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Thursday, September 24, 2026

AUTO TS 11-02-2026: EL TRATAMIENTO TRIBUTARIO DE LOS INTERESES DE DEMORA POR INGRESOS TRIBUTARIOS INDEBIDOS

Id Cendoj: 28079130012026200327
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
Sede: Madrid
Sección: 1
Fecha: 11/02/2026
Nº de Recurso: 1039/2025

Nº de Resolución:
Procedimiento: Recurso de Casación Contencioso-Administrativo (L.O. 7/2015)
Ponente: SANDRA MARIA GONZALEZ DE LARA MINGO
Tipo de Resolución: Auto
Resoluciones del caso: TEAR,MADRID,05-06-2020,
STSJ M 15313/2024,
ATS 1744/2026

 CUARTO.- Cuestiones en las que se entiende que existe interés casacional.

1.Conforme a lo indicado anteriormente y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 88.1 LJCA, en relación con el artículo 90.4 de la misma norma, esta Sección Primera aprecia que este recurso presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, respecto de las siguientes cuestiones:


1.1.Aclarar si los intereses de demora abonados por la Agencia Tributaria al efectuar una devolución de ingresos indebidos, pese a su naturaleza indemnizatoria, se encuentran sujetos y no exentos del impuesto sobre la renta, constituyendo una ganancia patrimonial que procederá integrar en la base imponible del ahorro o, por el contrario, debe ser otro su tratamiento fiscal, atendiendo a que, por su carácter indemnizatorio, persiguen compensar o reparar el perjuicio causado como consecuencia del pago de una cantidad que nunca tuvo que ser desembolsada por el contribuyente.


1.2.Determinar los efectos en el tiempo de los cambios de criterio jurisprudencial; y, el particular si el criterio establecido en la sentencia del Tribunal Supremo de 12 de enero de 2023 debe aplicarse a todas las situaciones anteriores a su publicación, o solo a aquellas que se produzcan con posterioridad a la misma.

 

(Breve comentario:

1) Sin cambio en la legislación aplicable, el cambio de criterio jurisprudencial ofrece problemas de fundamentación indudables. 

2) El principio constitucional de legalidad tributaria resulta directamente afectado: no hay ningún precepto legal expreso que establezca el gravamen sobre los intereses de demora indemnizatorios que compensan el ingreso de tributos indebidos.

3) El artículo 33 de la LGT establece el derecho a la compensación de los costes de las garantías soportados en los pleitos tributarios estimados -y a sus intereses legales- y no hay ninguna razón -en nuestra opinión- para excluir de los mismos a los intereses de demora percibidos en relación con ingresos tributarios indebidos:

Artículo 33. Reembolso de los costes de las garantías.

1. La Administración tributaria reembolsará, previa acreditación de su importe, el coste de las garantías aportadas para suspender la ejecución de un acto o para aplazar o fraccionar el pago de una deuda si dicho acto o deuda es declarado improcedente por sentencia o resolución administrativa firme. Cuando el acto o la deuda se declare parcialmente improcedente, el reembolso alcanzará a la parte correspondiente del coste de las garantías.

Reglamentariamente se regulará el procedimiento de reembolso y la forma de determinar el coste de las garantías.

2. Con el reembolso de los costes de las garantías, la Administración tributaria abonará el interés legal vigente a lo largo del período en el que se devengue sin necesidad de que el obligado tributario lo solicite. A estos efectos, el interés legal se devengará desde la fecha debidamente acreditada en que se hubiese incurrido en dichos costes hasta la fecha en que se ordene el pago.

Que sepamos no se ha planteado la cuestión del gravamen del reembolso del coste de las garantías y sus intereses legales.

En nuestra opinión, sujetarlos a gravamen sin disposición expresa resultaría contrario al artículo 33 LGT y al principio de  legalidad tributaria.

4) Al compensar los intereses el perjuicio adicional por el ingreso indebido, cualquier incremento o disminución debería tener en cuenta tanto el perjuicio temporal sufrido por el ingreso (disminución) como cu compensación (incremento) siendo el resultado, por definición, igual a cero e incompatible con cualquier gravamen.

Ello sería totalmente compatible con lo establecido en el artículo 34.1 de la LIRF:

"El importe de las ganancias o pérdidas patrimoniales será:

a) En el supuesto de transmisión onerosa o lucrativa, la diferencia entre los valores de adquisición y transmisión de los elementos patrimoniales.

b) En los demás supuestos, el valor de mercado de los elementos patrimoniales o partes proporcionales, en su caso."

5) Lo contrario (presunción de renta en indemnización compensatoria) constituye una presunción no establecida legalmente e incompatible con el artículo 108.2 de la LGT: un interés compensatorio minorado por el impuesto deja de compensar ese importe en perjuicio de quien soportó el evento dañoso (ingreso indebido)

6) El gravamen de la compensación por interés determina que la Administración responsable del perjuicio recupere una parte del mismo como gravamen tributario, lo que constituye un claro incentivo en favor de la conducta dañosa y de su reiteración. Además de resultar contrario al derecho fundamental de defensa, con arreglo a lo establecido en la Ley Orgánica 5/2024: 

 -El ejercicio del derecho de defensa estará sujeto al procedimiento legalmente establecido. Cualquier duda sobre su interpretación y alcance se resolverá del modo más favorable al ejercicio del derecho (artículo 3.6 LODD)

7) El tratamiento sería así idéntico al contenido en la contestación DGT  V1162-25 sobre costas procesales:

En cuanto a las costas, este Centro directivo viene manteniendo el criterio —consultas nº 0154-05, 0172-05, V0588-05, V1265-06, V0343-09, V0268-10, V0974-13, V2909-14 y V4846-16, entre otras, y tomando como base la configuración jurisprudencial de la condena en costas, establecida por el Tribunal Supremo, como generadora de un crédito a favor de la parte vencedora y que, por tanto, no pertenece a quien le representa o asiste— de considerar que al ser beneficiaria la parte vencedora, la parte condenada no está satisfaciendo rendimientos profesionales a los abogados y procuradores de la parte vencedora sino una indemnización a esta última —la cual se corresponde con el pago de los honorarios de abogado y procurador en que esta ha incurrido—, por lo que aquella parte (la condenada) no está obligada a practicar retención, a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, sobre tales honorarios profesionales.

Conforme con el criterio expuesto, al tratarse de una indemnización a la parte vencedora, la incidencia tributaria para esta parte viene dada por su carácter restitutorio del gasto de defensa y representación realizado por la parte vencedora en un juicio, lo que supone la incorporación a su patrimonio de un crédito a su favor o de dinero (en cuanto se ejercite el derecho de crédito) constituyendo así una ganancia patrimonial, conforme con lo dispuesto en el artículo 33.1 de la Ley 35/2006, antes reproducido, ganancia patrimonial que al no proceder de una transmisión entendía este Centro (consultas nº V2085-17, V1190-18, V0285-19 y V3228-19, entre otras) que su cuantificación venía dada por el propio importe indemnizatorio de la condena en costas, tal como resultaba de lo dispuesto en el artículo 34.1,b) de la Ley del Impuesto.

