AUTO TS 30-09-2026: INTENTOS DE NOTIFICACIÓN A EFECTOS DE CADUCIDAD ((II), CONCLUSIONES PROVISIONALES)

Respecto del caso objeto de casación:

1) No eran legalmente necesarios los intentos de notificación postal posteriores al 31 de julio de 2020

2) Pudo recurrirse al art. 112 LGT a partir de dicha fecha y debería excluirse, por ello, tan solo el período entre el 17 de julio y el 31 de julio (15 días), pero no el posterior hasta el 25 de septiembre (alegaciones a la propuesta en el trámite de comparecencia). 

El artículo 112 LGT no debería computar además como una dilación por causa no imputable a la Administración. No está comprendido en el artículo 104 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos

3) Con arreglo a lo anterior, por tanto las únicas dilaciones en su caso computables serían de 78 días y 15 días. El plazo de caducidad era de 6 meses más 78 días y 15 días y finalizó, con inicio el 22 de noviembre de 2019, el 23 de agosto de 2020. La liquidación se intento notificar el 14 de octubre cuando ya se había producido la caducidad.

4) En nuestra opinión, la Administración no está legalmente obligada a esperar a las alegaciones a la propuesta, que pueden no producirse. 

5) La liquidación que no las tenga en cuenta debido a la caducidad del plazo no estará afectada de vicio formal alguno. El trámite del artículo 235.3 de la LGT permite tenerlas en cuenta, en cuanto al fondo, cuando el contribuyente recurra la liquidación:

No obstante, cuando el escrito de interposición incluyese alegaciones, el órgano administrativo que dictó el acto podrá anular total o parcialmente el acto impugnado antes de la remisión del expediente al tribunal dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, siempre que no se hubiera presentado previamente recurso de reposición. En este caso, se remitirá al tribunal el nuevo acto dictado junto con el escrito de interposición

En este caso, el intento de notificación de la liquidación se produjo por agente tributario (funcionario) pero, en nuestra opinión, cuando ya había transcurrido el plazo de caducidad, considerando lo indicado.

En el caso de los intentos de notificación de una liquidación por agente postal el problema sería, como indicamos en el comentario anterior, que no es posible acreditar que cuando el agente postal lleva a cabo el intento (sin entrega) este se refiere a un envío que contiene el texto íntegro del acto a notificar.Y, por tanto, debería considerarse una notificación/intento infructuoso hasta que el destinatario actúa como consecuencia de una entrega efectiva y posterior.Cualquier otro planteamiento parte de una presunción basada en el contenido de una entrega postal que no se ha llevado a cabo (intento de notificación).

¿Es, además, legalmente posible presumir que la dilación tiene una causa imputable al Administrado (la ausencia del domicilio es una causa que se le puede imputar en su perjuicio)?

 

 

AUTO TS 30-09-2026: INTENTOS DE NOTIFICACIÓN A EFECTOS DE CADUCIDAD

Id Cendoj: 28079130012026201844
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
Sede: Madrid
Sección: 1
Fecha: 30/09/2026
Nº de Recurso: 407/2026
Nº de Resolución:
Procedimiento: Recurso de Casación Contencioso-Administrativo (L.O. 7/2015)
Ponente: SANDRA MARIA GONZALEZ DE LARA MINGO
Tipo de Resolución: Auto

 

 CUARTO. - Cuestiones en las que se entiende que existe interés casacional.

1. Conforme a lo indicado anteriormente, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 88.1 LJCA, en relación con el artículo 90.4 de la misma norma, esta Sección Primera aprecia que este recurso presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, respecto de las siguientes cuestiones:

1.1. Determinar si, a efectos del cómputo de la dilación prevista en el artículo 104. e) del Real Decreto1065/2007, de 27 de julio por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria, es suficiente el primer intento de notificación o es necesario un segundo intento que cumpla con los requisitos formales exigidos por el artículo 42.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

 
1.2. Precisar si para que tenga lugar la ficción legal contenida en el artículo 104.2 de la Ley 58/2003, de 17de diciembre, General Tributaria consistente en entender cumplida la obligación de notificar dentro del plazo máximo de duración de los procedimientos, basta efectuar un primer intento de notificación, o es necesaria la existencia de un segundo intento de notificación que cumpla con dichos requisitos exigidos por el artículo 42.2de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

 

Artículo 42. Práctica de las notificaciones en papel.

1. Todas las notificaciones que se practiquen en papel deberán ser puestas a disposición del interesado en la sede electrónica de la Administración u Organismo actuante para que pueda acceder al contenido de las mismas de forma voluntaria.

2. Cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, de no hallarse presente éste en el momento de entregarse la notificación, podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona mayor de catorce años que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad. Si nadie se hiciera cargo de la notificación, se hará constar esta circunstancia en el expediente, junto con el día y la hora en que se intentó la notificación, intento que se repetirá por una sola vez y en una hora distinta dentro de los tres días siguientes. En caso de que el primer intento de notificación se haya realizado antes de las quince horas, el segundo intento deberá realizarse después de las quince horas y viceversa, dejando en todo caso al menos un margen de diferencia de tres horas entre ambos intentos de notificación. Si el segundo intento también resultara infructuoso, se procederá en la forma prevista en el artículo 44.

 

STSJ Andalucía de 29-04-2025

(Primero. La parte actora ejercita una acción en la que pretende que se declare la nulidad de la resolución impugnada dictada por el Tribunal Económico Administrativo Regional de Andalucía, en el expediente númeroNUM000 en la que se desestimó la reclamación interpuesta contra la liquidación provisional NUM001 por el concepto IRPF ejercicio OA/2015, en cuantía de 32.666,30 euros.

