador y no orientado al mercado, así como el de los comentarios críticos y las plataformas para la movilización y organización política. Estamos viendo el surgimiento de la filtración y acreditación en red de la información, que permite a los individuos comprometidos con el discurso público ser su propia fuente y decidir en quien confiar y qué palabras cuestionar.

Una crítica común a las pretensiones de que Internet mejora la democracia y la autonomía se centra en el exceso y fragmentación informativa que comporta. Lo que hemos visto en el entorno en red es una combinación de esfuerzos de producción entre iguales y las propiedades emergentes de un número creciente de sistemas de seres humanos que han evitado este infeliz destino. Hemos visto la adopción de prácticas que han creado un entorno informativo accesible y coherente sin recrear el modelo de los medios masivos. Se trata de proyectos no orientados al mercado para la producción de filtros y acreditación de la información, que abarcan desde el Open Directory Project a listas de correos de personas con las mismas opiniones, como MoveOn.Org. Hay una práctica cultural extendida del direccionamiento y enlace recíprocos; una cultura de “Aquí, míralo por ti mismo, pienso que ésto es interesante”. El modelo básico de observar lo que los otros juzgan interesante y valioso, junto con el ejercicio del propio juicio acerca de quién comparte nuestros propios intereses y quién tiene juicios acertados ha creado un patrón de enlace y uso de la web y de Internet que es sustancialmente más ordenado que una cacofonía producto de la “libertad para cualquiera”, y menos jerárquicamente organizado y controlado por unos pocos que el entorno de los medios de comunicación masiva. Desde la libertad de participar en la creación de nuestro propio entorno informativo, ni hemos hallado una Babel ni hemos replicado las jerarquías de las esferas públicas organizadas entorno a los medios de comunicación que pretendían evitar la babelización."
Traducción de Guillermo Ruiz
Este trabajo de traducción está sujeto en cuanto a su utilización a la licencia "creative commons".Está permitido su uso para fines no comerciales, con la condición de atribución a su autor.Los términos de la licencia pueden consultarse en http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/1.0/
La versión inglesa del Capítulo 12, disponible bajo licencia "creative commons" está disponible aquí http://:www.benkler.org/Benkler_Wealth_Of_Networks_Chapter_12.pdf