Ahora bien, en relación con lo señalado en el párrafo anterior, el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) en resolución de recurso de alzada para la unificación de criterio de 1 de junio de 2020, resolución nº 00/06582/2019/00/00), ha fijado el siguiente criterio:

“Conforme con lo dispuesto en el artículo 33.1 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, para la determinación de la ganancia patrimonial que puede suponer para el vencedor del pleito la condena a costas judiciales a la parte contraria, el litigante vencedor podrá deducir del importe que reciba en concepto de costas los gastos en que haya incurrido con motivo del pleito, importe deducible que podrá alcanzar como máximo el importe que reciba, sin superarlo; con lo que, si se le resarcen todos los gastos calificables de costas, en puridad no habrá tenido ganancia patrimonial alguna”.

Este criterio establecido por el TEAC motivó que por esta Dirección General se replantease el que esta venía manteniendo, procediendo a su modificación en contestación de 13 de octubre de 2020 (consulta vinculante V3097-20) y pasar a considerar que para la determinación de la ganancia patrimonial que puede suponer para el vencedor del pleito la condena en costas judiciales a la parte contraria, el litigante vencedor podrá deducir del importe que reciba en concepto de costas los gastos en que haya incurrido con motivo del pleito, importe deducible que podrá alcanzar como máximo el importe que reciba, sin superarlo. Por tanto, si el importe de la condena en costas se corresponde con los gastos incurridos no se habrá producido una ganancia patrimonial para el consultante respecto a las costas."

 8) Lo anterior sería también compatible con el artículo 41 del CEDH y con la doctrina del TEDH que deduce cualquier impuesto debido de los importes reconocidos como satisfacción equitativa. Así lo ha declarado expresamente dicho t6ribunal en el ámbito tributario (Yukos v. Rusia).

LA SATISFACCIÓN EQUITATIVA REFERIDA A INTERESES O RECARGOS SATISFECHOS EN EL CASO YUKOS V. RUSIA (TEDH)

 

 

"A.  Pecuniary damage

(...) 

2.  The Court’s assessment

(a)  Violation of Article 6 of the Convention

18.  At the outset the Court would point out that in its principal judgment it found a violation of Article 6 of the Convention on account of the haste with which the domestic courts had conducted the 2000 Tax Assessment proceedings against the applicant company, both at first instance and on appeal. The Court cannot speculate as to what the outcome of these proceedings might have been had the violation of the Convention not occurred (see, for example, Jalloh v. Germany [GC], no. 54810/00, § 128, ECHR 2006IX, and Martinie v. France [GC], no. 58675/00, § 59, ECHR 2006VI).

19.  It finds that there is insufficient proof of a causal link between the violation found and the pecuniary damage allegedly sustained by the applicant company. There is therefore no ground for an award in this respect.

(b)  Violation of Article 1 of Protocol No. 1 on account of the retroactive imposition of the penalties for the years 2000 and 2001

20.  The Court observes that in the principal judgment it concluded that the penalties in the 2000 Tax Assessment and certain of the penalties in the 2001 Tax Assessment were unlawful and in breach of Article 1 of Protocol No. 1. The amounts in question, RUB 19,185,272,697 (approximately 543,623,045 euros) in respect of the year 2000, and RUB 19,556,570,413 (approximately 569,898,525 euros) in respect of the year 2001, were effectively paid by the applicant company during the enforcement proceedings and thus represented a clear pecuniary loss, which, in the Court’s view, should be compensated under Article 41 of the Convention.

21.  Despite the Government’s objections, the Court sees no good reasons to depart from the principle of restitutio in integrum, firmly established in its case-law, in assessing the amount of pecuniary compensation in the present case. In its principal judgment it found a violation of Article 1 of Protocol No. 1 concerning the imposition of the penalties for the year 2000 and in part for the year 2001. The Court ruled that the penalties were unlawful as such, and did not represent an irregularity of a merely procedural nature (see, by contrast, Former King of Greece and Others v. Greece [GC] (just satisfaction), no. 25701/94, §§ 7879, 28 November 2002; and Beyeler v. Italy (just satisfaction) [GC], no. 33202/96, § 20, 28 May 2002).

22.  The Court considers that the figure of RUB 38,741,843,110, representing the amount of penalties for the year 2000 and one half of the penalties for the year 2001 (see paragraph 20 above), was effectively paid by the applicant company on 12 November 2007 at the latest (see paragraph 303 of the principal judgment). This sum equalled EUR 1,078,246,919 at the conversion rate on that date.

23.  In addition, the Court also recalls that the applicant company was compelled to pay the 7% enforcement fee in respect of the mentioned unlawful penalties. The Court decides that since it has declared the original penalties unlawful, the payment of the 7% enforcement fee in respect of these penalties was unlawful as well.

24.  The Court notes in this connection that the applicant company was required to pay the enforcement fee of RUB 1,342,969,088.79 (approximately EUR 37,353,983) in respect of the penalties for the year 2000 and the enforcement fee of RUB 1,368,959,928.91 (approximately EUR  36,636,218) in respect of one half of the penalties for the year 2001, both sums having been effectively paid by the applicant company on 12  November 2007 at the latest (see paragraph 303 of the principal judgment).

25.  These sums represented clear pecuniary losses sustained by the applicant company, in breach of Article 1 of Protocol No. 1. They should thus be compensated under Article 41 of the Convention. The amount of RUB 2,711,929,017.7, consisting of RUB 1,342,969,088.79 for the year 2000 and RUB 1,368,959,928.91 for the year 2001, equalled EUR 75,477,284 at the conversion rate on that date.

26.  Taking into account the inflation rate of 12.62% for the euro between that date and the present time, the Court assesses the amount of pecuniary damage to the applicant company resulting from the violation of Article 1 of Protocol No. 1 on account of the retroactive imposition of the penalties (see paragraph 22 above) and the payment of the enforcement fee on these unlawful penalties (see paragraph 25 above) for the years 2000 and 2001 at EUR 1,299,324,198.

(c)  Violation of Article 1 of Protocol No. 1 on account of the enforcement proceedings

27.  The Court refers to its finding in the principal judgment that the domestic authorities failed to strike a fair balance between the legitimate aim of the enforcement proceedings in respect of the applicant company and the measures employed, by being inflexible regarding the pace of the proceedings, obliging the company to pay excessive fees and failing to give explicit account of all of the relevant factors. The above considerations led the Court to conclude that there had been a violation of Article 1 of Protocol No. 1 on account of the enforcement proceedings in respect of the applicant company.