El Tribunal económico administrativo considera, en esencia, que planteada la controversia en relación a la caducidad del procedimiento de comprobación limitada, este se inició con la notificación del requerimiento en fecha 22 de noviembre de 2019, y el primer intento de notificación del texto íntegro de la liquidación provisional se efectuó el 14 de octubre de 2020, computando una causa de interrupción justificada, y otras de dilaciones no imputables a la Administración, de 70 días esta última comprendidos entre el 17 de julio de 2020 y el 25 de septiembre de 2020; considera que en este periodo se practicó el día 17 de julio un intento de notificación del trámite de alegaciones y propuesta de liquidación en el domicilio del contribuyente sito en DIRECCION000 de Puente Genil, Córdoba con el resultado de ausente; añadió que en el expediente consta que en 20 de los 21 intentos de notificación realizados en dicho domicilio el resultado fue el de ausente.

Concluye el TEARA que,tras el primer intento de notificación de la propuesta de liquidación el 17 de julio de2020, por medio de agente tributario, se realizó un segundo intento el 31 de julio de 2020, igualmente por agente tributario, e incluso un tercer y cuarto intento por medio de los servicios de correos los días 18 de agosto y 19 de agostos tras lo cual se procedió a la citación para ser notificado por medio de comparecencia,conforme a lo dispuesto el artículo 112.2 LGT, sin haber comparecido, considerándose finalmente notificado el 25 de septiembre de 2020. Adicionados los 70 días de dilación por causa no imputable a la Administración,más los 78 días por causa de fuerza mayor- no discutidos- el procedimiento tendrá que haber concluido el 17 de octubre de 2020, siendo así que el primer intento de notificación se llevó a efecto el 14 de octubre de2020, rechazando con ello la caducidad alegada. De otro lado, no efectuada alegación alguna sobre el fondo del asunto el Tribunal ningún defecto, de forma ni de fondo, advirtió en la regularización practicada, por lo que fue confirmado el acto impugnado.

Segundo. La parte recurrente, por el contrario, sostiene que la resolución impugnada no se ajusta a Derecho en tanto que el intento de notificación del trámite de alegaciones y propuesta de liquidación provisional de 17de julio de 2020, a las 11:10 horas,y la sucesiva de 30 de julio de 2020, a las 13:10 horas no son conformesa lo previsto en la normativa de aplicación ( artículo 42.2 Ley 39/2015) en cuanto que no se realizaron en distintas franjas horarias, considerando que el carácter defectuoso de dichos intentos queda patente por el propio proceder de la Administración, que los reiteró los días 18 de agosto a las 15.01 horas y el día 19 de agosto a las 9, 18 horas, en este caso sí, respetando las exigencias del citado precepto.

Concluye que estos intentos de notificación defectuosos no han de tener entidad alguna para aplicar lo
dispuesto el artículo 104 RD 1065/2007, de 27 de julio. Con carácter subsidiario, opuso la aplicación de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 20 de enero de 2020, citada en el escrito de demanda,considerando que sólo deben computarse como periodo de dilación no imputable a la Administración el transcurrido entre el primer intento de notificación de la propuesta de liquidación hasta su devolución a la AEAT, tras no haber sido retirada, tras el segundo intento de notificación.

Añade que esto mismo debe aplicarse al intento de notificación de la propuesta de 14 de octubre de 2020, en cuanto que sólo hubo un primer intento de notificación, dirigido al domicilio de su mandante, con el resultado de ausente.

Se realizó otro intento el día 11 de noviembre de 2020 a las 10,10 horas con el mismo resultado de ausente y un segundo intento el día 25 de noviembre a las 8,50 horas, sin que constara que se dejara aviso en el buzón, con lo cual considera que todos los intentos de notificación se han realizado en la misma franja horaria, incumpliendo con ello lo dispuesto en el precepto de aplicación.

Concluye que al encontrarse caducado el procedimiento de comprobación limitada iniciado de 22 de noviembre de 2019, este no interrumpió el plazo de prescripción respecto del tributo controvertido, renta del ejercicio 2015, que debió finalizar antes de julio de 2020, e incluso añadidos los 78 días naturales correspondientes a la causa de fuerza mayor-no controvertida- que el plazo para determinar la liquidación tributaria debió finalizar antes del 17 de septiembre de 2020, lo que al no haber acontecido, conlleva que deba declararse la prescripción.

(...)

 Cuarto. Centrada de este modo la controversia estimamos, en coincidencia con el alegato de la abogacía del Estado, que lo relevante en el caso enjuiciado, es que el período comprendido entre el 17 de julio de 2020 y el 25 de septiembre de 2020, no es de dilación imputable a la Administración tributaria.
El artículo 104.2 párrafo tercero LGT establece que los períodos de interrupción justificada que se especifiquen reglamentariamente y las dilaciones en el procedimiento por causa no imputable a la Administración tributaria no se incluirán en el cómputo del plazo de resolución.

El reglamento de aplicación establece a estos efectos que se considerarán dilaciones en el procedimiento por causa no imputables a la Administración tributaria, entre otros, el retraso en la notificación de las propuestas de resolución o de liquidación, por el tiempo que transcurra desde el día siguiente a aquel en que se haya realizado un intento de notificación hasta que dicha notificación se haya producido( art. 104 RD 165/2007).

Consta acreditado que, tras el primer intento de notificación de la propuesta de liquidación, de 17 de julio de 2020, que lo fue por medio de agente tributario, personado en el domicilio del contribuyente, se realizó un segundo intento, ciertamente el día 31 de julio de 2020, por medio de agente tributario, incluso un tercer y cuarto intento, por medio de los servicios de correos, los días 18 de agosto de 2020 y 19 de agosto de 2020,tras lo cual se procedió a la citación para ser notificado por medio de comparecencia, conforme al artículo112.2 LGT, sin haber comparecido, entendiéndose finalmente notificado el 25 de septiembre de 2020, tras lo cual se presentaron alegaciones en 9 de octubre de 2020.
En el recurso se defiende que este primer intento de notificación, de 17 de julio y el segundo de 31 de julio,no fue válido al no realizarse en distintas franjas horarias; pero en el caso enjuiciado, nosotros no aceptamos este alegato porque nos vamos a centrar en el hecho de que hubo un primer intento de notificación, dirigida al domicilio del contribuyente, que contenía el texto integro a notificar, hechos estos no negados de contrario.
Lo dispuesto el artículo 104. 2 LGT ha sido cumplido.

