STS, a 24 de octubre de 2023 - ROJ: STS 4355/2023
RESUMEN: Deducción
por I+D+i aplicadas en la declaración del Impuesto sobre Sociedades del
ejercicio 2009 con origen en los gastos incurridos en los ejercicios
2005 y 2006. Arts. 35 y 44 del TRLIS. Ejercicios sometidos a
comprobación administrativa: cabe declarar que en este caso era
procedente la inclusión en la base de la deducción por I+D+i, de los
gastos devengados en ejercicios anteriores no consignados en las
autoliquidaciones correspondientes, sin que fuera necesario la previa
solicitud de rectificación de las autoliquidaciones de los periodos
impositivos correspondientes a las deducciones no declaradas.
STS, a 25 de octubre de 2023 - ROJ: STS 4466/2023
RESUMEN: IRPF.
Ejecución de una resolución económico-administrativa que anula
parcialmente la liquidación por motivos de fondo, ordenando que el
importe de la sanción se ajuste a la nueva liquidación que se dicte en
ejecución, sin anular la sanción. En las circunstancias concurrentes en
el presente recurso y atendiendo a los términos en que se ha planteado
el debate, en que la sanción no ha sido específicamente combatida en el
recurso contencioso-administrativo, cabe declarar que si el Tribunal
Económico-administrativo ha estimado parcialmente la reclamación
económico-administrativa anulando en parte, por motivos de fondo, la
liquidación dictada en un procedimiento inspector, para que la
administración dicte una nueva liquidación ajustándose a lo resuelto por
el órgano económico administrativo y, a su vez, ha confirmado la
sanción impuesta por estimarla ajustada a Derecho, disponiendo
únicamente su nueva cuantificación para adecuar su importe a la nueva
base determinada en el acuerdo de liquidación, no existe causa de
invalidez que afecte a la sanción y que obligue a su anulación, pues la
mera modificación cuantitativa o reajuste de su cálculo, como
consecuencia de la modificación de la base de cálculo, sin alterar los
elementos objetivo y subjetivo de la sanción, no tiene relevancia para
determinar su anulación.
La respuesta a dicha cuestión, conforme a lo que hemos razonado, debe ser que, en las circunstancias concurrentes en el presente recurso y atendiendo a los términos en que se ha planteado el debate, en que la sanción no ha sido específicamente combatida en el recurso contencioso-administrativo, cabe declarar que si el Tribunal Económico-administrativo ha estimado parcialmente la reclamación económico-administrativa anulando en parte, por motivos de fondo, la liquidación dictada en un procedimiento inspector, para que la administración dicte una nueva liquidación ajustándose a lo resuelto por el órgano económico administrativo y, a su vez, ha confirmado la sanción impuesta por estimarla ajustada a Derecho, disponiendo únicamente su nueva cuantificación para adecuar su importe a la nueva base determinada en el acuerdo de liquidación no existe causa de invalidez que afecte a la sanción y que obligue a su anulación, pues la mera modificación cuantitativa o reajuste de su cálculo, como consecuencia de la modificación de la base de cálculo, sin alterarlos elementos objetivo y subjetivo de la sanción, no tiene relevancia para determinar su anulación.
STS, a 27 de octubre de 2023 - ROJ: STS 4488/2023
RESUMEN: El
órgano administrativo que haya dictado el acto reclamable tiene la
obligación de remitir al órgano económico-administrativo el expediente
administrativo completo en el plazo del mes al que se refiere el
apartado tercero del art 235 de la Ley General Tributaria, plazo de
remisión que tiene naturaleza preclusiva para la Administración
Tributaria, de modo que no resulta posible la remisión espontánea de
complementos al expediente administrativo inicialmente remitido y que no
hayan sido solicitados por el Tribunal Económico Administrativo, de
oficio o a instancia de parte.
10.- Debemos rechazar las pretendidas justificaciones con las que la sentencia impugnada avala la remisión extemporánea del expediente administrativo, en particular que, en cualquier caso, el órgano económico-administrativo podría solicitar la aportación de informes y, en su caso, decidir sobre la práctica de la prueba.
Los trámites de remisión y complemento del expediente administrativo no pueden identificarse con el informe que, de acuerdo con el artículo 236.3 LGT, el tribunal puede solicitar al órgano que dictó el acto impugnado, al objeto de aclarar las cuestiones que lo precisen, debiendo, con posterioridad, dar traslado de dicho informe al reclamante para que pueda presentar alegaciones al mismo.
Tampoco cabe establecer dicha identificación con las pruebas e informes practicados o solicitados de oficio, a los que se refiere el artículo 57.3 del Reglamento general en materia de revisión en vía administrativa.
Afirma con acierto el escrito de interposición que, el expediente administrativo es la manifestación formal de la garantía reconocida constitucionalmente en favor del administrado en el art. 105 letra c) CE, esto es, del derecho al procedimiento legalmente establecido y de la correlativa proscripción de la Administración de seguir un procedimiento distinto.
Los trámites de remisión y complemento del expediente administrativo no pueden identificarse con el informe que, de acuerdo con el artículo 236.3 LGT, el tribunal puede solicitar al órgano que dictó el acto impugnado, al objeto de aclarar las cuestiones que lo precisen, debiendo, con posterioridad, dar traslado de dicho informe al reclamante para que pueda presentar alegaciones al mismo.
Tampoco cabe establecer dicha identificación con las pruebas e informes practicados o solicitados de oficio, a los que se refiere el artículo 57.3 del Reglamento general en materia de revisión en vía administrativa.
Afirma con acierto el escrito de interposición que, el expediente administrativo es la manifestación formal de la garantía reconocida constitucionalmente en favor del administrado en el art. 105 letra c) CE, esto es, del derecho al procedimiento legalmente establecido y de la correlativa proscripción de la Administración de seguir un procedimiento distinto.
No hace falta mayor esfuerzo dialéctico para asumir que ni conceptual ni funcionalmente el expediente administrativo puede identificarse con los referidos informes o con las pruebas que puedan solicitar eventualmente los interesados en vía económico-administrativa.
También resulta improcedente la argumentación de la sentencia impugnada relativa a que si no hubiera sido admitido y considerado por el TEAR el expediente administrativo completo "podría haber sido tenido en cuentaen un eventual recurso contencioso-administrativo de lesividad, pues, sin duda, la Administración hubiera aportado el expediente administrativo completo con este recurso".
Evidentemente, como dice la recurrente, no puede resolverse la conformidad o no a Derecho de una resolucióndel TEAR en función de un futurible, en particular, en función de una posibilidad de revisión de sus propios actos que atribuye el ordenamiento jurídico a la Administración Tributaria, que se desconoce si se hubiera producido y en qué términos.
También resulta improcedente la argumentación de la sentencia impugnada relativa a que si no hubiera sido admitido y considerado por el TEAR el expediente administrativo completo "podría haber sido tenido en cuentaen un eventual recurso contencioso-administrativo de lesividad, pues, sin duda, la Administración hubiera aportado el expediente administrativo completo con este recurso".
Evidentemente, como dice la recurrente, no puede resolverse la conformidad o no a Derecho de una resolucióndel TEAR en función de un futurible, en particular, en función de una posibilidad de revisión de sus propios actos que atribuye el ordenamiento jurídico a la Administración Tributaria, que se desconoce si se hubiera producido y en qué términos.
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