28.  In this respect, the Court notes that the working assumptions used by the applicant company in its assessment of the prospects of the applicant company’s survival and its value in the aftermath of the events remain at least in part speculative (see, for example, Credit and Industrial Bank v. the Czech Republic, no. 29010/95, § 88, ECHR 2003XI (extracts)). In its principal judgment the Court did not conclude, as alleged by the applicant company, that the applicant company would have survived the enforcement proceedings had it not been for the aforementioned shortcomings in these proceedings. Therefore, the Court cannot accept the applicant company’s claim in full (see, for example, Goddi v. Italy, 9 April 1984, § 35, Series A no. 76; Tre Traktörer AB v. Sweden, 7 July 1989, § 66, Series A no. 159; Beaumartin v. France, 24 November 1994, § 44, Series A no. 296B; Kingsley v. the United Kingdom [GC], no. 35605/97, § 43, ECHR 2002IV; Ezeh and Connors v. the United Kingdom [GC], nos. 39665/98 and 40086/98, §§ 141 and 143, ECHR 2003X and Martinie v. France [GC], cited above, § 59).

29.  Even if it cannot be said that the above-cited defects alone caused the applicant company’s liquidation, they nevertheless seriously contributed to it, directly resulting in pecuniary damage satisfying the causality criteria of Article 41 of the Convention.

30.  In this respect, the Court recalls that in paragraph 655 of the principal judgment it has clearly stated that the above-mentioned defects very seriously contributed to the applicant company’s demise, having identified:

“... [a] factor which seriously affected the company’s situation in the enforcement proceedings. The applicant company was subjected to a 7% enforcement fee in connection with the entire amount of its tax-related liability, which constituted an additional hefty sum of over RUB 43 billion (EUR 1.16 billion), the payment of which could not be suspended or rescheduled (see paragraphs 484-486). This was a flat-rate fee which the authorities apparently refused to reduce, and these sums had to be paid even before the company could begin repaying the main body of the debt (see paragraph 484). The fee was by its nature unrelated to the actual amount of the enforcement expenses borne by the bailiffs. Whilst the Court may accept that there is nothing wrong as a matter of principle with requiring a debtor to pay for the expenses relating to the enforcement of a debt or to threaten a debtor with a sanction to incite his or her voluntary compliance with enforcement writs, in the circumstances of the case the resulting sum was completely out of proportion to the amount of the enforcement expenses which could have possibly been expected to be borne or had actually been borne by the bailiffs. Because of its rigid application, instead of inciting voluntary compliance, it contributed very seriously to the applicant company’s demise.”

31.  The 7% enforcement fee (levied on unpaid taxes, interests and penalties) in respect of the applicant company amounted to:

-  RUB 6,848,291,175 (approximately EUR 190,481,640) for the year 2000;

-  RUB 12,652,063,176 (approximately EUR 345,770,570) for the year 2001;

-  RUB 13,477,590,451 (approximately EUR 360,688,386) for the year 2002;

-  RUB 11,926,766,600 (approximately EUR 355,784,986) for the year 2003.

The enforcement fee for the tax liability for the years 2000, 2001, 2002 and 2003 totalled RUB 44,904,711,402.82 (approximately EUR 1,252,725,582). As indicated above, this lead the Court to conclude that in the circumstances of the case the resulting sum was “completely out of proportion to the amount of the enforcement expenses which could have possibly been expected to be borne or had actually been borne by the bailiffs” (see paragraph 655 in the principal judgment).

32.  Making a reasonable assessment of the enforcement fee and having regard to the parties’ submissions in this respect, the Court accepts the Government’s indication of an appropriate rate of 4%, which they made in their submissions of 30 March 2013. The Court accordingly decides that in order to satisfy the requirements of proportionality the enforcement fee should have been reduced to 4%.

33.  In order to calculate the amount of the applicant company’s pecuniary loss in this connection, the Court deducts the amount of RUB 2,711,929,017.7 (EUR 75,477,284) representing the 7% enforcement fee paid by the applicant company on the unlawful portion of the penalties for the years 2000 and 2001 (see paragraph 25 above), from the entire amount of the enforcement fee of RUB 44,904,711,402.82 (approximately EUR 1,252,725,582) mentioned in paragraph 31 to arrive at the figure of RUB 42,192,782,385.12 (approximately EUR 1,177,070,056).

34.  It then follows that the applicant company sustained a clear pecuniary loss of RUB 18,082,621,022, representing the difference between RUB 42,192,782,385.12 (see paragraph 33 above) and the amount of that fee calculated at a 4% rate (RUB 24,110,161,362). The Court observes that the enforcement fee was effectively paid by the applicant company on 12 November 2007 at the latest (see paragraph 303 of the principal judgment). The stated amount equalled EUR 503,268,013 at the conversion rate on that date.

35.  Taking into account the inflation rate of 12.62% for the euro between that date and the present time, the Court assesses the amount of pecuniary damage to the applicant company resulting from the violation of Article 1 of Protocol No. 1 on account of the manner in which the authorities conducted the enforcement proceedings at EUR 566,780,436.

(d)  The method of distribution of the award

36.  The Court has concluded that the applicant company sustained pecuniary damage as a result of the violations of Article 1 of Protocol No. 1 on account of the retroactive imposition of the penalties for the years 2000 and 2001 and the payment of the 7% enforcement fee on these penalties (see subpart (b) in paragraphs 20-26 above) and the disproportionate character of the enforcement proceedings (see subpart (c) in paragraphs 27-35 above). It has rejected the remainder of the applicant company’s claim under this head as unsubstantiated. The overall amount of pecuniary damage, including compensation for inflationary losses, sustained by the applicant company in the present case thus amounts to EUR 1,866,104,634 (see paragraphs 26 and 35 above).

37.  With regard to the appropriate method of distribution of this award, the Court does not accept the applicant company’s suggestion that payment be made to the Yukos International Foundation, as the case file contains no evidence confirming who exactly in such a circumstance would benefit from the award in this case.

38.  Regard being had to the fact that the applicant company ceased to exist (compare to Stankov and the United Macedonian Organisation Ilinden v. Bulgaria, nos. 29221/95 and 29225/95, § 121, ECHR 2001IX; and Capital Bank AD v. Bulgaria, no. 49429/99, § 80, ECHR 2005XII (extracts)), the Court decides that the aforementioned amount should be paid by the respondent Government to the applicant company’s shareholders and their legal successors and heirs, as the case may be, in proportion to their nominal participation in the company’s stock (see, mutatis mutandis, Holy Synod of the Bulgarian Orthodox Church (Metropolitan Inokentiy) and Others v. Bulgaria (just satisfaction), nos. 412/03 and 35677/04, § 39, 16 September 2010; Sophia Andreou v. Turkey (just satisfaction), no. 18360/91, §§ 33-38, 22 June 2010; and Lordos and Others v. Turkey (just satisfaction), no. 15973/90, §§ 61-70, 10 January 2012). In order to facilitate the Government’s task, the Court refers to the list of the applicant company’s shareholders, as they stood at the time of the company’s liquidation, which is held by ZAO VTB Registrator, the company which had held and ran the register of the applicant company.