(...)

Quinto. En cuanto a la notificación de la resolución que contenía la liquidación, la parte demandante opone que sólo hubo un primer intento el día 14 de octubre a las 11 horas, dirigido por agente tributario al domicilio,con el resultado de ausente, pero que no se realizó un segundo intento de entrega.

Por la misma razón antedicha, dado que el acto se dirige al domicilio del contribuyente, contiene el texto integro del acto a notificar, y no niega que se dejó aviso de recibo, estimamos de aplicación el artículo 104.2 LGT, y las mismas razones antes expuestas, de falta de colaboración del contribuyente en la recepción de la notificación.

Consecuentemente iniciado el cómputo del plazo de seis meses el día 22 de noviembre de 2019, y añadidos los 78 días correspondientes a fuerza mayor-no controvertidos- y 70 días comprendidos entre el 17 de julio de 2020 y el 25 de septiembre de 2020, en cuanto que la dilación en la notificación del trámite de alegaciones y propuesta de liquidación no es imputable a la Administración tributaria, el plazo habría de finalizar el 17 de octubre de 2020, y habiéndose efectuado un primer intento de notificación de la liquidación efectuada el día 14 de octubre de 2020, el plazo no había sido consumido.
Debemos remitirnos también a la jurisprudencia expuesta en la STS 16-11-2016, (recurso 2841/2015) para descartar el alegato de indefensión, y es que (extractamos)"... Desde luego el desconocimiento de lo que se notifica, hace imposible no ya que pueda desplegarse una defensa eficaz, sino cualquier defensa. Por ello,lo realmente sustancial es que el interesado llegue al conocimiento del acto, sea uno u otro el medio, y por consiguiente pudo defenderse, o no lo hizo exclusivamente por su negligencia o mala fe, en cuyo caso no cabe alegar lesión alguna de las garantías constitucionales,dado el principio anti formalista y el principio general de buena fe que rigen en esta materia, sentencias del Tribunal Constitucional 101/1990 de 4 de junio FJ 1,126/1996 de 9 de julio,FJ2; 34/2001,FJ 2(.....) Por ello, como este Tribunal ha dicho, lo relevante, pues, no es tanto que se cumplan las previsiones legales sobre cómo se llevan a efecto las notificaciones, sino el hecho de que los administrados lleguen a tener conocimiento de ellas. Todo lo cual lleva a concluir, en palabras del propio Tribunal Constitucional, que ni toda deficiencia en la práctica de la notificación implica necesariamente una vulneración del artículo 24.1 CE, ni al contrario, una notificación correctamente practicada en el plano formal supone que se alcance la finalidad que le es propia, es decir, que respete las garantías constitucionales que dicho precepto establece(....)
(....) Debe tenerse en cuenta que, como se ha señalado en numerosas ocasiones por este Tribunal, con carácter general, cuando se respetan en la notificación las formalidades establecidas normativamente siendo su única finalidad la de garantizar que el acto o resolución llegue a conocimiento del interesado, debe partirse en todo caso de la presunción iuris tantum de que el acto de que se trate ha llegado tempestivamente a conocimiento del interesado; presunción que cabe enervar por el interesado de acreditar suficientemente, bien que, pese a su diligencia, el acto no llegó a su conocimiento o lo hizo en una fecha en la que ya no sabía reaccionar contra del mismo; o bien que, pese a no haber actuado con la diligencia debida (naturalmente, se excluyen los casos en que se aprecie mala fe), la Administración tributaria tampoco ha procedido con la diligencia y buena fe que resultan reclamables...(la cursiva es nuestra.)

 

Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regula la prestación de los servicios postales, en desarrollo de lo establecido en la Ley 24/1998, de 13 de julio, del Servicio Postal Universal y de Liberalización de los Servicios Postales.

Norma derogada, con efectos de 18 de agosto de 2024, por la disposición derogatoria única.1.a) del Real Decreto 437/2024, de 30 de abril, Ref. BOE-A-2024-10010, sin perjuicio de lo dispuesto en su disposición transitoria, según la cual hasta que se apruebe la normativa que desarrolle las previsiones contenidas en los artículos 40 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en materia de admisión y entrega de notificaciones por las administraciones públicas a través de los servicios postales, continuará en vigor y será de aplicación lo establecido en la sección segunda del capítulo II del título II del presente Reglamento.

Artículo 39. Carácter fehaciente de la notificación.

La entrega de notificaciones de órganos administrativos y judiciales realizada por el operador al que se ha encomendado la prestación del servicio postal universal tendrá como efecto la constancia fehaciente de su recepción, sin perjuicio de que los demás operadores realicen este tipo de notificaciones en el ámbito no reservado, cuyos efectos se regirán por las normas de derecho privado.

Se declara la nulidad sólo en cuanto sea aplicable a la "admisión y entrega de notificaciones de órganos judiciales", por Sentencia del TS de 8 de junio de 2004. Ref. BOE-A-2004-14709

 

Artículo 40. Admisión de notificaciones de órganos administrativos y judiciales.

La admisión de notificaciones por el operador al que se ha encomendado la prestación del servicio postal universal requiere que en el envío conste la palabra "Notificación", y, debajo de ella y en caracteres de menor tamaño, el acto a que se refiera (citación, requerimiento, resolución) y la indicación "Expediente núm..." o cualquier otra expresión que identifique el acto a notificar.

Estos envíos se acompañarán del documento justificativo de su admisión.

Se declara la nulidad sólo en cuanto sea aplicable a la "admisión y entrega de notificaciones de órganos judiciales", por Sentencia del TS de 8 de junio de 2004. Ref. BOE-A-2004-14709

 

Artículo 41. Disposiciones generales sobre la entrega de notificaciones.

