Un grupo de organizaciones privadas, Estados y administraciones locales de los Estados Unidos solicitaron a la EPA (Agencia Federal para la Protección del Medio Ambiente) la regulación de las emisiones de cuatro gases de efecto invernadero, incluido el dióxido de carbono, con base en la "Clean Air Act" que exige a la EPA el establecimiento de estándares "aplicables a la emisión de cualquier contaminante del aire de cualquier clase ... de vehículos de motor nuevos ... que a juicio de la Agencia causen, o contribuyan a causar, contaminación del aire ... razonablemente ... considerada perjudicial para la salud o el bienestar público".
La EPA rechazo la petición argumentando que la Ley no autoriza a emitir regulaciones dirigadas a abordar el cambio climático y que, incluso si lo autorizara, hubiera sido irrazonable hacerlo por la falta de un vínculo inequívoco entre las emisiones de gases de efecto invernadero y el calentamiento global.
El Tribunal Supremo de los Estados Unidos (por 5 votos contra 4) estimó el recurso interpuesto contra la decisión previa del D.C. Circuit, favorable a la EPA, considerando que la Ley le autorizaba a emitir las regulaciones instadas y que sus otros argumentos para no hacerlo fueron "arbitrarios, caprichosos y no ajustados a la Ley".Los magistrados disidentes incluían al "Chief Justice" Roberts y al magistrado Alito, ambos propuestos para su cargo por el actual Presidente.
Aunque como consecuencia también del cambio en el ciclo político existen ya iniciativas legislativas federales para abordar la limitación de las emisiones de gases de efecto invernadero, no cabe duda que el caso tiene interés por haber rechazado la legalidad de una línea de defensa equivocada de la Administración Federal en una cuestión medioambiental de suma importancia.
La Sentencia completa del Tribunal Supremo, y los votos particulares, pueden consultarse aquí:
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