39.  Further, given the nature of the violation found, the Court does not consider relevant the Government’s references to the allegedly fraudulent conduct of the applicant company’s management and some of its shareholders. The applicant company has already been held liable for the actions described in the various tax and enforcement proceedings and the Court sees no reasons to reduce the amount of award to take account of conduct for which the applicant company has already been punished.

40.  With regard to the Government’s reference to the applicant company’s allegedly unmet liabilities, amounting to over USD 8 billion at the time of its liquidation, the Court takes the view that this argument is similar to the applicant company’s evaluation of the consequences of the violation of Article 1 of Protocol No. 1 in respect of the enforcement proceedings (see paragraph 28 above) and remains speculative (see, mutatis mutandis, S.A. Dangeville v. France, no. 36677/97, § 70, ECHR 2002III).

41.  In this respect, the Court would note that it is clear from the course of the enforcement and liquidation proceedings that the domestic authorities chose not to seek repayment of the entirety of the applicant company’s debt by, for instance, granting the applicant company more time. Rather, they decided to precipitate the proceedings by auctioning the applicant company’s main production unit and liquidating it, notwithstanding the risk of being subsequently unable to recover some of the company’s liabilities. The existence and scale of the allegedly unmet liabilities referred to by the Government resulted at least in part from the method used by the domestic authorities to recover the applicant company’s tax liability.

42.  Moreover, the fact remains that any liabilities that the applicant company may have had in respect of its creditors were either met or extinguished within the framework of the enforcement and liquidation proceedings in November 2007, and there is nothing in the case file or the parties’ submissions to suggest that under domestic law the applicant company or its shareholders remain liable for any payments in favour of any of its creditors resulting from the above-mentioned enforcement or liquidation proceedings. In view of the above, the Court rejects the Government’s argument as unfounded.

43.  In so far as the respondent Government referred to various parallel proceedings allegedly brought by some of the applicant company’s shareholders in other international fora, the Court notes that there have been two final arbitral awards in cases brought against the Russian Federation by a group of the applicant company’s minority shareholders under bilateral investment treaties. These awards were made on 12 September 2010 and 20 July 2012 respectively by the Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce. There is also a pending set of arbitration proceedings brought by the applicant company’s majority shareholders (see paragraphs 519-526 of the principal judgment), in which no final award has been adopted so far.

44.  As regards the former two cases, the Court would note that the case file contains no information regarding the enforcement of these awards. In such circumstances, the Court does not find it necessary to take this information into account in the context of the present judgment and at this stage of the proceedings. The Government’s reference to the pending case is thus irrelevant.

B.  Non-pecuniary damage

45.  The applicant company submitted that the principal judgment was in itself sufficient just satisfaction in respect of non-pecuniary damage.

46.  The respondent Government did not object.

47.  The Court considers that, in the circumstances of the present case, the findings of a violation of Article 6 of the Convention and violations of Article 1 of Protocol No. 1 constitute sufficient just satisfaction for the applicant company in respect of non-pecuniary damage.

C.  Costs and expenses

48.  The applicant company requested payment of GBP 4,333,105 in respect of the legal fees charged by its counsel Mr Piers Gardner for the work on the case prior to the principal judgment, USD 174,000 in respect of the costs of an expert report and USD 588,148 in respect of various fees incurred as a result of the preparation of submissions on Article 41 of the Convention.

49.  The Government asked the Court to take into account the fact that the initial application had been unsuccessful on most of the points of principle and that this should be reflected in any award under this head.

50.  According to the Court’s case-law, an applicant is entitled to the reimbursement of costs and expenses only in so far as a violation of the Convention has been established and it has been shown that these costs and expenses have been actually and necessarily incurred and are reasonable as to quantum. In the present case, regard being had to the documents in the Court’s possession and the above criteria, the Court considers it reasonable to award a lump sum of EUR 300,000 covering costs under all heads, to be paid to the Yukos International Foundation directly, as requested by the applicant company.

D.  Default interest

51.  The Court considers it appropriate that the default interest rate should be based on the marginal lending rate of the European Central Bank, to which should be added three percentage points.

FOR THESE REASONS, THE COURT

1.  Holds unanimously that the finding of a violation constitutes in itself sufficient just satisfaction for the non-pecuniary damage sustained by the applicant company;

 

2.  Holds, by five votes to two,

(a)  that the respondent State is to pay the applicant company’s shareholders as they stood at the time of the company’s liquidation and, as the case may be, their legal successors and heirs EUR 1,866,104,634 (one billion, eight hundred sixty six million, hundred and four thousand, six hundred thirty four euros), plus any tax that may be chargeable, in respect of pecuniary damage, to be converted into the currency of the respondent State at the rate applicable at the date of settlement;

(b)  that the respondent State must produce, in co-operation with the Committee of Ministers, within six months from the date on which this judgment becomes final, a comprehensive plan, including a binding time frame, for distribution of this award of just satisfaction;

 

3.  Holds, by six votes to one,

(a)  that the respondent State is to pay within three months from the date on which the judgment becomes final in accordance with Article 44 § 2 of the Convention, EUR 300,000 (three hundred thousand euros), plus any tax that may be chargeable, in respect of costs and expenses, which sum is to be paid to the Yukos International Foundation, at the request of the applicant company;

(b)  that from the expiry of the above-mentioned three months until settlement simple interest shall be payable on the above amount at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points;

 

4.  Dismisses, unanimously, the remainder of the applicant company’s claim for just satisfaction.

Done in English, and notified in writing on 31 July 2014, pursuant to Rule 77 §§ 2 and 3 of the Rules of Court."

Por tanto, en la Sentencia del caso YUKOS, el TEDH decidió:

1) Que la satisfacción equitativa (art. 41 CEDH) incluía las sanciones retroactivas e indebidas pagadas

2) Que la satisfacción equitativa incluye los "recargos ejecutivos" indebidos del 7 por ciento sobre las sanciones retroactivas e indebidas igualmente pagadas

3) Que la totalidad de los "recargos ejecutivos" en exceso del 4 por ciento deben considerarse igualmente satisfacción equitativa por los pagos indebidos de los mismos (exceso). Este importe se actualiza con la inflación.

4) Que la pérdida monetaria anterior, sufrida por los socios personas físicas, debe aumentarse en cualquier gravamen tributario exigible sobre la compensación o indemnización con ocasión de su pago.La satisfacción equitativa es, por tanto, neta de impuestos debidos sobre la misma.  