1. Los requisitos de la entrega de notificaciones, en cuanto a plazo y forma, deberán adaptarse a las exigencias de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de aquélla sin perjuicio de lo establecido en los artículos siguientes.

2. Cuando se practique la notificación en el domicilio del interesado y no se halle presente éste en el momento de entregarse dicha notificación, podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad.

3. Deberá constar la fecha, identidad, número del documento nacional de identidad o del documento que lo sustituya y firma del interesado o persona que pueda hacerse cargo de la notificación en los términos previstos en el párrafo anterior, en la documentación del empleado del operador postal y, en su caso, aviso de recibo que acompañe dicha notificación, aviso en el que el empleado del operador postal deberá hacer constar su firma y número de identificación.

Se declara la nulidad sólo en cuanto sea aplicable a la "admisión y entrega de notificaciones de órganos judiciales", por Sentencia del TS de 8 de junio de 2004. Ref. BOE-A-2004-14709

 

Artículo 42. Supuestos de notificaciones con dos intentos de entrega.

1. Si intentada la notificación en el domicilio del interesado, nadie pudiera hacerse cargo de la misma, se hará constar este extremo en la documentación del empleado del operador postal y, en su caso, en el aviso de recibo que acompañe a la notificación, junto con el día y la hora en que se intentó la misma, intento que se repetirá por una sola vez y en una hora distinta dentro de los tres días siguientes.

2. Si practicado el segundo intento, éste resultase infructuoso por la misma causa consignada en el párrafo anterior o bien por el conocimiento sobrevenido de alguna de las previstas en el artículo siguiente, se consignará dicho extremo en la oportuna documentación del empleado del operador postal y, en su caso, en el aviso de recibo que acompañe a la notificación, junto con el día y la hora en que se realizó el segundo intento.

3. Una vez realizados los dos intentos sin éxito, el operador al que se ha encomendado la prestación del servicio postal universal deberá depositar en lista las notificaciones, durante el plazo máximo de un mes, a cuyo fin se procederá a dejar al destinatario aviso de llegada en el correspondiente casillero domiciliario, debiendo constar en el mismo, además de la dependencia y plazo de permanencia en lista de la notificación, las circunstancias expresadas relativas al segundo intento de entrega. Dicho aviso tendrá carácter ordinario.

4. Si estando en el domicilio la persona que pueda recibir la notificación, se niega a aceptarla y a manifestar por escrito dicha circunstancia con su firma, identificación y fecha en la documentación del empleado del operador postal, se entenderá que no quiere hacerse cargo de la misma, haciéndose constar este extremo en la expresada documentación del empleado del operador postal y, en su caso, en el aviso de recibo que acompañe a la notificación, junto con el día y la hora en que se intentó la misma, intento que se repetirá por una sola vez y en una hora distinta dentro de los tres días siguientes.

5. Si practicado el segundo intento, éste resultase infructuoso por la misma causa consignada en el párrafo anterior o bien por el conocimiento sobrevenido de alguna de las previstas en el artículo siguiente, se consignará dicho extremo en la oportuna documentación del empleado del operador postal y, en su caso, en el aviso de recibo que acompañe a la notificación, junto con el día y la hora en que se realizó el segundo intento. A partir de este momento, dicha notificación tendrá el mismo tratamiento que las que hubieren sido rehusadas o rechazadas.

6. En todos los supuestos previstos en los párrafos anteriores, el empleado del operador postal deberá hacer constar su firma y número de identificación en el aviso de recibo que, en su caso, acompañe a la notificación y en el aviso de llegada si el mismo procede.

Se declara la nulidad sólo en cuanto sea aplicable a la "admisión y entrega de notificaciones de órganos judiciales", por Sentencia del TS de 8 de junio de 2004. Ref. BOE-A-2004-14709

Artículo 43. Supuestos de notificaciones con un intento de entrega.

No procederá un segundo intento de entrega en los supuestos siguientes:

a) Que la notificación sea rehusada o rechazada por el interesado o su representante, debiendo hacer constar esta circunstancia por escrito con su firma, identificación y fecha, en la documentación del empleado del operador postal.

b) Que la notificación tenga una dirección incorrecta.

c) Que el destinatario de la notificación sea desconocido.

d) Que el destinatario de la notificación haya fallecido.

e) Cualquier causa de análoga naturaleza a las expresadas, que haga objetivamente improcedente el segundo intento de entrega.

En los supuestos previstos anteriormente, el empleado del operador postal hará constar en la documentación correspondiente la causa de la no entrega, fecha y hora de la misma, circunstancias que se habrán de indicar en el aviso de recibo que, en su caso, acompañe a la notificación, aviso en el que dicho empleado del operador postal hará constar su firma y número de identificación.

Se declara la nulidad sólo en cuanto sea aplicable a la "admisión y entrega de notificaciones de órganos judiciales", por Sentencia del TS de 8 de junio de 2004. Ref. BOE-A-2004-14709

 (Breve comentario: En nuestra opinión las cuestiones capitales serían las siguientes:

1) Cómo se identifica y acredita válidamente el contenido del envío de la AEAT al operador postal, puesto que el acceso al mismo solo tiene lugar por parte del destinatario y la norma se refiere a un supuesto de intento sin entrega al destinatario

Normalmente se aplica aquí una presunción total que carecería, en nuestra opinión, de base legal 

Para los documentos electrónicos el artículo 26 de la LPAC contiene la siguiente regla:

Se considerarán válidos los documentos electrónicos, que cumpliendo estos requisitos, sean trasladados a un tercero a través de medios electrónicos

Que no es aplicable 

Respecto de las copias en papel, el artículo 27.3.C) de la la LPAC contiene la siguiente regla:

Las copias en soporte papel de documentos electrónicos requerirán que en las mismas figure la condición de copia y contendrán un código generado electrónicamente u otro sistema de verificación, que permitirá contrastar la autenticidad de la copia mediante el acceso a los archivos electrónicos del órgano u Organismo público emisor

El artículo 40 del RD, por razones obvias, no se refiere al instrumento electrónico de verificación de la copia en soporte papel del envío sino solo a la indicación "Expediente núm..." o cualquier otra expresión que identifique el acto a notificar

Pero la cuestión esencial es la de cómo acreditar que el envío, antes de su recepción por el destinatario, contiene el texto íntegro del acto que dice contener

La referencia a los archivos internos del emisor (la AEAT) no resuelve nada porque solo acredita sus propios archivos (expedición de copia y autenticidad de la misma pero no que dicha copia fuera la contenida en el envío cuya entrega se intentó)

Sin interposición de tercero y sin constancia de dicho contenido por medio de dicha interposición nos parece que la presunción carece por completo de base legal 

Este servicio con interposición es el que por ejemplo proporciona Logalty

El artículo 104.2 de la LGT no puede resolver la cuestión, pues parte de la base de un intento de entrega que contenga el texto íntegro del acto y no existe ninguna prueba de que el contenido del envío sea el que se dice ser

Se aplica la regla de los documentos electrónicos a un documento que no es electrónico y que no se traslada al operador postal -ni al destinatario- por medios electrónicos

Admitir que el artículo 40 y ss del Real Decreto 1829/1999 puede establecer la presunción iuris et de iure de que el envío postal y el intento de entrega contienen el texto íntegro del acto resultaría incompatible con el artículo 27.3.c) de la LPAC y con las normas sobre presunciones iuris et de iure de la LGT (que exigen una norma con rango de ley)

El artículo 104.2.de la LGT no contiene esta presunción ni se refiere a la misma

2) Como consecuencia de lo anterior, en nuestra opinión el intento de entrega solo puede considerarse defectuoso a los efectos pretendidos (excepcionar la caducidad del procedimiento) con aplicación de las reglas del artículo 40.3 de la LPAC:

Las notificaciones que, conteniendo el texto íntegro del acto, omitiesen alguno de los demás requisitos previstos en el apartado anterior, surtirán efecto a partir de la fecha en que el interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y alcance de la resolución o acto objeto de la notificación, o interponga cualquier recurso que proceda.

Como no puede probarse -en perjuicio del destinatario- que el intento contuviera el texto íntegro del acto, el mismo es defectuoso y no puede producir efectos, con independencia de que haya uno o dos intentos

Los efectos solo se producen a partir de la fecha en que el interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y alcance de la resolución o acto objeto de la notificación, o interponga cualquier recurso que proceda

3) La referencia identificativa del envío postal no entregado no puede hacer prueba del contenido del mismo en perjuicio del destinatario, pues el operador postal no tiene acceso al mismo -ni certifica o puede certificar su contenido- y la Administración Pública puede a lo sumo invocar que el envío al operador postal corresponde a la resolución pretendida (en los expedientes no hay en nuestra experiencia constancia alguna de esta prueba interna), pero sin que haya constancia alguna antes de la entrega de que efectivamente es así 

El intento de entrega no puede probar, en perjuicio del interesado, que contenía el texto íntegro de la resolución, aunque la misma se hubiera producido

4) No nos parece, tampoco, que quepa invocar aquí una prueba indiciaria iuris tantum, pues de la misma forma que no se admiten las notificaciones por indicios distintos del conocimiento por el interesado no deberían admitirse los intentos de notificación por indicios referidos a su contenido  

Sobre todo cuando el agente notificador tampoco pertenece a la Administración ni tiene conocimiento alguno del acto que se pretende notificar

La "fehaciencia" respecto de la recepción no puede transformarse en presunción del contenido en la no recepción 

Resulta llamativo, pero considerar que el operador postal garantiza el contenido de lo no entregado sería contrario al artículo 105 de la LGT

Tampoco resulta muy convincente que las mismas reglas declaradas nulas a efectos de las notificaciones judiciales se admitan respecto de las tributarias. Cuando el artículo 106.1 de la LGT establece que:

En los procedimientos tributarios serán de aplicación las normas que sobre medios y valoración de prueba se contienen en el Código Civil y en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, salvo que la ley establezca otra cosa.)

 

AUTO TS 9-09-2026 (FIANZAS POR RESPONSABILIDAD CIVIL SUBSIDIARIA DERIVADA DE DELITO E IS, (I))

Id Cendoj: 28079130012026201728
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
Sede: Madrid
Sección: 1
Fecha: 09/09/2026
Nº de Recurso: 7345/2025
Nº de Resolución:
Procedimiento: Recurso de Casación Contencioso-Administrativo (L.O. 7/2015)
Ponente: SANDRA MARIA GONZALEZ DE LARA MINGO
Tipo de Resolución: Auto

 

 

 

 QUINTO.- Admisión del recurso de casación. Normas objeto de interpretación.

1. Conforme a lo indicado anteriormente, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 88.1 LJCA, en relación con el artículo 90.4 de la misma norma, esta Sección Primera aprecia que este recurso presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, respecto de la siguiente cuestión:
Determinar si tiene la consideración de gasto fiscalmente deducible en el Impuesto sobre Sociedades la
dotación a una provisión para responsabilidades constituida como consecuencia de la prestación de una fianza impuesta judicialmente para garantizar las eventuales responsabilidades civiles derivadas de la comisión de un delito, cuando dicha fianza trae causa de la declaración de responsabilidad civil subsidiaria acordada por el órgano judicial competente.

2. Las normas que, en principio, serán objeto de interpretación son:

2.1. La Norma de Registro y Valoración n.º 15 del Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad.
2.2. El artículo 13 del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.

Ello sin perjuicio de que la sentencia haya de extenderse a otras si así lo exigiere el debate finalmente trabadoe n el recurso, ex artículo 90.4 de la LJCA.

ATS 21-01-2026 (RENDIMIENTOS IRREGULARES DE TRABAJO)

Id Cendoj: 28079130012026200119
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
Sede: Madrid
Sección: 1
Fecha: 21/01/2026
Nº de Recurso: 492/2025
Nº de Resolución:
Procedimiento: Recurso de Casación Contencioso-Administrativo (L.O. 7/2015)
Ponente: RAFAEL TOLEDANO CANTERO
Tipo de Resolución: Auto

 HECHOS

PRIMERO.- Proceso de instancia y resolución judicial recurrida.

La representación procesal de D. Narciso interpuso recurso contencioso-administrativo frente a la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Islas Baleares [«TEARIB»], de 29 de julio de 2021, mediante la que se desestima la reclamación económico-administrativa contra la resolución que había desestimado el recurso de reposición formalizado por el mismo recurrente y que confirmaba la liquidación provisional por el concepto tributario de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas [«IRPF»], ejercicio 2016, por cuantía de 45.042,69 euros.

La sentencia n.º 443/2024, de 20 de septiembre, dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Islas Baleares, desestimó el recurso n.º 456/2021.

La ratio decidendi de la resolución recurrida considera que la percepción, cuya calificación se discute, está vinculada a la consecución de un resultado positivo; por tanto, no cabe aplicarle la reducción del 30% establecida para los rendimientos irregulares, al ser la retribución -en este caso- independiente del plazo en que se cumpla el objetivo.

(...)

 A efectos de la admisión del presente recurso de casación, las circunstancias más relevantes que han de ser tenidas en cuenta, según se desprenden del expediente administrativo y de las actuaciones judiciales, son las siguientes:
1. Un documento privado, fechado el 8 de agosto de 2014, refleja el pacto -entre empresario y trabajador- de pago de una retribución -bonus-, vinculada a la consecución de un objetivo: la venta, por parte del Grupo TUI-empleador del recurrente- de las acciones que poseía del Grupo Hotelbeds, S.L. La retribución consistía en una parte fija y una parte variable, calculada esta en función del valor final obtenido en el proceso de venta.

2. En julio de 2016 se produjo la venta de dichas acciones a los fondos de inversión CINVEN y CPPIB. En documento privado, fechado el 26 de septiembre de 2016, se reconoce el derecho del recurrente al cobro de la cantidad de 720.000 euros, por la parte fija, y de 1.402.000 euros por la parte variable de la retribución extraordinaria.

3. Tras procedimiento de comprobación, la Oficina de Gestión Tributaria de la Administración de la Agencia Estatal de Administración Tributaria [«AEAT»], de Palma de Mallorca, deniega la aplicación de la reducción del 30% prevista para los rendimientos irregulares y practica liquidación provisional, por importe de 45.042,69 euros.

 El Tribunal de instancia desestima el recurso con los siguientes argumentos:

«La doctrina administrativa, tal como se recoge en la resolución recurrida, ha señalado que no procede la aplicación de la reducción del artículo 18.2 de la LIRPF en los casos en que, con independencia de que el periodo en que se haya estado trabajando haya sido superior a dos años, sin embargo, el pago de la retribución se hubiera realizado, como ocurre en el caso del Sr. Narciso , por la vinculación a la consecución de un objetivo.
Se comprende que ha de entenderse de ese modo porque, vinculada la percepción a un resultado positivo, no cabe ya aplicar la reducción en cuestión al ser entonces la misma independiente del plazo en que se cumpla,sean dos o más años.
En efecto, se trata de rendimiento que deja de considerarse generado en un plazo de dos años o vinculado aun plazo de más de dos años, pasando a considerarse vinculado a alcanzar el objetivo».
El Tribunal también rechaza el argumento de que a otro contribuyente la Administración le haya aplicado la reducción. Aunque este otro contribuyente «se aprovechó del error de apreciación de la Administración actuante, ese error no debe repetirse. En efecto, la jurisprudencia ha rechazado la posibilidad de perpetuaren el tiempo situaciones antijurídicas por el solo hecho de que la Administración las hubiera declarado como tales. En ese sentido, sobre el principio de buena fe o confianza legítima, la STS de 06/04/2017, ECLIES:TS:2017:1317».

El marco jurídico aplicable a la cuestión controvertida es el mencionado artículo 18.2 de la LIRPF y el artículo12 del Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

TERCERO.- Verificación de la concurrencia de interés casacional objetivo en el recurso.

Sobre la cuestión litigiosa -la calificación como rendimiento regular o irregular de las rentas del trabajo
obtenidas en aplicación de los planes de incentivos empresariales- no hay doctrina especifica de este Tribunal Supremo. Existe, sin embargo, jurisprudencia sobre la aplicabilidad de la reducción contenida en el artículo 32  LIRPF a los rendimientos de actividades económicas (no rendimientos del trabajo) que perciben los abogados por litigios que duran más de dos años. Situación que el recurrente expone como similar a la suya. Se recoge en las sentencias 429/2018, de 19 de marzo (RCA 2070/2017) y 28/2021, de 20 de enero (RCA 5372/2019), que establecen:

«Los ingresos obtenidos por un abogado, en el ejercicio de su profesión, por su actuación de defensa procesal en un litigio cuya duración se haya extendido más de dos años, cuando se perciban de una sola vez o en variasen el mismo ejercicio, se consideran generados en un periodo superior a dos años a los efectos de acogerse a la reducción de los rendimientos netos prevista al efecto en el artículo 32.1, párrafo primero, de la LIRPF».

A falta de jurisprudencia sobre la aplicación del artículo 18.2 LIRPF a los incentivos pagados por las empresas,las resoluciones administrativas y judiciales se hacen eco con frecuencia de criterios contenidos en consultas de la Dirección General de Tributos, unos favorables a los intereses de los contribuyentes y otros no. Así, en la V2047-14 se dice: «Cabe señalar que no se aprecia respecto al rendimiento consultado la existencia de un período de generación superior a dos años, su obtención no está vinculada al transcurso de un espacio temporal que exceda de ese número de años, sino que nace con la consecución del resultado positivo en la gestión de cobro de la deuda que la entidad consultante había encomendado a su empleado.»