Lo anterior se ha resumido por el TEDH de la siguiente manera:

 

 

La justificación del tratamiento tributario indicado se encuentra en el artículo 41 del CEDH y en las propias indicaciones del TEDH sobre el mismo:

 

 

 

Tuesday, September 22, 2026

CARTA ABIERTA PARA LA RETIRADA DE LA PLATAFORMA mRNA (USA,18-09-2026)

 

 

 

Dear Secretary Kennedy and President Trump,

Section

Executive summary

As influential leaders within the MAHA and health freedom movements, we are writing to object to policies under your oversight related to the mRNA platform, and to call you to act on our policy goals.

While the centerpiece of the MAHA and health freedom agenda has been removal of mRNA shots, you have failed to take decisive action on this front despite overwhelming credible evidence to the harm of this technology. Instead, your policies related to mRNA technology are neutered and self-defeating, putting pregnant women and children at risk, misleading parents and eroding their rights, and failing to help those harmed by vaccines.

If you continue to ignore our central issue of removing the mRNA platform, the MAHA and health freedom movements will withdraw their support of you, and you will face the political consequences.

Section

Our objections

We are writing to express deep concerns about policies emerging from HHS, the CDC, and the FDA. Specifically, we object to:

  • The administration of COVID mRNA shots to over 50 million Americans this year. Included are 7 million children, despite no studies demonstrating prevention of hospitalization or death and voluminous data demonstrating severe harms, including deaths of children (at least 10 acknowledged by the FDA to date).
  • The appointment of Erica Schwartz to lead the CDC, who declared during her Senate confirmation hearing that mRNA technology is safe and effective. As you are well aware, it is not possible to make legally valid determinations of safety or efficacy for EUA Countermeasures under ongoing public health emergency under the PREP Act. No technology can be presumptively deemed safe or effective for medical applications for all people or all ages and health statuses.
  • The approval of a new mRNA flu shot that was not tested against a true placebo, lacks long-term safety data, did not measure hospitalization or death outcomes, showed significantly higher side effects, higher deaths, and was not compared to early treatment or any alternative prophylaxis.
  • The absence of meaningful help for those injured from the mRNA shots.
  • The HHS award of $1.24 billion contracts with Pfizer for future mRNA shots, including for children.
  • Failure of the CDC to provide up-to-date cancer statistics amid rising concerns of accelerating incidence of cancer linked to mRNA shots.
  • Failure to enforce the contractual obligations of mRNA shot providers to report adverse events to VAERS.

Removal of the mRNA platform from the market remains one of the central goals of the grassroots medical freedom movement.

Millions of concerned citizens set aside partisan differences and identities to support the historic MAGA/MAHA alliance. Instead of decisive policy actions on these core issues, we see distractions, linguistic misdirections, and watered-down announcements that avoid serious action on the deadly mRNA injections.

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Meaningless and constitution-corroding executive action

Despite the Executive Order from August 10, 2026 reducing the recommended vaccination schedule from 17 to 11 types of vaccines, it simultaneously elevates pneumococcal and HPV shots into the “universal core recommendation”. The elevation of HPV shots to universal core recommendation is surprising given Merck just reached a $50M settlement with 200 plaintiffs who alleged the Gardasil HPV vaccine caused autoimmunity. In addition, the EO promotes the unconstitutional notion of “shared” decision making between the federal government and parents with respect to the mRNA and some additional vaccines. This Orwellian language does not belong in a free society.

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Overwhelming credible data calls for the removal of mRNA

We do not need more data to determine whether mRNA products should be removed from the market. The data are already in from multiple credible sources, including over 4,550 peer reviewed publications, the Pfizer documents released through Aaron Siri's lawsuits, the VAERS and V-safe datasets, and data from foreign governments. These sources document catastrophic levels of deaths and serious injuries from the mRNA injections, as well as reproductive harm, including approximately 400% increase in miscarriage rates.

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Self-defeating action puts pregnant women at risk, erodes parental rights

You stated that the shots were removed from the CDC recommendation for pregnant women. Yet pregnancy remains listed as a “high-risk” health category in the revised FDA policy for mRNA shots. It is especially troubling that the new versions of these injections are recommended for all pregnant women, even though this platform has never been tested and proven safe in pregnancy. Pregnant women have not been made safer by this linguistic shift. Removing the mRNA injection from CDC recommendations for pregnant women and healthy children is meaningless when the American Academy of Pediatrics, to which the vast majority of pediatricians belong, still recommends all babies get a mRNA shot.

Further, the CDC still recommends the shots for every child except those labeled “healthy.” Those outside of this category include children with minor ailments such as an acute illness or allergies. The risks of these shots far outweigh any benefits, particularly given they now carry an FDA warning for increased risk of myocarditis and pericarditis in children.

Parental choice is not realistic when parents are not getting informed consent on the true risks of these products. CDC language appears to erode parental rights. Even for healthy children, the CDC frames the decision as one that parents must “share” with healthcare providers—including pharmacists who lack authority to treat patients. By treating the decision to inject a child with mRNA as a “shared decision,” while treating routine injections as the default, a dangerous legal precedent is being set that assigns powers to the federal government that have historically belonged solely to parents.

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Failure to remove labeling of COVID-19 injections as FDA-approved

The CDC’s COVID shot policy claims to be evidence-based. However, no evidence has been provided—and none exists to our knowledge—showing that the categories of people labeled “vulnerable” under this policy would benefit from mRNA injections. A formal Citizen Petition authored by Children’s Health Defense, asking to properly relabel the COVID-19 vaccines by Pfizer and Moderna as “EUA Countermeasures” is pending with HHS since December 8, 2025.

Under the PREP Act declaration for COVID emergency, the products that went on the market de novo as “EUA Countermeasures” – a non-investigational legal status – cannot be declared “safe, effective and fully approved by the FDA” without complying with the investigational pharmaceutical product requirements under the applicable federal law. The PREP Act was extended by the Biden Administration in December 2024 and upheld by you to date to last until December 31, 2029. The COVID-19 injections never underwent legally valid investigative assessment for safety and efficacy, being subject to only emergency distribution requirements, since the PREP Act precludes use of bio-chemical compounds in clinical investigation. This Petition gathered a record number of public comments in support of it (over 104,000). Your failure to respond to this Petition speaks louder than any placating HHS / Trump Administration messaging on vaccine schedule issues in advance of the midterm elections.

Conflating clearly established risks with an automatically assumed benefit from a product that remains a poorly regulated, liability-free EUA Countermeasure under the PREP Act emergency declaration defies both scientific reason and common sense.

Section

The health freedom movement will withdraw support without action

We did not fight to place you in positions of leadership so that our clearly stated policy goals would suffer a “bait and switch” that rebranded the grassroots powerful objection to the damaging mRNA platform as a concern about coloring agents in Skittles. Health freedom is not the possession of Secretary Kennedy or his advisors. Health freedom agenda arose from the voices of millions of those impacted by the harmful government policies during the pandemic. The MAHA/health freedom vote was a historic game-changer. Neither Republicans nor the Democrats could have prevailed without this critical swing vote.

Health freedom voters can and will walk away if we continue to see inaction—or condescending non-policy—on our core issues.

If you continue to ignore the centerpiece of our policy agenda—removing all mRNA products covered by PREP Act emergency declarations entirely from the market—you will pay a political price. We will run our own candidates at the state level, and we will support other challengers and sponsors who share our values and advance our draft bills at the federal level for the midterms and for 2028.

Policy request

Our call to action

We ask you to deliver our actual policy goals in the near term, or face the political consequences:

  1. 01Ban mRNA/gene therapy-derived technologies for all vaccines, due to their demonstrated abject failure regarding safety, efficacy, and disease prevention after more than four years of real-world use and billions of doses administered.
  2. 02Terminate the PREP Act declaration for COVID injections, as no emergency exists. Extending this declaration, with its ironclad liability shield for manufacturers and administrators, serves no public health interest.
  3. 03Recommend that Congress repeal the PREP Act entirely, due to its numerous constitutional conflicts.
  4. 04Ban pharmaceutical direct-to-consumer advertising, as is the practice in every other country except New Zealand.
  5. 05Review and revise current HHS-level policies that create perverse incentives for healthcare providers to engage in medical coercion, including but not limited to vaccinations.
  6. 06End conflicts of interest at the CDC, FDA, NIH, and NIAID. 

Saturday, September 19, 2026

Acuerdo entre la Comisión Europea y los Estados miembros sobre vacunas contra la COVID-19 (hecho en Madrid el 20-07-2020, (II))


Breve comentario sobre cuestiones de Derecho de la Unión planteadas por el régimen de responsabilidad establecido por el artículo 6 del Acuerdo:

"El presente Acuerdo regula exclusivamente el reparto de la posible responsabilidad e indemnidades entre la Comisión y los Estados miembros participantes. En cambio no regula el alcance o las condiciones con arreglo a las cuales la posible responsabilidad del fabricante de vacunas debe asumirse o ser objeto de exoneración conforme a los APA.


La Comisión será responsable únicamente del proceso de contratación pública y la conclusión de los APA, incluida la responsabilidad que se derive del desarrollo de las negociaciones.


Los Estados miembros participantes que adquieran una vacuna serán responsables de su distribución y uso en virtud de sus estrategias nacionales de vacunación y asumirán plenamente la responsabilidad que conlleve dicho uso y distribución. Lo anterior se hará extensible a la exoneración de los fabricantes de vacunas en virtud de los términos y condiciones del APA pertinente por la responsabilidad derivada del uso y de la distribución de las vacunas que habitualmente asume dicho fabricante."

La exoneración de los fabricantes de vacunas en virtud del APA es resumida por el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea:

 

 

1) ¿Puede legítimamente exonerarse la Comisión (la Unión) en virtud del Acuerdo, a pesar del artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea?:

"Derecho a una buena administración

1. Toda persona tiene derecho a que las instituciones, órganos y organismos de la Unión traten sus asuntos imparcial y equitativamente y dentro de un plazo razonable.

2. Este derecho incluye en particular:

a) el derecho de toda persona a ser oída antes de que se tome en contra suya una medida individual que la afecte desfavorablemente;

b) el derecho de toda persona a acceder al expediente que le concierna, dentro del respeto de los intereses legítimos de la confidencialidad y del secreto profesional y comercial;

c) la obligación que incumbe a la administración de motivar sus decisiones.

3. Toda persona tiene derecho a la reparación por la Unión de los daños causados por sus instituciones o sus agentes en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con los principios generales comunes a los Derechos de los Estados miembros."

Puede dar lugar a plantear una cuestión prejudicial ante el TJUE en relación con los asuntos judiciales a resolver en los Estados miembros.

En sentido inverso al caso Factortame la cuestión sería aquí:

 "El Derecho comunitario debe interpretarse en el sentido de que un órgano jurisdiccional nacional, que esté conociendo de un litigio relativo al Derecho comunitario, debe excluir la aplicación de una norma de Derecho de la Unión que considere que constituye el único obstáculo que le impide conceder medidas provisionales."

 2) ¿Puede legítimamente exonerarse, en virtud del Acuerdo y los APA, a los fabricantes o productores responsables según la Directiva 85/374/CEE, asumiendo las indemnizaciones legales y los gastos de defensa -en el caso de productos defectuosos- los Estados miembros?

Dicha exoneración debería considerarse, en nuestra modesta opinión, incompatible:

i) Con los siguientes artículos de la CDFUE:

Artículo 35

Protección de la salud

Toda persona tiene derecho a acceder a la prevención sanitaria y a beneficiarse de la atención sanitaria en las condiciones establecidas por las legislaciones y prácticas nacionales. Al definirse y ejecutarse todas las políticas y acciones de la Unión se garantizará un nivel elevado de protección de la salud humana.

Artículo 38

Protección de los consumidores

En las políticas de la Unión se garantizará un nivel elevado de protección de los consumidores.

Artículo 47

Derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial

Toda persona cuyos derechos y libertades garantizados por el Derecho de la Unión hayan sido violados tiene derecho a la tutela judicial efectiva respetando las condiciones establecidas en el presente artículo.

Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa y públicamente y dentro de un plazo razonable por un juez independiente e imparcial, establecido previamente por la ley. Toda persona podrá hacerse aconsejar, defender y representar.

Se prestará asistencia jurídica gratuita a quienes no dispongan de recursos suficientes siempre y cuando dicha asistencia sea necesaria para garantizar la efectividad del acceso a la justicia.

La asistencia jurídica gratuita a los fabricantes por sus gastos de defensa resulta especialmente desfavorable para los pacientes y consumidores además de establecer una asistencia jurídica gratuita para quienes disponen de recursos más que suficientes: los fabricantes.

Constituye un incentivo para que los fabricantes litiguen sin consecuencia desfavorable alguna y establece un desequilibrio más que evidente en perjuicio de los pacientes y consumidores. 

Altera de forma desorbitada el derecho de tutela en beneficio de una parte y en perjuicio de otra (la parte débil de la relación). 

Puede plantear igualmente una cuestión prejudicial ante el TJUE en relación con los asuntos judiciales a resolver en los Estados miembros.

ii) Con la propia Directiva 85/374/CEE 

Y el artículo  53 de la CDFUE:

Nivel de protección

Ninguna de las disposiciones de la presente Carta podrá interpretarse como limitativa o lesiva de los derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos, en su respectivo ámbito de aplicación, por el Derecho de la Unión, el Derecho internacional y los convenios internacionales de los que son parte la Unión o todos los Estados miembros, y en particular el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, así como por las constituciones de los Estados miembros.