O la consulta V1043-17, que indica: «La gratificación objeto de consulta no se encuentra entre los rendimientos del trabajo calificados reglamentariamente como obtenidos de forma notoriamente irregular en el tiempo, pues no se corresponde con ninguno de ellos. A lo que hay que añadir que tampoco se encuentra vinculada la gratificación a la existencia de un período de generación superior a dos años, ya que nace con la adopción del acuerdo por la sociedad, por lo que se trata de un derecho económico nuevo y no de un derecho que se hubiera ido generando durante el tiempo transcurrido entre la adopción de dicho acuerdo y el abono de la gratificación.»

Por su parte la consulta V3005-13, para un incentivo de fidelización durante 4 años, con devengo en el primer trimestre del 5º año, admite la calificación de rendimientos obtenidos de forma notoriamente irregular en el tiempo.

En consecuencia, cabe apreciar que concurre la circunstancia, invocada por la recurrente, mencionada en el artículo 88.3.a) LJCA, de haberse aplicado normas en las que se sustente la razón de decidir sobre las que no exista jurisprudencia, además de la circunstancia contemplada en el artículo 88.2.c) LJCA, por la habitualidad de la presencia, en la actuación de las empresas, de incentivos salariales a favor de sus empleados.

CUARTO.- Admisión del recurso de casación. Normas objeto de interpretación.

1.Conforme a lo indicado anteriormente, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 88.1 LJCA, en relación con el artículo 90.4 de la misma norma, esta Sección de Admisión aprecia que este recurso presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, respecto de la siguiente cuestión:
Determinar si son rendimientos irregulares, por tener un período de generación superior a dos años o calificarse como obtenidos de forma notoriamente irregular en el tiempo, las retribuciones salariales que se imputan en un único período impositivo y que los trabajadores obtienen, en aplicación de planes de incentivos empresariales,por la consecución de un objetivo.

2.Las normas que, en principio, serán objeto de interpretación son:
2.1.El artículo 18.2 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que establece:
«Porcentajes de reducción aplicables a determinados rendimientos del trabajo: (...)
2. El 30 por ciento de reducción, en el caso de rendimientos íntegros distintos de los previstos en el artículo 17.2. a) de esta Ley que tengan un período de generación superior a dos años, así como aquellos que se califiquen reglamentariamente como obtenidos de forma notoriamente irregular en el tiempo, cuando, en ambos casos, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo siguiente, se imputen en un único período impositivo.»
2.2.El artículo 12 del Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que señala:
«1. Se consideran rendimientos del trabajo obtenidos de forma notoriamente irregular en el tiempo,
exclusivamente, los siguientes:

a) Las cantidades satisfechas por la empresa a los empleados con motivo del traslado a otro centro de trabajo que excedan de los importes previstos en el artículo 9 de este Reglamento.

b) Las indemnizaciones derivadas de los regímenes públicos de Seguridad Social o Clases Pasivas, así como las prestaciones satisfechas por colegios de huérfanos e instituciones similares, en los supuestos de lesiones no invalidantes.
c) Las prestaciones satisfechas por lesiones no invalidantes o incapacidad permanente, en cualquiera de sus grados, por empresas y por entes públicos.
d) Las prestaciones por fallecimiento, y los gastos por sepelio o entierro que excedan del límite exento de acuerdo con el artículo 7.r) de la Ley del Impuesto, de trabajadores o funcionarios, tanto las de carácter público como las satisfechas por colegios de huérfanos e instituciones similares, empresas y por entes públicos.
e) Las cantidades satisfechas en compensación o reparación de complementos salariales, pensiones o anualidades de duración indefinida o por la modificación de las condiciones de trabajo.
f) Cantidades satisfechas por la empresa a los trabajadores por la resolución de mutuo acuerdo de la relación laboral.
g) Premios literarios, artísticos o científicos que no gocen de exención en este Impuesto. No se consideran premios, a estos efectos, las contraprestaciones económicas derivadas de la cesión de derechos de propiedad intelectual o industrial o que sustituyan a éstas.

Respecto de los citados rendimientos, la reducción prevista en el artículo 18.2 de la Ley del Impuesto
únicamente será de aplicación cuando se imputen en único período impositivo.»

Sin perjuicio de que la sentencia haya de extenderse a otras si así lo exigiere el debate finalmente trabado en el recurso, ex artículo 90.4 de la LJCA.

AUTO TRIBUNAL SUPREMO 26/09/2024: CONSTITUCIONALIDAD ART. 26.5 LGT (I)

Id Cendoj: 28079130012024202196
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
Sede: Madrid
Sección: 1
Fecha: 26/09/2024
Nº de Recurso: 6791/2023
Nº de Resolución:
Procedimiento: Recurso de Casación Contencioso-Administrativo (L.O. 7/2015)
Ponente: DIMITRY TEODORO BERBEROFF AYUDA
Tipo de Resolución: Auto

 

2º) La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en:

1.1. Determinar a la luz de la naturaleza jurídica de los intereses del artículo 26.5 LGT, si son intereses compensatorios o remuneratorios, intereses moratorios, de demora o indemnizatorios o intereses sancionadores, aclarando, asimismo, si su devengo tiene un carácter objetivo, desvinculado de la conducta del contribuyente y de la administración o si, por el contrario, presentan un carácter subjetivo en el que deba valorarse la conducta del contribuyente y la administración.

1.2. Aclarar si la exigencia de intereses de demora del artículo 26.5 LGT cuando resulte necesaria la práctica de una nueva liquidación como consecuencia de haber sido anulada en parte por motivos sustantivos una liquidación previa por una resolución administrativa o judicial resulta contraria a los artículos 14, 24, 31 y 33de la Constitución Española.