3) Incompatibilidad de la exoneración derivada del Acuerdo con el Alcance e interpretación de los derechos y principios de la CDFUE:

Artículo 52

Alcance e interpretación de los derechos y principios

 1. Cualquier limitación del ejercicio de los derechos y libertades reconocidos por la presente Carta deberá ser establecida por la ley y respetar el contenido esencial de dichos derechos y libertades. Dentro del respeto del principio de proporcionalidad, sólo podrán introducirse limitaciones cuando sean necesarias y respondan efectivamente a objetivos de interés general reconocidos por la Unión o a la necesidad de protección de los derechos y libertades de los demás.

Las limitaciones derivadas del Acuerdo entre la Comisión y los Estados miembros y de los APA no cumplen el requisito de ser establecidas por la ley y respetar el contenido esencial de los derechos de los pacientes y consumidores que pagarían hasta tres veces por el producto defectuoso: con la financiación de las vacunas con cargo al Presupuesto, con los efectos adversos derivados del producto defectuoso y con el reembolso a los fabricantes con cargo al Presupuesto.

Thursday, September 17, 2026

Acuerdo entre la Comisión Europea y los Estados miembros sobre vacunas contra la COVID-19 (hecho en Madrid el 20-07-2020, (I))

Acuerdo entre la Comisión Europea y los Estados miembros sobre vacunas contra la COVID-19 (hecho en Madrid el 20-07-2020)

 

 

Artículo 1. Objeto y mandato de la Comisión.

En virtud del presente Acuerdo, la Comisión tiene el mandato de concluir, en nombre de los Estados miembros participantes, Acuerdos de Adquisición Anticipada (APA, por sus siglas en inglés) con fabricantes de vacunas para la adquisición de estas con el propósito de combatir la pandemia de la COVID-19 en el ámbito de la Unión.

En el anexo al presente Acuerdo se establecen las directrices de negociación a tal efecto.

Artículo 2. Adquisición de dosis de vacunas.

La adquisición de las dosis de vacunas a los fabricantes con arreglo a los APA correrá a cargo de los Estados miembros participantes, y no de la Comisión, salvo que se acuerde otra cosa. Las políticas pertinentes en materia de vacunación seguirán siendo competencia de los Estados miembros participantes.

Artículo 5. Carácter jurídicamente vinculante de los APA.

 
Una vez concluido, las condiciones del APA serán jurídicamente vinculantes para los Estados miembros participantes, excepto para aquellos que hayan ejercido su derecho de exclusión voluntaria.


Artículo 6. Responsabilidad.


El presente Acuerdo regula exclusivamente el reparto de la posible responsabilidad e indemnidades entre la Comisión y los Estados miembros participantes. En cambio no regula el alcance o las condiciones con arreglo a las cuales la posible responsabilidad del fabricante de vacunas debe asumirse o ser objeto de exoneración conforme a los APA.


La Comisión será responsable únicamente del proceso de contratación pública y la conclusión de los APA, incluida la responsabilidad que se derive del desarrollo de las negociaciones.


Los Estados miembros participantes que adquieran una vacuna serán responsables de su distribución y uso en virtud de sus estrategias nacionales de vacunación y asumirán plenamente la responsabilidad que conlleve dicho uso y distribución. Lo anterior se hará extensible a la exoneración de los fabricantes de vacunas en virtud de los términos y condiciones del APA pertinente por la responsabilidad derivada del uso y de la distribución de las vacunas que habitualmente asume dicho fabricante.

 

 

 

 ¿A los acuerdos internacionales administrativos les es igualmente aplicable el artículo 96.1 de la Constitución Española?:

Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho internacional

 

 

Wednesday, September 16, 2026

EL INFORME DEL TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO SOBRE LOS CONTRATOS DE LAS VACUNAS COVID-19 (18-09-2022+16-09-2026; (I))

EL INFORME DEL TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO SOBRE LOS CONTRATOS DE LAS VACUNAS COVID-19: La Comisión firmó contratos por valor de 71 000 millones euros para entregas de hasta 4 600 millones de dosis de vacunas contra el COVID-1...

 

 EL INFORME

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Artículo 1

El productor será responsable de los daños causados por los defectos de sus productos .

Artículo 2

A los efectos de la presente Directiva , se entiende por « producto » cualquier bien mueble , excepto las materias primas agrícolas y los productos de la caza , aún cuando está incorporado a otro bien mueble o a uno inmueble . Se entiende por « materias primas agrícolas » los productos de la tierra , la ganadería y la pesca , exceptuando aquellos productos que hayan sufrido una transformación inicial . Por « producto » se entiende también la electricidad .

Artículo 3

1 . Se entiende por « productor » la persona que fabrica un producto acabado , que produce una materia prima o que fabrica una parte integrante , y toda aquella persona que se presente como productor poniendo su nombre , marca o cualquier otro signo distintivo en el producto .

2 . Sin perjuicio de la responsabilidad del productor , toda persona que importe un producto en la Comunidad con vistas a su venta , alquiler , arrendamiento financiero o cualquier otra forma de distribución en el marco de su actividad comercial será considerada como productor del mismo , a los efectos de la presente Directiva , y tendrá la misma responsabilidad que el productor .

3 . Si el productor del producto no pudiera ser identificado , cada suministrador del producto será considerado como su productor , a no ser que informará al perjudicado de la identidad del productor o de la persona que le suministró el producto dentro de un plazo de tiempo razonable . Lo mismo sucederá en el caso de los productos importados , si en éstos no estuviera indicado el nombre del importador al que se refiere el apartado 2 , incluso si se indicara el nombre del productor .

Artículo 4

El perjudicado deberá probar el daño , el defecto y la relación causal entre el defecto y el daño .

Artículo 5

Si , en aplicación de la presente Directiva , dos o más personas fueran responsables del mismo daño , su responsabilidad será solidaria , sin perjuicio de las disposiciones de Derecho interno relativas al derecho a repetir .

Artículo 6

1 . Un producto es defectuoso cuando no ofrece la seguridad a la que una persona tiene legítimamente derecho , teniendo en cuenta todas las circunstancias , incluso :

a ) la presentación del producto ;

b ) el uso que razonablemente pudiera esperarse del producto ;

c ) el momento en que el producto se puso en circulación .

2 . Un producto no se considerará defectuoso por la única razón de que , posteriormente , se haya puesto en circulación un producto más perfeccionado .

Artículo 7

En aplicación de la presente Directiva , el productor no será responsable si prueba :

a ) que no puso el producto en circulación ;

b ) o que , teniendo en cuenta las circunstancias , sea probable que el defecto que causó el daño no existiera en el momento en que él puso el producto en circulación o que este defecto apareciera más tarde ;

c ) o que él no fabricó el producto para venderlo o distribuirlo de alguna forma con fines económicos , y que no lo fabricó ni distribuyó en el ámbito de su actividad profesional ;

d ) o que el defecto se debe a que el producto se ajusta a normas imperativas dictadas por los poderes públicos ;

e ) o que , en el momento en que el producto fue puesto en circulación , el estado de los conocimientos científicos y técnicos no permitía descubrir la existencia del defecto ;

f ) o que , en el caso del fabricante de una parte integrante , el defecto sea imputable al diseño del producto a que se ha incorporado o a las instrucciones dadas por el fabricante del producto .

Artículo 8

1 . Sin perjuicio de las disposiciones de Derecho interno relativas al derecho a repetir , la responsabilidad del productor no disminuirá cuando el daño haya sido causado conjuntamente por un defecto del producto y por la intervención de un tercero .

2 . La responsabilidad del productor podrá reducirse o anularse , considerando todas las circunstancias , cuando el daño sea causado conjuntamente por un defecto del producto y por culpa del perjudicado o de una persona de la que el perjudicado sea responsable .

Artículo 9

A los efectos del artículo 1 , se entiende por « daños » :

a ) los daños causados por muerte o lesiones corporales ;

b ) los daños causados a una cosa o la destrucción de una cosa , que no sea el propio producto defectuoso , previa deducción de una franquicia de 500 ECUS , a condición de que tal cosa :

i ) sea de las que normalmente se destinan al uso o consumo privados

ii ) el perjudicado la haya utilizado principalmente para su uso o consumo privados .

El presente artículo no obstará a las disposiciones nacionales relativas a los daños inmateriales .

Artículo 10

1 . Los Estados miembros dispondrán en sus legislaciones que la acción de resarcimiento prevista en la presente Directiva para reparar los daños , prescribirá en el plazo de tres años a partir de la fecha en que el demandante tuvo , o debería haber tenido , conocimiento del daño , del defecto y de la identidad del productor .

2 . Las disposiciones de los Estados miembros que regulen la suspensión o la interrupción de la prescripción no se verán afectadas por la presente Directiva .

Artículo 11

Los Estados miembros dispondrán en sus legislaciones que los derechos conferidos al perjudicado en aplicación de la presente Directiva se extinguirán transcurrido el plazo de diez años a partir de la fecha en que el productor hubiera puesto en circulación el producto mismo que causó el daño , a no ser que el perjudicado hubiera ejercitado una acción judicial contra el productor .

Artículo 12

La responsabilidad del productor que se derive de la aplicación de la presente Directiva no podrá quedar limitada o excluida , en relación al perjudicado , por virtud de cláusulas limitativas o exoneratorias de la responsabilidad .

Artículo 13

La presente Directiva no afectará a los derechos que el perjudicado pueda tener con arreglo a las normas sobre responsabilidad contractual o extracontractual o con arreglo a algún régimen especial de responsabilidad existentes en el momento de la notificación de la presente Directiva .

Artículo 14

La presente Directiva no se aplicará a los daños que resulten de accidentes nucleares y que estén cubiertos por convenios internacionales ratificados por los Estados miembros .

Artículo 15

1 . Cada Estado miembro podrá :

a ) no obstante lo previsto en el artículo 2 , disponer en su legislación que , a efectos del artículo 1 de esta Directiva , por « producto » se entienda también las materias primas agrícolas y los productos de la caza ;

b ) no obstante lo previsto en la letra e ) del artículo 7 , mantener o , sin perjuicio del procedimiento definido en el apartado 2 del presente artículo , disponer en su legislación que el productor sea responsable incluso si demostrara que , en el momento en que él puso el producto en circulación , el estado de los conocimientos técnicos y científicos no permitía detectar la existencia del defecto .

2 . El Estado miembro que quisiera introducir la medida especificada en la letra b ) del apartado 1 , deberá comunicar a la Comisión el texto de la medida propuesta . La Comisión informará de ello a los demás Estados miembros .

Este Estado miembro esperará nueve meses para tomar la medida a partir del momento en que informe a la Comisión y siempre que entretanto ésta no haya sometido al Consejo ninguna propuesta de modificación de la presente Directiva que afecte al asunto tratado . Si , no obstante , la Comisión no comunicará al Estado miembro , en el plazo de tres meses , su intención de presentar tal propuesta al Consejo , el Estado miembro podrá tomar inmediatamente la medida propuesta .

Si la Comisión presentara al Consejo la propuesta de modificar la presente Directiva en el mencionado plazo de nueve meses , el Estado miembro de que se trate esperará dieciocho meses para tomar la medida a partir del momento en que se presentó la propuesta .

3 . Diez años después de la fecha de notificación de la presente Directiva , la Comisión someterá al Consejo un informe sobre la incidencia que haya tenido la aplicación hecha por los tribunales de la letra e ) del artículo 7 y la letra b ) del apartado 1 de este artículo en la protección de los consumidores y en el funcionamiento del mercado común . A la luz de este informe el Consejo , actuando a propuesta de la Comisión y en los términos que estipula el artículo 100 del Tratado , decidirá si deroga o no la letra e ) del artículo 7 .

Artículo 16

1 . Cualquier Estado miembro podrá disponer que la responsabilidad global del productor por los daños que resulten de la muerte o lesiones corporales causados por artículos idénticos que presenten el mismo defecto , se limite a una cantidad que no podrá ser inferior a 70 millones de ECUS .

2 . Transcurridos diez años a partir de la fecha de notificación de la presente Directiva , la Comisión someterá al Consejo un informe sobre los efectos de la aplicación del límite pecuniario de la responsabilidad , llevada a cabo por los Estados miembros que hayan hecho uso de la facultad a que se refiere el apartado 1 , sobre la protección de los consumidores y el funcionamiento del mercado común . A la luz de este informe , el Consejo , actuando a propuesta de la Comisión y en los términos que estipula el artículo 100 del Tratado , decidirá si deroga o no el apartado 1 .

Artículo 17

La presente Directiva no se aplicará a aquellos productos que se pongan en circulación antes de la fecha en la que entren en vigor las disposiciones a que se refiere el artículo 19 .

Artículo 18

A efectos de la presente Directiva , el ECU será el que se define en el Reglamento ( CEE ) n º 3180/78 (4) , modificado por el Reglamento ( CEE ) n º 2626/84 (5) . El contravalor en la moneda nacional será inicialmente el que se aplique el día en que se adopte la presente Directiva .

2 . Cada cinco años , y a propuesta de la Comisión , el Consejo examinará y , si fuera preciso , revisará las cantidades que se establecen en la presente Directiva en función de la evolución económica y monetaria que se dé en la Comunidad .

Artículo 19

Los Estados miembros aplicarán las disposiciones legales , reglamentarias y administrativas necesarias para cumplir la presente Directiva en un plazo de tres años , como máximo , a partir del día de su notificación e informarán de ello inmediatamente a la Comisión (6) .

2 . El procedimiento definido en el apartado 2 del artículo 15 se aplicará a partir de la fecha de notificación de la presente Directiva .

Artículo 20

Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las disposiciones básicas de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva .

Artículo 21

Cada cinco años la Comisión presentará al Consejo un informe sobre la aplicación de esta Directiva y , si fuera necesario , le someterá propuestas apropiadas .

 https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-1985-80678