3º) Las normas que en principio serán objeto de interpretación son los artículos 26 de la Ley 58/2003, de 17de diciembre, General Tributaria (LGT), en relación con los artículos 14. 24, 31 y CE.

Ello sin perjuicio de que la sentencia haya de extenderse a otras si así lo exigiere el debate finalmente trabado en el recurso, ex artículo 90.4 LJCA.

(...) 

(b.2) Distinto es el escenario si la anulación por razones sustantivas es parcial, porque en tales tesituras sí que existe una deuda del contribuyente legítimamente liquidada desde la decisión inicial, en la parte no anulada,a la que lógicamente se contrae la exigencia de intereses de demora. A este supuesto es, por tanto, al que se refiere el artículo 26.5 de la vigente Ley General Tributaria cuando dice que, en tales casos y siendo necesaria una nueva liquidación, los intereses se exigirán sobre el nuevo importe, desde el día que resulte conforme a las reglas previstas en el apartado 2 y hasta que sea dictada la nueva, sin que este dies ad quem pueda situarse más allá del plazo de que dispone la Administración para ejecutar la resolución anulatoria parcial por razones sustantivas.

Claro está que, para no hacer de peor condición al contribuyente que se ve obligado a litigar en la vía administrativa y, en su caso, en la jurisdiccional para obtener la razón que a aquel que simplemente recibe tardíamente una liquidación que no necesita discutir, se ha de aplicar también en este caso las previsiones del apartado 4 del artículo 26. En el cálculo de los intereses, realizados con arreglo al apartado 5, no se tendrán en cuenta los retrasos imputables a la Administración Tributaria en los términos previstos en ese apartado 4.

Estos criterios interpretativos complementan los ya sentados por esta Sala en las cuatro sentencias de 14 de junio de 2012, pronunciamientos seguidos en la resolución que el Pleno del Tribunal Económico-Administrativo Central ha dictado el 28 de octubre de 2013, en el recurso extraordinario de alzada para unificación de criterio(registro 4659/12). Por lo demás, este Tribunal Supremo es consciente de que alguna de las conclusiones de esta sentencia no son coincidentes con el criterio sostenido en pronunciamientos previos, pero se ha de reparar, como ya se ha apuntado, en que tales pronunciamientos fueron dictados en aplicación de la Ley General Tributaria de 1963."

(...)

 5. Sin embargo este recurso somete a nuestra consideración el examen de los intereses de demora desde la perspectiva constitucional.
En efecto el párrafo segundo del apartado 1 del art. 26 LGT dispone que "[l]a exigencia del interés de demora tributario no requiere[...] la concurrencia de un retraso culpable en el obligado".
El recurrente plantea, -citando como fundamento de su pretensión la opinión de algunos sectores de la doctrina-, que tal disposición legal puede vulnerar al principio constitucional de igualdad consagrado en el artículo 14 CE , en la medida en que va a ser tratado de igual manera a estos efectos quien incumple de manera negligente sus obligaciones tributarias que aquel en quien no concurre tal elemento culpabilísimo, como en el caso del recurrente en casación, que tuvo que acudir a la tramitación de un procedimiento judicial que duró 7 años para obtener la anulación parcial de la liquidación por motivos de fondo.
Destaca el recurrente en casación que la aplicación de ese precepto le supuso la exigencia adicional como intereses de demora de 16.290,45 euros, a mayores del importe ya plasmado de 13.753,78 euros que se fijaba en los primitivos acuerdos de liquidación anulados por la sentencia del Tribunal Supremo, indicando que los nuevos intereses de demora (con el carácter de suspensivos) suponían casi un 120% adicional sobre los inicialmente girados.
El recurrente sostiene que estamos en un supuesto de mora accipiens o credendi que se produce cuando el incumplimiento de la obligación -en este caso dineraria- es imputable a la Administración y uno de sus efectos es el de que queda compensada la mora del deudor si estuviese incurso en ella y se excluye para lo sucesivo.
Y si bien en primer lugar -el apartado 4- excluye los intereses de demora en el caso de que la Administración tributaria incumpla por causa imputable a la misma alguno de los plazos fijados en la ley para resolver hasta que se dicte dicha resolución o se interponga recurso contra la resolución presunta, en cambio -acto seguido-en el apartado 5 se establece que en los casos en que resulte necesaria la práctica de una nueva liquidación como consecuencia de haber sido anulada otra liquidación por una resolución administrativa o judicial, se conservarán íntegramente los actos y trámites no afectados por la causa de la anulación, con mantenimiento
íntegro de su contenido, y exigencia del interés de demora sobre el importe de la nueva liquidación. En estos casos, la fecha de inicio del cómputo del interés de demora será la misma que, de acuerdo con lo establecido en el apartado 2 de este artículo, hubiera correspondido a la liquidación anulada y el interés se devengará hasta el momento en que se haya dictado la nueva liquidación.
El recurrente aduce que la regulación de los intereses de demora vulnera el artículo 24 CE , razona que el reproche de inconstitucionalidad que infructuosamente formuló ante el Tribunal Superior de Justicia frente a las previsiones del artículo 26.5 LGT conectan íntima y estrechamente, con "el principio de Derecho Comunitario europeo recogido en la sentencia Factortame del Tribunal de Justicia de Luxemburgo, de 19 de junio de 1990, principio que hace suyo nuestro Tribunal Supremo y que se resume en "la necesidad del proceso para obtener la razón no debe convertirse en un daño para el que tiene la razón".

 Denuncia el recurrente que el artículo 26.5 LGT podría vulnerar también los artículos 31 y 33 CE.

Así las cosas, conviene un pronunciamiento del Tribunal Supremo que, cumpliendo su función uniformadora,sirva para dar respuesta a las cuestiones que suscita este recurso de casación a fin de completar su jurisprudencia sobre los intereses de demora.